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Decisión Amigables Componedores

Decisión Amigables ComponedoresEl día 19 de mayo de 2014, en la ciudad de Bogotá D.C., fuimos citados por los Amigables componedores, instancia que fue acordada entre Sinaltrainal y la empresa Nestlé de Colombia S.A. el día 20 de Noviembre de 2013, y que igualmente fue acogida por Sintraimagra y han notificado que no llegaron a un consenso, de acuerdo con los límites del mandato que exige unanimidad en la decisión para que sea obligatoria para las partes, en consecuencia, considera por unanimidad que la vía de acción viable es la judicial (Justicia Ordinaria-Administrativa, Tutela, entre otras).

De acuerdo con el anterior pronunciamiento, no se ha logrado un mandato que determine a las partes la obligatoriedad para que deban acudir a la instancia judicial o si una parte deba hacerlo, para resolver la controversia generada por la aplicación que hace Nestlé de las dos convenciones colectivas de trabajo existentes, en cuanto a la titularidad de las cláusulas de Fondo de Vivienda, Deportes, Educación y Medicamentos, continuando el conflicto sin solución, mientras persista la interpretación y aplicación unilateral que la empresa Nestlé de Colombia S.A. sobre estos derechos que han sido creados hace años y de titularidad de Sinaltrainal.

Sinaltrainal ha agotado esta instancia en demostración de la voluntad que nos asiste para que las partes resolvieran en derecho este tema, pero desafortunadamente no fue posible, dado el interés político que la empresa le ha colocado.

Sinaltrainal, abordó este proceso de la amigable composición con la más amplia voluntad y transparencia para probar en derecho que se trata de Convenciones Colectivas de Trabajo diferentes, siendo la firmada por Sinaltrainal la que desde hace años creo los fondos, los derechos y la titularidad en Vivienda, Educación, Deportes y Medicamentos, entre otros. Como ejemplo de ello, los trabajadores y familias pueden comprobarlo en el texto de la sustentación que presentamos a los amigables componedores.

Queda claro que Sinaltrainal no interfiere en el derecho de negociación de otros sindicatos, pero la Convención, los derechos y titularidad de Sinaltrainal no puede ser apropiado, ni modificado unilateralmente por otras partes.

Como la intensión de Sinaltrainal es favorecer a todos los trabajadores beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo como se venía haciendo, el único requisito para que los trabajadores indistintamente de no ser sindicalizados, o estar afiliado a otro sindicato, es habilitarse legalmente pagando a Sinaltrainal la cuota para acceder a los beneficios contenidos en nuestra convención Colectiva de Trabajo.

Lo que sigue, es exigir a la empresa Nestlé de Colombia S.A., que cumpla a Sinaltrainal y a sus afiliados la Convención Colectiva de Trabajo firmada el día 28 de Junio de 2012.

Por lo anterior, hacemos un llamado especial a tod@s l@s trabajador@s para que estemos atentos a las orientaciones de Sinaltrainal y no dejarse confundir por interpretaciones que obedecen a intereses ajenos a los nuestros, que implicaría modificar la Convención Colectiva de Trabajo y los Derechos adquiridos con años de lucha.

 Sinaltrainal Presente

Abogados sin Fronteras Canadá acoge con satisfacción la sentencia contra Hever Ovidio Neira Bello por el homicidio del sindicalista Luciano Romero

Abogados sin Fronteras Canadá acoge con satisfacción la sentencia contra Hever Ovidio Neira Bello por el homicidio del sindicalista Luciano RomeroAbogados sin Fronteras Canadá (ASFC) acoge con satisfacción la sentencia del Juzgado 56 Penal del Circuito del Programa de OIT en contra de Hever Ovidio Neira Bello por el delito de homicidio en persona protegida del sindicalista y defensor de derechos humanos Luciano Romero. 

Luciano Romero fue secuestrado y brutalmente asesinado por hombres del Frente “Mártires del Valle de Upar” del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Valledupar, Colombia en 2005. Por este hecho, fue atribuida responsabilidad penal a Niera Bello como coautor del homicidio, caracterizado por la juez como crimen de lesa humanidad y siendo condenado a 390 meses de cárcel.

El sindicalista fue empleado de la empresa Nestlé-CICOLAC y líder sindical de SINALTRAINAL (Sindicato Nacional de Trabajadores de Sistema Agroalimentario). En la sentencia, la jueza afirma que “(…) el homicidio de Luciano Enrique Romero se cometió en el contexto de un ataque sistemático contra la población civil que integraba la agremiación sindical, a quienes se les persiguió y discriminó inmisericordemente”.

La jueza, con base en este reconocimiento, hace alusión a la estrecha colaboración entre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el grupo del ejército GAULA y los paramilitares en la época. De acuerdo con la sentencia, estas entidades estatales permitieron que se llevaran a cabo las agresiones contra la población civil.

Por los graves hechos descritos en el presente caso, la jueza solicita que se abran más investigaciones “ (…) para que ojalá de manera contextualizada y no insular, se investiguen los hechos de persecución y violencia contra los miembros de SINTRAINAL y contra la propia agremiación”.

Según Carolina Pimentel, Jefa de la Misión de ASFC en el país, “Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ser sindicalista en el mundo y en donde la mayoría de los casos quedan en la impunidad. En razón de lo anterior, ASFC reconoce el valor de una sentencia que ha fallado con base en el derecho, demostrando independencia e imparcialidad.” Asimismo, ASFC felicita la valiosa labor de los abogados defensores, en particular de Leonardo Jaimes Marín, abogado del Equipo Jurídico Pueblos, por su misión representando la familia de Luciano Romero en este caso.

Leonardo Jaimes ha desempeñado su labor como defensor de derechos humanos bajo situaciones de amenaza a su seguridad e integridad física, por lo que ASFC considera que el contexto en que se cometen las agresiones contra sindicalistas y defensores de derechos humanos es preocupante y hace un llamado a la justicia colombiana para seguir investigando, juzgando y sancionando con el fin de evitar la impunidad y satisfacer los derechos de las víctimas.

Por último ASFC se solidariza con las víctimas de violencia sindical en Colombia y estará atento a las investigaciones impulsadas por la justicia colombiana y posibles desarrollos en este caso.

Bogotá, 5 de mayo de 2014. 

Fuente: http://www.asfcanada.ca/fr/nouvelles/abogados-sin-fronteras-canada-acoge-con-satisfaccion-la-sentencia-contra-hever-ovidio-neira-bello-por-el-homicidio-del-sindicalista-luciano-romero-348

Fiscalía General de la Nación, traslada proceso que investiga asesinato de Oscar López Triviño, trabajador de Nestlé de Colombia S.A.

Fiscalía General de la Nación, traslada proceso que investiga asesinato de Oscar López Triviño, trabajador de Nestlé de Colombia S.A.Mediante resolución No 00388 del 13 de marzo de 2014, el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett, de acuerdo con la petición presentada por el representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario “SINALTRAINAL”, resuelve variar la asignación de la indagación que adelanta la Fiscalía 28 Seccional de Tuluá, por el homicidio de Oscar López Triviño, integrante de Sinaltrainal y trabajador al servicio de Nestlé de Colombia S.A., ocurrido el 9 de noviembre de 2013 en el municipio de Bugalagrande Valle del Cauca.

El Fiscal General de la Nación ha decidido asignar especialmente el proceso al Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito de Bogotá D.C., Inscrito a la Sub Unidad OIT de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que por reparto corresponda para que hasta su culminación asuma la indagación objeto de la variación de asignación.

Los argumentos esbozados, advierte la gravedad, complejidad y naturaleza de los hechos de la investigación que se adelanta por el asesinato de Oscar López Triviño y asigna el caso al Fiscal Especializado, adscrito a la Sub Unidad OIT de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ya que las actuaciones por delitos, en los que han sido víctimas integrantes de Sindicatos, existen compromisos adquiridos con la Organización Internacional de Trabajo OIT, con el propósito de lograr avances investigativos para obtener resultados en el menor tiempo y los hechos investigados constituyen una grave violación a los derechos humanos de los integrantes de los sindicatos, para propender que haya celeridad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia y en el marco de la autonomía se establezcan estrategias que permitan obtener resultados en este caso que ha producido un alto impacto social.

Recordamos que Oscar López Triviño, fue asesinado en momentos en que varios trabajadores al servicio de Nestlé de Colombia S.A. en el municipio de Bugalagrande Valle del Cauca, realizaban una huelga de hambre y el crimen fue antecedido por la amenaza de muerte que llegó a varios teléfonos celulares de dirigentes de Sinaltrainal y que laboran para la empresa Nestlé de Colombia S.A. y textualmente dice: “guerrilleros hp siguen jodiendo a Nestlé no mas perdón los picaremos muerte a todos los comunistas de Sinaltrainal Urabeños”.

Independientemente de cuáles hayan sido las motivaciones del crimen de nuestro compañero Oscar López, no descansaremos hasta lograr la verdad y los culpables por acción u omisión, tanto materiales como intelectuales sean castigados con todo el peso de la ley. 

Sinaltrainal Junta Directiva Nacional

Declaran crimen de lesa humanidad asesinato de sindicalista en Valledupar

Así lo determinó el Juzgado 56 Penal de Bogotá. Luciano Romero Molina fue señalado por paramilitares del Frente ‘Mártires del Cesar’ como miembro del Eln. La sentencia deja al descubierto la complicidad del DAS con autodefensas en esa zona del país.

El 11 de septiembre de 2005 apareció a pocos metros del Batallón La Popa en Valledupar el cuerpo de Luciano Romero Molina, quien para esa época era miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal y secretario de derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a pesar de que en 2002 fue despedido de la empresa Cicolac, filial de Nestle, en Valledupar. Su cuerpo tenía cincuenta puñaladas y registraba signos de tortura.

Este asesinato se convirtió en la crónica de una muerte anunciada. El sindicalista recibió amenazas antes y después de ser desvinculado de la multinacional luego de la organización de una huelga laboral que, finalmente, se truncó por las amenazas que recibieron los líderes de la misma. Ante las delicadas advertencias que recibieron en panfletos y directamente, un grupo de compañeros del sindicato solicitaron protección al Estado. La respuesta fue un celular, el mismo que llevaba Romero Molina el día de su muerte.

El Juzgado 56 Penal, en su fallo del 31 de marzo de 2014, declaró este crimen como de lesa humanidad tras considerar que los principales motivos de los paramilitares para matarlo era su activismo en la defensa de los derechos humanos.

Ese despacho judicial documentó que el líder sindical había salido incluso del país en noviembre de 2004 para el Principado de Asturias y regresó en abril de 2005 a Valledupar, “donde continuó con su trabajo de defensor de derechos humanos y para subsistir, manejaba taxi por las noches”, el mismo en que fue abordado y trasladado por los paramilitares la noche del 10 de septiembre hasta el sitio donde lo asesinarían. Los paramilitares se robaron el vehículo y lo vendieron por partes, por lo que inicialmente las autoridades indicaron que su muerte fue para hurtarle el taxi.

Romero Molina había denunciado la presencia y el control que ejercían los paramilitares en la capital cesarense, asegura la sentencia, y la omisión de las autoridades para combatirlos, circunstancias por la que fue declarado “objetivo militar” a través de un panfleto dejado en el sindicato Sintramedes, en el que se decía que los paramilitares atacarían a los sindicatos que hacían parte de la Subdirectiva de la CUT. Por ello fue “sujeto de medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos”.

En la investigación, testimonios aseguran que la Comisión Interamericana notificó al Estado colombiano la situación de seguridad y el peligro que corría la vida de Luciano Romero e instó al Gobierno a brindar las respectivas medidas de protección, “pero nunca recibimos respuesta de esa solicitud”.

El hecho fue que el sindicalista sufrió persecución laboral y política. Al respecto, fallo del Juzgado 56 Penal indicó que “la empresa Cicolac lo suspendió y determinó unilateralmente despedir a los trabajadores mencionados (en el panfleto dejado en Sintramedes), sin haber terminado de escucharlos en sus descargos”.

En Valledupar, entre los años 2001 y 2002, fueron asesinados de manera selectiva por facciones paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) cerca de 12 dirigentes sindicales y amenazaron a otro grupo, entre esos a Luciano Romero.

Investigadores judiciales conocieron que los paramilitares tenían en su poder los nombres de varios dirigentes y activistas sindicales para ser asesinados y sentenciaron en aquella época que “así renuncien a la actividad sindical, continuarían siendo objetivo militar ellos y sus familias” y habían dicho que “éste –se referían a Luciano- no se les iba a escapar porque sabía mucho y que estaban haciéndole seguimiento”.

El caso de Romero Molina es emblemático porque su asesinato, en su condición de afiliado a un sindicato de una empresa multinacional, abrió en el país la discusión de la responsabilidad de las multinacionales para proteger a sus empleados.

El cinco de marzo de 2012 el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) presentaron ante la Fiscalía de Zug, en Suiza, una querella contra la firma Nestlé. La organización europea señaló a ejecutivos de alto rango de esta empresa de haber propiciado un ambiente de peligro al acusar al sindicalista de ser guerrillero y de haber omitido protegerlo a pesar de las amenazas contra su vida. (Ver Denuncia contra Nestlé) 

Según consta en un documento que reposa en el archivo del caso, proveniente del secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, se desarrollaría para los días 29 y 30 de octubre del 2005, una audiencia pública en ese tribunal de opinión, en la que Sinaltrainal presentaría en contra de Nestlé denuncia por los asesinatos y desapariciones de 10 trabajadores por presuntos paramilitares entre 1986 y 2005, las políticas antisindicales de la empresa y la venta de productos vencidos y contaminaciones del río Guatapurí, para lo cual sería citado Romero Molina.

El líder de derechos humanos era pieza clave en las denuncias y aunque ya no laboraba en Cicolac (hoy DPA), seguía afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario debido a que tenía expectativa de reintegro dada la demanda que había presentado al considerar injusto su despido, situación avalada por los directivos de Sinaltrainal.

Los responsables

Investigaciones realizadas por la Fiscalía 34 Especializada de Derechos Humanos de Bucaramanga concluyeron que Romero Molina “fue trasladado en su mismo vehículo, esposado, amordazado y reducido a la voluntad de varios hombres integrantes del grupo armado ilegal, autodenominado Frente Mártires del Valle de Upar, del Bloque Norte de las Auc, que delinquía en esa región, al mando de ‘Jorge Cuarenta’; quienes una vez cometido el homicidio se apropiaron del taxi y procedieron a comercializarlo por partes”. 

Por estos hechos han sido condenados como coautores los paramilitares Jorge Armando Turizo Ibáñez, alias ‘Calabazo’; José Antonio Ustariz, alias ‘José’; Jhonathan David Contreras, alias ‘Paco’; Jair Domingo Plata Rodríguez, alias ‘Emiliano’; Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘101’; Giovanny Alfredo Andrade Racines, alias ‘El Guajiro’.

Lo más significativo de este caso es que quedó demostrada la complicidad que existía entre los paramilitares del Frente Márties del Cesar y los organismos de seguridad del Estado, en este caso el DAS. De esta investigación fueron absueltos en primera instancia, el detective José Antonio Riaño y Norberto Sotomayor González, coordinador de la unidad investigativa de la policía judicial ante el Gaula.

En el fallo del 31 de marzo pasado, el Juzgado 56 Penal condenó a 390 meses a Hever Ovidio Neira Bello, alias ‘R1’ o ‘El Fugitivo’, también conocido como ‘El Abogado’, como coautor del delito de homicidio en persona protegida, actualmente está en prisión, quien según las investigaciones entregó a Romero Molina a los paramilitares la noche del 10 de septiembre de 2005 en el semáforo de la transversal 23 de Valledupar.

Igualmente ese despacho ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investigue la presunta persecución y violencia contra los integrantes de Sinaltrainal y contra la propia agremiación, la cual tenga en cuenta los elementos hallados en dicha providencia, y a su vez se investigue el presunto delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas contra el Mayor Calvo Soto, comandante del grupo Gaula de Valledupar.

Según testimonio del exparamilitar Adolfo Enrique Guevara, alias ‘101’, que reposan en el proceso, sus acciones criminales “ya estaba todo coordinado con el Estado, la Policía nos daba un margen de tiempo de homicidios semanales, creo que eran cuatro o cinco homicidios semanales, nosotros teníamos un radio de la Policía con la frecuencia y nosotros sabíamos todo lo que estaba haciendo la Policía”. Además señala: “investigue los resultados mostrados por ese grupo –se refiere al Gaula- durante el 2004 2005 y la fecha de mi desmovilización, que lo único que va a encontrar son falsos positivos”.

A Romero Molina lo relacionaron con el grupo guerrillero del Eln, acusación que fue desvirtuada en el juicio contra alias ‘R1’, quien trató de involucrarlo con testimonios que aseguraban que era miembro de esa guerrilla, donde se le conocía con el alias ‘Pepe’. La versión fue desmentida por Nilson Teheran Ferreira, alias ‘Tulio’, integrante de ese grupo subversivo, cuyo testimonio ratificó su calidad de civil. Además, un amigo y compañero del líder sindical asesinado, bajo la gravedad del juramento, afirmó que “como parte de la persecución laboral en su contra, lo vincularon a un proceso penal como militante del grupo guerrillero del Eln, pero que ni siquiera en ese montaje pudieron involucrar a Luciano”. 

En cambio, asegura el Juzgado 56 Penal, sí hay elementos para sostener la estrecha relación entre los grupos armados ilegales y miembros de agencias estatales, tal como lo afirmó alias ‘101’, ex jefe del Frente Mártires del Cesar, quien asegura que existió relación con varios integrantes del DAS de Valledupar.

“Coordinábamos todas las actividades urbanas para que aparecieran ejecutadas por el DAS y la participación de ellos aparte de lo anterior, era facilitarnos los medios como vehículos, brazaletes, en caso de que tuviéramos que hacer algún tipo de retención ilegal y al momento de presentar los resultados eran ellos quienes los presentaban como trabajo propio. De esto y de toda la colaboración que prestaban esos agentes del Estado a las autodefensas ilegales ya lo he manifestado en mi versión ante la Fiscalía Tercera de Justicia y Paz”, dice el testimonio del ex paramilitar.

En Valledupar y el Cesar este es uno de los pocos crímenes de sindicalistas que se esclarecen y junto con los asesinatos del presidente y vicepresidente del sindicato de Sintraminergética, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita en marzo del 2001, trabajadores de la multinacional Drummond, se convierten en los casos más representativos a pesar de que bajo la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, es poco lo que han confesado los paramilitares que fueron postulados a esa norma transicional.

Fuente. http://www.verdadabierta.com/

Publicado el Domingo, 04 Mayo 2014

Asesinato de Luciano Romero, un crimen de lesa humanidad

El Juzgado Cincuenta y Seis (56) Penal del Circuito Programa O.I.T., califico el asesinato de Luciano Enrique Romero Molina, como crimen de lesa humanidad, en fallo de fecha 31 de marzo de 2014, contra HEVER OVIDIO NEIRA BELLO alias “R1”, “Fugitivo” o “El Abogado”, por el delito de Homicidio en Persona Protegida. 

HEVER OVIDIO NEIRA BELLO alias “R1, EL FUGITIVO y/o EL ABOGADO”, acusado como coautor del delito de HOMICIDO EN PERSONA PROTEGIDA en contra de la humanidad de LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA, fue condenado a trescientos noventa (390) meses de PRISIÓN y a una multa equivalente a dos mil setecientos cincuenta (2750) salarios mínimos legales vigentes al momento de su cancelación, al ser hallado coautor del delito de Homicidio en Persona Protegida.

“Dentro de la investigación se estableció que LUCIANO fue trasladado en su mismo vehículo, esposado, amordazado  y reducido a la voluntad de varios hombres integrantes del grupo armado ilegal, autodenominado “frente Mártires del Valle de Upar”, del Bloque Norte de las “autodefensas”, que delinquía en esa región, al mando de “Jorge Cuarenta”; quienes una vez cometido el homicidio se apropiaron del taxi y procedieron a comercializarlo por partes. …El cadáver fue hallado con cincuenta (50) heridas abiertas, penetrantes, producidas por arma corto punzante. … en este proceso está plenamente demostrado que LUCIANO fue retenido en el taxi que conducía para ganar su sustento, para asesinarlo con toda sevicia y crueldad.”

Luciano, “Fue sujeto de medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Padeció persecución laboral y política: “la empresa –CICOLAC- lo suspendió y determinó unilateralmente despedir a los trabajadores mencionados, sin haber terminado de escucharlos en sus descargos… entre los años 2001 y 2002 fueron asesinados selectivamente por los grupos paramilitares los dirigentes sindicales… -relacionan 12 personas- y amenazados LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA… entre otros… los  grupos paramilitares tienen en su poder los nombres de varios dirigentes y activistas sindicales para ser asesinados… así renuncien a la actividad sindical, continuarán siendo objetivo militar ellos y sus familias… paramilitares habían dicho que este –se refieren a LUCIANO- no se les iba a escapar porque sabía mucho y que estaban haciéndole seguimiento”  

“Así mismo, en el expediente se encuentran denunciados hechos de persecución o discriminación por motivos de lucha sindical; hay una fotocopia de la resolución de acusación mediante la cual se llama a juicio a directivos de CICOLAC por haber obligado a renunciar a trabajadores afiliados a SINALTRAINAL en septiembre de 2003, encerrándolos en hoteles y presionándolos en horas inusuales como de madrugada en sus casas, logrando que 200 de  ellos renunciaran para acabar el sindicato. Seguidamente a esa maniobra, Nestlé CICOLAC es vendida a DPA, quien obviamente, contrata trabajadores no sindicalizados y a más bajos salarios, para después, recomprarla.”

“El presidente de la agremiación sindical también refiere que el despido de LUCIANO y otros integrantes de la Junta Directiva obedeció a una serie de persecuciones iniciadas por la empresa CICOLAC – NESTLE-; destaca cómo, en una ocasión recibieron amenazas por convocar a una huelga, la cual a pesar de no haberse llevado a cabo, fue declarada ilegal y  fue utilizada para el despido conjunto de varios trabajadores, entre ellos LUCIANO ROMERO.”

“De igual manera, el Presidente del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, hizo mención en varios escritos y bajo la gravedad del juramento, que durante la negociación del pliego de peticiones con la empresa CICOLAC – NESTLE-, los trabajadores fueron intimidados por personas sospechosas que asistían a la empresa y arremetían en contra de aquellos, al parecer, para evitar que ejercieran libremente su actividad sindical. Asegura además, que desde el año 1999 empezaron a hacer presencia en la ciudad de Valledupar grupos paramilitares que querían asumir el control territorial y a quienes responsabiliza de las amenazas y muertes de las que fueron víctimas varios de sus integrantes, como LUCIANO ROMERO.” 

“Por estos hechos han sido condenados como coautores, quienes fueran miembros de esa organización ilegal, JORGE ARMANDO TURIZO IBAÑEZ alias “Calabazo”, JOSE ANTONIO USTARIZ alias “Jose”, JHONATHAN DAVID CONTRERAS alias “Paco”, JAIR DOMINGO PLATA RODRIGUEZ alias “Emiliano”, ADOLFO ENRIQUE GUEVARA CANTILLO alias “ciento uno”, GIOVANNY ALFREDO ANDRADE RACINES alias “el guajiro”. …” Igualmente fue condenado el funcionario del gobierno colombiano vinculado al DAS José Antonio Riaño; el proceso contra Norberto Sotomayor, también agente del DAS, coordinador de la Unidad Investigativa de Policía Judicial ante el GAULA, continua.  

El juez  Segundo Penal del Circuito Especializado O.I.T. José Nirio Sánchez, ordenó abrir investigación contra los gerentes de la Cicolac - Nestlé, Enrique Flavio Almeida, Carlos Fajardo Pinzón, Enrique Rueda Noriega, Carlos Represas, Isoliel Montero Pérez, Jairo Nieto Castañeda, pero inexplicablemente fue suspendido de su cargo. Hasta la fecha la Fiscalía General de la Nación no ha iniciado el proceso, a pesar de que el jefe paramilitar “SALVATORE MANCUSO, un desmovilizado de las autodefensas ilegales, extraditado a los Estados Unidos, confesó que a las cooperativas lecheras CODEGAN, CICOLAC y PROLECHE se  les cobraba dinero para financiar al grupo armado ilegal. Cuando se quiso ampliar su declaración en audiencia de juicio que se realizara de manera virtual Bogotá-Washington, el testigo se negó acusando al Estado de haberle dejado a su familia desprotegida dado que estaba denunciando acciones ilícitas cometidas por miembros de las fuerzas militares y policivas. Y aunque el Juzgado solicitó al Ministro del Interior y de Justicia se adoptaran las medidas necesarias para garantizar el avance de los procesos judiciales que se adelantan para establecer la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas de violencia sindical, la respuesta fue anodina.”

“Efectivamente, aparecen en el expediente, diversas comunicaciones en las que se le expresa al Presidente de CICOLAC- NESTLE- su preocupación por las evidentes diferencias que existían entre trabajadores y empleador, así como el peligro en que se encontraban los miembros del sindicato, debido a los perjudiciales señalamientos que, incluso, se realizaban al interior de la empresa; situación que ponía en mayor riesgo a los miembros sindicales. “

Al no obtener en Colombia claridad sobre los móviles y castigo para los responsables intelectuales (determinadores), acudimos a las cortes federales de los Estados Unidos y posteriormente a las cortes suizas. El 1 de Mayo de 2013, día internacional de la clase obrera, la Fiscalía del Cantón Vaud en Suiza, decidió no abrir investigación contra Nestlé S.A., argumentando la prescripción por homicidio involuntario por negligencia, decisión que fue apelada el 9 de enero de 2014 ante el Tribunal Federal suizo.

Ante la justicia continua vigente la responsabilidad de Nestlé.

Lea el texto completo del fallo: http://data.over-blog-kiwi.com/0/64/68/00/20140412/ob_98aebb_fallo-luciano-crimen-de-lesa-humanid.pdf

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