Los crimenes de la Chiquita Brands

LOS CRÍMENES DE LA CHIQUITA BRANDS EN COLOMBIA

El 6 de diciembre de 1928 en la plaza municipal de Cienaga Magdalena fueron asesinados cerca de 3000 hombres y mujeres, por exigirle a la transnacional estadounidense UNITED FRUIT COMPANY solución al pliego de peticiones presentado por el sindicato. Ese día el ejercito colombiano al mando del general Carlos Cortés Vargas disparo sus armas contra la multitud para aniquilar la protesta de los trabajadores.

Esta misma transnacional ahora conocida como la CHIQUITA BRANDS o BANADEX S.A. el 15 de mayo de 2004 confesó haber entregado 1.7 millones de dólares en un periodo que va desde 1997 hasta 2004 a las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Según el juez federal de los Estados Unidos Royce Lamberte más de 100 pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati - Ohio. Producto de la confesión una Corte Federal acepto provisionalmente el acuerdo entre la transnacional y la fiscalía y deberá pagar 25 millones de dólares en cinco cuotas de 5 millones cada una.

En octubre de 2001 la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos le impuso a la Chiquita Brands una multa de 100.000 dólares, por haber sobornado a empleados del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN para que le expidieran la licencia aduanera y portuaria en el municipio de Turbo en el Urabá Antioqueño. El caso en Colombia fue archivado.

Impunidad Total.

Por esta y otras razones, el Tribunal permanente de los Pueblos que sesiona en el país desde el mes de abril de 2006, bajo la coordinación del OBSERVATORIO SOCIAL DE EMPRESAS TRANSNACIONALES, MEGAPROYECTOS Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, inició un proceso de juzgamiento contra la CHIQUITA BRANDS por los delitos de FINANCIAMIENTO DE GRUPOS TERRORISTAS y TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A GRUPOS PARAMILITARES EN COLOMBIA. El dictamen del tribunal en la audiencia agroalimentaria afirma: “En el caso de la transnacional Chiquita Brands, la relación entre empresa y paramilitarismo es más evidente, ya que fueron presentadas pruebas de que dicha empresa ha dado significativos aportes financieros a grupos paramilitares y en 2001 transportó 3000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, autores de varios miles de crímenes horrendos en dicha zona. Según las acusaciones, ningún proceso penal o disciplinario adelantado por las autoridades ha producido efecto, permaneciendo todos estos crímenes y procedimientos en absoluta impunidad. Por el contrario, quienes denuncian estas acciones criminales son judicializados, pasando de acusadores a acusados. En resumen, el terror laboral impuesto en Colombia por el Estado y las multinacionales, combina, para lograr sus fines, estrategias legales e ilegales.”

El juicio ético y político que en el mes de abril del año anterior el Tribunal Permanente de los Pueblos iniciara, se refuerza de una manera muy importante con el acuerdo realizado entre Chiquita Brands y la fiscalía de los EU, pero aún falta mucho camino por recorrer, pues ni ha habido justicia ni a las victimas, familias, organizaciones sociales y población afectada por las atrocidades se les ha mitigado tanto dolor causado.

Continuamos exigiéndole a la Fiscalía General de la Nación claridad sobre estos hechos, ya que su silencio no solo la convierte en responsable por omisión, sino en agente de impunidad y generador de nuevos crímenes al no permitir que haya verdad, justicia y reparación.

Así como la Chiquita Brands, también la Drummond ha sido llamada a juicio por las Cortes federales de Alabama en los Estados Unidos acusada por el asesinato de los dirigentes sindicales de Sintramienergética, Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Este crimen hace parte de la serie de casos presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en su audiencia minera celebrada en Medellín en el mes de noviembre pasado.

Edgar Páez M.
Dirección Nacional
SINALTRAINAL - Colombia

Marzo 29 de 2007

LES CRIMES DE LA COMPAGNIE CHIQUITA EN COLOMBIE

Le 6 décembre 1928, sur la place municipale de Cienaga Magdalena, près de 3000 hommes et femmes ont été assassinés, car ils et elles exigeaient de la multinationale états-unienne UNITED FRUIT COMPANY une réponse aux demandes du syndicat. Ce jour-là, l’armée colombienne sous les ordres du général Carlos Cortés Vargas a ouvert le feu sur la foule pour anéantir la protestation des travailleurs et travailleuses.

Cette même multinationale maintenant connue sous le nom de CHIQUITA BRANDS ou BANADEX S.A., le 15 mai 2004, a confessé avoir donné 1,7 millions dollars, au cours de la période qui va de 1997 à 2004, aux Autodéfenses paysannes de Córdoba et Urabá (Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá - ACCU). Selon le juge fédéral états-unien Royce Lamberte, plus de 100 paiements ont été approuvés par des directives de la haute hiérarchie de la compagnie à Cincinnati, Ohio. Étant donné la confession, une cour fédérale a accepté de façon provisoire l’accord entre le ministère de la Justice et la multinationale, celle-ci devra payer 25 millions dollars, en cinq paiements de 5 millions dollars chacun.

En octobre 2001, la Commission des changes et valeurs mobilières des États-Unis a imposé à la compagnie Chiquita une amende de 100 000 dollars, pour avoir soudoyé des employés du Département des impôts et des douanes de Colombie, DIAN, pour qu’ils lui délivrent la licence douanière et portuaire dans la municipalité de Turbo, dans l’Urabá antioqueño. Le cas de la Colombie a été archivé.

Impunité totale.

Pour ces raisons et d’autres, le Tribunal permanent des peuples - TPP qui siège en Colombie depuis le mois d’avril 2006, sous la coordination de l’Observatoire social des entreprises multinationales, mégaprojets et droits humains en Colombie (Observatorio social de empresas transnacionales, megaproyectos y derechos humanos en Colombia), a initié un processus de jugement contre la Chiquita Brands pour les délits de FINANCEMENT DE GROUPES TERRORISTES et TRAFIC D’ARMES AU PROFIT DE GROUPES PARAMILITAIRES EN COLOMBIE. Le rapport du tribunal lors de l’audience agroalimentaire affirme : « Dans le cas de la multinationale Chiquita, la relation entre la compagnie et le parmamilitarisme est plus évidente, des preuves ont déjà été présentées concernant le fait que cette entreprise a donné des sommes significatives à des groupes paramilitaires et qu’en 2001 elle a transporté 3000 fusils AK 47 et cinq millions de projectiles pour des groupes paramilitaires de Córdoba et Urabá, auteurs de plusieurs milliers de crimes horribles dans cette zone. Suivant les accusations, aucun processus pénal ou disciplinaire avancé par les autorités n’a produit d’effet, ces crimes et procédés se poursuivant dans l’impunité absolue. Au contraire, quiconque dénonce ces actions criminelles est judiciarisé, passant d’accusateur à accusé. En résumé, la terreur du travail imposé en Colombie par l’État et les multinationales combine, pour arriver à ses fins, des stratégies légales et illégales. »

Le jugement éthique et politique que le Tribunal permanent des peuples a initié en avril de l’année dernière, se renforce de manière très importante avec l’accord réalisé entre Chiquita et le ministère de la Justice des États-Unis, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, car il n’y a pas eu de justice pour les victimes, ni pour les familles, les organisations sociales et la population affectée par les atrocités qui leur ont causé tant de douleurs.

Nous continuons à exiger de la Fiscalía General de la Nación la clarification des faits, son silence ne fait pas que la convertir en responsable par omission, mais en agent de l’impunité et générateur de nouveaux crimes en ne permettant pas qu’il y ait vérité, justice et réparation.

Tout comme Chiquita Brands, Drummond a été appelé en justice par les cours fédérales d’Alabama aux États-Unis, accusé pour l’assassinat des dirigeant syndicaux de Sintramienergética, Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita et Gustavo Soler. Ce crime fait partie de la série de cas présentés devant le Tribunal permanent des peuples à son audience minière qui a eut lieu à Medellín en novembre passé.

Edgar Páez M.
Direction Nationale
SINALTRAINAL - Colombia

29 mars 2007

Traduction : PASC

CAMPAÑAS: Contáctenos	Version en français LOS CRÍMENES DE LA CHIQUITA BRANDS EN COLOMBIA El 6 de diciembre de 1928 en la plaza municipal de Cienaga Magdalena fueron asesinados cerca de 3000 hombres y mujeres, por exigirle a la transnacional estadounidense UNITED FRUIT COMPANY solución al pliego de peticiones presentado por el sindicato. Ese día el ejercito colombiano al mando del general Carlos Cortés Vargas disparo sus armas contra la multitud para aniquilar la protesta de los trabajadores. Esta misma transnacional ahora conocida como la CHIQUITA BRANDS o BANADEX S.A. el 15 de mayo de 2004 confesó haber entregado 1.7 millones de dólares en un periodo que va desde 1997 hasta 2004 a las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Según el juez federal de los Estados Unidos Royce Lamberte más de 100 pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati - Ohio. Producto de la confesión una Corte Federal acepto provisionalmente el acuerdo entre la transnacional y la fiscalía y deberá pagar 25 millones de dólares en cinco cuotas de 5 millones cada una. En octubre de 2001 la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos le impuso a la Chiquita Brands una multa de 100.000 dólares, por haber sobornado a empleados del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN para que le expidieran la licencia aduanera y portuaria en el municipio de Turbo en el Urabá Antioqueño. El caso en Colombia fue archivado. Impunidad Total. Por esta y otras razones, el Tribunal permanente de los Pueblos que sesiona en el país desde el mes de abril de 2006, bajo la coordinación del OBSERVATORIO SOCIAL DE EMPRESAS TRANSNACIONALES, MEGAPROYECTOS Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, inició un proceso de juzgamiento contra la CHIQUITA BRANDS por los delitos de FINANCIAMIENTO DE GRUPOS TERRORISTAS y TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A GRUPOS PARAMILITARES EN COLOMBIA. El dictamen del tribunal en la audiencia agroalimentaria afirma: “En el caso de la transnacional Chiquita Brands, la relación entre empresa y paramilitarismo es más evidente, ya que fueron presentadas pruebas de que dicha empresa ha dado significativos aportes financieros a grupos paramilitares y en 2001 transportó 3000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, autores de varios miles de crímenes horrendos en dicha zona. Según las acusaciones, ningún proceso penal o disciplinario adelantado por las autoridades ha producido efecto, permaneciendo todos estos crímenes y procedimientos en absoluta impunidad. Por el contrario, quienes denuncian estas acciones criminales son judicializados, pasando de acusadores a acusados. En resumen, el terror laboral impuesto en Colombia por el Estado y las multinacionales, combina, para lograr sus fines, estrategias legales e ilegales.” El juicio ético y político que en el mes de abril del año anterior el Tribunal Permanente de los Pueblos iniciara, se refuerza de una manera muy importante con el acuerdo realizado entre Chiquita Brands y la fiscalía de los EU, pero aún falta mucho camino por recorrer, pues ni ha habido justicia ni a las victimas, familias, organizaciones sociales y población afectada por las atrocidades se les ha mitigado tanto dolor causado. Continuamos exigiéndole a la Fiscalía General de la Nación claridad sobre estos hechos, ya que su silencio no solo la convierte en responsable por omisión, sino en agente de impunidad y generador de nuevos crímenes al no permitir que haya verdad, justicia y reparación. Así como la Chiquita Brands, también la Drummond ha sido llamada a juicio por las Cortes federales de Alabama en los Estados Unidos acusada por el asesinato de los dirigentes sindicales de Sintramienergética, Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Este crimen hace parte de la serie de casos presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en su audiencia minera celebrada en Medellín en el mes de noviembre pasado. Edgar Páez M. Dirección Nacional SINALTRAINAL - Colombia Marzo 29 de 2007 LES CRIMES DE LA COMPAGNIE CHIQUITA EN COLOMBIE Le 6 décembre 1928, sur la place municipale de Cienaga Magdalena, près de 3000 hommes et femmes ont été assassinés, car ils et elles exigeaient de la multinationale états-unienne UNITED FRUIT COMPANY une réponse aux demandes du syndicat. Ce jour-là, l’armée colombienne sous les ordres du général Carlos Cortés Vargas a ouvert le feu sur la foule pour anéantir la protestation des travailleurs et travailleuses. Cette même multinationale maintenant connue sous le nom de CHIQUITA BRANDS ou BANADEX S.A., le 15 mai 2004, a confessé avoir donné 1,7 millions dollars, au cours de la période qui va de 1997 à 2004, aux Autodéfenses paysannes de Córdoba et Urabá (Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá - ACCU). Selon le juge fédéral états-unien Royce Lamberte, plus de 100 paiements ont été approuvés par des directives de la haute hiérarchie de la compagnie à Cincinnati, Ohio. Étant donné la confession, une cour fédérale a accepté de façon provisoire l’accord entre le ministère de la Justice et la multinationale, celle-ci devra payer 25 millions dollars, en cinq paiements de 5 millions dollars chacun. En octobre 2001, la Commission des changes et valeurs mobilières des États-Unis a imposé à la compagnie Chiquita une amende de 100 000 dollars, pour avoir soudoyé des employés du Département des impôts et des douanes de Colombie, DIAN, pour qu’ils lui délivrent la licence douanière et portuaire dans la municipalité de Turbo, dans l’Urabá antioqueño. Le cas de la Colombie a été archivé. Impunité totale. Pour ces raisons et d’autres, le Tribunal permanent des peuples - TPP qui siège en Colombie depuis le mois d’avril 2006, sous la coordination de l’Observatoire social des entreprises multinationales, mégaprojets et droits humains en Colombie (Observatorio social de empresas transnacionales, megaproyectos y derechos humanos en Colombia), a initié un processus de jugement contre la Chiquita Brands pour les délits de FINANCEMENT DE GROUPES TERRORISTES et TRAFIC D’ARMES AU PROFIT DE GROUPES PARAMILITAIRES EN COLOMBIE. Le rapport du tribunal lors de l’audience agroalimentaire affirme : « Dans le cas de la multinationale Chiquita, la relation entre la compagnie et le parmamilitarisme est plus évidente, des preuves ont déjà été présentées concernant le fait que cette entreprise a donné des sommes significatives à des groupes paramilitaires et qu’en 2001 elle a transporté 3000 fusils AK 47 et cinq millions de projectiles pour des groupes paramilitaires de Córdoba et Urabá, auteurs de plusieurs milliers de crimes horribles dans cette zone. Suivant les accusations, aucun processus pénal ou disciplinaire avancé par les autorités n’a produit d’effet, ces crimes et procédés se poursuivant dans l’impunité absolue. Au contraire, quiconque dénonce ces actions criminelles est judiciarisé, passant d’accusateur à accusé. En résumé, la terreur du travail imposé en Colombie par l’État et les multinationales combine, pour arriver à ses fins, des stratégies légales et illégales. » Le jugement éthique et politique que le Tribunal permanent des peuples a initié en avril de l’année dernière, se renforce de manière très importante avec l’accord réalisé entre Chiquita et le ministère de la Justice des États-Unis, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, car il n’y a pas eu de justice pour les victimes, ni pour les familles, les organisations sociales et la population affectée par les atrocités qui leur ont causé tant de douleurs. Nous continuons à exiger de la Fiscalía General de la Nación la clarification des faits, son silence ne fait pas que la convertir en responsable par omission, mais en agent de l’impunité et générateur de nouveaux crimes en ne permettant pas qu’il y ait vérité, justice et réparation. Tout comme Chiquita Brands, Drummond a été appelé en justice par les cours fédérales d’Alabama aux États-Unis, accusé pour l’assassinat des dirigeant syndicaux de Sintramienergética, Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita et Gustavo Soler. Ce crime fait partie de la série de cas présentés devant le Tribunal permanent des peuples à son audience minière qui a eut lieu à Medellín en novembre passé. Edgar Páez M. Direction Nationale SINALTRAINAL - Colombia 29 mars 2007 Traduction : PASC