SINALTRAINAL

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario

Vie04202018

Last updateDom, 15 Abr 2018 6am

Conducta Perversa

Históricamente, está demostrado que los sectores que han ostentado el poder en Colombia, representados en el Estado, incumplen y cambian a su antojo los acuerdos, como parte de la estrategia para exterminar a sus oponentes de clase.

La memoria colectiva, nos indica, que se trata de una conducta que hace parte de la estrategia de los sectores de poder y en ese sentido, lo que está pasando, con el acuerdo de finalización del conflicto armado para construir una paz estable y duradera, firmado por el Gobierno con las Farc, no es un hecho aislado. 

Basta con recordar algunos casos que han marcado la historia nacional y demuestra que conducta tienen los sectores que controlan el poder en Colombia, ejemplo lo sucedido con la desmovilización de las guerrillas liberales lideradas por Guadalupe Salcedo, que terminó asesinado, el pacto de Chicoral de la oligarquía liberal-conservadora que buscaba impedir implantar una reforma agraria en Colombia e impedir la organización campesina, para librar una guerra contra el nuevo movimiento campesino y contra la firma de la Ley 1a. de 1968., por la reacción de los terratenientes para conservar las tierras y la contrarreforma agraria amparada por el Estado, que fue complementado la criminalización contra los campesinos,  el! Genocidio de la Unión Patriótica, lo vivido por los sectores sociales, que han firmado acuerdos con los diferentes gobiernos y ante el incumplimiento, el exterminio y la represión se han visto obligados a salir a las calles a protestar, para que el Estado cumpla no solo lo acordado, sino lo establecido en la constitución nacional, la ley, los tratados internacionales y buscar ser escuchados y para que se atiendan sus reclamaciones, tienen que acudir a las vías de hecho, esa es la razón de los recientes paros de Buenaventura, Chocó, magisterio, los trabajadores de la justicia, los taxistas, el sector informal, los camioneros, los campesinos, indígenas y qué decir de los trabajadores en general, qué producen para el sector privado o las víctimas de desastres naturales como lo ocurrido en Manizales, Mocoa, las víctimas de la  hambruna en la alta Guajira, los millones de desplazados, entre! otros.

El acuerdo firmado entre las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido modificado unilateralmente varias veces, ocurrió cuando triunfó el no, en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016, blindando a los expropiadores de tierras como Álvaro Uribe Vélez y blindó la impunidad para los agentes del Estado.

Luego fue el Congreso de la república quien modificó nuevamente el acuerdo cuando expidió el acto legislativo para la  implementación de la Jurisdicción Especial de Paz.

Ahora es la Corte Constitucional, que considera, que los proyectos de ley, que se tramiten por medio del mecanismo especial no se votan en bloque y anuló el requisito que garantizaba que cualquier cambio, tenía que contar con el visto bueno del gobierno que aseguraba preservar el espíritu de los acuerdos.

Súmele, que a las Farc no le han cumplido, empezando por las condiciones de las zonas veredales de concentración.

De nuevo el Uribista Centro Democrático demandó el Fast-Track, están festejando, porque nuevamente han logrado sabotear el acuerdo para poner fin al conflicto armado y aspiran que la puerta que se abre, permita desbaratar más el acuerdo de finalización del conflicto armado.

La puerta abierta por la Corte, puede permitir que los cambios que se hagan no estén en línea  con el acuerdo sino que pueden ser totalmente contrarios.

La única manera de cerrar esa puerta y evitar que sigan  desbaratando el acuerdo, es usar las especiales facultades presidenciales que consagra la constitución para acuerdos de paz.

Sectores políticos, se proponen modificar iniciativas legislativas a lo pactado,  en temas como reforma política y reforma rural integral, entre otros.

Lo anterior, crea incertidumbre, siembra desconfianza, desesperanza y justifica no garantizar la vida e integridad de los insurgentes desmovilizados.

El Gobierno tiene la obligación de presentar leyes en línea con el acuerdo, pero con la decisión de la Corte, la obligación del Congreso de aprobar solo modificaciones que sean conformes a lo pactado desaparece.

Si le han hecho trampa al acuerdo, que representa acabar una confrontación armada de más de 50 años, entre las Farc y el Estado, que puede esperar entonces para el ELN, que no hacen con los diferentes sectores del pueblo, que podemos esperar la gente indefensa del común y está claro que esto solo pasa en un Estado mafioso, corrupto, perverso y es fiel demostración de la no existencia de democracia.

Lo más complejo, es que estamos hablando de un acuerdo firmado por las Farc para poner fin al conflicto armado y lean bien, para construir la paz estable y duradera, ésta última parte, sí que será más difícil y casi imposible, si de voluntad de los sectores de poder se trata.

Los tiempos hacen más complicado el tema, el periodo legislativo del Congreso de la República de Colombia finaliza el 16 de Junio de 2017, vienen los tiempos electorales y se tratará de meter en el congelador la implementación del acuerdo, unos con la pretensión de hacerlo pedazos y otros para usarlo electoralmente a su favor.

Aunque se amplía por 60 días el tiempo de las zonas veredales y 20 días el tiempo para la entrega de armas por parte de las Farc que culmina el 31 de mayo de 2017, la incertidumbre y la desconfianza es muy alta y el país sigue ardiendo en un alto de grado de violencia y guerra contra el pueblo.

La historia, ha demostrado que mientras el país esté en poder de un reducido grupo de familias que se enriquecen, mientras excluyen y someten a la pobreza a la mayoría del pueblo, la situación no cambiará, le toca al pueblo, es el único que tiene el poder de hacer los cambios, si logra entender que seguirlos apoyando no es el camino correcto. 

Javier Correa

Secretario de Asuntos Políticos y Derechos Humanos

 

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