DE LA UNITED FRUIT COMPANY a Chiquita Brands International, Cincinnati, Ohio, EEUU.

“Las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores, a las tierras le robaban el humus y a los trabajadores los pulmones, pero siempre habían nuevas tierras para explotar y más trabajadores para exterminar. Los dictadores, próceres de opereta, velaban por el bienestar de la United Fruit con el cuchillo entre los dientes”

1. TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A LOS PARAMILITARES EN COLOMBIA.
2. APOYO ECONÓMICO A GRUPOS TERRORISTAS

Chiquita Brands:
Filial en Colombia BANADEX S.A

Antiguamente conocida como United Fruit Company, Chiquita controla aproximadamente un cuarto de todo el comercio mundial del banano. Hasta hace poco Chiquita era la empresa bananera más grande del mundo. Chiquita cultiva en sus propias plantaciones en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Méjico, Colombia y Australia. La empresa también compra banano de los productores nacionales en la Costa de Marfil, Martinique, Honduras, Guatemala, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá Nicaragua. A pesar de que Chiquita ostenta más acuerdos con los sindicatos que sus competidores, su historial en materia de relaciones laborales en todos los países de América Latina ha sido notoriamente violatorio de los derechos de los trabajadores y comunidades que reciben la influencia de su presencia.

La United Fruit Company para el año de 1944 introduce al mercado la marca Chiquita, el personaje miss Chiquita y un jingle, en 1970 United Fruit se fusiona con AMK Corpotation de Eli Black y se convierte en United Brands Company, en el año 1990 cambio el nombre a Chiquita Brands Internacional, Inc. Y se lanzó Chiquita Brands South Pacific. Una mirada general que nos permita conocer de manera sucinta a esta empresa.
La chiquita controla aproximadamente un cuarto de todo el comercio mundial del banano, esta entre las dos más grandes empresas bananeras del mundo. En los cinco últimos años de la década de los noventa cedió una parte de su mercado a la DOLE.

Esta multinacional emplea cerca de 20.500 trabajadores a tiempo completo en la producción, cosecha, empaque y otras operaciones en sus  26.500 hectáreas de fincas bananeras en Latinoamérica 
Chiquita cultiva en sus propias plantaciones en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Colombia y Australia. La empresa también compra banano de los productores nacionales en la Costa de Marfil, Martinique, Honduras, Guatemala, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá y Nicaragua.

Precisamente la multinacional decidió vender las fincas de su propiedad en Colombia la transacción se efectúo con la firma Holding de C.I. Banacol S.A. la cual aceptó pagar 28.5 millones de dólares en efectivo, 15 millones en papeles de deuda y hacerse cargo de 8 millones de dólares en deudas jubilatorias de la productora y el puerto.

Así mismo Chiquita aceptó comprar 11 millones de cajones de banano Colombiano por año, alrededor de 9% del volumen global de la empresa.

Para el segundo trimestre del 2003, la empresa ganó 47.5 millones de dólares de sus operaciones, lo que equivale a 1.19 dólar por acción. Según el representante de la empresa esta venta le da mayor flexibilidad ya que sus propias plantaciones se reducen al 35% y el resto de la producción prevendrá de cultivadores independientes.

Sus fundadores en los países donde tenían cultivos hicieron unas grandes inversiones en infraestructura, especialmente en ferrocarriles para transportar la fruta hasta los puertos donde se embarca para su exportación especialmente hacia los Estados Unidos. Pero para que esta multinacional exista, se dieron diferentes pasos hasta llegar a la fusión de dos de las principales empresas en la producción y comercialización de banano; veamos un poco sus antecedentes.

“La Boston Fruit Company, con su producción en las islas del Caribe y su organización de distribución de la fruta en el mercado del noreste de Estados Unidos, trabajaba un sector del país enteramente diferente del que Keith manejaba. La fruta de este último procedía de Centro América y Colombia y se distribuía desde Nueva Orleáns y Mobile por todo el sur. Sin embargo, ambos vieron la necesidad de aumentar la producción y lograr un sistema de ventas más eficiente. Ambos habían sido victimas de inundaciones, sequías, huracanes y disturbios políticos. Se dieron cuenta de que una afluencia constante y ordenada de fruta de los trópicos sólo podría obtenerse extendiendo su base de producción de manera que al ocurrir cualquier desastre local éste pudiera contrarrestarse con una buena cosecha en otro punto. Estas fueron las naturales y lógicas razones por las cuales estos dos grupos de compañías bananeras que no eran competidoras celebraron sus negociaciones y se consolidaron en una sola entidad, la United Fruit Company.”

La United Ftuit Company se incorporó oficialmente el 30 de marzo de 1899 bajo estatutos aprobados y reglamentados por las leyes del Estado de Nueva Jersey. Posteriormente compro las propiedades, negocios y acciones a la Boston Fruit Company y sus compañías asociadas, también adquirió las propiedades de la Tropical Trading and Transport Company, Ltd., la Colombia Land Company, Ltd., y la Snyder Banana Company.

La nueva compañía tenía 112 millas de ferrocarriles, 212.394 acres de tierra, de las cuales 61.263 estaban en producción, un capital de $11`230.000 que para 1930 ascendía a $215`000.000. Compró tierras en Santo Domingo, Honduras, Guatemala, Panamá y Cuba y extensiones adicionales en Nicaragua Jamaica Y Colombia. Donde los precios de las tierras eran excesivamente bajos y los gobiernos les facilitaron grandes extensiones de tierra virgen con tal de conseguir de la compañía ferrocarriles y medios portuarios.

Todo esto genero un clima propicio para que tanto al U.F.C como muchas otras multinacionales pusieran sus ojos en Colombia, dando así paso a la industrialización y la urbanización del país, grandes masas de campesinos se desplazaron hacia las ciudades que empezaban a tomar la característica de metrópoli, las multinacionales imprimieron un nuevo sello a las relaciones laborales y a la concepción de comercio que hasta ese entonces primaba. La eficiencia, la competitividad y el aumento en la tasa de ganancia serían la base fundamental de estas empresas en el país, y para lograr todo esto era necesaria la disminución de costos de producción, léase mano de obra y materias primas.

Antecedentes y Contexto

Lo sucedido en Cienaga, magdalena, en diciembre de 1928 es un acontecimiento de magnitudes profundamente impactantes que redefine la historia del país y la certeza de un suceso que ha sido profundamente doloroso para el país, que se convierte en hito de la relación que existe entre el capital extranjero y los territorios en los que actúa.
 
Este hecho no aislado, es producto de condiciones estructurales en las que se genera un tipo particular de relaciones sociales, transformaciones en las dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas así como relaciones entre los trabajadores y la empresa, todo en una estrecha interacción con el desarrollo de la economía mundial.

El enclave, como figura político-económica pretende precisamente extraer los recursos en la menor cantidad de tiempo en una zona que se aísla generalmente de los circuitos económicos locales y mundiales. Produce relaciones específicas entre los habitantes de la región, los trabajadores y la compañía o compañías de la zona. El caso de la conocida masacre de las bananeras, como producto del enfrentamiento entre los trabajadores y los intereses extranjeros, supone un tipo particular de procesos históricos que desembocan  en la violenta represión que es ya tan conocida. Aquél acontecimiento se convierte en un hito que abre toda una serie de conflictos constantes entre la empresa y el territorio  en el que actúa, no solo en lo que se refiere a los cultivos sino en general a la explotación de recursos en una zona.

La tensión constante entre  trabajadores, habitantes y la empresa se proyecta en el tiempo y esto sucede primordialmente porque las condiciones para la explotación de recursos en zonas configuradas como enclave, requieren del aseguramiento del área y de la pacificación de la misma, es decir, de asegurar el orden y mantener dentro de lo requerido a las poblaciones que se relacionan con el entorno.

La necesidad de articular regiones aisladas al mercado mundial a partir de la extracción de sus recursos, pasa por la negación de las formas sobre las cuales históricamente se han construido las relaciones económicas y culturales de determinados grupos y regiones. Esa dificultad que se tiene para entender dichas experiencias es la que imposibilita la discusión y propone de inmediato la dominación como forma más efectiva de transformación. De ahí que se generen mecanismos de pacificación y ordenamiento según los patrones exigidos por el Estado y los proyectos económicos que persigue.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que el estallido de protesta obrera en las bananeras en 1928, obedece fundamentalmente a las condiciones que comienzan a implantarse desde finales del siglo XIX con relación al mercado mundial y la necesidad de abastecer países, con lo que se genera la figura del enclave. Para entonces, el banano en la zona redefine las características ambientales, el paisaje, las relaciones sociales y las dinámicas políticas, lo que hoy sucede con otros monocultivos que se imponen a sangre y fuego en el país como la Palma Africana cuya situación en particular será objeto de una de las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos.

La empresa pagaba a los obreros por trabajo cumplido y no por salario, permitiéndole afirmar que a pesar de producir millones de bananos por año, no tenía trabajadores. Ese sistema era considerado una forma de explotación que beneficiaba ampliamente los intereses de la compañía, sumiendo cada vez más a los trabajadores en condiciones de sujeción y desigualdad. Esa situación se fue agudizando hasta el punto que exacerba con los años un sentimiento generalizado de desigualdad que se evidencia en la huelga. A todo esto es necesario sumarle un descontento generalizado de los comerciantes y cultivadores nacionales con la empresa, además de las condiciones por las que comienza a pasar el país desde 1920. los precios del banano y las ganancias, que en principio para los cultivadores nacionales parecían ser favorables, empiezan a tener saldos negativos que generan cierto malestar .

La situación política, que seguía abriendo brechas entre liberales y conservadores, tampoco era la más apta para generar un clima estable en la zona. Además de esto, la creación paulatina de organizaciones obreras que buscaban establecer vínculos de solidaridad y posibilidad de ayudar entre los obreros, se une a la creación de asociaciones campesinas que pretenden hacerle frente a los objetivos de la empresa. Los trabajadores elaboran un pliego de peticiones con nueve puntos que buscaban el reconocimiento de su condición como pertenecientes a la empresa, reclamando los derechos que consideraban eran básicos para su existencia y como fundamentales dada la condición de estar trabajando para la United.

Según Le Grand los conservadores veían con alarma cualquier acción independiente por parte de los obreros, la movilización y las organizaciones que se gestaban en toda Colombia. Por eso, en el momento en que se gestó la huelga,  la respuesta fue militar, comenzando con una orden del ministro de guerra para mover tres batallones a la zona. La actitud intransigente emergía como la oficial en el gobierno, aún cuando algunos sectores abogaban por la necesidad de la negociación .

Los vagos intentos por realizar una negociación se fueron desvaneciendo con el tiempo, mientras para los militares se acrecentaba la certeza de que los obreros eran revolucionarios que no permitían el control de la situación, que agudizaban la zozobra que se venía viviendo en la zona. Esa situación tensionante en la que se desarrolló la huelga se cristalizó trágicamente cuando posterior a los constantes fracasos de la oficina general del trabajo por romper la protesta, se decreta la ley marcial y se decreta al general Cortés Vargas como jefe civil y militar.

En su discurso, Gaitán hace énfasis en el como el gobierno conservador termina por apoyar una empresa extranjera encarcelando a su propia gente, en una práctica que se puede caracterizar como fundamentalmente antinacionalista, donde el Estado había negado a los ciudadanos la posibilidad de existir como tales, refutando sus exigencias al mostrarlos como comunistas y revolucionarios para deslegitimar sus exigencias.

Gaitán enfatiza el hecho de la masacre como un crimen que pone en evidencia la explotación de los recursos como un ejercicio de dominación con fines de extracción de recursos y generación de capital para favorecer ciertos intereses específicos .

Ahora bien, se puede afirmar que el ejercicio de asegurar y pacificar la zona , es decir, la necesidad del Estado y las empresas para controlar e imponer un tipo de ordenamiento en un territorio con el fin de permitir  la explotación de los recursos de la manera mas rápida posible, no se limita en ningún caso exclusivo a las bananeras y tampoco a las tres primeras décadas del siglo XX, sino que realmente se proyecta en el tiempo hasta la actualidad y se reproduce casi de forma invariable en sus bases en el resto de procesos de extracción basados en el enclave a lo largo y ancho del país.

Los diferentes procesos extractivos   mantienen esa búsqueda por hacer de la región una zona segura, un lugar que pueda ser aprovechado efectivamente en la extracción de recursos naturales, supeditando los intereses, las necesidades y las perspectivas de los habitantes y personas del lugar, a los intereses, necesidades y perspectivas de las dinámicas económicas del mercado, que se erigen desde finales del siglo pasado como a la manera de estructuras que buscan estructurar ya no solo la economía sino la vida de las personas en diferentes regiones del mundo.

ACUSACIÓN 1.

Tráfico de armas:

El 5 de noviembre de 2001 se desembarcaron e introdujeron al territorio tres mil (3.000) fusiles AK 47 y cinco millones (5.000.000) de cartuchos calibre 5,62 mm, para los mismos, arsenal transportado en un barco de bandera Panameña.  El desembarco se produjo en el puerto de Zungo, específicamente en los patios de la empresa BANADEX S.A, filial en Colombia de la Transnacional Chiquita Brands, lugar de donde partieron las armas en catorce camiones con destino a los paramilitares de Córdoba y Urabá.

Meses más tarde, el reconocido jefe paramilitar en Colombia, CARLOS CASTAÑO GIL, responsable de innumerables crímenes de lesa humanidad contra miembros del pueblo colombiano, refirió a la prensa escrita que la introducción al país del mencionado cargamento constituía el mayor logro de su organización.

Al respecto ha dicho la fiscalía en Colombia:  :

“el acontecer delictual emerge al mundo de los fenómenos cuando por el puerto de Zungo (Carepa) se desembarcaron e introdujeron al territorio tres mil (3.000) fusiles AK 47 y cinco millones (5.000.000) de cartuchos calibre 5,62 mm, para los mismos, arsenal transportado en la motonave Otterloo de Puerto Veracruz  (México) transportando 23 contenedores con mercancía consistente en pelotas plásticas para la firma inversiones Banoly, fleteadota del barco con domicilio en Turbo (Ant) embarcación que de viaje hacia el sur del continente con destino al referido puerto colombiano, arribó a costas nicaragüenses  para allí cargar el arsenal señalado en 14 contenedores de los 23 contenedores que llevaban pelotas plásticas, es decir, hubo un cambio de pelotas por armas y municiones trayendo como documentos no solo los referentes a los elementos plásticos sino relativos a una supuesta compra de armas de la Policía Nacional de Panamá a su homóloga de Nicaragua, ello en previsión de interceptaciones en aguas internacionales.  Fondeada la nave frente a Turbo se descargó la totalidad de contenedores en bongos e ingresó  el material bélico a territorio nacional por el puerto de Zungo en Carepa (Ant) descargándolo en una bodega de la firma BANADEX, como si se tratara solo de pelotas plásticas donde los servidores públicos de la DIAN encargados de manejo de trámites y controles legales de la importación y arribo a Colombia d mercancías y de la nacionalización , etc, pasaron inadvertidos esos géneros como que se trata de armas y municiones de uso privativo de la fuerza pública y no en mínima cantidad, los que fueron a parar a manos de grupos ilegales de los que operan en nuestro país, más concretamente a las autodefensas unidas de Colombia AUC.  Una vez surtido el trámite aduanero, los receptáculos que supuestamente tenían solo pelotas plásticas, fueron embarcadas en camiones que salieron con rumbo a los departamentos de Córdoba y Antioquia”

En el 2004 el mismo ente investigador dijo: “Pero además de los servidores de la DIAN, estuvieron en los patios de BANADEX S.A, como así lo señalan los inculpados en sus versiones sin juramento y aparece en la documentación correspondiente, el señor JH (se obvia el nombre por haber sido beneficiado con preclusión de la investigación) en representación de BANADEX S.A, LAChA y EJSC en representación de los dueños de la mercancía (fl 112 y ss cc) existiendo documentación en la cual se hace constar que ChA estuvo gestionando ante BANADEX S.A lo concerniente a la importación a nombre de NSC representante legal de BANADEX S.A y fue la persona que coordinó la salida del arsenal en 14 camiones que tenían dispuestos para el efecto los que llegaron a su destino final, los grupos paramilitares que operan en los departamentos de Antioquia y Córdoba  (fls 54 y ss cc4).

CONTRA QUIEN LAS ARMAS?

En el esquema económico que busca imponerse en la región, Uraba es considerada como “la mejor esquina de América” como ejemplo y modelo de pacificación y modelo de resolución de conflictos; modelo que se basa en el aniquilamiento del contrario como forma de resolver cualquier problema o deuda que se tenga. También el arrasamiento de cualquier forma de oposición a ese modelo, ya que no se tienen los suficientes argumentos para poder resolver por una vía pacifica entonces se tiene que recurrir a estos hechos inusuales, que fue el ejemplo dado por los empresarios y el Estado en todo el Uraba y el Magdalena Medio.

Caso especial es el del Urabá Cordobés ya que esta zona ha estado desde hace muchos años despejada para el paramilitarismo, para su libre actuar y su libre caminar y donde el Estado ha entregado prácticamente el manejo de esta parte del país a los empresarios, los terratenientes, los narcotraficantes y al paramilitarismo en lo que se ha convertido en una alianza perversa de muerte y terror. Y donde se evidencia claramente el actuar conjunto entre militares y paramilitares, donde se comprueba que el proyecto paramilitar es una política de Estado, que el paramilitarismo nace en las entrañas del Estado y precisamente por eso lo favorece y lo acoge en su seno como uno de sus hijos más predilectos.

Por su parte ese mismo proyecto se visualizo y practicó en el Urabá Chocoano, donde existe una de las reservas más importantes de biodiversidad mundiales, en donde los empresarios de la palma Africana pusieron su mira para explotar y expoliar todos estos inmensos recurso y sin importar el grave daño causado al medio ambiente y especialmente a los suelos los cuales después de este proceso quedan desérticos y erosionados, en lo que constituye un crimen ambiental de inmensas proporciones.

Comunidades enteras afro Colombianas han sido desplazadas  de sus tierras, un ejemplo elocuente es Pavarandó donde esa urgencia de sacar a la gente de sus propiedades llevó a que empresarios de la palma a valerse de lo que fuera, llámese expulsiones vía actos judiciales o vía militar. En Vagirá donde la oligarquía Antioqueña en su afán de poder podemos decir que le robo esta zona al Uraba Cordobés para ir preparando el terreno de lo que hoy es la mejor esquina de América.

Esta mejor esquina se ha logrado gracias a una política de muerte y terror, la época de mayores muertes, masacres y desplazamientos se presento entre los años 1993 a 1998 es decir cinco años donde la población presenciaba a diario muerte por donde quiera se estaba, el ambiente era de terror, coincidencialmente o mejor estratégicamente en este periodo de la historia el departamento de Antioquia se convirtió en el departamento con la más alta tasa de homicidios y masacres en el país. Precisamente cuando el gobernador era el hoy presidente de la republica Álvaro Uribe Vélez.

Su política basada en las cooperativas de vigilancia privada, mejor conocidas como “Convivir” que se iniciaron en Antioquia en 1995 y posteriormente se extendieron a otros departamentos del país, a las que Uribe calificaba como entes de beneficio comunitario y de seguridad de la población se convertirían en el espacio perfecto para materializar la alianza empresarios, Estado, narcotráfico. Donde la frontera entre la fuerza pública y el paramilitarismo desaparecía. Y quien quisiera conformar su propia asociación no se le interponía ningún tipo de traba.

“En Antioquia prácticamente cualquiera que tenga 80 millones de pesos- terrateniente, empresario, paramilitar, narco- puede ir a una oficina en el edificio de la Gobernación donde un coronel del Ejercito le indica como formar su propio ejercito privado… en la actualidad, la gobernación reconoce la existencia de 56 convivir en el mismo número de municipios, pero el Instituto Popular de Capacitación (IPC), de Medellín calcula 70, 14 de ellas sólo en Medellín -6 de ellas en el centro-.”

No obstante lo demostrado esta política no se detuvo, sino que por el contrario se generalizó y con la anuencia del gobierno nacional estas asociaciones o cooperativas se extendieron y se puede decir que se le salieron de las manos al gobierno y se aprestaron a conformar ejércitos al servicio del narcotráfico, los terratenientes  y las corporaciones multinacionales quienes mostraban su simpatía por estos grupos.

“Aunque el epicentro del paramilitarismo es Córdoba y el Urabá Antioqueño, feudos de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, tiene una base social que empieza a extenderse a toda Antioquia de la mano de un gobernador tan atractivo como para contrarrestar el reino de la imagen el poder sin freno de sus protagonistas.
 En teoría, se establecen fronteras entre las Convivir y los grupos paramilitares, pero sus campos de acción coinciden o se complementan. Además, de los 56 municipios donde le periódico El Mundo del pasado 17 de noviembre ubicó a las Convivir del Departamento, 48 forman parte de los 88 municipios (Antioquia posee en total 124) donde los narcotraficantes han comprado tierras… una total contrarreforma agraria. Esto coincide con el hecho de que en las principales zonas de cultivos ilegales en el departamento hay presencia de grupos paramilitares.
  La ubicación de las Convivir en zonas de megaproyectos como las tierras por donde pasaría un ferrocarril extrarápido que conectaría la zona de Urabá con el centro del país, hidroeléctricas y el mismo canal interoceánico, hace pensar que estas son parte del rompecabezas estratégico que se esta tramando en la región con miras al siglo XXI.”  

El “Plan Retorno” se hacía efectivo de esta manera, no se trataba pues de un plan de reforma agraria para los campesinos menos favorecidos, mucho menos de un plan de retorno de las familias desplazadas. Todo lo contrario se configuró una perversa estrategia de contrarreforma agraria y de usurpación de bienes contra los pobladores menos favorecidos, quienes ante la situación de emergencia humanitaria presentada en la región tuvieron que abandonar sus bienes y huir con la esperanza de salvaguardar sus vidas.

El 9 de marzo de 2004 el Fiscal General de la Nación, Luís Camilo Osorio Isaza, precluyó la investigación que se adelantaba contra el general en retiro Rito Alejo Del Río Rojas, por conformación de grupos paramilitares y otros delitos. Con este hecho se enterró el proceso y de paso se le quito a las victimas de este siniestro personaje la posibilidad de obtener justicia. Además se comprueba una vez más que sin importar la cantidad y calidad de las pruebas aportadas, estas no fueron tenidas en cuenta por el fiscal, otorgándole beneficios de preclusión por todos los hechos que se le acusaba, cobijando con el manto de la impunidad a este general y todos los funcionarios y demás personas vinculadas a estas masacres.

Este panorama pretende mostrar cual ha sido el accionar histórico del Estado Colombiano contra la población y para favorecer intereses de terratenientes y multinacionales y por supuesto el propio. Ahora veremos como se han beneficiado las multinacionales de todas estas masacres que han exterminado las organizaciones sociales, sindicales y a la población en general. Pero como estas no han sido ajenas al conflicto ni mucho menos al terror de Estado se pretende mostrar como la United Fruit Company, posteriormente Chiquita Brands y ahora Banadex acepto públicamente haber financiado grupos paramilitares en la región de Urabá en la época en la cual se perpetraron estas horrendas masacres.

QUIENES LOS ENJUICIADOS:

Han sido procesadas diversas personas que tuvieron relación con el material bélico entre la llegada de la mercancía a los Patios de Banadex y su arribo a los camiones que partían con destino a los paramilitares.  Hasta allí las responsabilidades.

No ahondaré en lo que significa el paramilitarismo como estrategia de estado y mecanismo armado para perpetuar el statu quo de injusticia y desigualdad mientras fortalece el poder económico y político  en manos de unos pocos en detrimento de los intereses de la mayoría de los colombianos, como tampoco en el grave proceso de impunidad que se adelanta en la actualidad para favorecer con el olvido y la injusticia los crímenes de estos grupos de ultraderecha mientras sus víctimas, miles de Colombianos y colombianas, ni siquiera han tenido la posibilidad de llorar la pérdida de sus seres queridos, de sus líderes de sus cuadros políticos, porque hasta el duelo se les ha prohibido; y no me detendré en estos medulares aspectos por cuanto la importancia de su análisis ha merecido un acápite especial en esta audiencia que de manera pormenorizada abordará más adelante el abogado Reynaldo Villalba, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Resultó de tal magnitud la operación delictiva que llevó a los patios de BANADEX S.A, lo repito para que retumbe en los oídos de las conciencias despiertas, TRES MIL FUSILES AK 47 y 5 millones de municiones calibre 5.62 para los mismos, que la fiscalía se vio en la necesidad de mantener abierto el proceso para ordenar que se ampliara la información referente a las siguientes personas que habrían tenido que ver con el tráfico mencionado:

SHIMON YELMEK, ciudadano israelí, comerciante de armas, presuntamente ubicado en Panamá, comprador real de las armas nicaragüenses a través de la CIA GIR S.A supuestamente para la Policía Nacional de Panamá.

MARCHO SREM, socio del anterior, quien colaboró en la compra de las armas nicaragüenses a través de ORI ZOLLER.

ITYURRIOS MACIEL, ciudadano mejicano y capitán de la nave Otterloo en el momento en que fue desviada con destino a Turbo (Ant).

Según informe presentado por el DAS el 6 de febrero de 2006, esta persona, capitán de la motonave recoge las armas y las municiones, “firma las planillas de embarque que registran como cargo 3.000 fusiles Kalashinikov y 5´000.000 de municiones 7.622 X 39 mm, tramita zarpe de la embarcación con destino a Colón Panamá desviándose al puerto Turbo Antioquia, lugar donde fueron descargadas las armas con destino al grupo AUC”

ORI ZOLLER, propietario y gerente general de la empresa de representaciones internacionales GIR S.A empresa distribuidora y vendedora de armas establecida en Guatemala desde 1996 y representante de las industrias militares de Israel, como agente organizó la transacción.

UZI KISSILEVICH, ciudadano israelí, socio de ZOLLER en GIR S.A, gerente general y exmiembro del ejército israelí.

CARLOS CATAÑO GIL, quien en entrevista con el diario EL TIEMPO del 30 de junio de 2002, refirió públicamente que la introducción al país del arsenal proveniente de Nicaragua fue el mayor éxito logrado por las AUC.

Como se ve, el procesamiento a las Transnacionales  implicadas, brilla por su ausencia.

ACUSACIÓN 2:

Financiamiento de grupos terroristas:

El 15 de mayo de 2004 la empresa Chiquita Brands, confesó en su país que había entregado dinero a un grupo terrorista en Colombia.

Al respecto, la prensa documento:
“Lo que era un secreto a voces fue oficializado este lunes: La bananera norteamericana Chiquita Brands admitió que había pagado a un grupo "terrorista" para dizque "proteger a sus empleados en caso de que los pagos no fuesen hechos". ¿Cuántas empresas más han financiado a los paramilitares? Es la pregunta que toda Colombia hace hoy.
La empresa no dice hace cuántos años financiaba al grupo y cuánto le pagaba. Tampoco dice cuál de los tres grupos como las FARC, ELN y la AUC, que son declarados en Estados Unidos como terroristas, fue el beneficiado por la multinacional bananera.
Suena insólito que una empresa norteamericana financiara a la guerrilla colombiana para proteger a los trabajadores bananeros. Sin embargo, todos los informes oficiales desde la mitad de la década del 90 hablan de que la insurgencia fue expulsada de la región de Urabá, donde se encuentra la mayoría de las fincas de Chiquita.
Entonces queda un grupo, que son las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este grupo sí tiene su cuna en Urabá y el departamento de Córdoba, de donde son los hermanos Fidel y Carlos Castaño, fundadores del principal grupo paramilitar.
¿Los gerentes no tenían conocimiento de "los Mochacabezas"?

La explicación de Chiquita Brands suena aún más extraña:
"La revelación voluntaria al Departamento de Justicia fue formulada porque la administración de la compañía se enteró (en abril 2003, cuando fueron declaradas las AUC por EU como grupo terrorista. Las FARC y ELN fueron declarados en 1996, nota el redactor) que esos grupos habían sido designados como organizaciones terroristas bajo un estatuto estadounidense que convierte en un crimen respaldar esa clase de organizaciones".
¿Es decir que los gerentes de Chiquita no tenían idea de que los paramilitares tenían o tienen grupos como "los Mochacabezas", que en Urabá eran conocidos por cortarle al trabajador bananero la cabeza para después jugar fútbol o practicar polígono?
Habría que preguntarse qué hacían los gerentes de esa empresa durante esos años, si no sabían de las matanzas que mancharon toda la región de Urabá de sangre? No, se despertaron cuando sus autoridades en Estados Unidos firmaron el decreto afirmando que los paramilitares son terroristas.
Durante la década del 90 fueron asesinados mil militantes de la izquierda colombiana en Urabá, principalmente de la Unión Patriótica, donde gran parte de los asesinados eran trabajadores bananeros. Los paramilitares, en alianza con la 17ª Brigada del Ejército, según los organismos de derechos humanos y hasta un coronel de esa brigada, cometieron barbaridades contra la población civil. La región fue "pacificada" por el general Rito Alejo del Río, apresado por el departamento de derechos humanos de la Fiscalía pero liberado por el fiscal general de la Nación, Camilo Osorio, cuando éste asumió la jefatura de la fiscalía .
“El presidente de Chiquita, Fernando Aguirre, dijo durante una conferencia con analistas que la compañía está tomando la investigación "muy en serio," pero cree que es "manejable."

"Quiero destacar que este asunto solamente involucra a nuestra subsidiaria en Colombia," afirmó Aguirre”.

Y LAS AUTORIDADES QUÉ?

Un mes antes, el 14 de abril de 2004, el expresidente de Colombia César Gaviria Trujillo, para entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, presidió el evento de entrega del premio a Chiquita Brands por “responsabilidad social contra la pobreza y la corrupción”, presidiendo la gala para las Américas en la sede principal de la OEA en Washington.
 
Así fue publicado por Nelson Fredy Padilla para la revista cromos 4501 del 24 de mayo de 2004:
“Es un homenaje anual para premiar a las empresas más destacadas en programas de “responsabilidad social contra la pobreza y la corrupción”. La ganadora del galardón de Conciencia Ciudadana fue la multinacional Chiquita Brands, cuyo presidente Fernando Aguirre recibió una placa conmemorativa otorgada por la Fundación para las Américas, una entidad sinónimo de lucro respaldada por la OEA”.

Más adelante refiere: “el otro argumento de Gaviria es que “no podía saber con anticipación ni se me informó que Chiquita iba a hacer ese pronunciamiento posterior (el de los pagos a grupos ilegales)” sin embargo documentos de la propia OEA demuestran que el secretario general sabía del tema desde hacía tiempo. El principal es un informe emitido el 6 de enero de 2003 por su propia oficina en el que se detalla el contrabando de 3.000 fusiles desde Centroamérica hacia los grupos paramilitares de la zona de Urabá.

Concluye el reporte diciendo:

“La investigación de la OEA se inició luego de que el desparecido jefe paramilitar Carlos Castaño admitiera públicamente que había hecho su mejor gol al introducir los fusiles y cinco millones de municiones sin que sin que las autoridades fronterizas y portuarias lo impidieran. Nicaragua, Panamá y Colombia, los países utilizados para la operación ilegal, pidieron a la OEA, específicamente a César Gaviria, que esclareciera lo ocurrido el equipo investigador del caso, designado por el propio Gaviria, fue encabezado por el embajador de los Estados Unidos en Colombia Morris Busby y por un grupo de expertos, entre ellos el argentino Sergio Caramagna, actual delegado de la OEA para el proceso de paz con las AUC.
Aquí surge una nueva pregunta para el expresidente. Si ordenó y avaló el extenso informe ¿cómo decir que no sabía nada de la investigada relación entre Cuiquita y los grupos de autodefensa? “La investigación la hicimos, pero no tenía ni idea que Banadex es la filial de Chuiquita en Colombia. Yo no tengo porqué saberlo todo”, fue la respuesta de Gaviria.   

Y LA FISCALÍA?

Desde el momento mismo en que se conoció la confesión de la Chiquita Brands, y ante la respuesta a los periodistas del Fiscal General Luís Camilo Osorio en el sentido de que la entidad bajo su cargo adelantaría las investigaciones correspondientes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha solicitado insistentemente a la fiscalía informar la ubicación y estado actual del proceso , sin que hasta la fecha se nos haya respondido de manera cierta cuál es el proceso que las autoridades penales colombianas iniciaron para investigar el financiamiento a grupos paramilitares confesado por la Trasnacional Chiquita Brands.

Fue necesario interponer una acción de tutela el 2 de mayo de 2005 para que por lo menos se nos respondiera formalmente a los mencionados interrogantes; en el transcurso de la acción de tutela la Fiscalía manifestó que a raíz de nuestra solicitud enviaría la documentación a la seccional de Antioquia para que un fiscal de allí evaluara “la procedencia de iniciarla”.

Ante la insistencia en nuestro requerimiento, se nos ha manifestado que en relación con la confesión de Chiquita de financiamiento a los paramilitares se adelanta la investigación previa 2432, en oficio No. 1840 del Gaula Rural de Antioquia que menciona:

   “en respuesta a su solicitud llegada a esta agencia Fiscal el pasado 07 de octubre de 2005, e permito informar que en esta unidad GAULA se adelanta investigación previa Radicada con el número 2432 SIJUF 958.570, ofendido CHUIQUITA BRANDS INTERNATIONAL…”

Es decir señores jueces, como está de moda ahora en Colombia, el victimario se convierte víctima, los casos más graves de violaciones a los derechos humanos o no se investigan a no se juzgan o no se condena a quien corresponde; en todo caso, la impunidad se establece desde como regla, se convierte en ley, se entrona la injusticia.  

LO QUE DIRÍA LA EMPRESA EN SU FAVOR:

Aunque la Chiquita Brands podría hoy argumentar en su defensa el haber designado el pasado 17 de marzo de 2005  a su vicepresidente ejecutivo de asuntos gubernamentales e internacionales como jefe de responsabilidad corporativa (Corporate Responsibility Officer o CRO), dicen, con el fin de vigilar el cumplimiento de los estándares sociales, ambientales y éticos por parte de la empresa, así como la medición, verificación e información su desempeño en dichas áreas, el historial de esta transnacional en nuestro país y los vecinos centroamericanos en los que opera, así como su desprecio por los derechos humanos de sus trabajadores y los pobladores y habitantes de las áreas de influencia de accionar comercial, permiten dudar fundada y objetivamente de sus intenciones.

Diría que este nombramiento es producto del proceso que a finales de 2000/comienzos de 2001, y luego de diálogos multilaterales iniciados por la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA) y la Unión Internacional de Trabajadores Agrícolas (IUF-UITA) durante el año 2000.  Mencionará que fue la misma empresa la que le planteó a COLSIBA sentarse a negociar un Acuerdo Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores. Como resultado de una negociación San José de Costa Rica, COLSIBA, UITA y Chiquita Brands International firmaron un acuerdo marco internacional sobre los estándares mínimos y derechos sindicales. El acuerdo fue firmado interinamente por las tres partes el 11 de mayo, y luego oficialmente en Ginebra el 14 de junio en la presencia del Director General de la Organización Internacional del Trabajo. De manera significativa el acuerdo también aplica a los proveedores de Chiquita y el monitoreo de su cumplimiento está a cargo de un conjunto formado por miembros del sindicato y de la empresa. Además en Costa Rica, donde la persecución Sindical continúa prevaleciendo en las plantaciones de la empresa, se ha negociado un “Procedimiento especial de reconciliación”.

En septiembre de 2000, Chiquita publicó unilateralmente su propio Código de Conducta (sobre la responsabilidad social) sin consultar con anterioridad a los trabajadores de sus plantaciones. Por su parte dicho código faculta la formación de asociaciones de tipo Solidarista, fomentando de esta manera la tercerización en el trabajo que desempeñan sus empleados.

En septiembre de 2003 la empresa cerró cuatro plantaciones en Guatemala sin consultar a los sindicatos. En Costa Rica mantiene su política anti-sindicalista. En Nicaragua, los salarios han caído al nivel más bajo de toda la industria, a EEUU $1,20 por jornada.

Ha presentado lustrosos informes sobre la Responsabilidad Empresarial. El primero en 2001 estableciendo un nuevo estándar en la industria en materia de transparencia y rigurosidad; dos cualidades al parecer, no comunes entre las empresas multinacionales.

Tales actividades carecen de toda credibilidad en cuanto a la voluntad de acatamiento de los derechos humanos por parte de la Transnacional, precisamente porque es a finales de ese año  en que se introduce al país el cargamento bélico con destino a los paramilitares, que por lo menos, tuvo la anuencia de la empresa para que sus patios fueran el punto de contacto entre los contenedores de embarque y los camiones que posteriormente trasladaron las armas con destino a los paramilitares comandados por Carlos Castaño Gil.

Chiquita también anunció en el 2003 que todas sus fincas en Costa Rica habían sido certificadas conforme a la norma voluntaria SA8000 de la organización SAI (Social Accountability Internacional). No obstante, el historial de SAI con relación al monitoreo del cumplimiento de estándares laborales mínimos, como los Convenios 87 y 98 de la OIT (que garantizan el derecho a la libertad sindical y a la negociación Colectiva), es totalmente cuestionable, especialmente cuando en muchas de sus fincas los derechos laborales, de negociación colectiva y asociación son meras expectativas de los trabajadores.
También, a comienzos de los noventa, Chiquita inició relaciones con la organización ainforest Alliance, con sede en los Estados Unidos, para certificar plantaciones conforme al proyecto creado por ellos para un mejor banano (véase Alternativas para el futuro). En noviembre de 2000, Chiquita anunció que todas sus plantaciones de América Latina habían sido certificadas conforme a los criterios de dicho proyecto. Sin embargo, evidencia testimonial en algunas fincas demuestra que los trabajadores no estaban enterados de ello. Si bien se han realizado mejoras, la empresa podría hacer mucho más especialmente en materia de salud y seguridad ocupacional. En este sentido surgen fuertes interrogantes respecto a la estrecha relación tiene la empresa con la organización certificadora.

Por otra parte, con el fin de fortalecer su presencia en el mercado mundial, mantiene una estrecha relación con el gobierno de su país, ha donado fuertes gigantescas sumas de dinero a ambos partidos demócrata y republicano, con lo cual ha acentuado su influencia sobre el gobierno lo que ha sido documentado por diversos medios de información. Los acuerdos hechos por la UE en el 2001 con EE.UU. y Ecuador le han permitido a Chiquita recuperar parte de la participación en el mercado que había perdido en 1993 cuando el régimen de la UE fue implementado por primera vez aunque ahora aboga por restricciones que se impongan a otros países como el Ecuador que produce el banano más barato.

Sin duda alguna, suscribir compromisos de ética o responsabilidad corporativa está de moda entre las transnacionales, especialmente aquellas en quienes recae el peso de graves acusaciones por violación a los derechos humanos, para mejorar su imagen y de paso eludir el peso de su responsabilidad. Convierten lo que es obligatorio en voluntario, en meras cartas de intenciones que tampoco están dispuestas a cumplir.

Solicitud especial al Tribunal Permanente de los Pueblos:

Este tribunal de justicia por los pueblos y desde los pueblos, absolutamente legítimo y legitimado por esta audiencia debería preguntar a la administración de justicia en Colombia ¿qué ha pasado con las investigaciones que desde hace mucho tiempo debió realizar y terminar para enjuiciar a las Empresas Trasnacionales por sus vínculos con los paramilitares, por su complicidad en las violaciones a los derechos humanos que sufre la mayoría del pueblo colombiano, por sus crímenes contra la paz y el derecho que tienen los colombianos a ella, porque exacerban la guerra, de ella se nutren como monstruos voraces, ávidos de sangre que cual rey Midas, bien saben convertirla en oro.