SINALTRAINAL

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario

Mié01172018

Last updateMié, 17 Ene 2018 9am

Audiencia de servicios públicos

Acusaciones a Unión Fenosa

Acusación No  1
Política laboral y de Derechos Humanos

Presentada por: SINTRAELECOL NACIONAL.

Acusamos a la empresa ELECTROCOSTA, filial de la transnacional UNION FENOSA, por la violación de los siguientes derechos en contra de sus trabajadores, a saber:

Derecho a la vida, libertad de la tortura y del tratamiento cruel, inhumano o degradante. La estigmatización de los sindicalistas colombianos que refleja el documento Presentación Convenciones Feb. 16-01, y en particular de las subdirectivas de Sintraelecol, coincide con las justificaciones de grupos armados ilegales sobre varios homicidios ocurridos en los últimos años contra sus afiliados en las empresas objeto de esta denuncia.

Entre los asesinatos sobresalen los de:
• Iván Franco, (19 de marzo de 2000, Cartagena, Bolívar), ex presidente de Sintraelecol;
• Javier Jonás Carbono Maldonado (9 de junio de 2000, Santa Marta, Magdalena), quien se desempeñaba como secretario general de Sintraelecol;
• Edgar Manuel Ramírez Gutiérrez (22 de febrero de 2001, Concepción, Norte de Santander), vicepresidente de Sintraelecol, seccional Norte de Santander;
• Víctor Carrillo (primero de marzo de 2001, Málaga, Santander), directivo;
• Martín Contreras Quintero, (23 de octubre de 2001, Sucre), fundador de Sintraelecol.

Pero el homicidio que más ha llamado la atención es el de Adán Alberto Pacheco Rodríguez, ex directivo de Sintraelecol en el Atlántico, asesinado el 2 de mayo de 2005, en Barranquilla. Su nombre aparece en la lista de ‘dados de baja’ del llamado ‘computador de Jorge 40’, que tenía en su poder al momento de la captura, Edgar Ignacio Fierro Flores, hombre de confianza del comandante del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, y en el que se consignaban todas las acciones de esta organización criminal.

De Pacheco Rodríguez, sociólogo de la Universidad de Simón Bolívar de Barranquilla, se escribió en esos archivos que “era militante del frente 19 de las Farc – Ep (...) ingreso (sic) a la empresa Electrificadora del Atlántico, donde ingreso al sindicato (sic), tomando puesto de dirigente del sindicato (...) era importante en Electricaribe y en la organización por su trabajo político en el sector eléctrico”.

La situación de vulnerabilidad de los sindicalistas costeños ha sido conocida de tiempo atrás por el gobierno nacional, a tal punto que el 20 de agosto de 2003, durante una reunión en Barranquilla con representantes de las principales centrales obreras, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, ventiló el asunto.

“Los enemigos del sindicalismo son muchos. A los dirigentes sindicales los están matando, sobre todo, los paramilitares, algunas veces la guerrilla, pero también empresarios que no tienen organizaciones, que son muy pocos, pero que no quieren a los sindicalistas”, aseguró Santos en esa ocasión.

Ese señalamiento coincide con la denuncia de directivos de la CUT en Cartagena que hacen referencia a nexos que se crearon entre grupos de paramilitares y empresarios asentados en el complejo industrial de Mamonal, “quienes se reunieron en el año 2000 para definir qué se debía hacer con el sindicalismo y el movimiento social costeño”. El denunciante de esta información sufrió un atentado y hoy se encuentra fuera de la región.

Asociar el sindicalismo colombiano con las guerrillas tiene que ver con la visión que tienen algunos empresarios sobre las organizaciones sindicales. Al definir el perfil de cada afiliado y clasificarlo en uno u otro grupo guerrillero justifican su muerte y su exterminio.

En los dos últimos años estas sindicaciones se han intensificado. Así, en Barranquilla, donde se encuentra la sede social de Electricaribe, es público y conocido un panfleto distribuido por las autodenominadas Águilas Negras, grupo al parecer paramilitar que viene operando en diversas regiones del país. En el documento, se amenaza a 51 personas, entre sindicalistas, profesores y estudiantes de la Universidad del Atlántico.

En el panfleto nos sindican de guerrilleros y nos dan ocho días para abandonar la ciudad, si no lo hacemos entonces nos dicen que nos afiliemos a una funeraria. Las 51 personas que están allí aparecen con nombres y apellidos completos.

En el último año, las amenazas contra directivos sindicales y activistas sociales en la capital del Atlántico llegan a 67 casos. Frente a la última amenaza, estamos esperando que las autoridades locales, departamentales y nacionales se pronuncien, pues hasta el momento hay silencio total.

Fruto de los asesinatos, las intimidaciones, los secuestros y los desplazamientos forzados, el movimiento sindical en la Costa Norte se ha debilitado, situación que reconocen los propios directivos sindicales y muestra de ello es lo que ocurre en el sector eléctrico. Hoy Sintraelecol en la Costa no desempeña ya el papel social que desempeñó en los años anteriores. La presencia paramilitar se fortalecerá en la Costa Norte porque allí hay bastantes intereses económicos que ven al sindicalismo como un obstáculo y necesitan de los paramilitares para exterminarnos.

En el mes de Abril de 2007, la directiva del Sindicato Eléctrico Colombiano (SINTRAELECOL) le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las presuntas relaciones de la multinacional española UNIÓN FENOSA, propietaria de las electrificadoras ELECTRICARIBE, ELECTROCOSTA, ENERGÍA SOCIAL y EPSA, con grupos paramilitares que operan en la Costa Norte colombiana. 

La solicitud fue hecha por Rubén Castro Quintana, trabajador de ELECTROCOSTA y directivo nacional de SINTRAELECOL, luego de conocer una carta enviada el pasado 7 de marzo al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, por un hombre que se identificó como desmovilizado del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la que da abundante información sobre los supuestos nexos de UNIÓN FENOSA con los paramilitares al mando de Rodrigo Tovar, alias “jorge 40”.

Entre los datos entregados por el presunto reinsertado, “hoy en su condición de desmovilizado” y quien se describió a sí mismo como una persona que estuvo “en la dirección política de las AUC, como profesional universitario”, resaltan los pagos mensuales a las Auc “por sumas millonarias”.

De acuerdo con el presunto desmovilizado, “a  partir del año 2001,  se iniciaron  las  relaciones de los altos jefes de estas empresas con el fin de ejecutar una campaña de exterminio de los lideres sindicales y sociales que se opusieran a las políticas de esta multinacional en su zona de influencia y, además, tener la vigilancia y protección de sus instalaciones eléctricas  a lo largo y ancho de los departamentos de la Costa Atlántica, y garantizar los desplazamientos de los más altos funcionarios de esta compañía  por toda la Región Caribe”.

La denuncia, que ya reposa en la Fiscalía General de la Nación, advierte de una relación en dos fases entre UNIÓN FENOSA y los paramilitares de alias “jorge 40”. La primera fase fue reclamar por un mejor servicio de energía en aquellas áreas rurales y barrios marginados ubicados en sus zonas de influencia, “y les entregaran, a través de diferentes contratos, todo el manejo del servicio de la energía eléctrica. De esa manera, ellos se comprometieron a una mayor seguridad con sus infraestructuras eléctricas y presionar para un mejor recaudo”.

La segunda fase “consistía en que los jefes de la AUC le exigieron a los funcionarios de UNIÓN FENOSA en Colombia, se les permitiera el ingreso de algunas personas de su confianza en puesto claves de la administración de las Empresas ELECTROCOSTA, ENERGÍA SOCIAL Y ELECTRICARIBE,  de esa forma conocer a todos los trabajadores de esta empresas y en especial a los dirigentes sindicales, lo que permitiría por parte de ellos garantizarle una verdadera seguridad sin ningún riesgo para los miembros de UNIÓN FENOSA en Colombia y su patrimonio económico”.

Conocida esta denuncia, el directivo sindical Castro Quintana le remitió el pasado 13 de junio una misiva al Fiscal General de la Nación en la que hace una relación de hechos que han comprometido la vida de los sindicalistas en la Costa Norte y le solicita sea investigada la información aportada por el presunto desmovilizado.


Pero es más cruel la situación cuando hace una semana, se resolvió condenar al ex jefe paramilitar Edgar Fierro, alias ‘Don Antonio’, a  20 años de cárcel por el asesinato de Adán Alberto Pacheco Rodríguez, presidente del sindicato de Electricaribe, perpetrado el 2 de mayo de 2005.
 
El juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión -OIT- condenó a ‘Don Antonio’ a  19 años y dos meses de prisión por el homicidio agravado del sindicalista Adán Alberto Pacheco Rodríguez. Sin embargo, por los beneficios que recibe de la Ley de Justicia y Paz tendrá de pagar tan solo 8 años de cárcel. También determinó el pago de indemnización por daños morales a la esposa y los dos hijos de la víctima de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el pasado 14 de noviembre de 2007, Fierro aceptó, en sentencia anticipada ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH (Derechos Internacional Humanitario), hacer asesinado al sindicalista en el barrio Las Palmas de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, el 2  de mayo de 2005.

Este crimen se llevo a cabo alrededor de las 5 y 20 de la tarde por parte de dos individuos motorizados que atacaron con un arma de fuego a Pacheco luego de que sus compañeros lo trasladaran a su residencia. Las heridas fueron letales para el sindicalista, quien murió casi instantáneamente.

En el documento del proceso consta que el día anterior a este crimen se recibieron amenazas por medio de panfletos firmados por el ‘Mas’ o Muerte a Sindicalistas, en la sede del sindicato. Luego de ello las autoridades pertinentes dieron instrucciones para reducir el riesgo.

Por su parte la Fiscalía Séptima delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Martha realizó un allanamiento a la residencia de Fierro, el 11 de marzo de 2006, en el cual encontró un computador, entre varios otros elementos, en el cual aparecía Pacheco como ‘objetivo dado de baja’ por parte miembros del frente “José Pablo Díaz” del Bloque Norte de las autodefensas.

Vale la pena recordar que en el famoso computador incautado de propiedad del paramilitar ‘Jorge 40’ en 2006, Pacheco se encontraba registrado en un listado que contenía los nombres de sindicalistas de esta zona del país declarados objetivo militar por este grupo armado. De igual forma este computador reveló detalles de los más de 300 asesinatos perpetrados y el tráfico de drogas.

Este paramilitar, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’ o ‘Isaac Bolívar’, que resultó ser el verdadero dueño del computador conocido en los medios como de ‘Jorge 40’, ha revelado los fuertes vínculos de las clase política y las fuerzas del Estado de la Costa Atlántica con el Bloque Norte de las autodefensas, además de los más de 600 crímenes llevados a cabo en esta zona entre 2003 y 2005.

Unión Fenosa nunca realizó ni solicitó investigación alguna a cerca de los asesinatos de sus trabajadores desde el año 2000 a la fecha.

Por cierto, el compañero Rubén Castro Quintana, de la seccional Bolívar, al que antes mencionamos por solicitar la investigación ante el Fiscal General de la Nación, que fue elegido directivo sindical democráticamente por un periodo de cuatro años a partir del 31 de Octubre de 2006, fue obligado a pensionarse inmediatamente, sin que este solicitara dicha pensión, semanas después de solicitar a la Fiscalía la investigación de la denuncia sobre vínculos de Unión Fenosa con las AUC.

Esta acción es un DESPIDO INJUSTO a luz del Derecho Laboral Colombiano, y todo por el hecho, siguió y seguirá en su constante lucha por defender los Derechos de los trabajadores de manera incansable, sin condiciones, con transparencia y honestidad. Este despido obedece a las directrices de esta Multinacional con el fin de mantenerlo fuera del ámbito sindical y dejarlo totalmente desprotegido de su protección sindical constitucional.

Como es sabido por la mayoría del movimiento sindical Colombiano, este compañero ha sido en innumerables oportunidades amenazado por las AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA( AUC), al igual que su familia, a tal punto de llegar a secuestrar a su señora esposa el día 12 de mayo del año 2004. Hoy al compañero Rubén Castro Quintana, le han retirado el esquema de protección del Ministerio del Interior y Justicia. Esta Multinacional no tuvo en cuenta esta condición de protegido, por las amenazas antes dichas, y prácticamente lo dejo a merced de los asesinos a sueldo que están a la saga para lograr su cometido.

Responsabilizamos a UNION FENOSA DE ESPAÑA, y sus ALTOS FUNCIONARIOS, de la suerte que pueda correr la vida de Rubén Castro Quintana y su familia, por esta actitud malévola y macabra, al no tener siquiera un ápice de humanidad ante la situación de este sindicalista.

Derechos laborales
Como relatábamos en la presentación de los hechos objeto de esta denuncia, de forma acompasada con los asesinatos, secuestros y amenazas de directivos sindicales de las empresas de Unión Fenosa, las empresas presionaron y chantajearon a los trabajadores para aceptar acuerdos laborales mediante la negación del ajuste salarial del IPC en 2001 y 2002, presentación de un despido colectivo para la mitad de la planta de personal sindicalizada en 2003, desconocer los derechos pensionales de los trabajadores y pensionistas y, por último, someter a los trabajadores a rebajar sus salarios en 2006, a la vez que desarrollaban planes de despidos de trabajadores.

Los hechos que se denuncian son los siguientes:
1- En el 2001 se alcanza el primer Acuerdo Laboral entre la Administración de las empresas y el sindicato, que acabó con la estructura de salarios y de funciones que las convenciones traían hasta entonces. Desde el punto de vista económico, este acuerdo representó para la compañía una utilidad de aproximadamente $500.000 millones de pesos, por la supresión de las escalas salariales y/o escalafones de salarios de carácter convencional.


2- En el año 2003, los dueños de ECC decidieron que la viabilidad de la empresa pasaba por despedir a 673 trabajadores sindicalizados. El sindicato intimidado por la solicitud de despido colectivo, propone a la empresa que retire la solicitud a cambio de sacrificar benéficos convencionales y laborales de los trabajadores, en consecuencia, el sindicato pacta con la empresa que los sacrificios en los costos laborales que los trabajadores hacían para retirar la solicitud de despido colectivo, tenia como contraprestación que los trabajadores convencionados asumieran las labores que desempeñaban los contratistas, dicho de otra manera, se tuvo que pagar para poder trabajar, porque la empresa argumentaba, que era más barato tener parado a un trabajador convencionado, que ponerlo a trabajar.

Para ilustrar de mejor forma la situación, recordemos las palabras del coordinador de la Mesa de negociación, quien preguntó a la empresa: "¿Cuánto tenemos que entregar para que retiren la solicitud de despido?, ¿Cuánta sangre nuestra necesitan para que nuestras familias tengan su sustento?". La respuesta de la empresa fue una sentencia sumaria: "Para compensar el ahorro que nos proporciona el despido colectivo, debemos ahorrar 150.000 millones de pesos en los costos laborales".

Tuvimos que entregar pensiones, primas extralegales, ajustes salariales, viáticos, horas extraordinarias, transporte.... todo lo que era posible valorar económicamente. Tuvimos que entregar hasta la ropa de trabajo en algunos sitios.

Los 2.000 trabajadores que estábamos en ese entonces, nos sacrificamos para salvar a 673 compañeros.

3- En septiembre de 2003 se firma el Acuerdo Laboral. La empresa retiraba la solicitud de despido colectivo y    los trabajadores convencionados sustituirían a los contratistas. Para ello, todos los recargos devengados por los trabajadores, se pagarían según Ley, borrando de un solo golpe, todo lo establecido en las convenciones colectivas de trabajo. El Acuerdo laboral de 2003 representó para la empresa un nuevo ahorro económico de más de 100.000 millones de pesos.

4-  La estafa de este Acuerdo está en que cinco años después los trabajadores beneficiarios de las convenciones han disminuido en la cuantía de 800 compañeros. Es decir, la masacre laboral ha sido muy superior a la propuesta de despido colectivo, pero, la empresa si se embolsó los 100.000 millones de pesos.

5- Durante el año 2004, se desarrolla la tarea de sustituir contratistas por trabajadores propios y afiliados al sindicato. Los indicadores de desempeño del personal convencionado eran altamente positivos. Pero comenzó a aparecer una gran amenaza. Los contratistas no estaban dispuestos a perder su negocio y los intermediarios de dentro de las empresas, tampoco. Comenzaron las amenazas y la intimidación al sindicato. Nos amenazaban por querer cumplir con lo pactado, es decir, dar trabajo a los trabajadores afiliados al sindicato y disminuir el de los contratistas. Sobre este aspecto la empresa nunca se ha pronunciado y aún hoy, las cooperativas de trabajo asociado inundan la empresa, de una manera irregular e ilegal.

6- En el 2006, se desarrolló la última negociación con los trabajadores activos convencionados y afiliados a Sintraelecol, a los que se les pidió el último sacrificio para garantizar la estabilidad financiera de las empresas. A partir de este nuevo acuerdo la vida sería bella para los trabajadores, pues disfrutarían de la salud financiera con la que arrancaba la compañía. Una vez más, lo trabajadores creímos en la empresa, y cedimos nuestros reajustes de salario por los próximos 5 años.

7- Con el Acto Legislativo 01/2005, las pensiones, un gran problema para las empresas, se solucionaba. Pero, el pasivo pensional permanecía muy alto, por lo que se invitó a los jubilados a trabajar un acuerdo con la empresa, para disminuir el pasivo pensional. Los jubilados creyeron en la empresa y también negociaron a la baja su ajuste legal a las pensiones por los próximos 5 años.

8- Al mes de haber firmado el último acuerdo, los nuevos administradores de la compañía en Colombia, lanzaron un nuevo modelo organizativo que incluía la fusión de las empresas Electrocosta - Electricaribe y un plan de retiro forzoso para los trabajadores convencionados con el objetivo de exterminar al sindicato y entregar la operación de estas empresas a contratistas.

9-  El resultado económico de los acuerdos firmados en el 2006, de activos y pensionados, ha dado a las empresas unos ahorros de más de 200.000 millones de pesos.

10- Si sumamos los ahorros económicos alcanzados por la empresa en los tres acuerdos laborales desde 2001 hasta el 2006, ascienden a más de 800.000 millones de pesos. Dicho de otra manera, con lo que nos han quitado a los trabajadores, ya se ha librado la inversión que ustedes hicieron en Colombia, o mejor aun, con estos ahorros se ha recuperado con creces las supuestas pérdidas de las empresas, e incluso, los trabajadores pudimos haber comprado las empresas al gobierno pagando un mejor precio, y si a todo esto le sumamos los subsidios del FOES, que desde sus inicios a transferido a las arcas de Electrocosta y Electricaribe mas de 500.000 millones de pesos.

11- Para redondear el negocio, Unión FENOSA segmentó el mercado eléctrico en la costa, creando “empresas de

12- papel, es decir, sin trabajadores”, pero con autonomía administrativa y patrimonial, para comercializar la energía por cada estrato de la población. El resultado salta a la vista, grandes ganancias para la empresa y la limitación o suspensión del servicio para los más pobres; pues el servicio se le presta a los que tienen para pagarlo. Con estas políticas la empresa consiguió resultados muy positivos. En el año 2006, los ingresos de explotación alcanzaron los $600.000 millones de pesos, con un índice del 95%. La compañía logró superar sus graves problemas, y para conseguirlo, se ha valido del esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, los jubilados, las convenciones colectivas de trabajo, del sindicato y de los subsidios de los más pobres.

En la actualidad y para vergüenza del gobierno y del Ministerio de la protección Social, quien fue testigo y garante de los acuerdos; de los trabajadores que aportaron sus conquistas; del sindicato que ha comprometido su palabra y la sociedad en general, que ve como unos extranjeros se burlan de nosotros, nos utilizan y se lucran de nuestras miserias y sacrificios sin que nadie diga o haga algo. Todo se ha vulnerado. Se pisotearon los compromisos, se olvidaron las promesas, no se han respetado los acuerdos.

Derechos del consumidor, incluyendo la seguridad y la calidad de los productos
Unión Fenosa, la trasnacional española, no solo asesina a líderes sindicales como lo afirmó un ex paramilitar y como lo han demostrado las constantes amenazas de esta a dirigentes del sindicato.  Sino también viola  el derecho a la energía, a la luz y a la electricidad básica para vida de las comunidades en especial de la costa atlántica. Las constantes violaciones a los derechos constitucionales  de los usuarios, hacen de la Unión Fenosa un peligro frente a la soberanía y seguridad energética que no profesa como colombianos en nuestro territorio.

Las Mypimes, las cuales son las encargadas del constante monitoreo de contadores, mensajería de recibos de pago, cobro y todas las actividades secundarias de la prestación del servicio de  electricidad. Hacen el trabajo duro de una empresa que no es capaz de poner la cara ante sus usuarios si no que pone de intermediarios a los misma gente de la comunidad que hace parte de esa cooperativas o empresas `pequeñas, que no tuvieron mas opción que trabajarle a Unión Fenosa.  Algunas de ellas son muy conocidas, como Energía Social.

Para el pueblo costeño las constantes apagones ya son pan de cada día, siendo a demás una población con altísimos índices de pobreza y desnutrición, en los barrios pobres de la costa no se alcanza a pagar a veces ni la comida del diario, mucho menos los excesivos  costos de la factura. Unión Fenosa como parte de su estrategia de terror, (por que esto si es terrorismo)  suspende y raciona el servicio a grandes sectores de usuarios, así algunos usuarios estén a paz y salvo; por otro lado a grades bloques de usuarios se les quita el transformador si el porcentaje de pagos es bajo.

Sigue y siguen las quejas, hasta que estas constantes amenazas rebosan la copa de las poblaciones costeras, miles de manifestantes se lanzan regularmente  a la calle como sinónimo de protesta.  Sin embargo, el gobierno, con su seguridad democrática, decidió fortalecer la fuerza pública (aparato represivo) en lugar de fortalecer los derechos del ciudadano y del usuario. En Barranquilla crearon un grupo especial antimotines para contrarrestar las demandas y legitimas protestas del pueblo.

Mas de doscientos enfrentamientos han sucedido desde el 2002 al 2006; Electrocosta y Electricaribe propiedad de Fenosa amenazan con cortar el servicio permanente sino se les garantiza  la rentabilidad de su inversión. 
No obstante, ante las exigencias de la inversión extrajera tan querida por el presidente de la República Álvaro Uribe, el Gobierno inició la capitalización  por parte de la Nación  en $140.000.000.000 de las deudas que tenia Unión FENOSA con Corelca por compra de energía. Transfirió a través del Fondo Nacional de Regalías, recursos de la nación para el pago de las deudas de entidades oficiales del orden municipal o departamental. Como lo dijo el Heraldo el lunes 8 diciembre del 2003. "Regalías aliviarán deuda eléctrica. Se utilizarán recursos por $ 270 mil millones”

Después que la CREG estableció los costos de distribución para cada Empresa, a Electrocosta y Electricaribe les pareció pequeña la tajada e impugnaron esta decisión.  Para ello, tomaron medidas e hicieron a través de la misma Superintendencia de Servicios públicos la conformación de las Mypimes prestadoras de servicios.  Se pacta entre la empresa y la Mypime metas de recaudo, compromisos de trabajo y la empresa suspende o alivia los racionamientos.

Así, como los pobres no tienen plata para pagar el servicio suministrado todas las 24 horas, deben restringirse a tenerlo únicamente el tiempo que puedan pagar y como gran concertación con las comunidades las empresas acceden a dejar el servicio las primeras horas de la noche. Por el trabajo que hacen les cancelan un porcentaje del total de recaudo, que puede ser el 8 al 12 % dependiendo de lo  pesada y difícil que esté la región.

Pero nada que hablar con la sobreexplotación laboral a los trabajadores de estas pequeñas empresas  donde ahora hacen dos, el trabajo de una cuadrilla completa. Estas denuncias no son nueva, desde hace bastante se viene moviendo.  En el 2004 algunos Gobernadores y Electricaribe hicieron un arreglo donde se comprometían  a no cortar la electricidad y con la creación por parte del gobierno del FOES Fondo de Energía Social.  Sin embargo estas denuncias siguen llegando, el mal servicio los cortes de luz son inconcebibles.

 Acusación No 2
Circuitos Asesinos

Presentada por Mesa caribe.

Acusamos a la empresa ELECTRICARIBE, filial de la transnacional UNION FENOSA, por participación directa o complicidad en violación de los siguientes derechos humanos y derechos de los pueblos:

• Derecho a la vida
• Derecho a vivienda adecuada
• Derecho a una alimentación adecuada
• Derechos del consumidor incluyendo la seguridad y la calidad de los productos
• Derecho a acceder a la justicia, incluyendo el derecho a un juicio justo, la inmunidad frente a responsabilidades de las empresas.

Hechos generalizados:

Desde la llegada de Unión FENOSA a Colombia hay disparado una alta Tasa de Morbilidad y Mortalidad, con trabajadores de planta, EL ULTIMO BERNARDO JIMENEZ AGRESOT  y de las empresas contratistas, además de las muertes de inocentes personas como lo sucedido en Cartagena en la madrugada del día  lunes 19 de Marzo de 2007, en el Barrio Villa Corelca, donde se electrocutaron 4 personas, en el Barrio Republica de Venezuela, el año pasado se electroctrocuto un Niño de 9 años, han implementado los trabajos propios de la Empresa con Personal Contratista con bajos salarios que ocasionan que no exista una mano de obra calificada, lo que ha ocasionado una alta tasa de accidentes de trabajo en los trabajadores Contratistas en Electricaribe y Electrocosta desde la llegada de esta Multinacional, (ver video adjunto), producto de estas políticas también han ocasionando tanto en las ocho ciudades Capitales como en las Zonas rurales muchos accidentes fatales a miembros de las comunidades, por citar algunos señalamos el  Accidente con una Línea de Alta Tensión (66.000.V) en el Barrio Ceballos en Cartagena, que mató a un menor de edad y dejó grave de quemaduras de tercer grado a 3 adultos, y en la misma línea de los abusos de los Extranjeros con este Pueblo con la complacencia del Gobierno de Turno, también en el Barrio el Pozón de Cartagena, se electrocuto un niño  de 11 años, le dijeron los representantes de la Empresa que cogiera 10 millones de pesos como indemnización y que no molestara mas.

De los cual hay un silencio cómplice del Ministerio de Protección Social, teniendo en cuenta que la mayoría de estos trabajadores tercerizados no tienen dolientes que denuncien estos graves hechos y le corresponde a ellos en representacion de el estado y como servidores públicos cumplir con la constitución y no permitir que se violen estos derechos fundamentales por una multinacional. Convenios  OIT Violados -155

Caso especifico Orlando Salazar
El señor Orlando Salazar comenta que el día 23 de Mayo de 2005 cuando trabajadores al servicio de Electricaribe realizaban el arreglo en un transformador de energía 220/110 ubicado en un poste identificado con el numero 06690 el cual se encuentra en la vía de donde esta ubicada la vivienda "Finca las Delicias" en la cual reside, él se encontraba en la casa con la expectativa de lo que estaba ocurriendo y a la espera de la restauración de la energía eléctrica. Manifiesta que una vez finalizado el arreglo los operarios procedieron a levantar la cañuela para regular el servicio luego se desplazaron a otro poste que estaba ubicado en el inicio de la trocha, el cual surte de energía al sector sin tener la precaución de verificar si el trabajo había quedado bien, al momento de llevar la energía a las casas, esta llego al parecer con una sobrecarga lo que produjo cortos en varios puntos eléctrico de la casa. El señor orlando Salazar se dirigió rápidamente a bajar los tacos de energía de la mencionada finca los cuales se encontraba ubicados en la columna izquierda de la fachada de la casa , recibiendo una fuerte descarga de energía eléctrica que lo desplazo a unos metros del lugar donde se hallaba ubicado causando lesiones que condujeron a la amputación de la mitad del antebrazo derecho y tres dedos del pie derecho (ver informe del Instituto de Medicina Legal) y al mismo tiempo dentro de la casa se presentaron cortos que quemaron algunos electrodomésticos. Ante esta situación el señor Orlando Salazar lleva a cabo una demanda contra la empresa quien hasta este momento no da respuesta alguna por lo ocurrido. Derecho violado: Derecho al Consumidor, incluyendo la Seguridad y la calidad de los productos. 


Acusación No  3
Precarización y subnormalidad del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe

Acusación presentada por RED DE USUARIOS.

Acusamos a la empresa ELECTROCOSTA, filial de la transnacional UNION FENOSA por la violación a los siguientes Derechos:

• Derecho a la vida
• Derecho a vivienda adecuada
• Derecho a una alimentación adecuada
• Derechos del consumidor incluyendo la seguridad y la calidad de los productos
• Derecho a acceder a la justicia, incluyendo el derecho a un juicio justo, la inmunidad frente a responsabilidades de las empresas.

20 barrios de Barranquilla, más de 24000 familias viven en la incertidumbre  generada por no contar con un servicio de energía óptimo y la continua suspensión a que son sometidos por la empresa, el servicio es precario a través de materiales artesanales, que representa un riesgo latente para la integridad de sus habitantes.

Algunas de estas comunidades tienen más de treinta años de ser fundadas y hasta ahora no disponen de un tendido eléctrico técnicamente adecuado. Muchos de ellos son instalados por ellos mismos.

El total de familias afectadas por este problema de subnormalidad, asciende a más de 279000. De los municipios de GALAPA, MALAMBO, PUERTO COLOMBIA, SOLEDAD, USIACURI, en el departamento del ATLANTICO: ARJONA, MAGANGUE, MAHATES, MARIALABAJA, MOMPOX, SAN  JUAN DE NEPOMUSENO, SANTA CATALINA, SOPLAVIENTO, TALAIGUA NUEVO, en el departamento de BOLIVAR; MONTERIA en el departamento de CORDOBA, RIOHACHA en el departamento de la GUAJIRA, CINCELEJO  en el departamento de SUCRE; CIENAGA Y SANTA MARTA  en el departamento de MAGDALENA.