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Mié08152018

Last updateMar, 14 Ago 2018 8pm

Grave retroceso para la justicia en Colombia si se aprueban proyectos de ley para ampliar el fuero penal militar

Grave retroceso para la justicia en Colombia si se aprueban proyectos de ley para ampliar el fuero penal militarEnglish Follows Spanish.Pronunciamiento. Vemos con profunda preocupación los renovados esfuerzos legislativos del gobierno colombiano que podrían negar la justicia por los abusos de derechos humanos – incluyendo las ejecuciones extrajudiciales – cometidos por miembros de la fuerza pública. 

Dos iniciativas presentadas ante el Congreso de Colombia ampliarían la jurisdicción de los tribunales militares y policiales de tal forma que podrían permitirles juzgar crímenes de derechos humanos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. El primero, proyecto de ley 085 de 2013 del Senado /proyecto de ley 210 de 2014 de la Cámara de Representantes, ordena que un homicidio presuntamente cometido por un miembro de la fuerza pública deba ser juzgado por un tribunal militar. Dado que casos de ejecuciones extrajudiciales – incluyendo esos conocidos como “falsos positivos” – han sido imputados como homicidios en el pasado, la adopción de este proyecto de ley hace que sea probable que tales crímenes sean juzgados por un tribunal militar, los cuales han fracasado con frecuencia para entregar justicia por abusos de derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública. 

Como advirtieron 12 expertos de la ONU, “creemos que la adopción de la reforma propuesta representaría un retroceso significativo en los esfuerzos realizados por Colombia para cumplir con las obligaciones contraídas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esto es especialmente grave en el contexto de los importantes esfuerzos realizados por el Estado colombiano para superar y prevenir la repetición de las notorias violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en particular las ejecuciones extrajudiciales (también conocidas como “falsos positivos”) llevadas a cabo entre 2002 y 2008 por algunos miembros de la Fuerza Pública.” 

El segundo, proyecto de ley 022 de 2014 del Senado, modificaría la Constitución para exigir que “infracciones” al derecho internacional humanitario y crímenes cometidos por miembros en servicio activo sean juzgados por tribunales militares, con la excepción de crímenes de lesa humanidad, genocidio, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado. Las ejecuciones extrajudiciales y otras de estas excepciones no son los términos usados en el código penal colombiano para tipificar estos crímenes, dejando abierta la posibilidad que tales crímenes sean procesados por los tribunales militares. Además, el proyecto de ley está redactado de tal forma que parece permitir que cualquier violación de derechos humanos no incluida en la lista de excepciones – tales como detenciones arbitrarias, trato cruel, secuestro o intercepciones ilegales – sea automáticamente juzgada en tribunales militares, sin hacer mención de tortura, desaparición forzada y crímenes de violencia sexual, los cuales pueden equivaler a crímenes de guerra y, por lo tanto, también sean sujetos a la competencia de los tribunales militares. 

Una tercera iniciativa, proyecto de ley 129 de 2014 de la Cámara de Representantes, busca aplicar el derecho internacional humanitario como el marco legal para juzgar los abusos cometidos por miembros de la fuerzas pública en lugar de permitir que se aplique la ley de derechos humanos cuando sea apropiada. Es más, este proyecto de ley estipula, de acuerdo al nuevo marco legal que establecería, un período de seis meses para revisar y transferir todos los casos en contra de miembros de las fuerzas armadas y la policía actualmente bajo la jurisdicción de los tribunales civiles a los tribunales militares, lo cual implica que todos los casos bajo disputa pasarían directamente al sistema penal militar una vez se acabe el periodo de revisión. Una cronología rápida como tal hace que sea probable que algunos casos de los falsos positivos, actualmente en el sistema de justicia civil, acaben en los tribunales militares.

Los tribunales militares pueden ser apropiados para cuestiones de disciplina militar, incumplimiento de órdenes, corrupción y las infracciones relacionadas con el ejército como insubordinación, pero no han tenido éxito en la rendición de cuentas del personal militar y policial responsables por violar los derechos de la población civil, incluyendo en los casos de ejecuciones extrajudiciales, violación sexual y tortura. Una vez irrumpió el escándalo de los falsos positivos en el 2008, el gobierno colombiano hizo importantes avances en la administración de justicia al transferir muchos de esos casos a tribunales civiles. No debería retroceder mediante la creación de nuevas leyes para proteger a los miembros de la fuerza pública del enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos en tribunales civiles, donde las víctimas civiles puedan tener la oportunidad de un juicio justo. Además, en el avance de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ambas partes se han comprometido a no “intercambiar impunidad” y prometieron que los derechos de las víctimas “no son negociables”. Estos proyectos de ley, de ser aprobados, socavarían tal compromiso, al igual de las obligaciones internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

AMNESTY INTERNATIONAL

LATIN AMERICA WORKING GROUP (LAWG)

WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA

WORLD ORGANISATION AGAINST TORTURE

ROBERT F. KENNEDY CENTER FOR JUSTICE & HUMAN RIGHTS

INTERNACIONAL OFFICE FOR HUMAN RIGHTS ACTION FOR COLOMBIA (OIDHACO)

KOLKO – MENSCHENRECHTE FŰR KOLUMBIEN

ABCOLOMBIA

MENNONITE CENTRAL COMMITTEE US, WASHINGTON OFFICE

FELLOWSHIP OF RECONCILIATION PEACE PRESENCE

UNITED CHURCH OF CHRIST, JUSTICE AND WITNESS MINISTRIES

JESUIT CONFERENCE OF THE UNITED STATES

PRESBYTERIAN CHURCH (USA)

CENTER FOR INTERNATIONAL POLICY

COLOMBIAN CARAVANA UK LAWYERS GROUP

COLOMBIA SOLIDARITY COMMITTEE

ACAT FRANCE 

http://www.wola.org/es/comentario/grave_retroceso_para_la_justicia_en_colombia_si_se_aprueban_proyectos_de_ley_para_ampliar 

24 de noviembre, 2014

*** 

Serious Setback for Justice in Colombia if Bills to Expand Jurisdiction of Military Courts Approved

Statement
November 24, 2014

We view with grave concern renewed legislative efforts by the Colombian government that could deny justice for serious human rights abuses—including extrajudicial executions—committed by members of the military and police.

Two initiatives before Colombia’s Congress would expand the jurisdiction of military courts in ways that may allow them to judge human rights crimes allegedly committed by members of the military and police. The first, Senate bill 085 of 2013/House bill 210 of 2014, mandates that a homicide allegedly committed by a member of the military must be tried in military courts. Because past extrajudicial execution cases – including those known as “false positives” - have been charged as types of homicide, passage of the bill makes it likely that such crimes would go to military courts, which have consistently failed to deliver justice for human rights abuses committed by members of the armed forces.

As twelve UN experts warned on September 29, 2014, “we believe that the adoption of the proposed reform would represent a significant step back in Colombia’s efforts to comply with its international human rights and humanitarian law obligations. This is especially serious in the context of the significant efforts made by the Colombian State to address and prevent repetition of the notorious human rights violations committed in the past, in particular the extrajudicial killings carried out between 2002 and 2008 by some members of the armed forces (also known as falsos positivos).”

The second, Senate draft bill 022 of 2014, would reform the Constitution to mandate that any “infractions” of international humanitarian law and crimes committed by members in active service would be tried by military courts, with the exception of crimes against humanity, genocide, extrajudicial execution, sexual violence, forced disappearance, torture and forced displacement. Extrajudicial executions and several other of these exclusions are not the terms used to name these crimes in Colombian law, leaving wide open the possibility that such crimes would be sent to military courts. Furthermore, the language of this bill appears to allow any human rights violation not in the list of exclusions—such as arbitrary detentions, cruel treatment, kidnapping, or illegal intercepts—to be automatically tried in military courts, not to mention torture, enforced disappearance and crimes of sexual violence, which may sometimes amount to war crimes and, therefore, also be subject to the competence of military courts.

A third initiative, House draft bill 129 of 2014, seeks to apply international humanitarian law as the legal framework for judging military abuses, instead of permitting human rights law to be applied where appropriate. Furthermore, it stipulates a 6-month timeframe for the review and transfer, per the new framework, of all cases against members of the military and police currently under civilian jurisdiction to military jurisdiction, with the implication that once that timeframe runs out, all disputed cases would go directly to the military system. A rapid timeline such as this makes it likely that some false positives cases currently in the civilian justice system will end up back in military courts.

Military courts may be appropriate for issues of military discipline, failure to obey orders, corruption, and military-related infractions like insubordination, but they have an exceedingly poor record of holding military and police personnel accountable for violating the rights of the civilian population, including cases of extrajudicial execution, rape, and torture. After the false positives scandal broke in 2008, the Colombian government made significant advances in the provision of justice by moving many of those cases to civilian courts. It should not take a giant step backward by creating new laws to shield members of the armed forces from prosecution of human rights violations in civilian courts, where civilian victims have a chance of a fair trial. Furthermore, in the advancing peace negotiations between the Colombian government and the FARC guerrillas, both parties committed not to “trade impunities” and pledged that the rights of victims “are not negotiable.” These draft bills, if passed, would undermine that commitment, as well as Colombia’s international human rights and international humanitarian law obligations.

AMNESTY INTERNATIONAL

LATIN AMERICA WORKING GROUP (LAWG)

WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA

WORLD ORGANISATION AGAINST TORTURE

ROBERT F. KENNEDY CENTER FOR JUSTICE & HUMAN RIGHTS

INTERNACIONAL OFFICE FOR HUMAN RIGHTS ACTION FOR COLOMBIA (OIDHACO)

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ABCOLOMBIA

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JESUIT CONFERENCE OF THE UNITED STATES

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http://www.wola.org/commentary/serious_setback_for_justice_in_colombia_if_bills_to_expand_jurisdiction_of_military_court