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AUDIENCIA PÚBLICA
POLÍTICA DE NESTLÉ EN COLOMBIA

DECLARACIÓN FINAL

El sábado 29 de octubre de 2005 tuvo lugar en Berna una audiencia pública sobre Nestlé en Colombia. Esta actividad fue organizada por Multi Watch, una organización constituida el 14 de marzo de 2005 por ONGs, organizaciones sindicales, organizaciones de cooperación, partidos políticos, grupos vinculados a la iglesia y movimientos antiglobalización. En esta ocasión representantes del Sindicato de la Industria de Alimentos de Colombia -SINALTRAINAL- han denunciado ante un Consejo de cinco personalidades, constituidas como un tribunal de opinión, cuatro situaciones particularmente significativas sucedidas en las fábricas de Nestlé en Colombia. Al final de esta audiencia el citado Consejo ha adoptado la declaración siguiente.

La audiencia se ha desarrollado desde las 9:00 hasta las 18:00 horas. Los miembros del Consejo eran Carlo Sommaruga, Rudolf Schaller, Carola Meier-Seethaler, Dom Tomas Balduino y Anne-Catherine Menétrey-Savary. La situación política y social en Colombia fue presentada por Miguel Puerto. El acusador colombiano fue Alejandro García Salzedo, abogado del sindicato -SINALTRAINAL-, quien se apoyó en los testimonios de Carlos Olaya Rodríguez, Alfonso Barón Sánchez, José Onofre Esquivel Luna y Oswaldo Silva Ditta.

El Tribunal Permanente de los Pueblos estuvo presente como observador, representado por Francesco Martone, Antoni Pigrau Solé y Gianni Tognoni.

El Consejo desea destacar la excelente preparación de la sesión y la calidad de los testimonios. Los dossiers presentados fueron preparados de manera muy rigurosa. Compuestos por cientos de páginas, contienen una cantidad impresionante de documentos y pruebas. El Consejo valora sobre todo la calidad de las intervenciones, así como el coraje de los expertos y de los testigos venidos desde Colombia, puesto que no ignora que esos trabajadores están expuestos a amenazas contra su vida y que asumen un riesgo al prestar testimonio públicamente.

Nestlé rechaza el diálogo

La empresa Nestlé fue invitada a participar en esta audiencia, pero ha declinado la invitación, cosa que el Consejo lamenta. La multinacional sin embargo hizo llegar un sucinto documento con el objetivo de refutar anticipadamente las acusaciones que iban a ser formuladas contra ella. A partir de la lectura de esas pocas páginas el consejo ha podido constatar que, incluso antes de conocer el contenido de la audiencia y la composición del consejo, Nestlé expresa su escepticismo y manifiesta un cierto desprecio con respecto a dicha audiencia, acusando a los participantes de parcialidad y de proferir acusaciones “histéricas”. Deploramos esta ausencia de apertura al diálogo. Hacemos notar sin embargo que las afirmaciones aportadas por Nestlé para su defensa han sido tenidas en cuenta por los miembros del consejo y que éstos se han referido a ellas para plantear preguntas a los expertos y testigos. Las respuestas recibidas han ido generalmente mucho más allá que las justificaciones sumarias de la empresa y nos han parecido mucho más convincentes.

El Consejo no puede más que deplorar este rechazo a discutir las denuncias de los trabajadores de Nestlé Colombia, ya que considera que la multinacional suiza debe asumir su responsabilidad, cualquiera que sea el lugar de su implantación en el mundo. En el curso de la sesión los testimonios oídos han revelado que otras empresas en Colombia tienen prácticas igual de criticables que las de Nestlé. Pero solamente hemos considerado el caso de Nestlé porque estamos en Suiza y porque nos sentimos particularmente concernidos por una política de empresa que se encuentra en contradicción con los compromisos adquiridos en este país y en el plano internacional. Estamos escandalizados por el hecho de que Nestlé sea signatario del Global Compact y que, al parecer, respete tan poco los principios contenidos en el mismo. Así, el consejo considera inaceptable que Nestlé eluda su responsabilidad, como si los problemas de sus actividades en Colombia solamente afectaran a ese país.

Presentación de la situación y del posicionamiento de Nestlé en Colombia.

Primeramente la audiencia ha puesto de relieve la situación extremadamente difícil que reina en Colombia. En este país, donde hay que lamentar veinte muertos diarios por razones políticas, los trabajadores, y particularmente los sindicalistas, están expuestos a amenazas constantes, puesto que ha habido cuatro mil asesinatos de sindicalistas desde 1987, miles de desapariciones forzadas, 1.700 casos de violaciones a los derechos humanos de sindicalistas desde la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, y el 60% de la población viviendo en condiciones de pobreza. Igualmente se destaca que las garantías jurídicas para la protección de los derechos de los trabajadores son inexistentes. Los grupos paramilitares son numerosos en las proximidades de las grandes empresas multinacionales y la violencia es omnipresente en un clima de amenazas, de enfrentamientos y de miedo. En este contexto los sindicatos son presentados como organizaciones cercanas a la guerrilla, que en el lenguaje oficial se asimila al terrorismo, sobre todo desde que los Estados Unidos pusieron en marcha el Plan Colombia a golpe de miles de millones de dólares. Sin embargo los testigos afirman claramente que el sindicato no aporta ninguna ayuda a la guerrilla y tampoco recibe de ella ninguna ayuda. Es importante subrayar también que los movimientos sociales permanecen muy activos y que la resistencia se manifiesta con determinación y coraje.

Presente en Colombia desde hace 60 años, Nestlé no ha hecho más que extender su imperio alcanzando una situación de casi monopolio. Entre 1947 y 1979 compró 13 fábricas y cerró 9 de ellas. Su política de empresa ha evolucionado mucho durante estos últimos años pasando de ser una firma orientada a la producción local a ser una multinacional que importa y exporta en función únicamente de su beneficio, desconociendo las necesidades del país. De esta manera favorece el enriquecimiento de los grandes terratenientes de los que obtiene la leche, en detrimento de los pequeños campesinos productores, con frecuencia desplazados de sus tierras. Su política de empleo se caracteriza actualmente por una voluntad explícita de deshacerse de la organización sindical, a pesar de que 40 años de lucha sindical habían permitido mejorar considerablemente la situación de los trabajadores. Nestlé practica también una política de reestructuración dirigida a disminuir sus costos de producción, mientras que la rentabilidad de sus empresas no para de crecer.

Lo que caracteriza y explica la posición dominante de Nestlé es su capacidad de aprovecharse de la situación política extremadamente turbulenta en el país. Actualmente el Estado colombiano parece ponerse totalmente al servicio de la economía en general y de Nestlé en particular. Se han aportado numerosos ejemplos, relativos a distintos ámbitos, en los cuales Nestlé se benefició sustancialmente en términos fiscales y de subvenciones. Además, la creación de una red eficaz de personalidades cercanas a la empresa dentro de la administración de los ministerios, incluidos los tribunales, le asegura una gran libertad de acción y una impunidad casi total. Nestlé ha superado las turbulencias del país aprovechándose de ellas gracias a una coincidencia de intereses que parece cercana a la complicidad. Los trabajadores son los que pagan esta situación y especialmente la ausencia de una justicia imparcial.

Primer caso: Los asesinatos y las desapariciones

Los testigos presentaron 10 casos de trabajadores asesinados por presuntos paramilitares entre 1986 y 2005, generalmente líderes sindicales. Estos asesinatos ocurrieron generalmente durante períodos de tensión y de conflicto en las empresas de Nestlé, en momentos de revisión de las convenciones colectivas de trabajo, y en algunos casos en las vísperas de una huelga. Si bien no se plantea la responsabilidad directa de Nestlé, hay que evidenciar que los métodos de intimidación y chantaje utilizados constituyen una responsabilidad indirecta de la compañía. Nestlé justifica su negativa a aumentar el precio pagado a los ganaderos por sus entregas de leche pretextando el incremento de salarios revindicado por los trabajadores, amenazando al mismo tiempo con la delocalización de sus centros de producción. Así los sindicatos han sido identificados como enemigos de los terratenientes surtidores de leche, cuyos vínculos con los grupos paramilitares han sido probados.

A pesar de que Nestlé se declara preocupada por estas violencias, no ha reaccionado con toda la energía que cabría esperar, bajo el pretexto que la violencia no se dirige solamente contra los trabajadores si no también contra los cuadros directivos y no solamente en sus plantas. Considerando que es un problema que ella no puede resolver, no ha hecho nada ni para hacer condenar los culpables, ni tampoco para proteger a sus empleados, aunque disponga de un gran poder en el seno del Estado colombiano. Según el documento que nos han remitido, la empresa expresó sus condolencias a las familias pero sin concederles ninguna compensación económica.

El Consejo estima, que en este caso, Nestlé no cumplió con su deber, por omisión o dimisión, y que su responsabilidad indirecta está comprometida en la medida en que su política de chantaje y presión constante sobre los trabajadores es susceptible de generar violencia.

Segundo caso: despidos y políticas antisindicales

A principios del año 2002, la convención colectiva de trabajo tenía que ser renovada en la planta de Cicolac, pero las negociaciones con los representantes de los trabajadores no llegaron a buen término, porque Nestlé quería desmantelar las conquistas en relación a las condiciones salariales y la asistencia médica. Cuando se votó a favor de una huelga, las amenazas de muerte provocaron que los líderes sindicales modificaran su decisión, anulándola. Después de diversas peripecias concernientes a un pretendido paro, nueve representantes del sindicato fueron despedidos. En el primer semestre del 2003 un tribunal de arbitramento dio la razón a Nestlé con base en una decisión tomada en ausencia del representante de los trabajadores. En este asunto, el derecho no ha sido respetado, ni las leyes del país, ni las convenciones internacionales, especialmente las convenciones 87 y 98 de la OIT. Sin embargo, los trabajadores despedidos no sólo perdieron su empleo, sino que además perdieron su estatus sindical, ya que en Colombia no se puede pertenecer a un sindicato si no se cuenta con un contrato fijo de trabajo. Esta maniobra sirvió luego claramente para descabezar el sindicato con el propósito de deshacerse de él definitivamente.

En el segundo semestre del 2003, por las mismas razones, Nestlé convocó al conjunto de sus empleados en reuniones aisladas con unos representantes de la dirección general de la empresa para proponerles la renuncia voluntaria a sus empleos a cambio de indemnizaciones financieras. Estos trabajadores fueron prácticamente secuestrados en hoteles hasta que aceptaran. Es así que 175 obreros perdieron su empleo. Uno solo se negó a firmar el trato, y hoy se encuentra relegado a una oficina aislada sin función laboral determinada. En lugar de estos empleados regulares, Nestlé ha contratado trabajadores temporales pagados a la mitad de la tarifa normal, sin protección social y sin ningún derecho sindical.

Esta política de empleo es totalmente contraria al derecho. Es particularmente chocante que Nestlé actué de esta manera mientras se precia de ser una empresa ejemplar. Se sabe que su dirección en Suiza consagra mucho dinero a la imagen de la firma, en un esfuerzo oneroso de marqueting. En el documento que nos hizo llegar, Nestlé pretende respetar la libertad sindical y obrar por aumentar los beneficios económicos y sociales de Colombia, gracias a productos fabricados en un 90% en el país. Los testimonios que hemos escuchado no nos dan ninguna razón para creer esto. Ciertamente, esta política de desregulación del empleo, de precarización, está en vigor también en Suiza, y en todas partes en donde la globalización económica se encuentra en marcha. Sin embargo, sus consecuencias son particularmente graves en países como Colombia, donde quien pierde su empleo se arriesga a caer en la miseria o ser enrolado en la violencia de los paramilitares o de la guerrilla.

Tercer y cuarto caso: productos vencidos y contaminaciones

Entre septiembre y diciembre de 2002, en varias ocasiones, fueron descubiertos almacenamientos de leche vencida que Nestlé había importado de Uruguay y Argentina y que se disponía a reempacar, después de haber cambiado las etiquetas que indicaban la fecha de vencimiento. Nestlé tuvo que admitir que la leche efectivamente estaba vencida y que era inapropiada para el consumo y en su documento Nestlé argumenta que se trata de un error de etiquetaje. Cuando este “error” se ha repetido cuatro veces en el transcurso de algunos meses, es difícil de concluir que es una simple coincidencia! Los testigos y los expertos informan que en otras ocasiones Nestlé no ha respetado sus consignas de calidad y de seguridad en los productos, colocando en peligro la salud de los consumidores. Recuerdan además que niños han muerto en 1979 intoxicados con leche en polvo contaminada.

Fueron obreros quienes descubrieron estos hechos y advirtieron a la dirección de la empresa. Constatando que ésta no quería escuchar nada, interpusieron una denuncia ante las autoridades, quienes hicieron incautar la mercancía. Desafortunadamente se ejercieron represalias contra los empleados que al día de hoy están acosados por amenazas.

Aún en el capítulo de contaminaciones e intoxicaciones, los expertos denuncian graves contaminaciones de aguas residuales vertidas en los ríos después de la limpieza de las calderas con productos tóxicos. Estas contaminaciones tuvieron un impacto desastroso sobre la fauna acuática, pero también en las reservas de aguas subterráneas, y ponen en peligro la salud de la población. Sucede también según opinión de los testigos, que Nestlé arroja aguas con altas temperaturas en los ríos provocando así graves daños. El consejo no puede entender cómo una empresa de alimentación que se quiere ser imbatible en la calidad y la seguridad puede ser sorprendida contaminando agua y adulterando leche! Tal vez la Nestlé se imagina que estas negligencias son menos dañinas en un país como Colombia, cuando en Suiza, estos mismos hechos provocarían un escándalo! Pero es probable que se equivoque, puesto que en este caso, parece que los poderes públicos y el parlamento colombiano reaccionaron finalmente, como si hubiera un límite por encima del cual, el Estado ya no quiere cerrar los ojos ante el accionar de las grandes empresas.

Conclusiones

Al término de la audiencia, impresionado por lo que ha oído y por la seriedad y credibilidad de las pruebas aportadas, el consejo:

Nos preocupa de manera especial el hecho de que los sindicalistas que vinieron a prestar sus testimonios a Berna sean amenazados en sus derechos y en sus vidas al regresar a sus hogares. Constatamos finalmente que los problemas expuestos en Colombia tocan de igual manera a los ciudadanos suizos, quienes han sufrido la globalización y la precarización de las condiciones de trabajo. Si bien en Suiza las consecuencias son generalmente menos agudas, el caso presentado en esta audiencia, debe invitar a la sociedad civil a comprometerse de manera más solidaria en la defensa de los derechos de los trabajadores en todo el planeta.

Berna, 30 de octubre de 2005

Anne-Catherine Menétrey-Savary, Carlo Sommaruga, Dom Tomas Balduino, Carola Meier - Seethaler, Rudolf Schaller

Final declaration from the Council

A public hearing and inquiry into Nestlé in Columbia was held on Saturday 29 October 2005 in Bern. This event was organised by Multi Watch, an organisation that was founded on 14 March 2005 and which consists of NGOs, trade unions, charitable organisations, political parties, church linked groups and social movements supporting the movement for “Another world is possible”. On this occasion, representatives from the food trade union SINALTRAINAL denounced, in front of a council of 5 public figures acting as a sort of court of public opinion, four particularly shocking situations which occurred in factories in Columbia. At the end of the hearing, the council adopted the following declaration (outlined below).

The hearing lasted from 9am to 6pm. The Council Members included Carlo Sommaruga, Rudolf Schaller, Carola Meier-Seethaler, Dom Tomas Balduino and Anne-Catherine Menétrey-Savary. The political and social situation in Columbia was described by Miguel Puerto. The Columbian prosecutor was Alejandro Garcia Salzedo, the SINALTRAINAL union’s lawyer. His case was supported by the testimonies of Carlos Olaya Rodriguez, Alfonso Baron Sanchez, Onofre Esquivel Luna and Oswaldo Silva Ditta.

The People's Permanent Tribunal was also present as an observer and consisted of Francesco Martone, Antoni Pigrau Solé and Gianni Tognoni.

The Council wishes to commend the excellent preparation of the event and the quality of the testimonies. The files which were presented were clearly assembled with great care and contained hundreds of pages, each with an impressive number of documents and incriminating evidence. The Council particularly commends the quality of the interventions made, as well as the courage of the experts and witnesses from Columbia, especially since the Council is very much aware that these workers face death threats and take great risks by testifying openly.

Nestlé refuses dialogue

The Nestlé corporation was invited to participate in this hearing, but declined the invitation, much to the council’s regret. The multinational nevertheless sent a succinct document which aimed to refute, in advance, all accusations made against it. On reading these few pages, the council realised that, even before knowing the content of the hearing and the composition of the jury, Nestlé was already expressing its scepticism and demonstrating some contempt towards this event, accusing those who were intervening of being partial and giving voice to “hysterical” accusations. We deplore this lack of openness towards any dialogue. Nevertheless, it was noted that the statements Nestlé made in its defence were taken into account by the members of the council, and were referred to when questioning to the experts and witnesses. The answers received went far beyond the basic justifications made by the company and appeared much more convincing to us.

The council can only deplore this refusal to even consider the claims made by the Nestlé Columbia workers, since it believes that the Swiss multinational should assume responsibility wherever it is located in the world. During the day, the testimonies heard revealed that other companies in Columbia have practices which are just as worthy of criticism as those of Nestlé. But it is Nestlé which is considered here since we are in Switzerland and since we are particularly concerned with the policies of a company which are in contradiction with the commitments made in this country, both at national and international level. For example, we are shocked that Nestlé is one of the signatories of the “Global Compact” and yet apparently holds little regard for the principles enshrined therein. The council therefore considers it unacceptable that Nestlé should withdraw as though the problems it faces with respect to its activities in
Columbia should only be of concern in Columbia.

Presentation of the situation and Nestlé’s place in Columbia

During the hearings, the events which unfolded exposed, first of all, the extremely difficult situation which reigns in Columbia. In this country where 20 lives are lost each day for political reasons, the workers, and in particular the trade unionists, are constantly threatened: 4000 trade union members have been murdered since 1987; thousands have disappeared; there have been 1700 cases of human rights violations against union members since President Alvaro Uribe rose to power in 2002, and 60% of the population is living in poverty. It was also noted that no legal guarantees have been made to protect the rights of workers. Paramilitary groups are numerous around large multinational companies, and violence is omnipresent, in a climate of threats, confrontations and fear. Within this context, the trade unionists are described as organisations that are closely linked to guerrillas, even to terrorism, especially since the USA have put their “Columbian Plan” into action using billions of dollars. Nevertheless, the witnesses clearly stated that the trade unionists neither provide help nor receive help from the guerrillas. It must be highlighted that social movements remain very active and that resistance shows both determination and courage.

Nestlé has been present in Columbia for the last 60 years and has continued to extend its empire by creating a near monopoly. Between 1947 and 1979, the company has acquired 13 factories and has closed 9. Its company policy has considerably evolved over the last few years, going from being a firm geared towards local production to being a multinational determining its imports and exports purely on the basis of its own profit, while scorning the needs of the country. In this way, the company has helped to enrich the large land owners which supply milk to Nestlé, much to the detriment of small producers and livestock-breeders who are often forced to leave their land. Its employment policy is nowadays characterised by a strong will to be rid of the unions, while 40 years of struggle had enabled the latter to greatly improve the lot of the factory workers. Nestlé currently pursues a restructuring policy in order to reduce its production costs, while its companies’ profits continue to increase unabated.

Nestlé’s dominance can also be explained by the corporation’s ability to take advantage of the extremely troubled political situation reigning in the country. Currently, the State of Columbia seems to want to place itself completely at the disposal of the economy in general and of Nestlé in particular. Numerous examples were given, highlighting several areas where Nestlé benefited from substantial advantages, for instance in terms of taxation and grants. In addition, the carefully constructed and efficient network of people closely linked to the company and working in the administration and ministries, including tribunals, has ensured Nestlé’s great freedom in terms of its actions and near impunity. Nestlé has also succeeded in coming through the turbulences that have plagued the country and to profit from them, thanks to a connivance that borders on complicity. It is the workers who suffer most from this situation, particularly from the absence of impartial jurisdiction.

First case presented: murders and disappearances

The witnesses presented the 10 cases of workers assassinated by suspected paramilitaries between 1986 and 2005, generally trade union leaders. These murders generally took place during periods of conflict and tension within the Nestlé factories, at times when collective work agreements were being reconsidered, and, for some of these victims, the day before a strike. While Nestlé’s responsibility may not be directly in question, the intimidation and blackmailing methods used are nevertheless indirectly so. When refusing to increase the price paid to land owners for their milk deliveries, Nestlé used the pay rises demanded by the workers as its excuse, while at the same time threatening to relocate its production centres. The trade unions were therefore seen as the enemies to bring down. However, it later emerged that it was the landowners who were in cahoots with paramilitary groups.

If Nestlé claims to be very concerned by the violence, its reaction was not as forceful as expected, with the pretext given that factory workers were not the only ones targeted, but managers too, and not only Nestlé’s factories. Seeing this as a scourge out of its control, Nestlé did nothing to bring the culprits to justice or to protect its employees, despite its power and influence within the heart of the Columbian state. According to the document handed to us, Nestlé expressed its condolences to the families concerned but without offering the slightest compensation.

The council believes that in this case, Nestlé failed in its task, whether by omission or abdication of responsibility, but that it is indirectly responsible in that its policy of blackmail and constant pressure on the workers was likely to generate violence.

Second Case: permanent layoffs and anti-trade union policies

At the beginning of 2002, the collective work agreements were due to be renewed in the Cicolac factory, but negotiations with the workers’ representatives led to nothing since Nestlé wished to dismantle its social agreements for salaries and medical services. While a strike was voted for, death threats led the trade union leaders to back down and so cancel their advance strike warning. After various events linked to a supposed work stoppage, nine representatives from the trade union were dismissed. In the spring of 2003, a court of arbitration gave justification to Nestlé’s actions on the basis of a decision made in the absence of the workers representative. In this affair, the law was not respected, be it the national laws or the international conventions, in particular convention 87 and 98 of the ILO. Yet not only have the sacked workers lost their jobs but they have also lost their trade unionist status since, in Columbia, permanent employment is one of the conditions for belonging to a trade union. This manoeuvre clearly served to decapitate the trade union with a view to its permanent removal.

In the autumn of 2003, for the same reasons, Nestlé convened all its employees in separate meetings with representatives from the general management, in order to suggest that employees resign voluntarily in exchange for financial compensation. These workers were held in hotels, almost against their will, until they gave their agreement. 175 workers lost their jobs in this way. Only one employee refused this deal but he has now been relocated to an isolated office with no work to do. Instead of its regular employees, Nestlé employed temporary workers paid half the normal rate and with no social protection and no trade union rights.

This employment policy is in direct contravention with the law. It is particularly shocking that Nestlé should operate in this manner whilst boasting to be an exemplary company. We know that its management in Switzerland invests a lot of money into promoting the company’s image, in an onerous marketing effort. In the document the company passed on to us, Nestlé claims to respect the freedom of unions and to be working for the greatest possible economic and social benefits for Columbia, thanks to 90% of its products being produced in the country. The witness statements that we heard give us no reason to believe this. Certainly this policy of employment deregulation and of pushing people to the brink also operates in Switzerland and everywhere where economic globalisation prevails. Nevertheless, these consequences are particularly serious for countries such as Columbia, where those who lose their jobs risk falling into poverty or being enrolled in paramilitary violence or the guerrillas.

Third and fourth cases: out of date products and pollution

On several occasions between September and December 2002, stocks of out-of-date milk were found, which Nestlé had imported to Uruguay and Argentina and was about to repackage, after changing the out-of-date labels. In its document, Nestlé claimed that this was a labelling error, although the company had to admit that the milk was well and truly out-of-date and unsuitable for consumption. In addition, this “error” occurred four times over a few months so it is difficult to conclude that this was simply coincidence! The witnesses and experts reported that on other occasions, Nestlé did not respect product quality and safety standards, putting the consumers' health at risk. They also recalled that children died in 1979 after being poisoned by contaminated powdered milk.

It was factory workers who discovered these problems and who informed the company managers. Realising that the latter would not listen, the authorities were informed and the merchandise was seized. Alas, the workers were the subject of reprisals and they are being constantly threatened to this day.

Also in the chapter on contamination and poisoning, the experts denounced the serious pollution of waste waters which were released into rivers following the cleaning of tanks with toxic chemicals. These pollutants have a devastating effect not only on the aquatic fauna but also on the water tables, thus endangering the health of the population. According to the witnesses, Nestlé also lets very hot water run into the rivers and streams at times, thus causing serious damage. The council struggles to understand how a food company which aims to be unbeatable in terms of quality and safety can be caught contaminating water and adulterating milk in this way! Maybe the company imagines that its negligences are less damaging in a country like Columbia, whereas in Switzerland these events would cause a scandal! But maybe the company is wrong since, in this case, the public powers and the parliament are at last reacting, as if there was a threshold above which the State could no longer close its eyes and ignore the actions of large companies.

Conclusions

At the end of the hearing, impressed by all it has heard and by the seriousness and credibility of the proof given, the Council

Berne, 30 October 2005

Dom Tomás Balduino, Carola Meier-Seetaler, Anne-Catherine Menétrey-Savary, Rudolf Schaller, Carlo Sommaruga

NESTLÉ: COLPEVOLI DALLA COLOMBIA ALL’EUROPA

Nestlé (e non solo) criminale? Niente di nuovo...
Giovedì 1 dicembre 2005
[ versione per la stampa ]

Data l’attualità delle vicende che vedono coinvolta la Nestlé ed altre compagnie in Italia, abbiamo scelto di pubblicare interamente la dichiarazione conclusiva dell’udienza pubblica che ha sanzionato l’operato della Nestlé in Colombia per le violazioni che continua a commettere da più di 20 anni, che vanno dalla responsabilità indiretta negli omicidi di leader sindacali da parte dei paramilitari, al totale disprezzo dei diritti sindacali e del lavoro, all’inquinamento di fiumi con le scorie degli scarti di lavorazione, all’avvelenamento di bambini con latte in povere scaduto.

UDIENZA PUBBLICA LA POLITICA DELLA NESTLÉ IN COLOMBIA