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Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario

Vie04202018

Last updateDom, 15 Abr 2018 6am

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Entrando en materia (I)

Entrando en materia (I)Las Farc hicieron conocer su propuesta sobre la cuestión agraria en la negociación de La Habana. La presentaron como una “posición preliminar” para ser discutida con el gobierno y consultada con el pueblo. No es, pues, en principio, una exigencia inmodificable. Contrasta el tono con otros pronunciamientos y en particular con el Programa Agrario de 1964. En La Habana se muestran más flexibles y, la verdad, más modestas en sus demandas. Ya no se nombra por ninguna parte la “toma del poder”, ni de la oligarquía, ni de la casta militar, ni del imperialismo yankee y estrenan nuevos componentes como lo socio-ambiental y lo territorial.

Es una propuesta política para la modificación democrática de la estructura agraria, que piden sea discutida, eso sí, con “celeridad”. Lo mismo pide el gobierno: “aumentar el ritmo”. Se podría pensar que en esto de cadencias hay convergencia. Pero más adentro, la cosa está biche porque cada parte quiere bailar un ritmo distinto. Mientras las Farc quieren bailar vals, el gobierno quiere bailar joropo. La razón es simple: si bien ambas necesitan la negociación como plataforma política, no apuntan a la salida: las Farc quieren ser un partido político y el gobierno quiere ser reelegido. La guerrilla sabe que a la larga no la tiene ganada, pero el gobierno sabe que si no hay acuerdo, no pasa a la historia. Las Farc sostienen que han tomado muy en cuenta las propuestas que les han llegado al buzón remitidas por la sociedad civil, pero el gobierno rechaza los diálogos regionales y se niega a convocar al Consejo Nacional de Paz. Y, para completar, cierra la puerta al retiro de cuarteles militares y de Policía de centros poblados.

Las Farc son cautelosas en la presentación de su propuesta, parecen moverse en una rastrojera. Desconfían de la Ley de víctimas y piden no prolongar más el despojo de tierras. Saben que el gobierno está atrapado como un mosco en la telaraña jurídica tendida por el latifundio y que se inclina más hacia la formalización de la propiedad que hacia la restitución de tierras. El énfasis de la reforma está en la “democratización territorial”, una expresión que guarda varias sorpresas.

La primera y más notoria: no se trata ya de la confiscación del latifundio para entregar gratuitamente la tierra a los campesinos. Se trata hoy de “erradicar el latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso”. No de repartir haciendas, sino de dar a los campesinos lo que no se explote. Volvemos a la Ley 200 del 36, a la función social de la propiedad, a “la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño”, al derecho indiano de “morada y labor”. Más aun, la SAC está, en principio, de acuerdo: hay que liquidar, por peligrosos, el latifundio y el minifundio. Fedegán, en cambio, dice lo mismo que los latifundistas en el 36: los hechos positivos que fundan el derecho de propiedad son muy caros, que el gobierno nos dé con qué hacerlos: “Un solo millón de hectáreas que se convirtiera en palma africana sería la panacea para Colombia, pero implica una inversión de $15 billones”. El negocio no parece imposible en la mesa de La Habana. Pero fuera de ella el conflicto podría continuar: Uribe y Fedegán y sus aliados locales –ya casi de nuevo nacionales– buscarán por todos los medios de lucha impedir el cumplimiento de un eventual acuerdo. La cosa, mirada por debajo, se plantea así: comida, biocombustibles, carne y leche. Bien vistas las cosas, los cuatro renglones están amenazados por los TLC. ¿Se podría llevar la negociación hasta “puerto seguro”, como diría De la Calle, sin discutir el modelo económico?

En la extranjerización de tierras, tema defendido con patas y manos por el gobierno y en el que parecía que las Farc iban a resistir como gato en cortina, salto la Perrilla de Marroquín. La cuestión, en “última instancia”, es pragmática: se discutirán las extensiones posibles de los predios en manos extranjeras. Quizá sea una forma elegante de cerrar la puerta: si los predios no pasan de 50 hectáreas, pues no hay inversión extranjera como tal. Porque aquí sí hay un problema de principio duro. Ejemplo: 200.000 hectáreas en manos de Corea, país con el que tenemos firmado un TLC, se vuelven un potrero de ese país en Colombia donde se produce, digamos, maíz y se transporta, no se exporta, sin ningún obstáculo. Nuestras tierras se convertirían en depósitos de materias primas, sin duda, alimenticias o energéticas, para esos países. Un esquema peor que el de la economía de enclave.

Quizás en este primer punto de la agenda haya más cercanías que distancias. Comenzar con un rompimiento no tiene sentido. Pero hay mucha tela de dónde cortar todavía. Me temo que en noviembre, la sopa estará cruda.

El sabotaje de los ricos al aseo de Bogotá

El sabotaje de los ricos al aseo de Bogotá1.      El viejo modelo de aseo de Bogotá duró casi 20 organizado como un monopolio de 4 grandes pulpos que proyectaron la recolección de basuras en términos incompatibles con la preservación del medio ambiente y causante del calentamiento de la tierra.
 2.      El modelo de las 4 hermanas (Lime, Aseo Capital, Atesa y Ciudad Limpia) es un conglomerado empresarial, económico, electoral y político que impuso altos costos del servicio para embolsillarse $20.000 millones mensuales que ahora se invertirán en bajar tarifas y realizar políticas sociales.
 3.      El anterior modelo causó un perjuicio de la atención de otros problemas de la población (niños, educación, salud, vías) y del funcionamiento democrático de la Capital, porque las roscas electorales impusieron sus fichas en el Concejo, en los organismos de control y en parcelas extendidas de la administración pública distrital. El gobierno de la Capital fue capturado por personajes de alta ambición de dinero como William Vélez, Alberto Ríos, Rodríguez Vargas, Telésforo Pedraza, Uribe Vélez y Vargas Lleras.
 4.      El triunfo de la propuesta de Gustavo Petro, implica una ruptura radical con la Bogotá de los politiqueros y de los negociantes que han despojado la ciudad mediante el saqueo de sus presupuestos y patrimonios colectivos. Las viejas castas dominantes han pretendido que todo siga igual y que el nuevo Alcalde mutara a una simple marioneta a disposición de poderosos señores ligados al urbanismo y la contratación fraudulenta, como sucedió con Samuel Moreno.
 5.      El Plan de desarrollo Bogotá Humana Ya, aprobado en una dura batalla política en el Cabildo, es un programa de transformación profunda de la ciudad cuya ejecución equivale a la erradicación de los males que impiden el bienestar de las mayorías populares, sumidas en la miseria, la pobreza y la exclusión.
 6.      Miles de recicladores debieron acudir a la Corte Constitucional con Acciones de Tutela para que fueran incorporados en la prestación del servicio, logrando, que mediante un Auto judicial, dicha entidad ordenara su incorporación en el manejo de los residuos sólidos.
 7.      El Decreto 564 del 10 de diciembre establece un nuevo sistema de gestión, que reconoce los derechos de los recicladores e igualmente traza una nueva cultura en el tratamiento de las basuras, mediante el uso de una bolsa blanca para los residuos reciclables, una bolsa negra para los orgánicos y una bolsa roja para los deshechos peligrosos. Es la nueva cultura en las sociedades organizadas que eliminaron los rellenos sanitarios y le dan un óptimo empleo a las basuras.
 8.      El primer día, y lo siguientes, serán traumáticos por múltiples razones. La más importante ha sido el saboteo de las mafias imperantes que hicieron el despliegue mediático y político correspondiente. Promueven  guerras sucias y manipularán las conciencias de los ciudadanos con propuestas de revocatoria del mandato del Alcalde y otras jugadas a través de sus agentes en la Personería, la Defensoría, la Contraloria y el Concejo distrital.
 9.      La noche del lunes 18 de diciembre, lo que hicieron las mafias fue dejar más de 4 mil toneladas de basuras tiradas en las calles y los andenes para dibujar la idea del caos e improvisación, a través de los medios de comunicación a su disposición. Por fortuna, el Alcalde y su cuerpo de asesores han actuado con rapidez y han dado la batalla en la televisión, las emisoras, las redes sociales y en las calles y avenidas para implantar el nuevo modelo de aseo, que gradualmente se aclimatará entre todos los ciudadanos.
 10.  Los bogotanos debemos sacar nuestros potenciales cívicos en este importante momento de la historia de la ciudad y decirle a las mafias de la basura que no prevalecerán, que es más poderoso el bien comunal de todos. Que Bogotá es amigable con el medio ambiente y con los grupos más vulnerables de la sociedad, en este caso los recicladores.

Desaparecido líder del movimiento social en defensa del río Sogamoso

Desaparecido defensor del río SogamosoMIGUEL ÁNGEL PABÓN PABÓN, tiene 36 años, padre de dos niñas, ha sido un dedicado y destacado ambientalista, defensor del Rio Sogamoso y de las comunidades de pescadores y campesinos. Desde el 2007 llego al Asentamiento del Peaje del Municipio de Betulia, cerca de las obras de construcción de Hidrosogamoso, donde inicio sus luchas al lado de la comunidad por el Derecho a la Vivienda de los desplazados de la Región del Magdalena Medio y por denunciar los impactos sociales, culturales y ambientales, y la vulneración de los derechos de las comunidades por parte de la Empresa Isagen, constructora de esta hidroeléctrica. Desde el 2008, con otros líderes de la región conformaron el MOVIMIENTO SOCIAL POR LA DEFENSA DEL RIO SOGAMOSO, donde se concientizo a las comunidades de las nefastas consecuencias de esta hidroeléctrica; ha participado en Marchas contra la Empresa Isagen, denunciando las afectaciones ambientales y sociales de las comunidades de campesinos y pescadores, y  las pésimas condiciones laborales de los trabajadores que construyen esta hidroeléctrica.

Participó en las dos audiencias públicas que sobre Hidrosogamoso citó la Asamblea Departamental de Santander, allá fue  vocero de las comunidades, como presidente de la Junta del Asentamiento El Peaje; participó de manera destacada en el Paro Cívico contra Isagen que se realizó entre el 14 y el 16 de marzo de 2011 en la zona de obras de Hidrosogamoso.  Esta valiente acción de Miguel Pabón y de las comunidades afectadas consiguió sentar a la mesa a ISAGEN como empresa encargada del megaproyecto, allí se llegó a un acuerdo de 17 puntos cuyo cumplimiento todavía espera la comunidad entera.

MIGUEL ANGEL PABÓN PABON hizo parte del nacimiento en el año 2011 del MOVIMIENTO COLOMBIANO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y AFECTADOS POR REPRESAS “Rios Vivos”. Ha viajado a otras regiones de Colombia donde existen represas e hidroeléctricas para conocer los impactos y las denuncias de los afectados; conoció la experiencia de Asoquimbo en el Departamento del Huila, donde la empresa española Endesa construye una hidroeléctrica; conoció la resistencia que hacen los campesinos, pescadores y mineros artesanales ante la construcción de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango por parte de la Empresa EPM.

Miguel, por su lucha incansable por el Derecho a la Vivienda en el año 2011 acompaño en la Vereda Vizcaina Baja, sector Lizama II, Municipio de San Vicente la conformación del Asentamiento “Los Acacios”, con la Personería Jurídica 455 del 2012, conformada por 300 familias de comunidades desplazadas, damnificadas de la ola invernal de la Región del Rio Sogamoso y comunidades indígenas desplazadas del Pacifico Colombiano. Allí había conseguido la electrificación de este asentamiento humano y estaba haciendo gestiones para la consecución del Acueducto Comunitario.

En la noche del miércoles 31 de octubre del 2012, mientras convocaba e informaba a la comunidad de una brigada ecológica y de fumigación, por el reciente brote de dengue que se estaba presentando se vio por última vez. Desde este día se encuentra desaparecido. Los miembros de los  asentamientos, los campesinos y pescadores de toda la región que conocían a Miguel han hecho brigadas de búsqueda por todos los alrededores incluyendo parajes de los Municipios de Sabana de Torres, San Vicente, Betulia y Barrancabermeja.

Desafortunadamente esta no es la primera vez en que la tragedia se abate sobre los miembros y líderes que defienden los derechos de las comunidades en esta región. En el 2012, según el Observatorio de Paz Integral han desaparecido 11 personas, de las cuales 6 han aparecido muertos. Desde el 2009, en esta Región del Rio Sogamoso, líderes sociales y de asociaciones han sido asesinados, y hoy todos estos crímenes se encuentran  en la impunidad  Estos son algunos de los casos:

·        Asesinato de LUIS ARANGO, Presidente de la Asociación de pescadores de la ciénaga El Llanito.  (Febrero12 de 2009)

·        Asesinato de EVER CÁRDENAS, Presidente de la Asociación de Areneros  del Río Sogamoso. (Mayo 15 de 2009)

·        Asesinato de MARCO TULIO SALAMANCA, Presidente de la Junta Acción Comunal de la Vereda Marta. (Septiembre 3 de 2009)

·        Asesinato de HONORIO LLORENTE. Presidente de la  Junta de Acción Comunal central del corregimiento Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches (Octubre 17 de 2009)

·         Asesinato de JAIRO RODRÍGUEZ CARO, miembro y líder de la comunidad de Marta. (Abril 13 de 2011). 

Se les exige a la Policía Magdalena Medio, Fiscalía General de la República  Defensoría del Pueblo, Personería del Municipio de San Vicente, Procuraduría Regional y a los demás entes de control público que activen sus mecanismos propios con el objeto de evitar una mayor tragedia en este caso y de que el Señor MIGUEL ANGEL PABÓN PABÓN aparezca sano y salvo. 

Bucaramanga, Noviembre 8 del 2012.

 

Tomado de: http://www.boletinesdeprensacompromiso.blogspot.com/2012/11/desaparecido-lider-del-movimiento.html

 

De nuevo, Zonas de Reserva Campesina

De nuevo, Zonas de Reserva CampesinaTodos los intentos de reformar la estructura agraria han fracasado. Desde el gobierno de López Pumarejo hasta el de Andrés Pastrana no se ha hecho nada distinto a titular baldíos, una estrategia pragmática, dada la radical oposición de los latifundistas —armada unas veces, parlamentaria otras— a ceder un centímetro de lo acumulado bajo todas las formas de adquisición.

Entre 1930 y 1970 se adjudicaron unos 11 millones de hectáreas. Las pocas tierras tituladas a los colonos, siempre por intermedio de gamonales y contraprestaciones electorales, terminan en manos de los terratenientes por la mera lógica del mercado. Los colonos entran en bancarrota por las deudas con los comerciantes, que les han vendido caro lo que necesitan para hacer mejoras y comprado barato las cosechas que sacan a la plaza. Cuando el Estado titula, facilita la venta de mejoras a los hacendados y beneficia a los bancos. Así, la colonización es, en realidad, una avanzada del latifundio.

Pasará algo muy parecido con las tierras que el Gobierno logre restituir. Una vez devuelto y titulado el predio, el campesino puede entrar en una de esas siniestras Alianzas Productivas, o venderle —a las buenas o a las malas— a un gran propietario de la zona. En cualquier caso, la titulación es una forma de intermediación para que todo siga igual. En diez años, y habida cuenta del impulso que los gobiernos les darán a las zonas de desarrollo empresarial y a la expansión de la agroindustria, los predios restituidos caerán de nuevo en manos de los terratenientes. Cosa de tiempo. De poco tiempo.

¿Cómo frenar esta dinámica? En 1994, la Ley 160 creó la figura de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como una talanquera —igual que los resguardos indígenas o los consejos territoriales— para proteger a los campesinos y evitar que continúen tumbando montaña o se conviertan en asalariados rurales o urbanos. La pieza clave de esa reforma es la Unidad Agrícola Familiar (UAF): la cantidad de tierra necesaria para sostener con dignidad —y dar trabajo— a una familia nuclear. Uribe y Santos han querido liquidar este concepto de UAF para titular los baldíos a grandes empresas nacionales o transnacionales. En pocas palabras: para impedir que la tierra continúe concentrándose no hay solución práctica distinta a la creación de ZRC. Ello equivale, más que a una reforma agraria clásica, a un reordenamiento territorial de carácter social y ambiental. La campesina no es solo una economía, es, ante todo, una cultura y por tanto para sobrevivir supone un territorio específico donde esté proscrita la concentración de la tierra. Una familia campesina puede comprar o vender una UAF, pero ningún particular puede comprar dentro de las ZRC varias fincas para hacer una hacienda. Es el principio básico. En lugar de esas nefastas y tramposas Zonas de Consolidación, controladas por la inteligencia militar para excluir campesinos y manejar recursos sociales con fines militares, el Gobierno debe soltar la tierra, como dice Darío Fajardo. Acordar con las Farc y con el Eln la creación de amplias ZRC en regiones fértiles y no en peladeros; desarrollar programas de crédito subsidiado tal como lo hace para la agroindustria de biocombustibles; contratar la construcción de vías con comunidades campesinas y no con ingenieros militares. Las Reservas Campesinas no podrían echar raíces ni sostenerse a la larga sin ser complementadas con mercados campesinos que se brinquen la intermediación especulativa entre cultivadores y consumidores. Todo esto se ha dicho; todos son programas legales y factibles. Y serían, si de verdad se quiere aclimatar la paz, una de las garantías más sólidas para cambiar fusiles por votos y tatucos por azadones. Se oirán las voces de los generales sindicando a las ZRC de Repúblicas Independientes y los gritos de los dirigentes gremiales acusándolas de violar el sagrado recinto de la propiedad privada y de atentar contra la libertad de mercado. Se oirá en el foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral que se inaugura mañana lunes en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.

Plantón por el Derecho a la Vida

Plantón por el derecho a la vida5 de Septiembre de 2012 – 8:00 a.m. 

Frente Al Ministerio del Interior Carrera 8  No 7-83 Bogotá - Colombia

DENUNCIAMOS EL INCREMENTO EN EL GOBIERNO DE SANTOS DE LOS HOMICIDIOS (50), AMENAZAS (881), Y ATENTADOS (16) AL MOVIMIENTO SINDICAL.

EXIGIMOS EL CESE DE LA VICTIMIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL Y DE LOS DEFENSORES DE DDHH.

CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN Y LA PENALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

RECHAZAMOS LAS NORMAS REGLAMENTARIAS EXPEDIDAS UNILATERALMENTE POR EL GOBIERNO, MININTERIOR Y UNP (DECRETOS 4800/2011; 4829/2011; 4912/2011 Y 1225/2012) QUE DEBILITAN LAS GARANTIAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS LÍDERES SINDICALES Y SOCIALES EN COLOMBIA.

EXIGIMOS LA DEROGATORIA DE LA RESOLUCIÓN 048 DEL 27 DE JULIO, POR RESTRINGIR LA PROTECCIÓN A SINDICALISTAS, DEFENSORES DE DDHH Y VÍCTIMAS POR PARTE DE ANDRÉS VILLAMIZAR, DIRECTOR DE LA UNP

POR EL RESPETO A LA LIBERTAD SINDICAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONVOCAN:

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT)

CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CTC)

COLECTIVO DE ABOGADOS “JOSÉ ALVEAR RESTREPO" CAJAR

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