• El saqueo de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos, la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, el hambre y muchas otras formas de violencia le han impedido al pueblo de Colombia vivir en condiciones dignas.
• Los tratados de libre comercio, el ALCA y TLC son pactos violatorios de los derechos de los pueblos, que benefician exclusivamente las transnacionales.
• Para garantizar el saqueo de las riquezas, el control territorial y la explotación de la población, el gobierno colombiano ha implementado modalidades de guerra sucia a través del terrorismo de estado.
• Las comunidades indígenas continúan siendo afectadas por la implementación de megaproyectos en sus territorios; estos destruyen sus costumbres, su cosmovisión y sus vidas.
• La ley de “Justicia y Paz” encarna una política integral de terror que profundiza y perpetúa la impunidad por la violación de los derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad en beneficio de las ETNs y los monopolios nacionales.
• La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, es un elemento indispensable para la conquista de la solución política al conflicto social y armado que vive el país.
• La participación de la población en la recuperación de la memoria histórica es fundamental, por ello, el proceso de TPP debe estar ligado a la reconstrucción de las organizaciones sociales y de las comunidades destruidas por el terrorismo de estado. Este es un paso muy importante para la construcción de la Otra Colombia Posible.

1. El Tribunal Permanente de los Pueblos, abordará tres ejes de problemas pero en su interacción: EXTRACCIÓN INDEBIDA DE RECURSOS NATURALES - POR PARTE DE EMPRESAS TRANSNACIONALES - CON APOYO EN MODALIDADES DE GUERRA SUCIA o TERRORISMO DE ESTADO.
2. El Tribunal Permanente de los Pueblos, sesionará a través de AUDIENCIAS ESPECIALIZADAS y concluirá en una SESIÓN DELIBERANTE.
3. Cada una de las audiencias públicas abordará los casos más relevantes de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por ETNs en los distintos sectores de la economía nacional y arrojará un instructivo y un fallo parcial que serán los elementos base de la sesión deliberante.
   El TPP abordará el análisis de los impactos de la política de multinacionales presentes en los sectores: agroalimentario, petróleo, oro, carbón, Biodiversidad, servicios públicos y el sistema financiero. Igualmente, juzgará las multinacionales responsables de crímenes contra comunidades indígenas.
4. La SESIÓN DELIBERANTE emitirá la sentencia final y arrojará un plan de trabajo que haga posible la conquista de la reparación integral de las víctimas y la mitigación de su dolor.
5. En cada una de las audiencias públicas los casos serán conocidos y fallados por tres (3) jueces integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos. La sesión final o deliberante, estará asistida por la mayoría de los que hayan participado en las audiencias públicas.
6. En la medida que el estudio de los casos lo requiera, se realizarán micro audiencias y/o sesiones de la audiencia pública con el fin de profundizar en su estudio y posibilitar una mayor participación de las comunidades.

De las Audiencias Públicas:

Cada AUDIENCIA avocará un problema específico que responda a los tres criterios del numeral primero.

Por lo tanto la preparación de cada audiencia pública seguirá las siguientes pautas:

• Centrar la investigación en máximo tres empresas transnacionales que actúen en ese campo específico de recursos (sector de la economía), la que deberá ser muy bien documentada.
  a. información de la Empresa.
  b. Información sobre su relación con el Estado colombiano para llevar adelante la extracción de recursos (convenios, tratados, contratos, etc.)
  c. Análisis de esos instrumentos a la luz de criterios de justicia, soberanía y derecho nacional e internacional.
  d. Desempeño de la empresa frente a las leyes laborales.
  e. Desempeño de la empresa frente a las políticas medio ambientales.
  f. Relación de la empresa con militares y paramilitares.
  g. Responsabilidad de la empresa en crímenes de lesa humanidad o mantenimiento de las estructuras paramilitares.
  h. Casos judiciales en que la empresa esté implicada, tanto a nivel nacional como internacional (tutelas, demandas penales, pronunciamientos de Tribunales o Corte Constitucional, de organismos de sistema interamericano o de la ONU o Tribunales penales o civiles de otros países).
• Con todos estos elementos se elaborará una acusación muy bien fundada.
• Adicionalmente, en cada audiencia se presentarán ponencias más globales que enfoquen el contexto de cada campo (por ejemplo: el problema agroalimentario en Colombia; la política petrolera en Colombia; el etnocidio indígena en la historia de Colombia, etc. Pero esto no debe distraer el eje principal del tribunal que son los casos plasmados en acusaciones muy bien fundamentadas).
• Se tendrá en cuenta el derecho de defensa, por lo tanto se solicitará con el debido tiempo a las empresas y al gobierno que designen un defensor o que envíen documentos para su defensa. Si no responden, se nombrará un defensor de oficio en cada caso, o sea personas que entrevisten a los empresarios y les soliciten sus puntos de vista sobre las acusaciones.
• Se han fijado responsabilidades para cada Audiencia: ONG, fundación, organización social, que asegurarán la recolección y sistematización de los elementos probatorios y la participación de las organizaciones y movimientos sociales de la región, así como la logística de la Audiencia y la consecución de recursos para la misma.
• Se ha constituido un equipo nacional responsable del TPP, el cual esta conformado por el Comité Operativo del Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos y por delegados de las organizaciones responsables de cada audiencia.

Se ha constituido una secretaría técnica para la sesión de TTP, la cual estará en permanente contacto con la Secretaría del Tribunal Permanente de los Pueblos. La Secretaría Técnica tendrá sus asesores.

De la Sesión Deliberante

• La SESIÓN DELIBERANTE se estructurará con una síntesis acusatoria de cada una de las audiencias y con ponencias más globales que girarán sobre tres ejes: la deuda externa, el modelo económico y el modelo de guerra sucia.
• Es la sesión final y de ella saldrá el DICTAMEN DE LOS JUECES.

Agenda de las Audiencias del TPP:

Ver Anexo uno

Transnacionales y Sectores de la Economía

Los siguientes textos contienen sintéticamente la problemática de cada sector, las multinacionales que hacen presencia, las relaciones de estas con el paramilitarismo y el estado colombiano, al igual que los impactos medioambientales.

Sector: Alimentación.

Transnacionales: Coca Cola, Pepsi Cola, Burger King, Mc Donalds, Carrgil, Nestlé, Kraft, Jacopsh, Del Monte, Chiquita Brands, Dole, Unilever, Wr. Grace (EUA), Ferruzzi (Italia), Tile and Lyte (EUA), Monsanto, Zaeneca (Inglaterra), Novartis (Suiza), Agroevo, Dupont, Dow.

El problema del hambre y la desnutrición en Colombia, un país con inmensos recursos naturales y agrícolas, alcanza hoy proporciones insólitas. Las causas de ello son muchas, pero las principales se encuentran enraizadas en la dependencia alimentaria, exacerbada por gobiernos y multinacionales, la inseguridad alimentaria, asentada en la extrema distribución de la riqueza nacional, la inequitativa distribución de la tierra, la extrema monopolización, por parte de un puñado de capitalistas extranjeros y nacionales de los medios de producción disponibles en el sistema nacional agroalimentario, el desempleo y subempleo masivo y las bajas remuneraciones recibidas por la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos.

Cuatro millones de colombianos sufren de hambre severa y treinta millones sufren de algún grado de desnutrición. Hasta el año 2000, en el mundo murieron 58 millones de personas por causas atribuibles al modelo neoliberal, cifra mayor a los muertos que ocasionó la segunda guerra mundial.

En Colombia existen 43 millones de hectáreas disponibles para el cultivo, pero el 8% de los propietarios tienen el 70% de la tierra. En 1980 se abastecía el 73% del consumo con productos colombianos y en la actualidad únicamente se abastece el 48%, habiéndose reducido un 25%. En 1990 importábamos 400 millones de dólares, en 1999 importábamos 1600 millones de dólares en alimentos estratégicos que estamos en capacidad de cosechar.

Relación con el Paramilitarismo: Las grandes transnacionales de la alimentación se benefician directamente del paramilitarismo ya que aprovechan su fuerza devastadora y criminal para aumentar la concentración de la tierra aumentando del latifundio. Existen 3 millones de desplazados que son en su mayoría campesinos pequeños propietarios cuyas tierras se encuentran cerca de los mercados mas importantes, al igual que de zonas aledañas a los grandes latifundios (Arauca, Llanos Orientales y Amazonía).

Algunas de las zonas mas impactadas por el paramilitarismo actualmente se encuentran en la mira de las transnacionales de la Palma aceitera para la implementación de mega plantíos de la especie; la mayoría de municipios del departamento del Chocó se encuentran acosados por estos cultivos o por procesadoras de estas transnacionales.

Los sindicatos de las transnacionales de los alimentos como Coca Cola, Chiquita Brands, Nestlé han sido víctimas de crímenes contra sus asociados, debido a la lucha que han desarrollado en contra de sus políticas violentas.

Corrupción: El gobierno colombiano es responsable por el establecimiento de beneficios desmedidos a las transnacionales y por del mal manejo de la importación de productos en detrimento de la soberanía alimentaria y de la salubridad del pueblo colombiano; en la actualidad Colombia está importando alimentos que podrían cosecharse en el país, eliminando la posibilidad de un desarrollo coherente del campo y profundizando la dependencia alimentaria.

Impactos Ambientales y alimentarios: Empresas como Coca Cola, Pepsi Cola y Nestlé compiten por el robo de agua y por el control del mercado de los refrescos.

Han contaminado las principales fuentes hídricas causando graves daños al ecosistema y a la vida de los poblados ribereños.

Es necesario señalar la irrupción y el cambio cultural que ejercen estas transnacionales en la dieta alimentaria de los pueblos, al incluir nuevos productos e imponer costumbres ajenas a las tradiciones culturales.

Condiciones laborales: La imposición del modelo neoliberal conlleva cambios en las condiciones laborales que se ven reflejadas en el bienestar de los trabajadores y sus familiares; la flexibilización laboral, la subcontratación -tercerización-, out soursing, el trabajo a destajo, la perdida de derechos laborales, a través de la violencia y de nuevas leyes han conducido al empobrecimiento de la población.

Ver anexo dos

Sector: Petróleo
Transnacionales: Occidental Petroleum Corporation, Repsol, Shell, British Petroleum Company, Argosy, Perenco, Hocol, Petrobras.

En la actualidad, el gobierno Colombiano adelanta una agresiva estrategia de exploración petrolera, originada por el agotamiento de las reservas, que en su gran mayoría han sido explotadas de manera intensiva. Los mayores yacimientos petroleros encontrados en Colombia están ubicados en el piedemonte de la cordillera oriental, en los departamentos de Arauca en donde está el yacimiento Caño Limón operado por la Occidental Petroleum, en Casanare con los yacimientos Cusiana y Cupiagua operado por la British Petroleum (asociada con Total y Triton), y en general pequeños yacimientos concentrados en el Departamento del Putumayo y en la cuenca media del Magdalena.

En general los atropellos relacionados por parte de estas empresas contra el pueblo colombiano se resumen en los siguientes aspectos:

Vínculos con grupos paramilitares: las empresas petroleras han tenido responsabilidad directa con el conflicto colombiano. Inicialmente han financiado batallones del ejército con el objeto de brindar seguridad a las instalaciones petroleras, han tenido influencia directa en las decisiones militares como la escogencia de los comandantes de batallón, e incluso operativos militares (caso Santo Domingo). Por otro lado se tiene antecedentes de vínculos o patrocinios a grupos paramilitares, quienes han hecho las operaciones que incriminarían al ejército en acciones contra la población civil, en una clara estrategia de control político contra las organizaciones sociales que tengan alguna oposición a los designios de esta empresa. Entre los antecedentes de esto se encuentran:

El Caso de Santo Domingo -Arauca, el Asesinato de varios líderes de la Asociación Acdainsu, en Casanare, El financiamiento directo de la brigada XVI en Yopal y la XX en Arauca, la penetración de grupos paramilitares desde áreas “protegidas” por el ejército, el servicio de guardas de seguridad a altos mandos de la BP por parte de reconocidos paramilitares, crímenes de lesa humanidad y desplazamientos de comunidades perpetrados por grupos paramilitares en áreas de interés exploratorio, entre otros.

Impactos Ambientales: Las actividades petroleras han dejado serios daños sobre el medio ambiente, lo que significa una grave amenaza para la sostenibilidad de la vida en la región. Se encuentra una clara falta de control institucional, altos niveles de corrupción propiciados desde las empresas petroleras, y la invisibilización de los procesos de denuncia y judicialización. Entre los casos se encuentran: la desaparición de la laguna de lipa, el vertimiento de aguas altamente contaminadas en la cuenca del río Arauca, modificación del régimen hidrológico regional, en el departamento de Arauca, el secamiento de los ríos Charte, Unete, Cravo sur y Cusiana con el bombeo de agua pura al subsuelo y la deforestación relacionada con las actividades petroleras, la generación de gases contaminantes que han causado graves daños sobre cultivos. Y en general el deterioro de las condiciones ambientales en las áreas petroleras aledañas a los yacimientos petroleros del departamento del Putumayo (Texas y Ecopetrol), Santanderes (Shell y Texaco), Tolima y Meta (Chevron Texaco).

Etnocidios: las actividades petroleras han estado relacionadas históricamente con procesos sistemáticos de exterminio a comunidades nativas, estos antecedentes se remontan a los inicios del siglo veinte, por los cuales fueron exterminadas etnias enteras. Entre los antecedentes se encuentran el exterminio de los Yariguíes en el magdalena medio por parte de la Standar oil, el conflicto con los Uwas por parte de la Occidental, los Cofanes y Sionas en el putumayo por parte de la Argosy, el exterminio de los Guahibos por parte de la Occidental, y la sangrienta persecución contra los Motilón-Bari en el Catatumbo.

Corrupción: las empresas petroleras han sido un factor de desestabilización, manipulación y sometimiento del estado colombiano y de los intereses de la nación. Históricamente puede verse como decretos, leyes y artículos de la constitución a favor de los intereses de las empresas transnacionales petroleras. Existen sonados casos en los que las regalías relacionadas con el petróleo han sido un factor de exclusión, corrupción y empobrecimiento generalizado.

El tribunal esta siendo apoyado por las siguientes organizaciones: Aduc-Arauca, Asojer Arauca, Comité de Derechos humanos “Joel Sierra”, CED-INS, Cospacc, USO, Asojuntas-Arauca.

Sector: Carbón.
Transnacionales: Glencore, Angloamerican, BHP Billiton, Drummond.

El 90% de las reservas de Carbón se encuentran entre la Sierra nevada de Santamarta y la serranía del Perijá, en una gran cuenca de hidrocarburos que se extiende desde el centro del departamento del Cesar hasta la Guajira. Los yacimientos de la Guajira se concentran en el proyecto minero denominado el Cerrejón, del cual hacen parte las mineras Glencore, Angloamerican, y BHP Billiton. En el centro del departamento del Cesar se encuentra la mina La Loma operada por Drummond.

Entrega de los yacimientos: Las concesiones de operación de estas minas han estado llenas de escándalos de corrupción desde los inicios de la década del ochenta hasta nuestros días, en términos generales, se estima que la entrega inescrupulosa de las minas de carbón del Cerrejón ha significado pérdidas por más de 10,500 millones de dólares (casi la mitad de la deuda externa colombiana) y la modificación del código de minas por el cual las regalías por la explotación por este recurso descendieron del 15% al 0.4%, lo que significa una cifra que sigue incalculada, y que se vuelve astronómica con los proyectos de duplicación de la producción en la Guajira y en el Cesar.

Despliegue de dispositivos de seguridad: A lo largo de los yacimientos mineros, que tienen un área de influencia de 200 km de longitud en el caso del Cerrejón, y de 250 km en el caso de la loma, se presenta un dispositivo de seguridad que busca blindar a la infraestructura de explotación de carbón, por lo que las empresas petroleras financian emplazamientos militares en su región de influencia. A pesar de lo anterior grupos paramilitares torturaron y asesinaron al presidente y al vicepresidente del sindicato, a lo que se suman los hostigamientos y persecuciones contra las organizaciones sociales y sindicales de la región. A pesar de lo anterior, en la región cohabitan de manera “pacífica” los batallones militares que cuidan la infraestructura y las organizaciones paramilitares desde el sur del cesar hasta el norte de la Guajira. En los pueblos de influencia de las empresas mineras, el poder real lo ejercen grupos paramilitares locales, quienes exigen tributo, administran justicia, designan cargos públicos y hacen el control policivo.

Ocupación de tierras: En la entrega de los yacimientos por parte del estado, la empresa ha ocupado las tierras con continuos antecedentes de corrupción, imposición de sus intereses, y fraudes en contra de las comunidades negras, campesinas e indígenas de la región. Se cuentan los casos de Tabaco, Oreganal, y otros. En una actividad que devora ríos, tierras y comunidades ahora aparecen los casos de Tabaco, Roche y Chancleta, cuyas comunidades y sus líderes ahora son objeto de persecución.

Condiciones laborales: En el caso de la Loma, los trabajadores que fueron asesinados, estaban en medio de un conflicto exigiendo media hora de descanso para poder comer el almuerzo, durante un turno de 12 horas continuas de trabajo. En esta mina, se tienen testimonios de condiciones infrahumanas de trabajo, en las cuales se reportan continuamente enfermedades profesionales y accidentes que son disimulados por el manejo de la información que hace la empresa, y que en la mayoría de los casos ha despedido a los trabajadores lesionados por las condiciones de trabajo. Se cuentan casos repetidos de enfermedades pulmonares, oculares y epidérmicas por la alta contaminación atmosférica, problemas de Columna por las duras condiciones del terreno.

Daños Ambientales: Los daños ambientales son incalculables, al año se remueven cerca de 150 millones de toneladas de tierra en el caso del Cerrejón, en un inmenso hueco de proporciones descomunales que cada vez se amplía y crece sobre campos y ríos. A la mina del Cerrejón se le responsabiliza por el secamiento y la contaminación paulatina del río ranchería (fuente hídrica de la región), la desaparición de bosques y ecosistemas nativos, y la generación continua de polvillo de carbón, que daña cultivos, y ocasiona enfermedades especialmente pulmonares y oculares, también hay casos de embarazos con malformaciones en los pueblos vecinos a la mina, estos daños ambientales tienen un impacto en todo el departamento de la Guajira, al sumar las problemáticas que aparecen en el puerto de embarque. En el caso de Drummond, la explotación y transporte de Carbón también reportan graves daños por contaminación atmosférica y secamiento de las corrientes de agua, en el transporte en ferrocarril y en el embarque (que cubre una distancia de 180 km aprox.), el polvillo de carbón es arrastrado grandes distancias por los vientos, generando también daños en cultivos transitorios y perennes, además del deterioro de la pesca dentro del área de influencia del puerto, y la aparición de enfermedades epidérmicas.

Sector: Oro
Transnacionales: Corona Goldfiels, BMR, American Gold Corporation, Grey Star, Platinum Western, Anglogold.

A lo largo de la historia, la explotación minera ha sido uno de los principales atractivos del suelo colombiano. En la actualidad la estrategia de apropiación y explotación ha variado pero la consecuencia de esta práctica continúa siendo el exterminio de los pueblos y los territorios que contienen el codiciado metal.
En los años noventa, y por decisión del Banco Mundial, los países de América Latina debieron cambiar su legislación para adecuarla a las exigencias de las compañías multinacionales, que abogan por la apertura de los mercados para poder explotar, sin control ni medida, los recursos naturales de nuestro continente. En Colombia las grandes empresas mineras transnacionales se encuentran explotando oro en regiones que presentan las mas robustas y puras vetas de América, para lo cual han expropiado a mineros artesanales a sangre y fuego creando uno de los conflictos sociales mas graves y desgarradores que presenta nuestra sociedad: el desplazamiento forzado por causa de la violencia.

Las regiones en donde se encuentran dichas vetas son: Sur de Bolívar, Nordeste antioqueño, centro y sur de Chocó, norte de risaralda, sur de Tolima, Vaupés y Guainía. Las zonas que presentan explotación aurífera son coincidencialmente las zonas mas devastadas por la pobreza y por la violencia.

Vínculos con grupos paramilitares: Entre 1997 y 1998 el desplazamiento forzado en el Sur de Bolívar aumentó un 1500% en los momentos en que se acentuaron las operaciones militar - paramilitares. Los departamentos que presentan la presencia mas notoria de ejércitos paramilitares son los que cuentan con explotación de oro a saber: Antioquia, Chocó, Bolívar.

El procedimiento que siguen las empresas multinacionales es el siguiente: firman un contrato de seguridad con el ejército colombiano para recibir protección, especialmente ante ataques eventuales de la guerrilla, pero es un acuerdo firmado literalmente con los paramilitares, quienes se encargan de desplazar a la población para poder usufructuar las minas sin tener que esperar que sus dueños originales vendan.

Impactos Ambientales: Por las características de la extracción industrial del oro y los químicos utilizados, el medio ambiente se ve afectado irreversiblemente. Específicamente el uso de cianuro en el proceso de limpieza y extracción del metal acidifica el suelo y afecta la capa vegetal que es de vital importancia. Los restos de este químico van a parar igualmente a los ríos imposibilitando el uso del agua.

Corrupción: El código de minas que se encuentra vigente en la actualidad (ley 685 de 2000), fue el producto de una jugada gigantesca de corrupción entre congresistas, dirigentes de Empresas Transnacionales y la clase oligárquica colombiana quienes decidieron regalar las riquezas del subsuelo con una ley que entrega casi sin contraprestaciones el subsuelo a las grandes mineras que explotan las minas en Colombia. El diseño de esta y otras leyes corresponde a una serie de extorsiones y negociaciones que favorecen al capital transnacional.

Sector: Servicios Públicos
Transnacionales: Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona

Desde mediados de la década del noventa, empezó la ola de privatización de las empresas de servicios públicos, especialmente las empresas de servicio de electricidad y agua. En el año 1999 Unión Fenosa compra Electrocosta y Electricaribe, dos empresas de comercializadoras de electricidad que cubren toda la costa caribe colombiana, en el año 1998 Endesa compra la comercializadora de electricidad en Bogotá, estos casos y otros mas, han despertado enormes manifestaciones publicas de protesta por el incremento desmedido en las tarifas, por el deterioro del servicio, por la actitud arrogante y abusiva de las empresas para con los usuarios, y por el cinismo en los sistemáticos cortes de electricidad como represalia en contra de las protestas populares.

Entrega de contratos: En los casos de venta de empresas de servicios públicos también se han generado grandes escándalos, varios especialistas afirman que Endesa adquirió la empresa comercializadora y generadora a un precio 40% inferior al real. El caso de adquisición de la venta de las empresas comercializadoras en la costa caribe también fue motivo de escándalo y duros señalamientos.

Incremento de las Tarifas: Posterior a la privatización de las empresas de servicios públicos, se han observado incrementos sostenidos en las tarifas de los servicios públicos, estos incrementos se han realizado regiones en las que se registran niveles de pobreza superiores al 75% como en algunas regiones de la costa caribe. El incremento de las tarifas ha contribuido sin duda al empobrecimiento de la población colombiana, que se reporta especialmente desde la adopción del proceso de apertura económica.

Deterioro del servicio: Con las continuas denuncias del incremento de las tarifas, se tienen antecedentes del empeoramiento del servicio, consistentes en cortes imprevistos de la electricidad por falta de mantenimiento de los equipos, o incluso cortes de electricidad en horas pico con el objeto de minimizar los costos de la compra de energía a los generadores nacionales. Se tienen antecedentes de personas muertas por sobre voltajes de electricidad en toda la región caribe, estos casos no han recibido atención por parte de las autoridades, argumentando casos accidentales o climáticos. La continuidad de estos casos hace pensar que no son accidentales y que por el contrario obedecen a una política de minimización de costos que pasa por recortar los presupuestos de mantenimiento.

Empeoramiento de las condiciones laborales: Con la privatización, han llegado despidos masivos de trabajadores, también llega el empeoramiento de las condiciones laborales a partir de la desregulación laboral, y la subcontratación, por medio de la cual se trasladan las responsabilidades de seguridad social a terceros. Se reporta un despido de cerca de 700 trabajadores de las empresas subsidiarias de Unión Fenosa (electrocosta y electricaribe). De hecho se tienen antecedentes de persecución y hostigamientos contra dirigentes sindicales por parte de grupos paramilitares en varias de las ciudades caribeñas.

Protestas Populares: Los incrementos de las tarifas de servicios públicos y las sistemáticas fallas en el servicio han generado repetidas protestas callejeras por parte de los sectores populares, especialmente vulnerables por estas medidas. Se han realizado varias acciones jurídicas contra esta empresa, pero desgraciadamente todos estos casos han sido invisibilizados, o no han contado con el apoyo político que amerita.

La discusión acerca de la propiedad de las empresas de servicios públicos, debe partir de la importancia fundamental que tienen para todas las comunidades, y al ponerlos dentro de la lógica del mercado desaparece su función social, y se encadenan especialmente a todos los sectores sociales a pagar tributo por existir, al ser sometidos a un consumo ineludible como es el del agua y la energía, y por el cual tienen que pagar tarifas sumamente altas.

Sector: Biodiversidad
Regiones: Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, Amazonas, Otros.

Este es talvez el sector con mayores vacíos de información, pero que por su importancia estratégica ante las nuevas tendencias tecnológicas e industriales cobra natural importancia. Colombia es el tercer país con mayor biodiversidad del mundo, en el que se presentan milenarios procesos de conocimiento por parte de comunidades indígenas, negras y campesinas. Se han reportado varios casos de apropiación de conocimientos e información genética por parte de centros de investigación, se desarrollan megaproyectos de transporte y proyectos productivos para la “domesticación” de la selva, y se despliegan fuerzas militares para el sometimiento de las comunidades y de sus territorios. En esta problemática se encuentran grandes regiones del territorio Colombiano, entre las que se cuentan el Chocó, Amazonas, Sierra Nevada de Santa marta, Serranía de San Lucas, entre otros.

Apropiación de Recursos Genéticos: Comunidades Indígenas de la Sierra Nevada, relatan la misión de médicos norteamericanos con el objeto de vacunar a las comunidades de la región, posteriormente se encontró que tomaron muestras de sangre que irían a enriquecer la base de datos del proyecto de genoma humano. Este caso es reconocido por varias comunidades aborígenes, que necesita ser documentado y precisado.

Investigación dentro de parques nacionales: Se han denunciado el emplazamiento de laboratorios de investigación dentro de áreas de parques nacionales (zonas de reserva por su riqueza en biodiversidad genética), entre estos casos se cuenta el parque de los Katios, el parque La Paya, entre otros. La información en este punto también es escasa, y se requiere profundizar en la identificación y la documentación de los casos.

Control de recursos minerales: Dentro de las regiones con altos contenidos de biodiversidad, también se cuentan importantes recursos minerales, que en algunos casos se encuentran en explotación, como es el caso de la minería en Carmen del Atrato, de la cual salen contenedores de amalgamas de mineral, que son reportados como minerales de cobre, sin embargo análisis mineralógicos reportan trazas de Wolframio, Tantalio, Oro, entre otros. Paralelo al control de estas reservas mineras se efectúan ofensivas paramilitares con el objeto de despojar a las comunidades de sus terrenos. Se ve con preocupación los intereses de las empresas mineras sobre las reservas mineras de Murindó, en el Atrato Chocoano.

Siembra de Palma Africana: En varias regiones con alto contenido de biodiversidad, que son regiones altamente vegetadas, consistentes en selvas húmedas ecuatoriales, se despliega también la siembra de palma africana, como un monocultivo que busca “romper la selva”, lo que se entiende como introducir a estos territorios dentro de la lógica del mercado internacional. Estos cultivos están siendo desarrollados por organizaciones paramilitares, amparadas en la complicidad estatal, y por la inaccesibilidad del terreno. Se tienen comentarios de lugareños sobre las condiciones de explotación a las que se someten a los trabajadores de estas explotaciones, recordando las condiciones laborales de finales del siglo XIX. Los territorios de siembra de palma están dispersos por toda la cuenca del río Atrato (y en general por todo el país).

Control de Corredores Comerciales: El chocó es el eslabón que conecta el Plan Puebla Panamá (PPP) con sur América, por donde se integraría el sistema eléctrico hemisférico, y a través de la construcción de la troncal del Darién que conectaría las vías de centro y sur América consolidaría el modelo de explotación y expropiación de recursos naturales y mano de obra sobre América latina. En la actualidad se construye la primera línea eléctrica que inauguraría la integración energética regional, a lo que se le sumará el gasoducto que conectaría las reservas del golfo de Maracaibo, con los centros de consumo del sur de estados unidos y los puertos de embarque desde centro América al pacífico. Estas dinámicas explican parcialmente las dinámicas de desplazamiento forzado y apropiación violenta de las tierras y los territorios en esta región.

Anexo Uno

Tribunal Permanente de los Pueblos
Propuestas de Trabajo - Fechas para las Audiencias temáticas.

Anexo Dos

Soberanía Alimentaria y Movimiento de Lucha contra el Hambre.

El debate acerca del contenido temático del encuentro nacional y latinoamericano a realizar con el fin de discutir y encontrar soluciones populares al problema del hambre, la soberanía y la seguridad alimentaria, nos parece, debe partir de identificar las claves que originan dicho problema y desde allí polemizar sobre la edificación de probables respuestas. Empecemos por mirar las causas más importantes:

1. El problema del hambre y la desnutrición en Colombia, un país con inmensos recursos naturales y agrícolas, alcanza hoy proporciones insólitas. Las causas de ello son muchas, pero las principales se encuentran enraizadas en la dependencia alimentaria, exacerbada por gobiernos y multinacionales, la inseguridad alimentaria, asentada en la extrema distribución de la riqueza nacional, la inequitativa distribución de la tierra, la extrema monopolización, por parte de un puñado de capitalistas extranjeros y nacionales de los medios de producción disponibles en el sistema nacional agroalimentario, el desempleo y subempleo masivo y las bajas remuneraciones recibidas por la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos.
   
   Bajo esa óptica, la solución a tan grave problema no puede más que estar en manos de las mayorías organizadas. El hambre es un problema originado básicamente en la distribución de los recursos y no en la carencia natural de ellos. En otras palabras, el hambre es causada por la forma de organización social, de apropiación y distribución de la riqueza predominante actualmente en el mundo, el capitalismo, y no por la falta de recursos agrícolas o incluso de producción alimentaria. No es ningún secreto que los recursos disponibles y la producción agroalimentaria mundial presente alcanza perfectamente para alimentar a la gran masa hambrienta que tiene el planeta. Igual ocurre en Colombia.
   
2. Quienes han sido los agentes principales del hambre en Colombia son las multinacionales agroalimentarias (Nestlé entre otras), que generalmente están ligadas a los grandes grupos financieros mundiales, los cuales controlan la economía del planeta y el sistema mundial agroalimentario, afectando con ello el desarrollo de los pueblos y naciones del Tercer Mundo.
   
3. Responsables de esta situación también son las políticas implementadas por los países centrales, los cuales se han dedicado a subsidiar su agricultura, manipular el comercio internacional, inundar de mercancías a bajos precios nuestros mercados, destruir las producciones locales, reducir los precios de los bienes básicos producidos por el Tercer Mundo, proteger sus mercados, elaborar leyes extraterritoriales para acentuar su hegemonía y control sobre el sistema mundial agroalimentario y a crear una inmensa dependencia de nuestros países mediante la importación masiva de alimentos básicos, el control de sus multinacionales sobre la propiedad de los medios de producción nacional agroalimentarios, el desarrollo de modelos de producción agropecuarios cada vez más atados a tecnologías concentradas en manos de muy pocos conglomerados y la modificación en el patrón de dietas y consumo alimentario tradicional.
   
4. Igual responsabilidad tienen los organismos multilaterales -FMI, BM, OMC-, que han aprovechado su condición de instrumentos internacionales de los gobiernos de las grandes potencias para imponer políticas y acuerdos antinacionales que han permitido destruir una buena parte de la producción agrícola nacional, del acumulado industrial agroalimentario, hacer avanzar a las multinacionales en el control sobre porciones cada vez más importantes del sistema nacional agroalimentario y posibilitar, mediante los TRIPS, AMI y el Acuerdo General de Servicios el control sobre nuestro germoplasma y biodiversidad y la destrucción y consecuente mercantilización monopólica de la producción campesina, indígena, de afrodescendientes y artesanos.
   
5. Cabe una inmensa culpa a los monopolios nacionales, el Estado oligárquico colombiano y a los sucesivos gobiernos, que han ayudado abundantemente a implementar el hambre mediante sus violentas políticas de expulsión de millones de pequeños propietarios rurales con el fin de concentrar la tierra en manos de terratenientes, políticos tradicionales, gamonales, paramilitares y narcotraficantes dejando sin una buena parte de la producción agropecuaria al país, aumentando así sensiblemente el precio de los alimentos y la importación masiva de ellos e incorporando a la producción agroindustrial ilegalmente decenas de miles de hectáreas de tierras comunales. Con la llamada apertura económica permitieron el arrasamiento de la producción de bienes básicos, reforzaron la economía agro exportadora y un modelo de cultivo basados en la explotación de bienes aromáticos, frutas tropicales, flores, azúcar y aceite de palma, que no permite asegurar la soberanía alimentaria, fomentaron el desempleo masivo y el subempleo, la monopolización de la propiedad sobre todos los medios de producción agroalimentarios y una política macroeconómica que ha favorecido ampliamente a multinacionales y monopolios nacionales, los cuales hoy controlan la inmensa mayoría de nuestra producción y comercio nacional e internacional.

Avanzar en soluciones a tan grave situación solo se logra si se comprende en su integridad la naturaleza del problema agroalimentario y se es conciente de la importancia que tienen las acciones de las organizaciones sociales dirigidas a contribuir a solucionar tan crucial cuestión. En ese sentido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos -Sinaltrainal- viene, desde hace quince años laborando, con muchas vicisitudes, en la construcción de una propuesta de solución política a ese problema, enmarcada dentro de la construcción de un Modelo de Desarrollo Democrático para el país; como alternativa plausible al neoliberalismo.

En ese trasegar se han encontrado con otras organizaciones sindicales, campesinas, populares, de género y cooperativas, con las cuales ha levantado comúnmente una opción alternativa a la actual forma de organización del sistema nacional agroalimentario, resumida en la propuesta de Doce Puntos para alcanzar la Soberanía, la Seguridad Alimentaria y erradicar el Hambre de nuestro territorio.

Para acometer esa solución es preciso ligar la confrontación reivindicativa con la realidad política nacional y con la presente situación internacional. De igual manera, es necesario construir alianzas sociales con aquellos sectores que enfrentan al neoliberalismo y las más agresivas acciones desatadas por multinacionales y demás agentes imperialistas y la oligarquía colombiana contra los de abajo. Poder enfrentarlos y derrotarlos sin el concurso de los más variados actores que tienen que ver con el problema agroalimentario, sin el apoyo internacional y sin encadenar esta lucha con la solución política nacional a la crisis actual, es imposible.

El desarrollo de experiencias especificas de solución al problema del hambre en Colombia encadenadas a la reivindicación por la soberanía y la seguridad alimentaria, ha sido otro punto de apoyo para poder concebir un encuentro de estas características. Hemos llegado a la conclusión que hay que saber combinar dos aspectos cruciales, los cuales están indisolublemente ligados, para aportar a la solución del problema nacional agroalimentario. Uno es el diseño de una propuesta macro, que sea coherente, firmemente anclada en el estudio, análisis de nuestra realidad así como en la experiencia concreta adquirida en estos años de trabajo colectivo y con una objetividad tal que refleje no solo la problemática actual y soluciones viables a ella sino también las tendencias de largo plazo que va marcando el derrotero del sistema nacional agroalimentario, que nos sirve como herramienta guía en nuestro accionar estratégico. El segundo, es construir soluciones inmediatas, pero trascendentes, para combatir y resolver las causas que originan el hambre y sus consecuencias más protuberantes, que son solubles en las actuales condiciones.

En ese sentido, debemos avanzar en la articulación de esfuerzos conducentes a materializar la propuesta de economía social mediante la creación de un sistema alternativo de producción-distribución consumo que opere en todas las esferas de la economía y, en particular, en el sistema agroalimentario, que sea diferenciado del proceso de acumulación capitalista neoliberal.