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Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario

Vie07202018

Last updateJue, 19 Jul 2018 10am

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Atila

AtilaUn grupo de ambientalistas españoles creó en 1992 el premio Atila y la mención honorífica Caballo de Atila para destacar las obras arquitectónicas que destruyeran los espacios nativos o arquitectónicos considerados valiosos, bellos o útiles.

En Colombia, Jacques Mosseri y otros profesionales y artistas acogieron la iniciativa y abrieron un concurso para premiar el edificio más feo, más agresivo contra el medio, más ofensivo al entorno. Hubo una gran polémica en algunos rincones de la prensa porque, como es natural, el concurso pisaba callos y los arquitectos son muy sensibles a la crítica, sobre todo cuando su obra puede ser considerada un mamarracho. Las edificaciones que alcanzaron a pisar el tapete rojo fueron el edificio de ladrillo y vidrio negro de Davivienda, en la esquina suroccidental de la séptima con calle 72. De los 40 a los 50 la Avenida de Chile contó con las más hermosas quintas de la ciudad, demolidas una a una para construir edificios para bancos, aunque algunos respetaran lo que podríamos llamar nuestro ethos arquitectónico: el ladrillo color siena. Si uno mira Bogotá desde el aire o desde Monserrate, ve una enorme mancha de ese color que contrasta bellamente con el azul y el verde y que al atardecer toma tonalidades ocres doradas. Si la arquitectura de la ciudad, sus formas, sus estilos y características se han perdido, por lo menos nos queda el color. Es curioso y doloroso que en Bogotá y en muchas ciudades se hayan demolido viejas y venerables edificaciones, barrios enteros o verdaderos monumentos como el Convento de Santo Domingo, para construir el edificio Murillo Toro. Parecería como si conserváramos la tradición tan castellana de destrozar las ciudades árabes, aztecas o incas para montar sobre sus ruinas catedrales, iglesias o torres.

En Bogotá los candidatos al Atila han sido, entre otros, el edificio del Icfes en la calle 17, el Bulevar Niza, el del Banco Cafetero en la calle 13 con 30 y otras monstruosidades. El premio se acabó por razones que desconozco, pero ya hay hoy varios candidatos a ganarse, aunque sin estatuilla, la nominación. Uno de los más feroces queda en el barrio Rosales pegado al cerro. Se ve de todas partes, es redondo, blanco, enorme. Parece de lejos una nevera, de cerca un hospital. Rompe de manera brutal el sepia de nuestro ladrillo en que están edificados todos los edificios a su alrededor. Otro monstruo es el de Fedegán en la 36 con avenida Caracas, barrio Teusaquillo. Uno podría explicarse el estilo por tratarse de los dueños, pero son imperdonables los acuarios de vidrio verde que se levantan en la carrera 11 con 86, o en la avenida 9 con 116, que parecen inspirados para ganarle a uno de los exabruptos más espantosos del país: el centro comercial del parque Caldas, en Manizales.

Ahora, precedido por una campaña publicitaria, se nos vino encima un proyecto hecho por el arquitecto Richard Meier, quien va a montar en la séptima con 93, al lado de esa joya en ladrillo que es el Seminario Mayor, un edificio hecho de vidrio y con un cemento blanco importado de Italia, especialmente producido para el arquitecto, cuya característica es que se limpia solo. Es decir, no tendrá ni siquiera el recurso de envejecer y adquirir una pátina honorable y digna. Propongo que el edificio en ciernes sea desde ya candidato a la mención Caballo de Atila, un animal que donde pisaba no volvía a nacer la hierba.

Es cierto que el arte, y por supuesto la arquitectura como creación, debe buscar, explorar y encontrar patrones estéticos, modos, formas, colores, temas distintos. Pero una cosa es la búsqueda y otra la imitación servil de modelos que a duras penas logran copiar para parecernos a otras ciudades o a otras culturas. Salmona lo dijo claro y lo mostró con su obra: “El predominio del dinero factura lo urbano y fractura la ciudad... Todo aquello que permitió estructurar y embellecer la ciudad es ahora superfluo ante las determinantes del mercado”. La nueva cultura no conoce límites.

Tomado de El Espectador

Los caníbales protegidos por la justicia colombiana

Los caníbales protegidos por la justicia colombianaUna historia de exparamilitares, testigos protegidos, que asesinan, descuartizan y practican canibalismo.

Los caníbales protegidos por la justicia colombiana. Paradójicamente los responsables de esta acción que se cuenta a continuación no están en una cárcel sino que gozan de libertad.

En la larga historia de la violencia en Colombia se abre un nuevo y macabro capítulo. El espeluznante episodio fue revelado hace dos semanas durante una audiencia en un juzgado de Villavicencio por algunos de sus protagonistas, integrantes de diferentes facciones de las bandas criminales (bacrim) que actúan y llevan meses en guerra en el Meta y Vichada.

Paradójicamente los responsables de esta acción que se cuenta a continuación no están en una cárcel sino que gozan de libertad por su condición de testigos protegidos por la justicia.

Para el juez y las personas que se encontraron en Villavicencio fue difícil dar crédito a lo que escucharon en la voz de los propios criminales: “A esos muchachos los matamos, los picamos y los cocinamos en una olla con cebolla y tomate”.

No se trataba de un relato fantasioso o mítico de la guerra en las selvas colombianas. Fue un hecho verídico que muestra el nivel de degradación al que ha llegado el conflicto armado en el país.

El testimonio fue relatado en la audiencia. En su narración, además, los asesinos contaron que grabaron en video el crimen. Semana.com tuvo acceso a este material. Se trata de unas escenas extremadamente explícitas y violentas que pueden herir la susceptibilidad de quien lo vea. El portal lo pública por el enorme testimonio periodístico y por tratarse de una prueba fehaciente de la degradación a la que han llegado los actores del conflicto y por su condición de testigos lo que muestra las complejas contradicciones de la manera de impartir justicia en el país.

El caso relatado ocurrió a comienzos de febrero de este año en una zona conocida como Rincón del Tití, jurisdicción del municipio de Mapiripán. Tres hombres de la bacrim del Meta conocidos con los alias de ‘Visajes’, ‘Llanero’ y ‘Chukylay’ retuvieron a otras dos personas a quienes señalaban de ser informantes de la banda rival Libertadores de Vichada, comandada por Martín Farfán, alias ‘Pijarbey’. 

En ese paraje los torturaron y uno de ellos confesó tener contactos con ésta última bacrim. El otro sencillamente era un joven conductor dedicado al mototaxismo, que nada tenía que ver con los asuntos de las bandas y la guerra. Los dos igual fueron asesinados. Con su celular ‘Chukylay’ grabó en video lo que siguió al doble asesinato a puñaladas. En las imágenes se observa a ‘Visajes’ y Llanero punzando con un cuchillo y una daga en repetidas oportunidades uno de los cuerpos que está tendido en la maraña. Le escena transcurre en medio de insultos y risas de los asesinos  (ver video).  En un segundo video descuartizan a uno de los hombres y, ‘Visajes’ y ‘Llanero’, juegan y posan con las piernas y los brazos desmembrados de sus víctimas. Después trozos del cuerpo son introducidos en una olla. Todo quedó grabado en video en el celular de ‘Chukylay’.

Durante la audiencia de hace dos semanas, uno de los capturados de la banda 'Libertadores de Vichada' contó que a los pocos días de ese crimen los hombres de ‘Pijarbey’ tomaron venganza. Retuvieron a alias ‘Máximo’, amigo de ‘Visajes’ y ‘Llanero’, e integrante de la misma bacrim del Meta. “A ese fue al que picamos y lo metimos en una olla con cebolla, tomate y aliños para comerlo”, dijo ante el juez.

Pero hay otro elemento de enorme gravedad en esta historia. ‘Visajes’, uno de los dos hombres que aparecen en los videos riendo y cometiendo el crimen tiene la calidad de testigo protegido por parte de las autoridades pues ha sido usado por la fiscalía local para declarar en contra de otros integrantes de bacrim. Esa condición, gracias a la cual goza de libertad, la tiene hace varios meses y se transformó en una patente de corso para continuar cometiendo delitos.

Para el momento del doble asesinato que grabaron en video ya eran “testigos estrella” de la Fiscalía. También son múltiples las denuncias de ciudadanos que son amenazados y extorsionados por ‘Visajes’ y su banda. Hoy tanto él, como alias ‘Llanero’ que es el otro protagonista del video, disfrutan de la libertad.

Es decir que los criminales asesinaron, descuartizaron y se comieron parte de una víctima. Y de manera inaudita estas mismas personas son protegidas de la justicia. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, tiene la palabra para explicar esta situación de la guerra colombiana.

Vea el video a continuación (este video muestra escenas extremadamente explicitas y violentas que pueden herir la suceptibilidad de quien lo vea): 

(Si no puede ver el video en su dispositivo movil haga clic  aquí)

Fuente. Semana 25 de octubre de 2013  

FARC pide al Gobierno colombiano proteger los Diálogos de Paz

FARC pide al Gobierno colombiano proteger los Diálogos de Paz Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llamaron este viernes al Gobierno de Juan Manuel Santos a escalar en los intentos por alcanzar la paz y proteger la mesa de conversaciones, que se mantiene en La Habana (Cuba).

La guerrilla destacó que la “insistencia es que escalemos los intentos por alcanzar la paz y que hagamos una gran campaña para proteger la mesa de conversaciones, entendiendo que es preferible darle tiempo suficiente a una iniciativa de diálogo, que perpetuar la injusticia y la guerra”.

Durante la lectura de un comunicado en el Palacio de Convenciones (sede de los Diálogos), el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, insistió en la voluntad de la insurgencia en avanzar hacia la paz pese al escalamiento de la guerra ordenado por el Gobierno.

Recordó las constantes negativas por parte del Ejecutivo ante los pedidos y sugerencias de las FARC. Rememoró que el grupo guerrillero propuso que las conversaciones se desarrollaran en Colombia, “de cara al país y el Gobierno dijo no”.

Márquez también mencionó la negativa a aceptar un cese bilateral de operaciones, al pedido de una Asamblea Constituyente para refrendar los eventuales acuerdos de paz y a permitir la presencia en la mesa de Simón Trinidad (preso en Estados Unidos), por su experiencia en el ámbito de la reconciliación.

“Ya son múltiples y estridentes los NOES del Gobierno a todas nuestras iniciativas en favor de la paz de Colombia. De complemento, el pueblo colombiano ha escuchado a través de los medios de comunicación, la reiteración de la orden gubernamental de arreciar la guerra”, agregó.

La víspera las FARC y representantes del Gobierno colombiano dieron inicio al cuarto ciclo de las conversaciones, que se extenderá por 11 días.

En la jornada, Iván Márquez destacó que en la mesa de diálogo no discutirán con la comitiva del Gobierno temas vinculados a la confrontación militar y recordó que al comienzo del proceso las partes acordaron no abordar ese punto.

Hasta el momento la negociación se ha centrado en el tema agrario, pero según lo programado las partes también tratarán la participación política, el fin del conflicto armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y los mecanismos de verificación y refrendación de lo pactado en la mesa.

Visite el especial de teleSUR: Paz Colombia

Coletazos del paramilitarismo en Antioquia

Coletazos del paramilitarismo en AntioquiaEl Tribunal Superior de Medellín señaló que el expresidente Álvaro Uribe tiene la obligación de responder por sus presuntas alianzas con autodefensas en la región. El fallo se produjo el jueves pasado.

Un histórico fallo del Tribunal Superior de Medellín que excluyó del programa de Justicia y Paz a siete paramilitares que pertenecían al bloque Cacique Nutibara, no ha dejado de recordar fantasmas que por décadas han perseguido a políticos, empresarios y oficiales militares. En esta oportunidad los magistrados señalaron directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez de participar “en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos directamente, por acción y omisión y concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después como presidente”, compulsando copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen los hechos.

La decisión firmada por los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón —el tercero de ellos, Juan Guillermo Cárdenas, hizo salvamento de voto— reconstruyó el pasado de sangre de un bloque paramilitar que horrorizó el Urabá antioqueño y acabó con la vida de líderes de izquierda y el último rastro de las milicias urbanas en Medellín bajo el mando del exjefe ‘para’ y narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Igualmente, el alto tribunal hizo un recorrido histórico sobre la aparición de las autodefensas en Antioquia a través de las Convivir y sus relaciones con el Estado, principalmente con la Fuerza Pública, que según registran los expedientes, comenzaron en 1983.

Para los magistrados del Tribunal de Medellín, las declaraciones de Don Berna y otros comandantes como Pablo Hernán Sierra, más conocido como Alberto Sierra, jefe del bloque Cacique Pipintá, resultaron determinantes y evidencian la supuesta relación del expresidente Uribe con el auge de las autodefensas en la región. Según establece la sentencia, durante la gobernación de Uribe entre 1995 y 1997, el secretario de Gobierno de la época, Pedro Juan Moreno Villa, desarrolló el proyecto Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom) “como un laboratorio del paramilitarismo”, ya que creó un ejército particular de 400 desmovilizados.

Moreno Villa habría sino uno de los líderes que orientaban las políticas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y con el proyecto logró impulsar las Convivir, que prácticamente fueron el detonante que catapultó el paramilitarismo. El otro conocido problema al que hace referencia el Tribunal de Medellín es el capítulo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez y que, al parecer, se convirtió en el campamento de la Convivir El Cóndor, conocido como el primer grupo de autodefensas del oriente antioqueño y, al parecer, comandadas por el hermano del exprimer mandatario, Santiago Uribe.

El siguiente capítulo que revelaría los supuestos nexos de Álvaro Uribe con los paramilitares es la relación con el pacificador de Urabá, el general (r) Rito Alejo del Río, condenado en 2012 a 25 años de prisión por colaborar con grupos ilegales y el crimen del líder chocoano Marino López perpetrado en febrero de 1997. De Rito Alejo se ha dicho que entregó a las autodefensas el control absoluto del Urabá para que estos acabaran con las guerrillas que azotaban constantemente a bananeros, ganaderos y mineros.

Los magistrados señalaron que el expresidente estaría detrás de la Operación Orión, una alianza criminal entre el Ejercito, los ‘paras’ de Don Berna y sicarios de la Oficina de Envigado que también dirigía el comandante paramilitar, que a sangre y fuego se tomaron las laderas de la Comuna 13 de Medellín en octubre de 2002. Se presume que cientos de personas fueron asesinadas y desaparecidas, al punto que a Don Berna lo investigan por 67 casos de desaparición forzada por estos hechos. Asimismo, otro de los señalados de ser uno de los responsables fue el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya.

El Tribunal de Medellín no se quedó corto en decir que la Fiscalía ha sido una de los responsables de que muchos de estos casos sigan en la impunidad y por esa razón compulsó copias para que se investigue a la exfiscal general Viviane Morales Hoyos y 13 funcionarios más por el delito de prevaricato por omisión en el proceso que se adelantó contra el general (r) Montoya y el polémico y destituido general (r) Leonardo Gallego Castrillón, por las graves violaciones de derechos humanos de las que habrían sido gestores. Igualmente, los magistrados habrían ordenado recientemente iniciar investigaciones contra el general Alejandro Navas por su presunta responsabilidad en la masacre de La Horqueta, ocurrida en La Mesa (Cundinamarca) el 21 de noviembre de 1997 y en la que murieron 14 personas.

El trascendental fallo del alto tribunal también ordenó que se compulsaran copias para que se investigara a reconocidos oficiales de policía y políticos antioqueños que, al parecer, se confabularon con las autodefensas para aterrorizar la región. Los magistrados de Justicia y Paz ordenaron investigar a los generales (r) Óscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (fallecido en un accidente en 2007) e Iván Ramírez; al teniente coronel John Jairo Cardona Chaparro y al coronel Germán Morantes Hernández, para determinar si “promovieron, organizaron y apoyaron a los grupos paramilitares”.

Otro de los llamados a ser investigados fue Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín entre 2001 y 2004, por “concierto para delinquir con grupos armados ilegales en las elecciones de 2007 y 2011 y los delitos electorales cometidos por éstos”. También se habló del expresidente Ernesto Samper, pero dijeron que aún no existen elementos de prueba que lo vinculen directamente con la expansión de grupos paramilitares, pero que es menester de las autoridades ahondar en las investigaciones. Esta se convirtió en la primera vez que la justicia antioqueña realiza serios señalamientos a Uribe, que en varias oportunidades ha dicho que este tipo de situaciones sucedieron a sus espaldas. Sin embargo, los magistrados indicaron que “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, como alguna vez lo señaló este diario.

Los postulados excluidos de Justicia y Paz

Dentro de todas las órdenes que impartió el Tribunal Superior de Medellín en su histórico fallo, que relata paso a paso la expansión del paramilitarismo en Antioquia y sus relaciones con las más altas esferas políticas y altos mandos oficiales, la decisión central de la sentencia estaba centrada en la exclusión de siete postulados de Justicia y Paz. 

Se trataba de Ediberto Cañas Chavariaga, alias Bertico; Néstor Cardona, alias Alpinito ; Juan Fernando Ocampo, alias El Aguacate; Mauricio Opina, alias Rolo, y Wander Ley Viasus. El fallo de los magistrados del tribunal señaló que la desmovilización del bloque Cacique Nutibara —al cual pertenecían los siete exparamilitares— “no sólo fue aparente y ficticia, sino que no cumplió con los requisitos consagrados en la Ley de Justicia y Paz. Por lo tanto, como los postulados no se desmovilizaron con ese bloque de manera colectiva, deben ser excluidos de dicho proceso”, lo que les impediría obtener los beneficios legales y penas alternativas  de ocho años.

Por: Elespectador.com

Entrando en materia (I)

Entrando en materia (I)Las Farc hicieron conocer su propuesta sobre la cuestión agraria en la negociación de La Habana. La presentaron como una “posición preliminar” para ser discutida con el gobierno y consultada con el pueblo. No es, pues, en principio, una exigencia inmodificable. Contrasta el tono con otros pronunciamientos y en particular con el Programa Agrario de 1964. En La Habana se muestran más flexibles y, la verdad, más modestas en sus demandas. Ya no se nombra por ninguna parte la “toma del poder”, ni de la oligarquía, ni de la casta militar, ni del imperialismo yankee y estrenan nuevos componentes como lo socio-ambiental y lo territorial.

Es una propuesta política para la modificación democrática de la estructura agraria, que piden sea discutida, eso sí, con “celeridad”. Lo mismo pide el gobierno: “aumentar el ritmo”. Se podría pensar que en esto de cadencias hay convergencia. Pero más adentro, la cosa está biche porque cada parte quiere bailar un ritmo distinto. Mientras las Farc quieren bailar vals, el gobierno quiere bailar joropo. La razón es simple: si bien ambas necesitan la negociación como plataforma política, no apuntan a la salida: las Farc quieren ser un partido político y el gobierno quiere ser reelegido. La guerrilla sabe que a la larga no la tiene ganada, pero el gobierno sabe que si no hay acuerdo, no pasa a la historia. Las Farc sostienen que han tomado muy en cuenta las propuestas que les han llegado al buzón remitidas por la sociedad civil, pero el gobierno rechaza los diálogos regionales y se niega a convocar al Consejo Nacional de Paz. Y, para completar, cierra la puerta al retiro de cuarteles militares y de Policía de centros poblados.

Las Farc son cautelosas en la presentación de su propuesta, parecen moverse en una rastrojera. Desconfían de la Ley de víctimas y piden no prolongar más el despojo de tierras. Saben que el gobierno está atrapado como un mosco en la telaraña jurídica tendida por el latifundio y que se inclina más hacia la formalización de la propiedad que hacia la restitución de tierras. El énfasis de la reforma está en la “democratización territorial”, una expresión que guarda varias sorpresas.

La primera y más notoria: no se trata ya de la confiscación del latifundio para entregar gratuitamente la tierra a los campesinos. Se trata hoy de “erradicar el latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso”. No de repartir haciendas, sino de dar a los campesinos lo que no se explote. Volvemos a la Ley 200 del 36, a la función social de la propiedad, a “la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño”, al derecho indiano de “morada y labor”. Más aun, la SAC está, en principio, de acuerdo: hay que liquidar, por peligrosos, el latifundio y el minifundio. Fedegán, en cambio, dice lo mismo que los latifundistas en el 36: los hechos positivos que fundan el derecho de propiedad son muy caros, que el gobierno nos dé con qué hacerlos: “Un solo millón de hectáreas que se convirtiera en palma africana sería la panacea para Colombia, pero implica una inversión de $15 billones”. El negocio no parece imposible en la mesa de La Habana. Pero fuera de ella el conflicto podría continuar: Uribe y Fedegán y sus aliados locales –ya casi de nuevo nacionales– buscarán por todos los medios de lucha impedir el cumplimiento de un eventual acuerdo. La cosa, mirada por debajo, se plantea así: comida, biocombustibles, carne y leche. Bien vistas las cosas, los cuatro renglones están amenazados por los TLC. ¿Se podría llevar la negociación hasta “puerto seguro”, como diría De la Calle, sin discutir el modelo económico?

En la extranjerización de tierras, tema defendido con patas y manos por el gobierno y en el que parecía que las Farc iban a resistir como gato en cortina, salto la Perrilla de Marroquín. La cuestión, en “última instancia”, es pragmática: se discutirán las extensiones posibles de los predios en manos extranjeras. Quizá sea una forma elegante de cerrar la puerta: si los predios no pasan de 50 hectáreas, pues no hay inversión extranjera como tal. Porque aquí sí hay un problema de principio duro. Ejemplo: 200.000 hectáreas en manos de Corea, país con el que tenemos firmado un TLC, se vuelven un potrero de ese país en Colombia donde se produce, digamos, maíz y se transporta, no se exporta, sin ningún obstáculo. Nuestras tierras se convertirían en depósitos de materias primas, sin duda, alimenticias o energéticas, para esos países. Un esquema peor que el de la economía de enclave.

Quizás en este primer punto de la agenda haya más cercanías que distancias. Comenzar con un rompimiento no tiene sentido. Pero hay mucha tela de dónde cortar todavía. Me temo que en noviembre, la sopa estará cruda.

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