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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS -TPP-
AUDIENCIA PETROLERA
Bogotá, agosto 2, 3 y a de 2007

Antecedentes

EL TPP es un tribunal de carácter no gubernamental, del género de los "tribunales de opinión" que tuvo su origen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam. Es un instrumento de justicia muy importante para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.

El TPP está integrado por unos 130 hombres y mujeres, de una alta reputación moral absolutamente indiscutible, en situación de ejercer la función judicial a un alto nivel; su procedencia es muy diversa (sociólogo, indígena, político, intelectual, defensor de derechos humanos, escritor, etc.); nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos.

La base de los juicios del TPP son las convenciones de Derechos Humanos, convenciones internacionales y se realizan sin las ataduras que crean los poderes políticos, los poderes mundiales, los poderes de los estados; está por fuera de las estructuras judiciales de los países y representa -de alguna manera- la conciencia ética de los pueblos, de la humanidad.

El TPP se ha reunido en 31 ocasiones para juzgar situaciones de muchos países, de pueblos enteros que no son estados y que han sufrido genocidios por otros estados; también ha juzgado la política de multinacionales y de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

TPP Sesión Colombia.
Multinacionales y Crímenes de Lesa Humanidad

El TPP, analizará tres ejes de problemas pero en su interacción: EXTRACCIÓN INDEBIDA DE RECURSOS NATURALES, CON APOYO EN MODALIDADES DE GUERRA SUCIA o TERRORISMO DE ESTADO y LA VIOLACIÓN PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El TPP ha venido recibiendo las acusaciones y pruebas y escuchando a través de audiencias públicas especializadas los testimonios de decenas de hombres y mujeres, de los casos más relevantes de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por transnacionales en los distintos sectores de la economía nacional; las audiencias arrojan un instructivo o fallo parcial, que serán los elementos de la sesión deliberante.

El TPP viene abordando el análisis de los impactos de la política de multinacionales presentes en los sectores: agroalimentario, Biodiversidad, Minero (oro, carbón), petróleo, servicios públicos y el sistema financiero. Igualmente, juzgará las multinacionales responsables de crímenes contra pueblos indígenas.

El juzgamiento inició en septiembre de 2005 con la audiencia preliminar agroalimentaria en Berna – Suiza (política de Nestlé) y culminará el 22 de julio de 2008 con la sesión deliberante que recogerá los fallos parciales y emitirá un veredicto final sobre la política de las multinacionales y el estado colombiano.

Audiencia Petrolera
OXI – REPSOL- BP y el estado colombiano

Juzgará la política de la Occidental Petroleum Corporation, Repsol y British Petroleum Corporation, por los impactos lesivos en la población de los departamentos de Boyacá, Arauca, Casanare y Norte de Santander en el oriente colombiano y al estado colombiano por haber promovido y facilitado la entrega de los recursos naturales a costa del sufrimiento, la tragedia y la miseria del pueblo colombiano.

Los atropellos de estas empresas buscan especialmente lograr el control poblacional para evitar resistencias a la exploración y explotación del recurso, para lo cual han combinado varias estrategias: militarización de la zona acompañada de mercenarios norteamericanos, declaración de Zona de Rehabilitación y Consolidación para el posicionamiento paramilitar, ejecución de crímenes de lesa humanidad y una persecución judicial permanente contra las organizaciones sociales.

Militarización de la Región: las petroleras han tenido responsabilidad directa con el conflicto colombiano, no solo porque han financiado batallones del ejército con el objeto de brindar seguridad a sus instalaciones, sino porque han tenido influencia directa en decisiones militares como es la escogencia de sus comandantes y la realización de operativos.

El financiamiento de la brigada XVI en Yopal y la XVIII en Arauca; el bombardeo de Santo Domingo –Arauca; el asesinato en Arauca de los líderes Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto y de varios miembros de la Asociación ACDAINSU, ASOCHARTE, ASOVEC y ADUC (el asesinato de su presidente CARLOS MESIAS ARRIGUI y la Ejecución extrajudicial de Daniel y Roque Julio en el Casanare; la penetración de grupos paramilitares desde áreas “protegidas” por el ejército; el servicio de guardas de seguridad a altos mandos de la BP por parte de reconocidos paramilitares; las Masacres de Caño Seco, Flor Amarillo-Piñalito - Cravo Charo y La Cabuya; Detenciones Masivas 2002, 2003, 2006; desapariciones, torturas y desplazamientos forzados de comunidades perpetrados por grupos paramilitares en áreas de interés exploratorio, son evidencias de la influencia de estas empresas en la estructura del estado para garantizar el saqueo de este recurso.

El Asesinato de Aury Sara Marrugo y su escolta Enrique Arellano, de Manuel Gustavo Chacón, Rafael Jaimes Torra, Jorge Orlando Higuita, entre muchos otros, no solo han posibilitado la destrucción del sindicato petrolero (USO), sino la entrega del recurso y la infraestructura petrolera al capital privado, en especial a las transnacionales.

Entre muchos otros crímenes (desaparecidos, torturados, detenidos, amenazados, judicializados y exiliados)

Impactos Ambientales: Las actividades petroleras han dejado serios daños sobre el medio ambiente, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad y vida de la región. No existen controles institucionales y hay altos niveles de corrupción propiciados desde las empresas petroleras.

La desaparición del Ecosistema Geoestratégico de la Laguna de Lipa, sus humedales y Caño Limón, patrimonio de la cultura indígena; la destrucción de la cadena alimentaria, el vertimiento de aguas altamente contaminadas en la cuenca del río Arauca, la modificación del régimen hidrológico regional, en el departamento de Arauca, el secamiento de los ríos Charte, Unete, Cravo Sur y Cusiana con el bombeo de agua pura al subsuelo y la deforestación relacionada con las actividades petroleras, la generación de gases contaminantes que han causado graves daños sobre cultivos, son algunos de los casos más relevantes.

El deterioro de las condiciones ambientales se presenta igualmente en otras áreas petroleras aledañas a los yacimientos, como sucede en el departamento del Putumayo (Texas y Ecopetrol), Santanderes (Shell y Texaco), Tolima y Meta (Chevron Texaco).

Etnocidios: las actividades petroleras han estado relacionadas históricamente con procesos sistemáticos de exterminio a pueblos nativos, cuyos antecedentes se remontan a los inicios del siglo veinte.

Entre los casos mas relevantes podemos resaltar: de los Yarigüies en el Magdalena Medio por parte de la Standard Oil, de los Guahibos en Arauca por la OXI, los Cofanes y Sionas en el putumayo por parte de la Argosy, y la sangrienta persecución contra los Motilón-Bari en el Catatumbo por la BP y de los Uwas en Boyacá y Arauca por la OXI.

Saqueo del recurso: las nuevas formas de contrato que se han venido implementando causan un gran desfalco y perdidas incalculables para el pueblo colombiano, en el caso del pozo Caño Limón, uno de los más importantes del país, su reversión se debía hacer este año, es decir el pozo pasaría a manos y control del estado en cabeza de ECOPETROL. Sin embargo el gobierno de Álvaro Uribe extendió este contrato a perpetuidad, lo que significa que la OXY podrá sacar hasta la última gota de crudo de esta reserva mediante la nueva forma de contratación, además de esto el estado colombiano subsidiará la devaluación de la infraestructura petrolera que se genera por el desgaste de esta. Con este escenario se configura un verdadero saqueo de este importante recurso.

Corrupción: las petroleras han sido un factor de desestabilización, manipulación y sometimiento del estado y de los intereses de la nación. Históricamente decretos, leyes y artículos de la constitución fueron redactados en favor de las transnacionales. Sonados casos reportan que las regalías petroleras han sido un factor de exclusión, corrupción y empobrecimiento generalizado.

Todos estos crímenes y homicidios de los dirigentes sociales ocultan intereses políticos y económicos que promueven el desmantelamiento generalizado de los movimientos sociales en la región. Arauca es uno e los departamentos que ha tenido que soportar una de las arremetidas militares mas violentas del régimen de Uribe, esta operación enmarcada dentro de una extraña figura denominada “Zona de Rehabilitación”, pretende recuperar el “orden público”, inmovilizar los grupos guerrilleros y destruir las organizaciones sociales. Sin embargo detrás de esta ofensiva estatal y paramilitar, se busca asegurar a una de las regiones con mayor importancia geopolítica del país, por su significado como uno de los mayores corredores viales entre Colombia y Venezuela; en el aseguramiento de las reservas, la infraestructura y los intereses de las empresas petroleras transnacionales; y controlar la frontera con un país en el que se consolida un proyecto político antagonista frente al cual se hacen desde ya medidas estratégicas militares como el gasto frustrado del 100 millones de dólares en tanques de gran tonelaje, ante el panorama remoto pero posible de una confrontación armada entre los dos países.

El hecho que desde Arauca se pueda construir la conexión vial más eficiente desde los grandes centro económicos colombianos hacia las reservas energéticas y los mercados venezolanos, hace que esta región cobre una gran importancia estratégica especialmente en el actual panorama de agotamiento de las reservas de hidrocarburos en Colombia, por lo que las grandes transnacionales comercializadoras de petróleo necesitarán asegurar esta región para asentar la infraestructura que les posibilitará especular con el mercado interno de hidrocarburos.

Al megaproyecto petrolero se le suma otro denominado Ruta de los Libertadores y la Marginal de la Selva, es un canal seco internacional que unirá Caracas – Bogotá – Quito, y a los océanos pacífico y atlántico. Su construcción ha generado el desplazamiento de miles de pobladores que residían en pueblos y veredas ubicadas a la orilla de estas carreteras, pues para los inversionistas es necesario que no haya ningún tipo de presión que impida ni la construcción ni el libre transito de mercancías y recursos naturales que cruzarán permanentemente por esta rica región del país, que al igual que otras, ha sido declarada Zona Económica Especial de Exportación –ZEEE-. Aquí puede estar la explicación de varias masacres cometidas especialmente en comunidades de Santo Domingo, Cravo Charo, Caño Claro, Caño Salas, Betoyes, Quintame, Flor Amarillo, Piñalito, Botalón, la Horqueta, entre otras.

Estos crímenes y el terror que diariamente vive la población serán evidenciados, denunciados y juzgados por el TPP en la audiencia petrolera. La audiencia es parte del proceso de justicia popular y elemento importante para la activación de la estrategia jurídica integral de la “Campaña Internacional Efectos de la Explotación Petrolera: POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS, LA CULTURA Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO.”

AUDIENCIAS Y PRELIMINARES:

La preparación colectiva de la audiencia petrolera se viene desarrollando a través de 7 audiencias preliminares: Saravena, Barrancabermeja, El Tarra – Norte de Santander, Cartagena, Madrid en el Estado Español, Glasgow – Escocia y en Washington – Estados Unidos, y un gran foro nacional donde se definirá una propuesta global de confrontación a esta política depredadora.

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Antefatti

Il TPP è un tribunale di tipo non governativo, sul genere dei “tribunali di opinione” che ha avuto la sua origine nel processo ai crimini di lesa umanità commessi dagli Stati Uniti contro il popolo del Vietnam. È uno strumento di giustizia molto importante per la ricerca della verità, della giustizia, della riparazione integrale delle vittime.

Il TPP è composto da circa 130 fra uomini e donne, di un’alta reputazione morale assolutamente indiscutibile, in grado di esercitare la funzione giudiziaria ad alto livello; la loro provenienza è molto diversa (sociologi, indigeni, politici, intellettuali, difensori dei diritti umani, scrittori, ecc.); nominati dal Consiglio della Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli.

La base dei giudizi del TPP sono le convenzioni sui Diritti Umani, le convenzioni internazionali; vengono realizzati senza le restrizioni che creano i poteri politici, i poteri mondiali, i poteri dello stato; si pone al di fuori delle strutture giudiziarie degli stati e rappresenta – sotto alcuni aspetti – la coscienza etica dei popoli dell’umanità.

Il TPP si è riunito in 31 occasioni per giudicare situazioni di molti paesi, di popoli interi che non conformano uno stato e che hanno sofferto genocidi ad opera di altri stati; ha giudicato inoltre la politica delle multinazionali e delle istituzioni internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale.

TPP Sessione Colombia
Multinazionali e Crimini di Lesa Umanità

1. Il saccheggio delle risorse naturali, la privatizzazione dei servizi pubblici, la distruzione dell’ambiente e della biodiversità, la fame e molte altre forme di violenza hanno impedito al popolo della Colombia di vivere in condizioni dignitose.

2. L’ALCA e il TLC sono patti che violano i diritti dei popoli, e che beneficiano esclusivamente le multinazionali

3. Per garantire il saccheggio delle ricchezze, il controllo territoriale e lo sfruttamento della popolazione, il governo colombiano ha messo in atto modalità di guerra sporca (guerra sucia) attraverso il terrorismo di stato.

4. Le comunità indigene continuano ad essere danneggiate dalla realizzazione di megaprogetti nei loro territori; ciò distrugge i loro costumi, la loro visione dell’universo e le loro vite.

5. La legge di “Giustizia e Pace” incarna la politica integrale di terrore che acuisce e perpetua l’impunità per la violazione dei diritti umani e dei crimini di Lesa Umanità a beneficio delle multinazionali e dei monopoli nazionali.

6. La ricerca di verità, giustizia e riparazione integrale per le vittime, è un elemento indispensabile per la il raggiungimento di una soluzione politica al conflitto sociale ed armato che vive il paese.

7. La partecipazione della popolazione al recupero della memoria storica è fondamentale, e per questo, il processo del TPP deve essere legato alla ricostruzione delle organizzazioni sociali e delle comunità distrutte dal terrorismo di stato. Questo è un passo fondamentale per la costruzione di un Altra Colombia Possibile

Il TPP, analizzerà tre serie di problematiche nel suo svolgimento: ESTRAZIONE ILLECITA DELLE RISORSE NATURALI, SOSTEGNO TRAMITE MODALITÀ DI GUERRA SPORCA O TERRORISMO DI STATO e COSTANTE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI.

Il TPP ha ricevuto le accuse e le prove e ha ascoltato nel corso di udienze pubbliche specializzate, le testimonianze di decine di uomini e donne, dei casi più rilevanti di violazione dei diritti umani e dei crimini di lesa umanità commessi dalle multinazionali nei distinti settori dell’economia nazionale; le udienze producono delle istruttorie o delle sentenze parziali, che saranno gli elementi della sessione deliberativa.

Il TPP vuole analizzare l’impatto della politica delle multinazionali presenti nei settori: Agroalimentare, Biodiversità, Minerario (oro, carbone), petrolifero, dei servizi pubblici e del sistema finanziario. Inoltre, giudicherà le multinazionali responsabili di crimini contro i popoli indigeni.

Il processo è iniziato nel settembre del 2005 con l’udienza preliminare agroalimentare a Berna – Svizzera (sulla politica della Nestlè) e si chiuderà il 22 luglio 2008 con la sessione deliberativa che raccoglierà le sentenze parziali e emetterà un verdetto finale sulla politica delle multinazionali e dello stato colombiano.

Udienza Petrolifera
OXI – REPSOL- BP e lo stato colombiano

Giudicherà la politica della Occidental Petroleum Corporation, della Repsol e della British Petroleum Corporation, per l’influenza lesiva sulle popolazioni dei dipartimenti di Boyacà, Arauca, Casanare e Norte de Santander nell'est della Colombia e lo stato colombiano per aver promosso e facilitato la consegna delle risorse naturali a costo della sofferenza, della tragedia e della miseri del popolo colombiano.

Con le violazioni che commettono, queste imprese cercano specialmente di ottenere il controllo delle popolazioni per evitare resistenze alla esplorazione e allo sfruttamento delle risorse, e con questo fine hanno ideato varie strategie: Militarizzazione della zona accompagnata da mercenari nordamericani, dichiarazione di Zone di Riabilitazione e Consolidamento per consentire lo spiegamento paramilitare, esecuzione di crimini di lesa umanità e una costante persecuzione giudiziaria delle organizzazioni sociali.

Militarizzazione della Regione: Le imprese petrolifere hanno una responsabilità diretta nel conflitto colombiano, non solo perché hanno finanziato battaglioni dell’esercito con l’obiettivo di rendere sicuro i loro impianti, ma anche perché hanno avuto una influenza diretta nelle decisioni militari, come la nomina dei comandanti e la realizzazione di operazioni

Il finanziamento della XVI brigata a Yopal, della XVIII a Arauca, il bombardamento di Santo Domingo – Arauca; l’assassinio in Arauca dei leader Alirio Martínez, Leonel Goyeneche e Jorge Prieto e di vari membri delle associazioni ACDAINSU, ASOCHARTE, ASOVEC e ADUC (l’assassinio del suo presidente CARLOS MESIAS ARRIGUI e la esecuzione extragiudiziaria di Daniel e Roque Julio nel Casanare); la penetrazione di gruppi paramilitari in aree “protette” dall’esercito; il servizio come agenti di sicurezza ad alti funzionari della BP da parte di riconosciuti paramilitari; i Massacri di Caño Seco, Flor Amarillo-Piñalito - Cravo Charo e La Cabuya; gli Arresti di Massa del 2002, 2003, 2006; sparizioni, torture, sfollamento forzato di comunità perpetrato da gruppi paramilitari in aree di interesse esplorativo, sono prove dell’influenza di queste imprese sulla struttura statale per garantire il saccheggio di questa risorsa.

L’Assassinio di Aury Sara Marrugo e della sua scorta Enrique Arellano, di Manuel Gustavo Chacón, Rafael Jaimes Torra, Jorge Orlando Higuita, fra molti altri, non solo ha reso possibile la distruzione del sindacato petrolifero (USO), ma anche la consegna delle risorse e della infrastruttura petrolifera al capitale privato, specialmente alle multinazionali.

Fra i molti altri crimini (desaparecidos, torturati, detenuti, minacciati, arrestati e esiliati)

Impatto Ambientale: Le attività petrolifere hanno danneggiato seriamente l’ambiente, mettendo a grave rischio la sostenibilità e la vita della regione. Non esistono controlli istituzionali e ci sono alti livelli di corruzione propiziati dalle imprese petrolifere.

La scomparsa dell’Ecosistema Geostrategico della Laguna di Lipa e di Caño Limòn, patrimonio della cultura indigena; la distruzione della catena alimentare, il riversamento di acque altamente inquinate nel bacino del rio Arauca, la modificazione del regime idrologico regionale, nel dipartimento di Arauca, la scomparsa per inaridimento dei fiumi Charte, Unete, Cravo Sur e Cusiana a causa del pompaggio di acqua pura dal sottosuolo e la deforestazione dovuta alle attività petrolifere, la produzione di gas contaminanti che hanno causato gravi danni alle coltivazioni, sono alcuni dei casi più rilevanti.

Il deterioramento delle condizioni ambientali si presenta similmente in altre aree petrolifere vicine ai giacimenti, come accade nel dipartimento del Putumayo (Texas e Ecopetrol), Santanderes (Shell e Texaco), Tolima e Meta (Chevron Texaco).

Etnocidi: Le attività petrolifere sono state storicamente collegate a processi sistematici di sterminio dei popoli nativi, i cui antecedenti risalgono all’inizio del ventesimo secolo.

Fra i casi più rilevanti poniamo in risalto: i Yarigüies nel Magdalena Medio da parte della Standard Oil, i Guahibos in Arauca da parte della OXI, i Cofanes e i Sionas nel Putumayo da parte della Argosy, e la sanguinosa persecuzione contro i Motilón-Bari nel Catatumbo da parte della BP e degli Uwas in Boyacá e in Arauca da parte della OXI.

Saccheggio delle risorse: Le nuove forme di contratto che sono state attuate causano una grande appropriazione indebita e perdite incalcolabili per il popolo colombiano, nel caso del pozzo Caño Limòn, uno dei più importanti del paese, la sua reversione avrebbe dovuto accadere quest’anno, vale a dire che il pozzo sarebbe dovuto passare sotto il controllo dello stato tramite l’ECOPETROL. Ciò nonostante il governo di Alvaro Uribe ha esteso il contratto in modo perpetuo, e ciò significa che la OXY potrà estrasse sino all'ultimo goccia di grezzo da questa riserva grazie alla nuova forma contrattuale, in più in questo modo lo stato colombiano favorisce la svalutazione dell’infrastruttura petrolifera generata dallo sperpero di questa risorsa. Dato questo scenario, si configura un vero saccheggio di questa importante risorsa.

Corruzione: Le imprese petrolifere hanno costituito un fattore di destabilizzazione, manipolazione e assoggettamento dello stato e degli interessi della nazione Storicamente decreti, leggi e articoli della costituzione sono stati redatti a favore delle multinazionali. Noti casi mostrano come le regalie petroliere abbiano costituito un fattore di esclusione, corruzione e impoverimento generalizzato.

Tutti questi crimini e omicidi dei dirigenti sindacali occultano interessi politici ed economici che promuovono lo smantellamento generalizzato dei movimenti sociali della regione. Arauca è uno dei dipartimenti che ha dovuto sopportare una degli attacchi militari più violenti del regime di Uribe, un'operazione inquadrata all’interno di una strana figura denominata “Zona di Riabilitazione”, che pretendeva di ristabilire l’ “ordine pubblico”, immobilizzare i gruppi guerriglieri e distruggere le organizzazioni sociali. Senza dubbio dietro questa offensiva statale e paramilitare, si cerca di rendere sicura una delle regione con maggiore importanza geopolitica del paese, per la sua importanza come uno dei maggiori corridoi fra Colombia e Venezuela; nel rendere sicure le riserve, le infrastrutture e gli interessi delle imprese petrolifere multinazionali; e controllare la frontiera con un paese nel quale va consolidandosi un progetto politico antagonista di fronte al quale si predispongono già da ora misure strategiche militari come l’inutile spreco di 100 milioni di dollari in carri armati di grande tonnellaggio, di fronte al panorama remoto ma possibile di un confronto armato fra i due paesi.

Il fatto che da Arauca si possa costruire una connessione più efficiente dai grandi centri economici colombiani verso le riserve energetiche e i mercati venezuelani, fa sì che questa regione ricopra una grande importanza strategica specialmente nell’attuale panorama di esaurimento delle riserve di idrocarburi in Colombia, per cui le grandi multinazionali che commerciano in petrolio avranno bisogno di rendere sicura questa regione per costruire l’infrastruttura che renderà possibile le speculazioni nel mercato interno di idrocarburi.

Al megaprogetto petrolifero se ne aggiunge un altro chiamato Ruta de los Libertadores y la Marginal de la Selva, che è un canale secco internazionale che unirà Caracas – Bogotà – Quito, e gli oceani pacifico e atlantico. La sua costruzione ha causato lo sfollamento di migliaia di persone che vivevano in paesi e frazioni ubicate sui percorsi di questa strade, perché per gli investitori è necessario che non ci sia nessun tipo di pressione che impedisca la costruzione e il libero transito di merci e di risorse naturali che attraverseranno permanentemente questa ricca regione del paese, che come altre, è stata dichiarata Zona Economica Speciale di Esportazione – ZEEE -. Questo può spiegare vari massacri commessi specialmente nelle comunità di Santo Domingo, Cravo Charo, Caño Claro, Caño Salas, Betoyes, Quintame, Flor Amarillo, Piñalito, Botalón, la Horqueta, fra le altre.

Questi crimini e il terrore in cui vive quotidianamente la popolazione saranno evidenziati, denunciati e giudicati dal TPP nell’udienza petrolifera. L’udienza è parte di un processo di giustizia popolare e un elemento importante per l’attivazione della strategia giuridica integrale della “Campagna Internazionale sugli Effetti dello Sfruttamento Petrolifero: PER IL RISPETTO ALLA VITA, I DIRITTI UMANI, LA CULTURA E LA PERMANENZA NEL TERRITORIO.”

UDIENZE E UDIENZE PRELIMINARI

La preparazione collettiva dell’udienza petrolifera si sviluppa tramite 7 udienze preliminari: Saravena, Barrancabermeja, El Tarra – Norte de Santander, Cartagena, Madrid in Spagna, Glasgow – Scozia e Washington – Stati Uniti, e un grande forum nazionale dove verrà definita una proposta globale di confronto con questa politica depredatoria.

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Background

The People’s Permanent Tribunal (PPT) is a non-governmental tribunal, similar to the “public opinion tribunals” that were created to judge the crimes against humanity committed by the United States against the people of Vietnam. The People’s Tribunal is a very important instrument in the pursuit of truth, justice and reparations for victims.

The People’s Tribunal is constituted by a diverse group of 130 men and women, (sociologists, indigenous people, political figures, intellectuals, human rights activists, writers, etc.) of an irreproachable moral character who have the capacity to exercise a high level judicial function); appointed by the Council of the Lelio Basso International Foundation for the Rights and Liberations of Peoples.

The judgments made by THE PEOPLE’S TRIBUNAL are based on international human rights conventions and are rendered with no ties to the political powers that be, the powerful of the world, the state, outside the national judicial structures, and they represent in a manner the ethical conscience of the peoples of the world, of humanity.

THE PEOPLE’S TRIBUNAL has met on 31 occasions to rule on situations in many countries, with regard to entire peoples who are not organized in a state and have suffered genocide at the hands of states and has passed judgment on the policies of multinational companies and international bodies such as the World Bank and the International Monetary Fund.

THE PEOPLE’S TRIBUNAL Columbia Session.
Multinationals and Crimes against Humanity

The sacking of natural resources, la privatization of public services, the destruction of the environment and biodiversity, hunger, and many other forms of violence have prevented the people of Colombia from living in dignified conditions.

The Free Trade Area of the Americas (FTAA or ALCA in Spanish) and the Free Trade Agreement are treaties that violate the rights of peoples and benefit multinationals exclusively.

In order to protect the sacking of our resources, control over our territory and the exploitation of the population, the Columbian government has implemented tactics of a dirty war, through state terrorism.

The indigenous communities continue to be affected by the implementation of huge projects on their lands, which destroy their customs, their world view, and their lives.

The “Justice and Peace” Act embodies a comprehensive policy of terror that aggravates and perpetuates the impunity with which human rights are violated and crimes against humanity are committed for the benefit of multinationals and national monopolies.

The search for truth, just and full reparations for the victims in an indispensable element for reaching a political solution to the armed social conflict that the country is enduring.

The participation of the public in the recovery of our historical memory is essential, and therefore the proceedings of THE PEOPLE’S TRIBUNAL must be tied to the reconstruction of progressive organizations and communities that have been destroyed by state terrorism. This is a very important step in the construction of Another Possible Colombia.

THE PEOPLE’S TRIBUNAL, will analyze the three main factors of the issue and their interaction: UNDUE EXTRACTION OF NATURAL RESOURCES, SUPPORTED BY A DIRTY WAR OR STATE TERRORISM, AND THE PERMANENT VIOLATION OF HUMAN RIGHTS.

THE PEOPLE’S TRIBUNAL has received indictments and evidence, as well as hearing the specialized testimony of dozens of men of women, regarding the most significant cases of human rights violations and crimes against humanity committed by multinational companies in different sectors of our economy. The hearings have produced indictments or interlocutory judgments that will be elements of the full session.

THE PEOPLE’S TRIBUNAL has been analyzing the impacts of multinational policies in the food, biodiversity, mining (gold, coal) oil, public services, and financial system sectors. Likewise, the Tribunal will judge the multinational companies for crimes against indigenous peoples.

The proceedings began in September of 2005 with a preliminary hearing in Bern – Switzerland (Nestlé policy) and will end on July 22, 2008 with a deliberative session that will gather the interlocutory judgments and issue a final judgment on the policies of multinational companies and the Columbian state.

The Hearing on the Oil Industry
OXI – REPSOL- BP and the Columbian Government

Judgment will be handed down on the policies of Occidental Petroleum Corporation, Repsol and British Petroleum Corporation will be judged with regard to the negative impact on the population of Boyacá, Arauca, Casanare and Norte de Santander in eastern Colombia and the Colombian state for promoting and facilitating the surrender of natural resources at the cost of the suffering, tragic conditions, and misery of the people of Columbia.

Through these abuses, these companies seek to control the population to quell resistance to the exploration and exploitation of resources, which has included combining several strategies, such as militarizing the area, along with North American mercenaries, declaring the area to be a Rehabilitation and Consolidation Zone to deploy paramilitary groups, carrying out crimes against humanity, and constant legal persecution against social activist organizations.

Militarization of the Region: the oil companies have responsibility in the Columbian conflict, not only because they have financed army battalions to provide security for their facilities but also by exercising direct influence on military decisions such as appointed their commanders and specific operations.

Financing of the 16th Brigade in Yopal and the 18th Brigade in Arauca; the bombing of Santo Domingo –Arauca; the murder in Arauca of the leaders Alirio Martínez, Leonel Goyeneche and Jorge Prieto and several members of the organizations ACDAINSU, ASOCHARTE, ASOVEC and ADUC (the murder of the president of the latter CARLOS MESIAS ARRIGUI) and the extrajudicial execution of Daniel and Roque Julio in Casanare; the penetration of paramilitary groups in areas that are “protected” by the army, the security guard service provided to senior BP officials by well-known paramilitary armed men; the Massacres of Caño Seco, Flor Amarillo-Piñalito - Cravo Charo and La Cabuya; mass arrests in 2002, 2003, 2006; disappearances, torture, and forced displace of communities perpetrated by paramilitary groups in zones of interest for exploration are evident that the influence these companies exert on the state to guarantee the sacking of this resource.

The murder of Aury Sara Marrugo and Enrique Arellano, Manuel Gustavo Chacón, Rafael Jaimes Torra, Jorge Orlando Higuita, among many others, has not only led to the destruction of the oilworkers union (USO), but the surrender of the resource and the oil industry infrastructure to private capital, in particular to multinational corporations.

Among many other crimes (disappearances, torture, arrests, threats, trials, and forced exile)

Environmental Impact: Oil industry activities have had a negative impact on the environment and put sustainability and life itself in the region at risk. There are no institutional controls and there is widespread corruption sponsored by the oil companies.

Among the salient instances of damage are the disappearance of the geo-strategic ecosystem of the Lipa Lagoon, wetlands and Caño Limón, which are the heritage of indigenous peoples; the destruction of the food chain, the release of highly polluted water into the Arauca River, the alteration of the regional hydrological system in Arauca, the drying up of the Charte, Unete, Cravo Sur and Cusiana Rivers due to the pumping of pure underground water and the deforestation associated with oil industry activities, the generation of polluting gases that have caused severe damage to crops.

There is environmental deterioration in other areas near the oil fields, such as in the Departments of Putumayo (Texas and Ecopetrol), Santanderes (Shell and Texaco), Tolima and Meta (Chevron Texaco).

Ethnocide: oil industry activities have been historically associated with the systematic extermination of indigenous peoples, since the early twentieth century.

Outstanding among these are the Yarigüies in Magdalena Medio by Standard Oil, Guahibos in Arauca by OXI, the Cofane and Siona people in Putumayo by Argosy, and bloodthirsty persecution against the Motilón-Bari people in Catatumbo by BP and the Uwa in Boyacá and the Arauca by OXI.

Sacking of the Resource: the new kinds of contracts that have been being implement have cause huge losses for the Colombian people. In the case of the Caño Limón well, one of the most important in the country, reversion could be effected this year, being return to state control under ECOPETROL. However the government of Álvaro Uribe extended this contract in perpetuity, which means that OXY will be able to extract the last drop of oil from this reserve under this new contract. In addition the Colombian state will subsidize the depreciation of the oil industry due to wear. This simply constitutes sacking of our resources.

Corruption: the oil companies have been a destabilizing factor, manipulating and subjugating the state and the interests of our nation. Historically, the decrees, laws, and articles of the constitution have been drafted to favor multinational companies. There have been famous cases in which oil commissions have been a factor in exclusion, corruption and generalized impoverishment.

All of these crimes and the homicide of activist leaders have underlying political and economic interests that are actively promoting the dismemberment of social movements in the region. Arauca is one of the departments that has had to endure once of the most violent military offensive by the Uribe regime, under an operation strangely called the “Rehabilitation Zone,” under the pretense of recovering “public order,” paralyzing the guerrilla groups and destroying activist organizations. However, the purpose of this state and paramilitary offensive is to secure one of the most important geopolitical regions of the country, one of the most important routes between Colombia and Venezuela; insuring its reserves, its infrastructure and the interests of the multinational oil companies, and controlling the frontier with a country against which a policy of confrontation is being developed. Strategic military measures include the ill-fated expense of 100 million dollars for large tanks in case of a remote but possible scenario of an armed conflict between the two countries.


The fact that it is from Arauca that the most efficient highway system from the economic centers of Colombia to the energy reserves and the Venezuelan markets, make this a strategically important region, especially in the current scenario of diminishing oil reserves in Colombia, making it necessary for the oil companies to ensure control of the infrastructure that will allow them to speculate with the internal oil market.

Added to the huge oil project there are others called Ruta de los Libertadores and Marginal de la Selva, an international dry canal that would run the Caracas – Bogotá – Quito route, and join the Atlantic and Pacific Oceans. The construction of these projects has led to the large-scale displacement of the inhabitants along the route of the highways, since the investors need that there is no kind of pressure to prevent construction and the free flow of goods and natural resources through this rich region of the country, which like other areas, has been declared to be a Special Export Zone (ZEEE in Spanish). This may be the explanation for many massacres committed notably in Santo Domingo, Cravo Charo, Caño Claro, Caño Salas, Betoyes, Quintame, Flor Amarillo, Piñalito, Botalón, and La Horqueta, among others.

These crimes and the terror under which the populations lives every day shall be proved, indicted and judged by THE PEOPLE’S TRIBUNAL during the hearing on the oil industry. The hearing is part of popular justice and any important element of the legal strategy in the International Campaign on the Effects of the Exploitation of Oil Resources: IN FAVOR OF RESPECT FOR LIFE, HUMAN RIGHTS, CULTURE AND THE RIGHT FOR PEOPLE TO REMAIN ON THEIR LAND.

HEARINGS AND PRELIMINARY EVENTS:

Preparatory events for the hearing on the oil industry are taking place through 7 preliminary hearings: Saravena, Barrancabermeja, El Tarra – Norte de Santander, Cartagena, Madrid, Spain, Glasgow –Scotland and in Washington – United States, and there will be a national forum in which a comprehensive plan will be developed to counter this policy of depredation.


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