Leo W. Gerard
Presidente Internacional
UNITED STEEL WORKERS
UNIDAD Y FORTALEZA PARA LOS TRABAJADORES
22 de febrero de 2008

Honorable Nancy Pelosi
Presidenta de la Cámara de Diputados
Cámara de Diputados de EE. UU.
Washington, D.C. 20515

Honorable Harry Reid
Líder de la Mayoría del Senado
Senado de EE. UU.
Washington, D.C. 20510

Ref.: Delegación de la AFL-CIO en Colombia

Estimados Presidenta Pelosi y Senador Reid:

Les escribo con respecto a la visita reciente a Colombia de la delegación de la AFLC-CIO. Aunque lamentablemente no pude viajar a Colombia debido a un problema de salud urgente, el Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos (USW) estuvo representado en esta oportunidad por Dan Kovalik, consejero general adjunto, quien tiene vasta experiencia en la situación laboral de Colombia, ya que ha realizado catorce viajes a ese país en los últimos años. A su regreso, el Sr. Kovalik me presentó un informe pormenorizado.

La delegación sindical se reunió con los líderes y varios miembros de las tres principales confederaciones sindicalistas de Colombia (CUT, CGT y CTC), que en conjunto representan aproximadamente a 217.000 trabajadores, y también, con representantes de la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC). No obstante las intimaciones en contrario recibidas de algunos miembros del Congreso de EE. UU., estas cuatro confederaciones se oponen unánimemente al Tratado de Libre Comercio de Colombia. Los miembros de la delegación de la AFL-CIO descubrieron las razones durante su visita.

Los representantes de los sindicatos colombianos relataron cómo las organizaciones obreras están desapareciendo en el país, como resultado de la violencia manifiesta antisindicalista y de las maniobras legales llevadas a cabo por el gobierno actual de Uribe. En consecuencia, apenas 60.000 de los 18 millones de trabajadores colombianos (menos del 1%) están protegidos por un contrato laboral.

Con respecto a las maniobras “legales” antisindicales, la administración de Uribe, en clara violación de las normas laborales clave de las Convenciones 87 y 98 de la ILO (convenciones que Colombia ratificó), ha despojado a miles de trabajadores de sus derechos de negociación mediante una legislación que niega a los trabajadores del sector público el derecho a negociar colectivamente; postergando, negando y quitándoles injustificadamente el registro de sindicatos, negándoles el derecho a negociar a los trabajadores temporarios y de cooperativas, al igual que a los subcontratistas; permitiendo la creación de listas negras que comprenden a sindicalistas y a sus seguidores; y negando el derecho a huelga a muchos trabajadores, incluidos nuestros compañeros trabajadores sindicalistas de la industria del petróleo. Con respecto a este último tema, el congresista Wilson Borja explicó a la delegación sindical que la administración de Uribe rotula como “esenciales” a muchos segmentos de la economía, como el petróleo y otras industrias de extracción, y por lo tanto, los ha declarado inmunes al derecho legal a la huelga.

Y además, los relativamente pocos trabajadores que todavía están protegidos por los contratos laborales son blanco de asesinatos. En resumen, en Colombia quedan muchísimos menos trabajadores sindicalistas que asesinar, pero todavía siguen aniquilándolos. En lo que va del año, ya fueron asesinados cinco (5) sindicalistas.

Aunque no puedo relatar todas las historias conmovedoras que escuchó la delegación acerca de vidas destruidas por los continuos atentados antisindicalistas, quiero hacerles llegar al menos una muestra de tales historias. Por ejemplo, algunos miembros, muchos de los cuales eran mujeres, del sindicato Sintraemcali (el sindicato de los trabajadores municipales de Cali) hicieron un largo viaje en ómnibus sólo para tener la oportunidad de reunirse con la delegación en Bogotá. Estas personas formaban parte de un grupo de 51 sindicalistas activos, que fueron despedidos en represalia por haber desafiado el plan del Presidente Uribe de privatizar los servicios públicos de Cali y en consecuencia, destruir al sindicato Sintraemcali. Estos trabajadores, ahora sin sus medios de subsistencia, relataron con lágrimas en los ojos cómo enfrentan su problema de sobrevivencia y a su vez, siguen luchando por sus puestos de trabajo a través del Ministerio de Protección Social. Mientras tanto, en el transcurso de esta lucha antiprivatizadora, varios miembros de Sintraemcali han sido asesinados y otros han sufrido secuestros, exilios, arrestos y encarcelamientos. Los arrestados y encarcelados fueron acusados de “terrorismo” por el estado, cargos que luego quedarían sin efecto por falta de pruebas. (A continuación, más sobre el estigma del que son objeto los sindicalistas por parte del estado.)
Vale la pena destacar que los líderes del sindicato Sintraemcali, así como uno de sus principales aliados en el Congreso, Alexander López (con quién también se reunió Dan Kovalik), fueron blanco de lo que se conoce como la “Operación Dragón”: un plan para “neutralizar” (palabra que en algunos casos significa asesinar) a los líderes sociales clave relacionados con la lucha antiprivatizadora en Cali. Según el Teniente Coronel (Re) Julián Villate, uno de los autores de este plan, éste recibió la aprobación plena del Ministerio del Interior del Presidente Uribe y la aprobación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia. Curiosamente, aunque los planes detallados de la “Operación Dragón” se encontraron en poder del Sr. Villate, él sigue trabajando para la empresa Drummond Coal Company en el estado de César. Mientras tanto, el congresista Alexander López sigue recibiendo amenazas de muerte; los 51 sindicalistas de Sintraemcali despedidos siguen desempleados; y de acuerdo con la oficina de la Fiscalía, Julián Villate fue el autor del complot para asesinar al Senador Gustavo Petro (quien también se reunió con la delegación) el año pasado.

En el transcurso del viaje, la delegación también se enteró a través de los sindicalistas de que los militares colombianos habían ingresado a Telecom para echar por la fuerza a 8.000 trabajadores de sus puestos de trabajo, después de que el Presidente Uribe liquidara ilegalmente, y por decreto, a esta compañía telefónica administrada por el estado. La delegación también escuchó acerca de la heroica lucha de los trabajadores del sector de la floricultura (que emplea a un total de 100.000 personas) para intentar organizarse en un sindicato, sólo para ser acallados por Dole Foods, que a fin de destruir la campaña de formación del sindicato, no escatimó esfuerzos y cerró su mayor plantación de flores.

Queremos señalar que Dole Foods todavía no recibió ninguna sanción después de haber sido acusada, con credibilidad, el año pasado de efectuar pagos frecuentes a la organización ilegal de paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En efecto, la Dole fue mencionada como la compañía que, en realidad, recaudaba los pagos de todas las compañías bananeras en Antioquia y los entregaba a las AUC. Esta relación entre las compañías bananeras y las AUC es importante cuando se considera al Tratado de Libre Comercio (FTA) de Colombia, que tal cual está redactado beneficiará ampliamente a los grandes terratenientes, tales como las compañías bananeras multinacionales y a las organizaciones paramilitares, quienes han lavado el dinero de la droga a través de la compra de grandes extensiones de tierra.

La delegación se reunió también con varios líderes congresistas. Por ejemplo, con Orsinia Polanco Jusayu, la representante de los pueblos indígenas de Colombia, quién declaró su oposición al FTA, ya que considera que este tratado conducirá a que los pueblos indígenas pierdan más tierras a manos de las compañías multinacionales. La congresista Polanco también relató la extraña historia de un grupo de indígenas que el Presidente Uribe llevó a Washington DC el año pasado con el pretexto de que tendrían la oportunidad de exponer ante los representantes del Congreso los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia. Pero luego descubrieron que, en realidad, habían sido llevados a Washington DC para hacer lobby a favor del FTA, un tratado al que en realidad se oponen. Algunos de estos representantes indígenas regresaron anticipadamente a Colombia cuando descubrieron el motivo real del viaje.

Por último, deseaba comunicarles acerca de la reunión que mantuvo la delegación con el Presidente Uribe, una reunión en la que Uribe develó su verdadero y a la vez, contundente punto de vista con respecto a los sindicalistas de Colombia. Durante esta reunión, el Sr. Kovalik manifestó al Presidente Uribe la preocupación de la delegación con respecto al peligroso estigma que pesa sobre los sindicalistas impuesto por las empresas, el gobierno y los militares de Colombia. Durante esta conversación, el Sr. Kovalik describió una conversación que tuvo con un coronel de la Brigada 18 del Ejército de Colombia (Coronel Medina) muy poco después de que esta brigada matara a balazos a tres sindicalistas cerca de Saravena en agosto de 2004. El Coronel afirmó que sabía que su deber como oficial del ejército era proteger a los sindicalistas de la misma forma que al resto de los ciudadanos. Sin embargo, afirmó que, en realidad, muchos de los sindicalistas eran guerrilleros; una afirmación como esta, si bien es falsa, logra que los sindicalistas se conviertan en un blanco para los ataques de las fuerzas armadas.

Como respuesta, el Presidente Uribe contestó que todos los meses se reúne con sindicalistas y que muchos de ellos son de buen corazón. Sin embargo, al igual que el coronel, Uribe continuó su discurso con un significativo "pero". Comentó que cuando era estudiante (décadas atrás), se enteró de que una de las tácticas de los guerrilleros consistía en infiltrarse en el movimiento sindical y estudiantil y en la prensa. Luego, aseveró que, y en relación con lo dicho anteriormente, esos tres sindicalistas muertos en Saravena eran de hecho guerrilleros vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos guerrilleros de izquierda. El Sr. Kovalik discrepó abiertamente con el Presidente y señaló que, después de investigar, su propio fiscal general (Mario Iguarán, con quien también se reunió la delegación) había llegado a la conclusión de que eso era falso y de que, en realidad, la Brigada 18 les había colocado armas a los sindicalistas para que pareciera que habían muerto como rebeldes en un enfrentamiento armado. En respuesta, Uribe dijo que había ido a Saravena personalmente y que miembros (sin nombres) de la comunidad le habían asegurado que las tres víctimas eran, en efecto, miembros del ELN.

Además, durante esta reunión con la delegación, el Presidente Uribe intentó minimizar las muertes de los cinco sindicalistas asesinados durante este año (casi uno por semana) afirmando, como lo ha hecho tan a menudo, que todos habían muerto durante robos de poca importancia o peleas domésticas. A diferencia de lo que hizo su propio Fiscal General, Mario Iguarán, Uribe simplemente se rehusó a reconocer a la delegación que esos sindicalistas, como otros asesinados en Colombia, habían sido muertos precisamente porque eran sindicalistas.

Finalmente, los comentarios del Presidente Uribe revelaron precisamente por qué continúan las muertes de los sindicalistas, debido al estigma que pesa sobre ellos, impuesto por el gobierno colombiano, incluido el mismo Presidente.

Señora Presidente y Senador Reid, no encuentro palabras para expresarles cuán preocupados estamos acerca del destino de los trabajadores y sindicalistas de Colombia. Esta preocupación impulsa nuestra continua y enérgica oposición al Tratado de Libre Comercio de Colombia, una oposición que compartimos con las tres confederaciones sindicalistas de Colombia. Los exhorto, en nombre de los movimientos de trabajadores de Colombia y EE. UU., a continuar su gran labor para evitar que este tratado llegue alguna vez a ser votado en el recinto del Congreso. Muchas gracias.

Atentamente

Leo W. Gerard
Presidente Internacional
LWG/ctl

cc: Hon. Richard Durbin, Oficial Disciplinario de la Mayoría del Senado
 Hon. Edward Kennedy, Presidente, Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado
 Hon. Max Baucus, Presidente, Comité de Finanzas del Senado
 Hon. Steny Hoyer, Líder de la Mayoría de la Cámara de Diputados Hon. James Clyburn, Oficial Disciplinario de la Mayoría de la Cámara de Diputados
 Hon. Charles Rangel, Presidente, Comité Disposición y Medios de la Cámara de Diputados
 Hon. George Miller, Presidente, Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Diputados Hon. Sander Levin, Presidente, Subcomité de Comercio de la Cámara de Diputados

Ingles.

Leo W. Gerard
International President
UNITED STEEL WORKERS

The Honorable Nancy Pelosi
Speaker of the House
U.S. House of Representatives
Washington, D.C. 20515

The Honorable Harry Reid
Senate Majority Leader
U.S. Senate
Washington, D.C. 20510

Re: AFL-CIO Delegation To Colombia

Dear Speaker Pelosi and Leader Reid:

I am writing regarding the recent AFL-CIO delegation to Colombia. While I unfortunately was unable to go to Colombia as a consequence of an urgent health issue, the USW was represented on this trip by Associate General Counsel Dan Kovalik who has a great deal of experience with the Colombian labor situation, having traveled to Colombia fourteen times in recent years. I was thoroughly briefed by Mr. Kovalik upon his return.

The union delegation to Colombia met with the leaders and numerous members of all three major union confederations in Colombia – the CUT, CGT and CTC, which collectively represent around 217,000 workers – as well as the confederation of pensioners (the CPC). Despite intimations to the contrary by some members of the U.S. Congress, all four of these major confederations are unanimous in their opposition to the Colombia Free Trade Agreement. The members of the AFL-CIO delegation found out why on their trip to Colombia.

Representatives of Colombian unions told of how unions in Colombia are disappearing – both as a result of overt anti-union violence as well as legal maneuvers by the current Uribe Administration. Consequently, only a mere 60,000 out of 18 million Colombian workers (less than 1%) are protected under a labor contract.

In regard to anti-union “legal” maneuvers, the Uribe Administration – in clear violation of the core labor standards of Conventions 87 & 98 of the ILO (conventions which Colombia has ratified) -- has stripped thousands of workers of their bargaining rights by legislation which denies public sector workers the right to bargain collectively; delaying, denying and taking away the registration of unions without cause; denying the right to bargain to temporary and cooperative workers as well as to subcontractors; allowing the blacklisting of trade unionists and union supporters; and denying the right to strike to numerous workers, including our fellow union workers in the oil industry. As to this latter issue, Congressman Wilson Borja explained to the union delegation how the Uribe Administration is labeling more and more segments of the economy, such as the oil and other extractive industries, as “essential” and thus immune from the legal right to strike.

Moreover, it is those relatively few remaining workers who are protected by labor contracts who are being targeted for assassination in Colombia. In short, there are significantly fewer union workers in Colombia left to kill, but they are still being killed. Just this year, five (5) unionists have already been killed.

While I cannot recount all of the heart-wrenching stories the delegation heard about lives destroyed by the continuing anti-labor assault in Colombia, I wanted to at least give you a sample of such stories. For example, members of the Sintraemcali union (the union of the Cali municipal workers), many of them women, took a long bus ride just for the opportunity to meet with the delegation in Bogota. These individuals told the delegation how 51 of the most active unionists, including themselves, were fired in retaliation for their challenge to President Uribe’s plan to privatize the public services of Cali and to consequently wipe out the Sintraemcali union. With tears in their eyes, these workers related how they are now destitute and struggling to survive as they continue to fight for their jobs through the Ministry of Social Protection. Meanwhile, a number of Sintraemcali members have been assassinated in the course of this anti-privatization struggle, while others have been abducted, exiled, arrested and imprisoned. Those arrested and imprisoned were accused by the state of “terrorism,” only for those charges to be later dropped for lack of evidence. (More on that type of state stigmatization of unionists below.)

It is worth noting that leaders of the Sintraemcali union, as well as one of their chief allies in Congress, Alexander Lopez (with whom Dan Kovalik also met), were the targets of something known as “Operation Dragon” – a plan to “neutralize,” which in some cases meant to kill, key social leaders associated with the anti-privatization struggle in Cali. It turns out, according to one of the authors of this plan, (Ret.) Lieutenant Colonel Julian Villate, that this plan was fully sanctioned by President Uribe’s Ministry of the Interior as well as the DAS. Curiously, while Mr. Villate was found with the detailed plans of “Operation Dragon” on him, he remains at large, continuing to work for the Drummond Coal Company in the State of Cesar. Meanwhile, Congressman Alexander Lopez continues to receive death threats; the 51 fired Sintraemcali unionists remain unemployed; and, according to the Fiscalia’s office, Julian Villate was the author of a plot to murder Senator Gustavo Petro (who also met with the delegation) just last year.

In the course of the trip, the delegation also heard from unionists about how the Colombian military entered the offices of Telecom to forcibly eject 8,000 workers from their jobs after President Uribe illegally liquidated this state-run telephone company by decree. The delegation also heard about the heroic struggle of workers in the flower sector (which employs a total of 100,000 individuals) to try to unionize, only to be crushed by Dole Foods which went so far as to close its largest flower plantation in order to destroy the unionization campaign.

We note that Dole Foods has yet to suffer any sanction as a consequence of its being credibly accused last year of making regular payments to the illegal AUC paramilitaries. Indeed, Dole was named as the point company which actually collected the payments from all of the banana companies in Antioquia and passed them along to the AUC. This connection between the banana companies and the AUC is important in considering the Colombian FTA which, as written, will greatly benefit large landowners such as the multi-national banana companies as well as paramilitaries who have laundered their drug monies through the purchase of large tracks of land.

In addition to unionists, the delegation met with numerous Congressional leaders. For example, the delegation met with Orsinia Polanco Jusayu, the representative of the Indigenous Peoples of Colombia, who told of her opposition to the FTA on the basis that she believes this agreement will lead to the further loss of land by indigenous peoples to multi-national companies. Ms. Polanco also related the strange story of how a group of indigenous leaders were brought to Washington D.C. by President Uribe last year on the pretext that they were to tell  Congressional leaders about the issues confronting indigenous peoples in Colombia, only to find out that they were actually brought to Washington to lobby in support of the FTA – an agreement which they actually oppose. A number of these indigenous representatives left the trip early when they found out about the true purpose of the trip.

Finally, I wanted to tell you about the delegation’s meeting with President Uribe – a meeting in which Uribe revealed his true, and at the same time shocking, view of unionists in Colombia. Thus, during this meeting, Mr. Kovalik told President Uribe of the delegations’s concern about dangerous stigmatization of unionists by Colombian companies, the government and military. In the course of this discussion, Mr. Kovalik recounted a conversation he had with a colonel of the Colombian Army’s 18th Brigade (Colonel Medina) shortly after this Brigade shot and killed three trade union leaders near Saravena in August of 2004. The Colonel stated that he knew he was required as an army officer to protect trade unionists as he would all citizens. However, he claimed that many unionists were in fact guerillas – a claim which is untrue but which makes unionists fair game for attacks by the military.

In response, President Uribe said that he meets with unionists every month and that many of them have good hearts. Like the colonel, however, Uribe followed up this statement with a pregnant “but.” He said it was his experience as a student (decades ago) that a tactic of the guerillas was to infiltrate the union movement, the student movement and the press. Then, he claimed that, by the way, those three unionist killed in Saravena were in fact guerillas linked to the ELN (one of the left wing guerilla groups). Mr. Kovalik openly disagreed with the President, pointing out that his own attorney general (Mario Iguaran, with whom the delegation also met) had concluded after investigation,that this was not in fact true, and that the 18th Brigade had actually planted weapons on the unionists after the fact to make it look like they were insurgents killed in a gun battle. In response, Uribe said that he had gone to Saravena personally and that (unnamed) members of the community had assured him that the three killed were, in fact, members of the ELN.

Further, in the course of his meeting with the delegation, President Uribe attempted to downplay the murders of the five unionists killed so far this year (almost one every week) by claiming, as he so often has done, that they were all, in fact, killed in the course of petty robberies or in domestic disputes. Unlike his own Attorney General Mario Iguaran did, Uribe simply refused to acknowledge to the delegation that they, as the other unionists killed in Colombia, were killed precisely because they were trade unionists.

In the end, President Uribe’s comments revealed precisely why the murders of unionists continue – because of the stigmatization of these unionists by the highest ranks of the Colombian government, including the President himself.

Madame Speaker and Leader Reid, I cannot tell you how concerned we are about the continued fate of workers and unionists in Colombia. This concern drives our continued, vigorous opposition to the Colombian FTA – an opposition we share with all three trade union confederations in Colombia. I urge you, on behalf of the Colombian and U.S. labor movements, to continue your great work in preventing this agreement from ever coming to a vote on the floor of Congress. Thank you.

Sincerely
Leo W. Gerard
International President
LWG/ctl

cc: Hon. Richard Durbin, Senate Majority Whip
Hon. Edward Kennedy, Chairman, Senate Health, Education, Labor & Pensions
Hon. Max Baucus, Chairman, Senate Finance Committee
Hon. Steny Hoyer, House Majority Leader
Hon. James Clyburn, House Majority Whip
Hon. Charles Rangel, Chairman, House Ways & Means Committee
Hon. George Miller, Chairman, House Committee on Education & Labor
Hon. Sander Levin, Chairman, House Subcommittee on Trade