SINALTRAINAL

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario

Jue04192018

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Otros TPP

Declaración. Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos - Ginebra

Declaración. Audiencia del Tribunal Permanente de los PueblosEl día 23 de junio de 2014 se realizó en Ginebra una audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

El jurado del TPP, conformado por Juan Hernández Zubizarreta (presidente), Roberto Schiattarella, Francesco Martone, Renata Reis y Beverly Keene, consideró doce casos en los sectores de la minería, el petróleo y el agua, presentados por defensores y defensoras de los derechos humanos y representantes de comunidades afectadas por Glencore (Filipinas, Zambia, Perú, República Democrática del Congo, Colombia), Pacific Rim (El Salvador), Lonmin (Sudáfrica), Chevron (Ecuador), Shell (Nigeria), Mekorot (Palestina), Coca-Cola (Colombia) e Hidralia Energía (Guatemala).

El jurado reconoce, en la preparación y presentación de los casos, el esfuerzo de las defensoras y defensores de derechos humanos y representantes de las comunidades y pueblos –así como de la legitimidad de sus resistencias–, con el apoyo de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y diferentes redes.

La sentencia del TPP de Madrid, en la que se inspira esta audiencia, constató los enormes daños que frecuentemente causan la apropiación y la explotación económica y social realizadas por las empresas transnacionales (ETN) europeas en América Latina y, en general, el hecho de que su poder no tiene contrapeso jurídico alguno.

La sentencia de Madrid destacó el carácter instrumental de la responsabilidad social empresarial, y además denunció como inmorales e ilícitas:

  • las conductas de las ETN;
  • las prácticas del modelo capitalista neoliberal, fomentadas por los Estados más industrializados y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea;
  • la actitud de los Estados miembros de la UE donde se encuentran las sedes de las empresas mencionadas, por sus políticas de apoyo incondicional a las mismas;
  • la actitud de los Estados receptores de las ETN, al establecer marcos legales e institucionales que permiten la violación de los derechos que están obligados a proteger.

Consecuentemente, el Tribunal recomendó la adopción de un código de conducta vinculante para las ETN y la definición de una arquitectura institucional que asegure su aplicación y justiciabilidad a través de un tribunal económico internacional y un centro internacional para el control de las ETN.

Nos encontramos en Ginebra mientras los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas están debatiendo sobre la posibilidad de que se cree un grupo de trabajo que elabore normas vinculantes para controlar a las ETN y, por otra parte, un gran número de movimientos sociales de todo el mundo, vinculados a la campaña Desmantelando el Poder Corporativo, van a presentar el Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales. Todos estos esfuerzos y propuestas se realizan en el marco de un nuevo orden jurídico de regulación de las actividades de las ETN, que permita terminar con la extrema impunidad con la que actúan, tal y como se refleja en el conjunto de casos analizados en esta audiencia.

2. Valoración de los casos

Los casos analizados en esta sesión constituyen una muestra sumamente representativa de la conducta de las empresas y de sus prácticas de violaciones de derechos (ver Anexo). Esta audiencia constata una vez más que las violaciones perpetradas por las ETN no constituyen casos aislados y sin conexión; son prácticas sistemáticas que se repiten alrededor del mundo, como expresión de la arquitectura de la impunidad.

Destacamos las siguientes violaciones de derechos humanos:

2.1 Daños para la vida:

Medioambiente: Contaminación de la tierra, del agua y del aire

Amenazas a la soberanía alimentaría

Amenazas a la salud pública

Los casos presentados, en su totalidad, demuestran que la actuación de las ETN generan daños irreparables a las comunidades, puesto que violan los derechos humanos de los pueblos, su integridad física, la naturaleza y el medio ambiente, sus condiciones de vida, su salud y su soberanía alimentaria.

 2.2 Privatización de bienes públicos y del agua y despojo de tierras

 2.3 Destrucción y acaparamiento de las tierras y los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes 

2.4 Ataque a los derechos de las mujeres y los derechos laborales y explotación del trabajo infantil

2.5 Persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos

Las empresas transnacionales generan un ambiente de intimidación y violencia contra los defensores de derechos humanos, incluso a abogados y abogadas que, en el ejercicio de su profesión, sufren toda suerte de amenazas, presiones y persecución judicial.

2.6 La violencia, la represión y criminalización que promueven las empresas transnacionales contra los movimientos sociales y sindicales, pueblos en resistencia y trabajadores como los de masacre de Marikana en Sudáfrica.

La ejecución de las mismas se llevan a cabo por medio de grupos policiales y militares, paramilitares y de empresas de seguridad privada, así como también otras instituciones de los Estados receptores.

 2.7 Acceso a la justicia

En los casos tratados, el acceso a la justicia y a la reparación por parte de las víctimas se ve gravemente afectado por la falta de recursos, así como por las implicaciones políticas y de seguridad, y aún mas por las asimetría de condiciones para litigar.

2.8 Jurisdicción

La instrumentalización de las reglas sobre jurisdicción y competencia representa un obstáculo más a la justiciabilidad de los derechos de los pueblos.

2.9 Complicidad de los Estados

La Audiencia permitió constatar que los Estados matriz de las empresas acusadas (Suiza, Estados Unidos, Canadá, Israel y países de la Unión Europea) mantienen su complicidad a través de acciones y omisiones en la promoción y en el mantenimiento de los abusos perpetrados.

Asimismo se constató el papel deficiente de los Estados receptores de las ETN, sea por debilidad de los gobiernos, por connivencia o por las limitaciones impuestas por los diversos instrumentos de defensa de los intereses de los inversionistas (tales como los Tratados y Acuerdos de Libre Comercio e Inversiones, la cesión de jurisdicción, los mecanismos de resolución de conflictos inversor-Estado), que priorizan los privilegios y las ganancias de los inversionistas y de las ETN sobre los derechos de los pueblos. El tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) del Banco Mundial sigue formando parte de toda esta arquitectura de la impunidad.

Se destacó además el enorme desvío de recursos públicos en pro de las ganancias privadas de las ETN, y el endeudamiento y sometimiento a las Instituciones Financieras Internacionales y las condiciones de los mercados de capitales (cesión de jurisdicción, movimiento libre de capitales, etc.) a fin de traer y mantener las inversiones de las mismas.

3. Recomendaciones

Sobre la base del trabajo del TPP en sus diversas sesiones y como ha quedado reflejado en la sentencia de Madrid y en esta Audiencia en Ginebra, el jurado propone:

Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

I. Que elabore un Tratado obligatorio para el control de las ETN, que tenga en cuenta, entre otros aspectos, la obligación de las ETN a respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos y de su responsabilidad civil y penal en el caso de incurrir en violaciones a los mismos, y las obligaciones de los Estados con relación a la regulación y control de las ETN. 

II. Que apruebe la creación de una Corte Internacional sobre Corporaciones Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales y garantice acceso a una instancia judicial internacional independiente a las personas y comunidades afectadas.

III. Que apruebe la creación de un Centro Público de Empresas Transnacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las ETN.

A los Estados y a los Organismos Internacionales, que asumen sus obligaciones de acuerdo a las obligaciones internacionales sobre Derechos Humanos, laborales y del medio ambiente incluyendo entre otras acciones:

I. Que garanticen y protejan a los pueblos, comunidades y hombres y mujeres afectadas por las ETN y aseguren el acceso a la justicia y el derecho a la compensación y reparación.

II. Que reconozcan y asuman sus responsabilidades de acuerdo con los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que subordinen los mecanismos de apoyo a la internacionalización de las ETN por parte de los Estados al sistema internacional de protección de los derechos humanos, laborales y del medio ambiente. 

III. Que prohíban o limiten el ingreso y establecimiento de inversiones contrarias a los estándares y obligaciones internacionales sobre derechos humanos, laborales y del medio ambiente que colisionen frontalmente contra los mismos.

IV. Que no sean recurridos ante paneles arbitrales internacionales los conflictos entre empresas transnacionales y Estados, que los Estados refuercen la competencia y capacidad de los tribunales nacionales para resolver los mencionados conflictos, y que los gobiernos y los parlamentos consulten —en línea y en audiencias públicas— con los movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autóctonos, entre otros, en las tomas de decisiones que afecten a los intereses de los mismos.

 

Anexo

Glencore PLC

La empresa acusada es la suizo-británica Glencore PLC, una empresa de extracción y comercio de metales, productos energéticos y agrícolas que opera en todo el mundo. Las acciones denunciadas, aunque presentan semejanzas y elementos comunes, ocurrieron en distintas áreas de cinco diferentes países, y fueron cometidas a través de diferentes subsidiarias, a saber:

Glencore en Filipinas

Testimonio: Rene Pamplona (Social Action Center-Marbel, representando los pueblos indígenas Bla'an - Alyansa Tigil Mina (ATM)

Resumen: La empresa ha sido denunciada por sus actividades en Filipinas, a través de Xstrata Copper, Indophil Resouces NL y Sagittarius Mines, Inc., en las municipalidades de Malungon (Sarangani), Columbio (Sultan Kudarat), Tampakan (South Cotabato) y Kiblawan (Davao del Sur), y en las  provincias de la Región Davao, y de las Regiones XI y XII. La empresa es acusada aquí de estafa, daños contra la propiedad, profanación de tumbas y lugares sagrados, detenciones ilegales, homicidios y otras violaciones de derechos humanos, que fueron perpetradas principalmente a través de la financiación, instrucción y despliegue de grupos militares y paramilitares, con el objetivo de promover el proyecto minero Tampakan Copper-Gold, que se prevé afectará directamente aguas, forestas y dominios ancestrales, y tendrá fuertes repercusiones sobre los pueblos indígenas locales, en particular los Bla'an. Estos hechos, así como  su continuación, suponen una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la Convención 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y las locales Ley sobre Pueblos Indígenas de 1997 y el Código de Gobierno Local de 1991.

 

Glencore en Zambia

Testimonio: Edward Gorma (Centre for Trade Policy and Development)

Resumen: En el area de Mufulira, Zambia, y a través de la subsidiaria Mopani Copper Mines, la transnacional es responsable por la contaminación de tierras, aguas y aire, sobretodo por el efecto de las descontroladas emisiones de dióxido de azufre, que afecta dramáticamente a la fauna y flora locales, de las que las poblaciones indígenas dependen cuasi completamente por su sustentamiento, y asimismo a las mismas poblaciones que viven en el área, provocando gravísimas y comprobadas dolencias, sobretodo al aparato respiratorio. La empresa es asimismo responsable, como indicado por una auditoria independiente, por falsear sus cuentas con el objetivo de no pagar impuestos y desviar sus ganancias fuera del país, defraudando así a Zambia de las legitimas ganancias derivadas de la explotación de sus recursos naturales, de los que es soberana, y eliminando la posibilidad del país de llevar a cabo políticas publicas con lo recaudado de las actividades minera. Las actividades de la transnacional en este sentido, no sólo violan los más básicos derechos humanos y de los pueblos reconocidos en el derecho internacional, sino que además, como también reconoció una auditoria independiente, violan las normas OCDE sobre las actividades de empresas transnacionales.

 

Glencore en la República Democrática del Congo (RDC)

Testimonio: David Van Wyk (Benchmarks) (por Videoconferencia)

Resumen: En la República Democrática del Congo, en el área minera de Kolwezi, Katanga, y a través de su subsidiaria Kamato Copper Company, la empresa es responsable por permitir trabajo infantil y por emplear expatriados infrapagados que no conocen sus derechos y viven en condiciones de pobreza y marginación extremas, por orquestar fraudes y corrupción para el contrabando de minerales fuera del país, por evadir impuestos y obligaciones fiscales manteniendo sus cuentas y gestión secretas para las autoridades, por causar contaminación del aire y del agua, y finalmente por hostigar, a través de empresas subsidiarias de seguridad privada, a todos aquellos que protestan contra estas actividades. Todo esto viola los principios más básicos de los derechos humanos y laborales, y también, y más especialmente, los Principios Rectores adoptados por el Alto Comisario por lo Derechos Humanos, los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos de 2000, el Código de Naciones Unidas para los Oficiales Públicos (1979) y los Principios Básicos sobre el uso de Armas de Fuego por Oficiales Públicos.

 

Glencore en Perú

Testimonio: Jaime Cesar Borda Pari (Coordinación de Muqui Sur)

Resumen: En Perú la empresa transnacional es responsable por las actividades extractivas del sitio Antapaccay, en Espinar, Cuzco, y es acusada de violaciones de derechos humanos en este contexto, como la restricción violenta de movilizaciones comunes y la inhibición de investigaciones, actuaciones judiciales y acciones de los trabajadores, estas ultimas perpetradas por medio de abuso, intimidación y corrupción. Glencore es también responsable por la contaminación de aguas y tierras que causaron muertes, abortos, malformaciones y perdida de independencia alimentaria, entre otras cosas. Por lo anterior la empresa es acusada de violar lo Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, basados en el deber del estado de proteger los derechos humanos, y el de las empresas de respetarlos y proveer acceso a un remedio por su violación, y asimismo de violar la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares laborales internacionales establecidos por la Organización Mundial del Trabajo.

 

Glencore en Colombia – casos PRODECO y El Cerrejón

Testimonio: Andrea Torres (Tierra Digna)

Testimonio: Luis Enrique Uriana  (Líder indígena del Resguardo Wayuu Provincial) – testimonio filmado

Resumen: En Colombia, a través de su subsidiarias PRODECO y Carbones del Cerrejón LLC, y de su participación en FENOCO, Glencore es responsable, además del fraude al patrimonio publico, evasión fiscal, e impago de royalties por más de 500.000.000 de Pesos, de incumplir de forma consistente y constante las obligaciones legales y contractuales relativas a la mitigación, prevención y compensación por los impactos ambientales derivados de sus actividades, en particular contaminación de agua, tierras y aire, deforestación no autorizada, intervención indebida en aguas y desviación de ríos, y vertido de deshechos tóxicos, entre otros. Además, debido a la actividad extractiva, la calidad de vida de las comunidades locales se ha visto fuertemente reducida, especialmente en lo que atañe conflictos sociales, tanto con la autoridad publica como con la empresa minera, militarización e intervención de la empresa en políticas locales, distorsiones demográficas, y restricciones al uso de la tierra, del aire y del agua, hasta el punto de causar desplazamientos forzados por la contaminación, por los cuales no fue proporcionada reparación alguna. Lo anterior constituye una violación del Pacto 169 del ILO sobre consulta previa, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la Constitución Colombiana, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como asimismo de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.

 

Pacific Rim en El Salvador

Testimonio: Saúl Baños (Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador)

Resumen: La empresa acusada es la canadiense Pacific Rim Mining Corporation, una transnacional del sector minero, por sus actividades en el Departamento de Cabañas, en El Salvador. Pacific Rim llevó a cabo actividades de exploración en el área, cuyos efectos provocaron que las comunidades afectadas, a sabiendas de lo daños que la minería habría podido provocar, se negasen a vender sus tierras y dejarlas a Pacific Rim para la extracción. En efecto, un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sobre el proyecto de mina El Dorado confirma estos temores en lo que atañe a impactos ambientales, reducción del acceso al agua, contaminación del agua, e impactos sobre la agricultura y la salud. La intención de Pacific Rim Corporation de explotar una mina de oro en Cabañas ha generado conflictos, agravado divisiones sociales, e incrementado amenazas y violencia que aún deben de ser investigadas en profundidad, incluyendo los asesinatos de varios ambientalistas de 2011. Pacific Rim, sin realizar estudios adecuados al respeto, negó de forma contundente estas alegaciones, y demandó por 300 millones de dólares a El Salvador delante del tribunal CIADI del Banco Mundial, aun cuando el centro de la controversia es entre Pacific Rim y las comunidades organizadas de forma independiente que se verían afectadas por su proyecto minero. El derecho internacional de inversión debe fomentar regímenes transparentes y de garantía, pero respetando normativas internacionales y nacionales de derechos humanos, que por contrario podrían ser dramáticamente afectados, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, la Constitución  y la Ley de Medio Ambiente de La República de El Salvador.

 

Lonmin en Sudáfrica

Testimonio: Joseph Mathunjwa (President of AMCU)  (Through Videoconference)

Témoignage : Joseph Mathunjwa  (Presidente de AMCU), una señora de Marikana (nombre por confirmar), y Dick Forslund (videoconferencia)

Resumen: La empresa acusada es la británica Lonmin, una empresa del sector minero especializada en extracción de platino, por sus acciones posteriores a 2004 en Marikana, Rustenburg, Sudáfrica. Por lo general Lonmin es responsable de los daños causados al medio ambiente por exceder en las emisiones de polvos, dióxido de azufre, y sulfuro de calcio, y por contaminar el agua con descargas ilegales de residuos tóxicos. Además, Lonmin está involucrada en la Masacre de Marikana del 16 de agosto de 2012, cuando 34 trabajadores fueron asesinados y 78 fueron heridos por la Fuerzas de Policía de Sudáfrica y por Lonmin Security, mientras protestaban pacíficamente para que Lonmin mantuviese sus promesas y les proporcionara un salario suficiente para vivir decentemente. La protesta fue el resultado de más de cinco meses de lucha, pero vistos los intereses del gobierno en las actividades de la empresa, no hubo recursos nacionales, regionales o internacionales por esta brutal interrupción, ni tampoco por los daños ambientales citados anteriormente. El comportamiento de Lonmin, como también la complicidad del gobierno de Sudáfrica, son en violación de derechos humanos internacionales, en particular de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como también de los estándares laborales internacionales fundamentales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. 

  

Sección sector petrolero

Chevron en Ecuador

Testimonio: Pablo Fajardo (Unión de Afectados por Chevron-Texaco – UDAPT)

Resumen: La empresa acusada es la estadounidense Chevron (antes Texaco), por los daños ocasionados por sus actividades de extracción de crudo y gas en mas de un millón y medio de hectáreas de la Amazonas ecuatoriana a partir de 1964. La empresa admitió haber arrojado más de 60.000.000.000 de litros de residuos tóxicos en esa zona, y alrededor de 650.000 barriles de crudo en el suelo.  La reparación, impuesta por el Estado Ecuatoriano, fue mal realizada, resultando en un encubrimiento que hasta hoy no ha tenido ningún efecto paliativo del los perjuicios, que todavía continúan. En las áreas afectadas se registran índices de incidencia de cáncer extraordinariamente altos, y los pueblos Tetetes y Sansahuari que vivían ahí se extinguieron, mientras que los Cofanes, Sionas y Siekopai corren similar peligro, ya que tuvieron que huir a otras zonas. Además, los campesinos locales quedaron con tierras infértiles, y perdieron sus animales de corral, que murieron y siguen muriendo por la contaminación. Como también fue reconocido por todas las instancias judiciales de la República de Ecuador en 2013, cuanto el Tribunal Supremo condenó Chevron al pago de 9.500 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, es evidente que las actividades citadas violan dramáticamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como asimismo la Constitución de la República del Ecuador – la primera en al mundo en reconocer derechos a la naturaleza.

 

Shell en Nigeria

Testimonio: Goodwin Ojo (Friends of the Earth Nigeria)

Resumen: La empresa acusada es la holandesa Royal Dutch Shell, por las actividades de su subsidiarias en Nigeria, en particular las de la empresa Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (Shell Nigeria). Desde 1984 Shell Nigeria ha violado constantemente las leyes nigerianas sobre quema de gases, y con sus vertidos de petróleo ha transformado la fértil área del delta del Rio Níger en uno de los desastres ambientales más grandes del mundo. Muchos estudios, incluso el Informe de Asesoramiento de 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, confirman los efectos devastadores de la quema de gases tanto sobre las personas como el medio ambiente, reportando los perjuicios causados a más de 1 millón de personas por la contaminación de hidrocarburos en Ogoniland, donde se encontró benceno (un agente químico cancerígeno) en una cantidad 900 veces superior a la permitida por la Organización Mundial de la Salud. El sector pesquero de la zona es completamente destruido, como asimismo lo son la vegetación y las cosechas por el efecto de la lluvias ácidas, que también ha causado abortos, deformaciones congénitas, enfermedades respiratorias, y cáncer. Las consecuencias de las actividades de Shell Nigeria, indiscutidas en la substancia, son violaciones del Articulo 24 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que reconoce el derecho de todos a un medio ambiente favorable para su desarrollo, y de la Constitución del Gobierno Federal de Nigeria de 1999, que recoge diversos derechos fundamentales, como el derecho a la vida y la dignidad.

 

Sección sector de agua

Mekorot en Palestina

Testimonio: Abeer Al Butmeh (Stop the Wall / Pengon)

Resumen: La empresa acusada es la israelí Mekorot Isreali National Water Company, empresa publica que en colaboración con el estado de Israel es responsable por lo siguiente: implementar un régimen de apartheid y discriminación sobre el pueblo palestino a través de restricciones de suministro de agua a los palestinos para abastecer los colonos, y de precios discriminatorios, más altos para los palestinos que para los israelíes; apoyar a las colonias ilegales suministrando agua sustraída del territorio palestino, participando así en la ilegalidad de las mismas con la construcción de infraestructuras esenciales para su desarrollo, y cometiendo además el crimen internacional de saqueo de recursos naturales en territorio ocupado. La negación del derecho al agua es una violación del Articulo 11(1) del Pacto Internacional de Derecho Económico, Sociales, y Culturales, como asimismo de otros muchos por los que el agua es fundamental, como por ejemplo el derecho a la salud, la vivienda, y a la comida, pues es asimismo una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, del Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre derecho al agua y sanitarios. Finalmente, dado que Israel es un poder ocupante en los territorios de la Franja de Gaza, West Bank, y Jerusalén, lo anterior también puede constituir un crimen de persecución y desplazamiento forzado, en violación de la Convención de Ginebra IV y del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

 

Coca-Cola Company en Colombia

Testimonio: Javier Correa (SINALTRAINAL)

Resumen: La empresa acusada es la estadounidense Coca Cola Company, en cuanto retiene participación y control de las empresas mexicanas Coca Cola Femsa e Industria Nacional de Gaseosas S.A. (INDEGA), gigantes del sector de las bebidas embotelladas. Las actividades objeto de acusación tuvieron lugar entre 1996 y 2014, en Colombia, e incluyen amenazas de muerte, persecución judicial de sindicalistas de la organización Sinaltrainal, el favorecer el ingreso de tropas militares en la empresa, despidos improcedentes y/o arbitrarios, campañas de difamación, como asimismo la complicidad con el gobierno local, las fuerzas armadas y los grupos paramilitares en llevar a cabo encarcelamientos sin causa, la ilegalización del sindicato y la quema de su sede, la violación de convenios colectivo, el asesinato de diez trabajadores, y el encubrimiento de la contaminación del medio ambiente, del saqueo de recursos naturales, y del uso irracional del agua. Todo esto fue reconocido por el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2008, por el Comité de Libertad Sindical de la Organización International del Trabajo (OIT) en sus recomendaciones de junio de 2001 – que no fueron respetadas, y en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 26 afiliados de Sinaltrainal. Se mantiene pues que las actividades de las empresas acusadas constituyan en violación de los convenios de la OIT, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución de la República de Colombia, y de la Ley laboral del mismo país.

 

Hidralia Energía en Guatemala

Testimonio: Micaela Antonio Gonzalez (CEIBA Friends of the Earth Guatemala)

Resumen: La empresa acusada es la Española Hidralia S.A., transnacional que se ocupa de procesos de gestión del ciclo integral del agua – i.e. energía hidroeléctrica, represas, infraestructura, ingeniería civil,  abastecimiento y saneamiento. La empresa es acusada por las actuaciones de la empresa Hidro Santa Cruz, una sociedad participada y gestionada por Ecoener-Hidralia Energía, empresa subsidiaria de Hidralia dedicada al desarrollo de proyectos, obras de ingeniería y consultoría. Las actividades que se le contesta no son las que fueron llevadas a cabo en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, Guatemala, entre junio 2007 y enero 2013, e incluyen en particular la complicidad con los gobiernos Español y Guatemalteco por la invisibilización, la criminalización y la persecución del pueblo Q’anjob’al y de la resistencia legitima al proyecto hidroeléctrico, como asimismo las reacciones violentas frente a la misma mediante intimidaciones, asesinatos, detenciones arbitrarias e ilegales, y despojo de tierras, en violación de los derechos humanos y de los pueblos establecidos en el derecho nacional e internacional aplicable, en especial en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las Normas Internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT, en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la misma Constitución de la República de Guatemala.

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Declaration

Hearing of the Permanent Peoples Tribunal

 Geneva, June 23rd, 2014 

The Permanent Peoples' Tribunal (PPT) held a Hearing in Geneva on June 23, 2014.

The Jury, composed of Juan Hernández Zubizarreta (president), Roberto Schiattarella, Francesco Martone, Renata Reis and Beverly Keene, considered 12 cases in the mining, oil and water sectors. The cases were presented by human rights defenders from communities affected by Glencore (the Philippines, Zambia, Peru, Democratic Republic of Congo, Colombia), Pacific Rim (El Salvador), Lonmin (South Africa), Chevron (Ecuador), Shell (Nigeria), Mekorot (Palestine), Coca-Cola (Colombia), Hidralia Energia (Guatemala). The jury recognizes the systematic violations of the human rights and the legitimacy of the resistances of the affected communities

The Jury acknowledges the efforts made by human rights defenders and representatives of affected communities, with support from social movements, civil society organizations and campaign networks, in preparing and presenting the cases.

The Verdict of the PPT session held in Madrid in 2010, that inspired this Hearing, acknowledged the frequent damage caused by pillage and social and economic exploitation by European TNCs in Latin America, and more generally, the absence of checks and balances to the power of TNCs.

The Madrid Verdict stressed the instrumental character of Corporate Social Responsibility, and denounced as immoral and illicit:

 

       the behavior of TNCs;

       the practices of the neoliberal capitalist model fostered by industrialized countries, as well as  international institutions such as the International Monetary Fund, the World Bank, the World Trade Organization, the European Union;  

       the attitude of EU Member States, legal seat of the scrutinized TNCs, in providing them with unconditional support;

       the attitude of host countries in establishing legal and institutional frameworks that allow the violation of all rights that they are obliged to protect.       

Subsequently, the PPT recommended the adoption of a binding code of conduct for the TNCs, and the definition of an institutional architecture that would ensure its implementation and justiciability, by means of an International Economic Tribunal and an International Center on TNCs. 

We have met here in Geneva while member states of the UN Human Rights Council were debating rules for TNCs, such as the proposal by some governments for a Binding Treaty for TNCs, and the campaign for a Peoples' Treaty on TNCs, launched by various social movements from all over the world. 

All of these efforts and proposals under the framework of a new juridical order designed to regulate the activities of TNCs, in order to hold them accountable and to end the situation of extreme impunity that characterizes also all the cases considered by this Hearing. 

2.            Case analysis 

The cases analyzed in this session are an extremely representative sample of the operations of corporations and their rights violating practices (see Annex). This Hearing further confirms that violations committed by TNCs are not isolated and unconnected cases, but rather systematic patterns that occur all over the world, as expressions also of an architecture of impunity. The cases identified in this statement are listed as follows (the list is not comprehensive):

2.1 Damages to life:

 

Environment: Soil, water and air contamination

Threat to Food sovereignty

Threat to public health

All of the cases presented provide evidence that the operations of TNCs produce irreparable damage to the communities, by violating the human rights of people, their physical integrity, the environment, nature, their living conditions including health and food sovereignty.

 

2.2          Privatization of public goods, water and the plunder of land

2.3          Destruction of land and grabbing of land and of the ancestral territories of indigenous peoples and afro-descendant communities

 2.4         Attack on women's rights, labour rights, and exploitation of child labour

 2.5   Persecution of human rights defenders

TNCs foster intimidation and violence against human rights defenders, including lawyers that in the exercise of their profession suffer all sorts of threats, pressure and judicial persecution.

 

2.6 Violence, repression and criminalization, promoted by TNCs, against social and labour movements as well as communities in resistance such as the Marikana workers' massacre in South Africa.

These are carried out by police and military and paramilitary entities, private security companies, as well as the other institutions of host States.

2.7   Access to justice

The cases considered in this hearing show that victims suffer from limited access to justice and reparation due to lack of resources, and to political and security implications as well as the asymmetry in litigation conditions.

2.8 Jurisdiction

The instrumentalization of rules on jurisdiction and competence represent an additional hindrance to peoples' rights and justiciability.

2.9 States complicity

The Hearing acknowledged that the States where the accused companies have their headquarters (Switzerland, the United States, Canada, Israel and EU Member States) are complicit through failure to take action against TNCs for their abuses.

It furthermore acknowledged the deficiency of host countries, either due to the weakness of local governments, clear complicity, or limitations imposed by the various instruments to defend investors’ interests (such as Free Trade and Investment Treaties and Agreements, cessation of jurisdiction, investor-to-state dispute resolution) that prioritize investors' privileges and gains over peoples' rights. The World Bank’s ICSID (International Center for the Settlement of Investment Dispute) is still part of this architecture of impunity.

The Hearing highlighted the huge diversion of public resources in favor of private profits for TNCs, as well as the indebtedness and submission to the International Financial Institutions (IFIs) and the new conditions of capital markets (waiver of jurisdiction, free movement of capital, etc.) aimed at attracting and maintaining TNC investments.

 

3. Recommendations

On the basis of the work of the PPT in its various sessions and reflected in the Madrid Verdict, and during this Hearing in Geneva, the Jury proposes:

 

To the UN Human Rights Council 

I.      That it develop a binding Treaty for TNCs that takes into account among others, the obligations of TNCs to respect international norms on human rights, and civil and criminal responsibility in case of violation and countries' obligations with reference to TNC regulation and control;

II.     That it approves the creation of an international Court on Transnational Corporations and Human Rights, that would integrate universal, regional, and national mechanisms, and ensure affected communities and peoples proper and direct access to justice by means of an independent, international body;

III.    That it approves the establishment of a Public Center for TNCs in charge of scrutinizing and monitoring their operations.

 

To States and international organizations 

I.         That they guarantee and protect communities and men and women affected by TNCs and ensure access to justice and the right to compensation and reparations;

II.       That they acknowledge and assume their responsibilities in accordance to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations (ETOs) of states regarding economic, social and cultural rights, and that they should subordinate the mechanisms that support the internationalization of TNCs to the international system of protection of human rights, labour rights and the environment;

III.     That they forbid or limit access and establishment of investment in contravention of international standards and obligations on human rights, labour rights and the environment

IV.    That conflicts between TNCs and states are not settled in international arbitration courts, and that states strengthen the competence and capacity of national courts to settle the above mentioned conflicts, and that governments and parliaments consult with social movements, trade unions, NGOs, indigenous peoples, among others when taking decisions that are relevant to their interests.

 

Annex 

Mining Cluster 

Glencore PLC

The accused corporation is the Anglo-Swiss Glencore PLC, a company involved in metals trade and mining all over the world. The contested actions occurred in several areas of four different countries, and were perpetrated through different subsidiaries, namely:

 

Glencore in Philippines

Testimony: Rene Pamplona (Social Action Center-Marbel, representing the Bla'an indigenous peoples - Alyansa Tigil Mina (ATM)

Summary: In the Philippines, through Xstrata Copper, Indophil Resouces NL and Sagittarius Mines, Inc., in the municipalities of Malungon (Sarangani), Columbio (Sultan Kudarat), Tampakan (South Cotabato) and Kiblawan (Davao del Sur), as well as four provinces in the Davao Region and the Regions XI and XII. Here the corporation is accused of deceptions, damage to property, desecration of burial grounds and sacred sites, illegal detentions, killings, and other violations of human rights, most of them perpetrated by means of financing and deploying military and para-military groups, and in order to foster its Tampakan Copper-Gold Project. This project will impact directly watersheds, forests and ancestral domains, at the expenses and despite the dissent of indigenous and local people, particularly the Bla'an People, and in violation of the UN Universal Declaration of Human Rights, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal People, the Indigenous Peoples Rights Act of 1997 and the Local Government Code 1991.

 

Glencore in Zambia

Testimony: Edward Gorma (Centre for Trade Policy and Development)

Summary: In the area of Mufulira, Zambia, and through its subsidiary Mopani Copper Mines, the corporation is responsible for the pollution of land, waters and air, particularly due to the uncontrolled emissions of sulphate dioxide, which dramatically affects the local populations causing severe respiratory diseases, and contaminating the fauna and flora upon which they depend almost completely for their own sustainment. The corporation is also responsible, as it was also indicated by an independent audit, of distorting their balances in order to avoid taxes and distract funds out of the country, thus depriving Zambia of the sovereign right to perceive the profit of the exploitation of its natural resources, and consequently the possibility of implementing necessary public policies with the income derived from mining. In this sense the activities of the corporation violate not only the most basic human and peoples' rights recognised by international law, but also, as recognised by the aforementioned audit, the OECD norms on transnational corporations activities.

 

Glencore in DRC

Testimony: David Van Wyk (Benchmarks) (Through Videoconference)

Summary: In the Democratic Republic of the Congo, in the mining area of Kolwezi, Katanga and through its subsidiary Kamato Copper Company, the corporation is responsible for allowing child labour, for employing expatriates who are not aware of their rights and thus live in conditions of extreme poverty and marginalisation, perpetrating fraud and corruption to smuggle minerals out of the country, avoiding fiscal and tax obligations by keeping management secreted from local authorities, causing air and water pollution, and finally harassing those who protest against their activities through subsidiary security companies. These activities are in violation of general international human rights and labour regulations, and also more specifically of the Basic Principles and Guideline issues by the UN’s Office of the High Commissioner for Human Rights, the 2000 Voluntary Principles on Security and Human Rights, the 1979 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, and the 1990 UN Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement Official.

 

 

Glencore in Peru

Testimony: Jaime Cesar Borda Pari (Coordinación de Muqui Sur)

Summary: In Peru the company is responsible for the mining unit of Antapaccay, in Espinar, Cuzco, and in this context is accused of several human rights violations, such as violent restraint of community mobilisations, the blocking of investigations and workers' and judicial actions by means of harassment, intimidation and corruption. Glencore is also responsible for polluting water and land, the contamination of which resulted in deaths, miscarriages, birth defects, and loss of food sovereignty for the local population. The company is therefore accused of violating the Guiding Principles on Business and Human Rights, based on the duty of the state to protect and the corporate responsibility to respect and provide access to remedy, as well as the American Convention of Human Rights, and the International working standards of the International Labour Organisation.

 

Glencore in Colombia – PRODECO and El Cerrejón cases

Testimony: Andrea Torres (Tierra Digna)

Testimony: Luis Enrique Uriana  (Indigenous leader of the Resguardo Wayuu Provincial) - filmed testimony

Summary: In Colombia, through its subsidiaries PRODECO and Carbones del Cerrejón LLC, and through its participation in FENOCO, Glencore is accused of defrauding the public treasury through unpaid royalties of 500 million pesos, as well evading tax obligations. The company is constantly in non-compliance of legal and contractual obligations with regard to mitigation, prevention and compensation of environmental impacts derived from its activities, such as pollution of air, land, and water, unauthorized deforestation, undue intervention in watercourses, and the spilling of toxic waste, among others. Moreover, as a consequence of extractive activities, the quality of life of local communities has been drastically reduced, especially with regard to social conflicts (both with the public authorities and the mining enterprise), militarization and intervention of the enterprise in local policy, demographic distortions, and restrictions to the use of land, air and water to the point of causing several forced displacements for which there was no compensation. The foregoing is a blatant violation of the previous consultation procedure established in the 169 ILO Convention, of the American Convention of Human Rights, of the Colombian Constitution, of the Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, as well as of the Guiding Principles on Business and Human Rights.

 

Pacific Rim in El Salvador

Testimony: Saúl Baños (Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador)

Summary: The accused is the Canadian based Pacific Rim Mining Corporation for its activities in the Department of Cabañas in El Salvador. When Pacific Rim carried out exploratory activities in the region the local communities, who were well aware of the impacts of mining operations, denied Pacific Rim further access to their lands. Indeed, a Report of the International Union for the Conservation of Nature about the El Dorado mine project confirmed the communities’ concerns, especially referring to environmental damage, reduction of access to water, water pollution and impacts over health and agriculture. The intention of Pacific Rim to exploit the gold mine in Cabañas has originated conflicts, worsened social divisions, and incremented threats and violence which still have to be investigated, like the murder of several environmental activists in 2011. Pacific Rim, even without producing sufficient environmental studies, denied all of these allegations and sued the government of El Salvador for 300 million dollars before the ICSID Tribunal of the World Bank, even though the core of the controversy is not with the state but with the independently organised communities that would be affected by the mining project. International Investment Law has to foster transparent and strongly guaranteeing regimes, however these should be compatible with international and national human rights standards instead of undermining them, in this case especially with the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the Constitution and Environmental Law of the Republic of El Salvador.

  

Lonmin in South Africa

Testimony: Joseph Mathunjwa (President of AMCU), on woman from Marikana (name to be confirmed), and Dick Forslund  (Through Videoconference)

Summary: The accused corporation is the UK based platinum miner Lonmin. The accusations are based on Lonmin’s activities carried out in Marikana, Rustenburg, South Africa, since 2004. Generally, Lonmin is responsible for the environmental damage caused by exceeding the limits of emission of dust, sulphur dioxide, and calcium sulphide, and for causing water pollution with illegal discharges. Moreover, and with regard to the workers it employs, Lonmin is involved in the Marikana Massacre of August 16, 2012, in which 34 workers were killed and 78 were injured by South African Police Forces and Lonmin Security while pacifically protesting. The protest resulted from a five months struggle with the company for decent living wages and the fact that it did not keep its promises. Due to the strong interest that the government has in the corporation there is no recourse at national, regional or international level for either environmental damages or the massacre. Needless to say, Lonmin’s behaviour, as well as the complicity of the South African government, are blatantly in violation of international human rights law, especially of the UN Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant of Civil and Political Rights, and the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, as well as in breach of basic international labour standards, recognised by the International Labour Organisation.

 

Oil Cluster

Chevron in Ecuador

Testimony: Pablo Fajardo (Unión de Afectados por Chevron-Texaco – UDAPT)

Summary: The accused corporation is US based Chevron (formerly Texaco), for the damages resulted from the extracting activities that have been carried out since 1964 in over 1,5 million hectares in the Ecuadorian Amazon.  The company admittedly spilled over 60 billion liters of toxic waste and approximately 650,000 barrels of oil in the area. The reparation, imposed by the Ecuadorean government, was carried out poorly, and resulted in a mere covering up which has had no effect on the damage and its negative effects, which still endure. In the affected areas cancer rates are extraordinarily high, and the indigenous peoples, including the Tetetes and Sansahuari who previously lived in the area are now extinct, while the Cofanes, Sionas and Siekopai risk a similar fate, as they have fled to other regions. Moreover, local farmers were left with infertile land, and lost their livestock, which is dying or has died due to the contamination. In 2013 the Supreme Court of the Republic of Ecuador has condemned Chevron to pay 9,500 million dollars of damages, thus recognizing that the company’s activities violate the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant of Civil and Political Rights, the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, as well as the Constitution of the Republic of Ecuador which was the first in history to recognize the rights to nature.

 

Shell in Nigeria

Testimony: Goodwin Ojo (Friends of the Earth Nigeria)

Summary: The accused corporation is Royal Dutch Shell, based in the Netherlands, for the actions carried out by its subsidiaries in Nigeria, namely those of Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (Shell Nigeria). Shell Nigeria has been violating Nigerian laws prohibiting gas flaring since 1984, and with its leaks has transformed the once fertile wetlands of the Niger delta into the world’s largest oil disaster. Several studies point to the devastating effects of gas flaring on people and the environment, first and foremost the United Nations Environmental Programme 2011 Assessment Report, especially referring to the 1 million people affected by hydrocarbon pollution in surface water in Ogoniland, where benzene, a known cancer-causing chemical, was found in drinking water at a level 900 times above the standards of the World Health Organization. Fisheries in the area are completely destroyed, affecting at least 5 million fishermen who lack resources to pursue court cases, as well as crops and vegetation for the effect of acid rain, which has also caused miscarriages, deformed births, respiratory illnesses, and cancer. The consequences of the activity of Shell Nigeria, undisputed in the substance, are in violation of Article 24 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, which recognizes the right of all peoples to a satisfactory environment favourable to their development, and of the 1999 Constitution of the Federal Government of Nigeria, which recognizes a number of fundamental rights including the right to life and dignity of human person.

 

Water Cluster

Mekorot in Palestine

Testimony: Abeer Al Butmeh (Stop the Wall / Pengon)

Summary: The accused corporation is the state-owned Tel Aviv based Mekorot Israeli National Water Company. Mekorot, in collaboration with the state of Israel, is accused of: implementing (water) apartheid and discrimination of Palestinians by restricting water supplies to Palestinian communities in order to supply Israeli settlers, and for discriminatory water prices, charging Palestinians higher rates than Israelis;supporting illegal settlements by supplying water stolen from Palestinian territory, thus participating in the illegality of the settlements themselves by building water infrastructures which are essential to their development. The company is also accused of committing the international crime of pillaging natural resources in the occupied territories. The breach of the right to water violates Article 11(1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as well as several other human rights , such as the rights to health, adequate housing and food, to which water is essential, thus also violating the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the UN Convention on the Rights of the Child (CRC), the 64/292 UN GA Resolution recognizing the right to water and sanitation. Moreover, since Israel is an occupying power in the West Bank, the Gaza Strip and Jerusalem, the foregoing can also entail a crime of persecution and forced displacement, in breach of the IV Geneva Convention and the Statute of the International Criminal Court.

 

The Coca-Cola Company in Colombia

Testimony: Javier Correa (SINALTRAINAL)

Summary: The accused corporation is the US based Coca Cola Company, through its involvement and control of its Mexican subsidiary Coca Cola Femsa which owns the Colombian bottler Industria Nacional de Gaseosas S.A. The parent and subsidiary companies are accused for violations that have occurred in Colombia between 1996 and 2014, including death threats, persecution of workers' representatives, assistance to military troops in entering the company, arbitrary dismissals and defamatory campaigns, as well as the complicity with military and para-military groups in carrying out arbitrary detentions, illegalization and incendiary destruction of workers' unions, covering up of environmental contamination and the unsustainable extraction of water. These abuses were previously recognized by the Permanent Peoples Tribunal in 2008, by the International Labour Organisation (ILO) in its recommendations of 2001(which were never implemented), and by the Interamerican Commission of Human Rights in provisional measures dictated to protect 26 workers affiliated to the Sinaltrainal Union. It is therefore alleged that the activities of the accused constitute a breach of the ILO Conventions, of the Universal Declaration of Human Rights, and of both the Constitution and the Labour Law of Colombia.

 

Hidralia Energía in Guatemala

Testimony: Micaela Antonio Gonzalez (CEIBA Friends of the Earth Guatemala)

Summary: The accused company is the Spanish Hidralia S.A., a transnational corporation specializing in water-cycle management processes – i.e. hydroelectric energy, dams, infrastructure, civil engineering, water supply and sanitation. The accusation against the corporation is based on the activities of Hidro Santa Cruz, which is owned by Hidralia's subsidiary Ecoener-Hidralia Energía, which itself is dedicated to project development, engineering and consulting. The contested activities were carried out between June 2007 and January 2013, in Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, Guatemala. They include in particular the complicity with the Spanish and Guatemalan governments for their role in the invisibilisation, criminalisation and persecution of the Q'anjob'al people who were legitimately resisting the hydroelectric project. All parties are also complicit in the violent response to this resistance which took the form of, inter alia, intimidation, murder, illegal and arbitrary detentions, land spoiling and dispossession, all in violation of applicable human and peoples' rights established in international and national law, and in particular in the UN Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant of Civil and Political Rights, the International Labour Standards of the International Labour Organisation (ILO), the ILO Convention 169 on Indigenous Peoples, the American Convention on Human Rights, and in the Constitution of the Republic of Guatemala.