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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
SESIÓN SOBRE EMPRESAS TRANSNACIONALES
Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN COLOMBIA - 2006 - 2008
Segunda audiencia
Medellín, 10 y 11 de noviembre de 2006
RESOLUCIÓN DEL JURADO
Fotos Cortesía de JJT
I. INTRODUCCIÓN
Dentro de la sesión abierta por el Tribunal Permanente de los
Pueblos sobre empresas transnacionales y derechos de los pueblos en
Colombia y en continuidad con la audiencia realizada en Bogotá
el 1 y 2 de abril de este mismo año, en la cual se examinó
el comportamiento de varias empresas transnacionales de alimentos, durante
los días 10 y 11 de noviembre de 2006, tuvo lugar en Medellín,
Colombia, esta segunda audiencia, en la cual se recibieron numerosas
denuncias que comprometen a empresas transnacionales dedicadas a extracción
de minerales.
Una preaudiencia tuvo lugar los días 15 y 16 de agosto de 2006 en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, epicentro de una de las zonas de minas de oro más codiciadas por las empresas transnacionales, en la cual numerosos mineros y campesinos denunciaron tanto los efectos como las perspectivas de la explotación del oro por empresas transnacionales ya visiblemente aliadas con estructuras paramilitares.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, designó como jueces al jurista italiano FRANCO IPPOLITO, quien presidió la audiencia, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Italia, anterior miembro del Consejo Superior de la Magistratura e integrante de diversas asociaciones italianas y europeas de Magistrados demócratas y a la académica MIREN ETXEZARRETA, catedrática de economía del desarrollo y política económica en la Universidad Autónoma de Barcelona y participante en movimientos sociales en su país y a nivel europeo.
Actuaron como conjueces colombianos el dirigente indígena ABADIO GREEN, ex presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y de la Organización Indígena de Antioquia, Coordinador del Programa de Educación Indígena de la Universidad de Antioquia e integrante del equipo de expertos para el Plan Decenal de Educación designado por el Ministerio de Educación de Colombia, y el Académico FRANCISCO LAFONT, profesor de Derecho Laboral en las Universidades Libre y Externado de Colombia y estudioso de los problemas de la minería.
Estuvieron presentes 350 personas venidas de diversas regiones de Colombia, especialmente de aquellas más afectadas por la presencia de empresas transnacionales dedicadas a extracción de minerales.
Durante la audiencia fueron presentados cuidadosos análisis de contexto, que con un apoyo documental muy riguroso, permitieron captar los rasgos más sobresalientes de la incidencia de las empresas transnacionales mineras en la política económica de América Latina y particularmente de Colombia, así como su posicionamiento dentro del entramado institucional, de la legislación nacional y del conflicto socio político y armado que afecta al país.
También se presentó una relación bien documentada del desarrollo de la estrategia paramilitar del estado colombiano desde sus orígenes hasta el momento actual.
II. CASOS PRESENTADOS EN LA AUDIENCIA
Las acusaciones giraron en torno a la responsabilidad de las empresas
DRUMMOND, CEMEX, LADRILLERA SANTAFE, HOLCIM, MURIEL, GLENCORE-XTRATA,
ANGLO AMERICAN, BHP BILLINGTON, ANGLO GOLD, en casos que fueron sustentados
por las organizaciones sociales convocantes de la audiencia del Tribunal
sobre minería.
1. Se denunció a la Compañía DRUMMOND, INC. Y DRUMMOND LTD por el asesinato de los líderes sindicales Valmore Lacarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora.
Se dijo que las acusadas utilizan los servicios de militares colombianos para proteger sus instalaciones mineras y vías férreas en Colombia. A cambio de estos servicios, la Compañía Drummond, Inc y/o Drummond Ltd. ofrece compensaciones a este personal militar. Y como es bien sabido, un número significativo de este personal militar también opera como personal paramilitar en Valledupar, Colombia y en otras partes. Además, las Compañías Drummond, Inc. y Drummond Ltd. permiten la entrada libre de conocidos paramilitares a sus instalaciones mineras en Colombia. Estas compañías proporcionan suministros, inclusive combustible a estos paramilitares. Funcionarios de estas empresas mantienen contactos regulares y reuniones con los paramilitares.
Según la denuncia, empleados de las compañías acusadas, al parecer con pleno conocimiento ayudaron e instigaron a las fuerzas paramilitares que asesinaron a los trabajadores Locarno, Orcasita y Soler dándoles apoyo financiero, provisiones varias, acceso a las instalaciones empresariales, lo cual contribuyó a que las fuerzas paramilitares pudieran asesinarlos.
2. A CEMEX, LADRILLERA SANTAFÉ Y HOLCIM se les responsabiliza de la persecución y exterminio del Sindicato de Trabajadores SINTRAMINERCOL. Se denunció como estas tres empresas han incidido en diversos hechos de persecución física y jurídica, amenazas, atentados, presiones psicológicas a los trabajadores para que abandonen su denuncia frente a situaciones en las que estas empresas se hallan implicadas y la lucha por los derechos sindicales, igualmente se refirieron a la precarización laboral a que han sido sometidos.
Especial importancia adquieren los hechos relacionados con la seguridad de su presidente que en diversas oportunidades fue víctima de seguimientos y persecución que incluyeron atentados frustrados.
3. A la empresa MURIEL MINING CORPORATION la acusación le atribuye responsabilidad relacionada con la violación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, la autodeterminación de los derechos de los pueblos, la cultura y la cosmovisión. Igualmente, por la omisión intencional del Estado y la ETN de realizar la consulta previa para la implementación de megaproyectos que afecten o impacten a las comunidades nativas. Llamaron la atención sobre los beneficios que la ETN pueda derivar de la secuencia sistemática de los crímenes que en los últimos diez años las estructuras paramilitares han cometido con el apoyo de la fuerza pública que opera en la región en las zonas del Bajo Atrato y el Urabá, en los departamentos de Antioquia y Chocó.
En esta zona se desarrolla el Proyecto Mande Norte, como megaproyecto minero en el cual el gobierno colombiano, a través de INGEOMINAS, la Gobernación de Antioquia y la Empresa Muriel Mining Corporation para explotar y comercializar las reservas de cobre y los subproductos de oro y molibdeno que se encuentran en los municipios de Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia), recursos naturales no renovables que se encuentran en gran parte de la cordillera occidental y que hacen parte del denominado Batolito de Mandé.
Se dijo que durante los últimos diez años, las estructuras paramilitares han desarrollado un modelo de represión (arrasamiento colectivo), de control (de población y de bienes, sitiamiento y persecución selectiva), y de ocupación territorial (explotación maderera, y de recursos naturales, agronegocios, obras de infraestructura para el mercado mundial y desterritorialización mental, espiritual de pueblos y comunidades). Se mencionó que ello se ha logrado gracias al desarrollo de operaciones conjuntas entre el ejército y los grupos paramilitares tales como la operación “Génesis” en 1996 y la operación “Tormenta del Atrato” en diciembre de 2002.
4. Las acusaciones frente a GLENCORE-XTRATA, ANGLO AMERICAN, BHP BILLITON se dividieron en dos casos, primero el relacionado con los impactos de la explotación minera sobre las comunidades circundantes a la mina y el otro con la masacre de miembros de la comunidad Wayúu de Bahía Portete y el desplazamiento forzado de éstos. El primero hizo énfasis en las estrategias desplegadas por las empresas transnacionales en alianza con el Estado para obtener el control de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes y en la consecuente vulneración de los derechos al territorio, al medio ambiente sano, a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la alimentación, la cultura, la libre circulación y en general la destrucción del tejido social.
En relación con el caso de la comunidad Wayúu de Bahía Portete se señaló la responsabilidad de las empresas en los homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado y el intento de apoderarse del estratégico puerto natural ubicado en ese territorio, a través de la financiación y el control sobre los organismos de seguridad del Estado como Ejército y Policía.
Igualmente denunciaron los impactos por contaminación ambiental generados en el transporte del carbón hacia el puerto.
5. Las empresas transnacionales ANGLO GOLD ASHANTI -AGA- su filial en Colombia, KEDAHDA S.A ANGLO GOLD y KEDAHDA, en la actualidad han presentado solicitudes de contratos de concesión por parte de la SOCIEDAD KEDAHDA S.A. en 21 departamentos, para un total de 2114 solicitudes, siendo los departamento con mayor nivel de solicitudes en su orden: Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó y Huila. Estas solicitudes en tan sólo los departamentos de Antioquia y Bolívar, superan los 2’300.000 hectáreas, cifra que en el país puede superar los cuatro millones de hectáreas, si se tiene en cuenta que estos dos departamentos representan tan solo el 32% de las solicitudes existentes.
En el Sur de Bolívar durante el periodo comprendido entre 1988 y 2006, según los casos conocidos y denunciados, 330 personas han sido objeto de ejecución extrajudicial, mientras que 88 más han sido objeto de torturas y 80 han sido detenidas desaparecidas. Situación que se mantiene hasta hoy. Como caso reciente se mencionó que el 19 de septiembre de 2006, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada - Bagra, asesinaron al líder ALEJANDRO URIBE, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mineros del Bolívar, filial de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar - FEDEAGROMISBOL y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo, del municipio de Morales.
Se denunció igualmente que la ETN se ha beneficiado de los crímenes ejecutados por paramilitares a partir del año 2001 en el municipio de Quinchía Risaralda contra pobladores e indígenas de la región. Así mismo la utilización del sistema de justicia para perseguir a las comunidades en medio del trámite de solicitudes de contratos de concesión por la ETN. y además, los procesos de explotación se han iniciado violando el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados.
6. Como contexto general se mencionó la evolución de la empresa FRONTINO GOLD MINES que tras una trayectoria similar a las anteriores, que conllevó también un duro proceso de represión y abusos, fue declarada en quiebra pero ahora la larga lucha de los trabajadores abre la posibilidad de que ésta sea administrada de manera compartida por ellos y los pensionados.
III. CONSIDERACIONES GENERALES
Los acusadores señalaron que el modus operandi de las empresas
acusadas pasa por cuatro modalidades: beneficiarse de la represión
como mecanismo para garantizar sus procesos de explotación minera;
la utilización de la Fuerza Pública, como parte de su
departamento de seguridad; la adecuación de la legislación
interna a los intereses de la transnacional; y el congelamiento de territorios
como un acto de despojo.
Estos elementos, en sí mismos representan la
existencia de actos sistemáticos y generalizados, tendentes a
propiciar procesos de temor generalizado hasta el terror y la ruptura
del tejido social en las comunidades agromineras. Estas dinámicas,
así como algunos
crímenes en particular, han pretendido destruir el proceso de
resistencia social a la imposición de la forma de explotación
de los recursos mineros denunciada.
Se mencionó también la responsabilidad del Estado colombiano en la definición de una política minera lesiva de los intereses del pueblo colombiano, permitiendo que los recursos derivados de la minería sean extraídos en beneficio casi exclusivo de las multinacionales.
1. Sometimiento del Estado de derecho a las ETN. En las palabras de los acusadores y de los testigos que el Tribunal escuchó, estan subrayadas las desviaciones de las instituciones, de los papeles propios del Estado constitucional de derecho, fundado sobre obligaciones y responsabilidades frente a los ciudadanos y, ante todo, sobre la garantia de la vida y de los derechos fundamentales.
Algunas instituciones, que tendrían el deber de poner reglas y controlar a los actores de la vida económica, han, en cambio, sometido sistematicamente al Estado a los intereses de poderosos grupos economicos.
Han sido señalados casos no episodicos en que
empresan transnacionales han pagado al Estado para que el ejercito fuera
enviado a controlar lugares del país en los cuales los intereses
economicos empresariales son muy fuertes. Lo que constituye, de un lado,
una
compra de seguridad por parte de quien puede pagar y, de otro lado,
una privatizacion de la fuerza pública, es decir una utilizacion
de una institucion publica por intereses particulares.
Ha sido denunciada la sistematica desarticulación de los sindicatos y otras organizaciones sociales, a través tambien de los asesinatos de sus lideres, en la substancial indiferencia de las instituciones del Estado.
Todo esto aparece como síntoma indicador de
un complejo sometimiento del Estado de derecho a los intereses de los
poderes económicos, con el grave riesgo de transformar aquel
en ficcion y mera apariencia, mientras que los aparatos del Estado concurren
a perpetuar la violencia como metodo de control de la sociedad, de sus
dinámicas y sus deseos de cambio
democrátrico.
2. Cooperación en la aparición de los paramilitares. En esta lógica, fue subrayado como el Estado colombiano mediante determinadas normas y decretos creó y facilitó la consolidación del paramilitarismo en el país, generando formas de organizacion de la población para su involucramiento en el conflicto armado, a través de cooperativas de vigilancia y redes de cooperantes, entre otras. También el Estado ha creado por ley los instrumentos juridicos para sellar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por estos grupos, hasta lograr consolidar su control económico, político, social y militar. Se han aportado evidencias sobre la utilizacion de los grupos paramitares en zonas de explotación de recursos naturales por las ETN que se beneficiarán con la impunidad.
3. Sometimiento de lo público al interés privado. El Código de Minas, la ley de Petróleo y la legislación ambiental. Llama la atención al Tribunal que para la implementación de estas formas de explotación minera se impongan, con la anuencia de los gobiernos de turno, cambios legales que favorecen abiertamente a monopolios nacionales, multinacionales y transnacionales, en detrimento de la soberanía popular sobre los recursos naturales, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la población colombiana.
Ha sido documentada la cesión a profesionales privados vinculados a los intereses jurídicos y economicos de las ETN mineras, de la reforma del Codigo de minas, con el efecto de reducir y hasta hacer desaparecer los beneficios para el Estado y la colectividad colombiana y aumentar desmesuradamente las ganancias de las ETN. En especial, se denunció que el proyecto de Código de Minas de 1996 ha sido elaborado por la abogada de la Multinacional Conquistador Mines, que tenía y tiene intereses en las minas de oro del sur de Bolívar, que la Ley 685 de 2001 haya sido proyectada, asesorada y reglamentada por los abogados de las compañías Cementeras Holcim, Cemex, y Ladrillera Santafé, que abogados de las transnacionales petroleras hayan hecho la nueva legislación del sector, cambiando de paso toda la estructura en materia ambiental, en materia impositiva y de inversión extranjera, que para ello han tenido la “ayuda” de la agencia de cooperación de Canadá y de empresas con asiento en este país que hoy son beneficiarias de mas del 60% de los nuevos contratos mineros y petroleros, lo que evidencia un grave sometimiento de lo publico a lo privado.
Se aduce, además, que se limitan gravemente los derechos a las tierras ancestrales de indígenas y afrocolombianos, entregan a perpetuidad los recursos mineros, privatizan la justicia pues todo litigio se somete a tribunales de arbitramento donde siempre gana la multinacional y declaran falazmente la industria minera como de interés publico, privatizando ganancias y socializando las perdidas.
4. Desplazamiento forzado y mercantilización de tierras. Las implicaciones que tiene la extracción rentable de minerales a gran escala sobre los patrones vigentes y tradicionales de ocupación del territorio y de relaciones entre la población y sus recursos naturales, han provocado progresivos despojos y desplazamientos que han incidido en el deterioro de las condiciones de vida de grandes franjas de población y en la profundización de estructuras de desigualdad a nivel nacional.
Se mencionaron zonas, donde la presencia de las empresas multinacionales ha creado un vínculo estrecho entre la concentración de la tierra y el desplazamiento forzado de la población, pues introduce un conflicto alrededor del control territorial de áreas estratégicas.
De hecho, los conflictos de tierras y la violencia
en Colombia tienen un vínculo de vieja data. El conflicto actual
parece no ser la excepción. Desde la década del noventa,
el ingreso de la inversión extranjera aumentó cómo
consecuencia de la disminución de las trabas legales a la misma
y al mismo tiempo se incrementaron los desplazamientos forzados y las
masacres en lugares de gran riqueza minera y natural. Ha sido subrayada
la coincidencia de que hacia dichas zonas se dirige la ayuda militar
norteamericana para la construcción de bases militares y que
en ellas la presencia paramilitar se hace más visible. La población
desplazada reporta haber perdido cuatro millones de hectáreas
lo que equivale a una tercera parte de la tierra cultivable en Colombia.
Colombia ofrece un claro ejemplo de la dinámica de concentración
de la tierra y el conflicto violento. Los casos analizados en éste
tribunal lo demuestran. La ocupación territorial y el desalojo
de la población civil son estrategias de guerra, adoptadas por
las empresas transnacionales para desocupar territorios, expandir sus
áreas de control y apropiarse de manera violenta de la tierra,
usando y financiando para tal efecto a los grupos paramilitares y a
las mismas fuerzas del Estado.
En ese marco, el desplazamiento de la población parece ser además una estrategia de bajo costo para ocupar la tierra. Los campesinos, indígenas, afrocolombianos, mineros, cuentan con una capacidad limitada para adoptar medidas de protección, lo cual los convierte en un blanco de amenazas por parte de los agentes de las ETN, la fuerza pública y los paramilitares; situación que se agrava en zonas de presencia guerrillera. El control de recursos naturales primordiales, tales como el agua, y la perspectiva de futuros proyectos mineros y viales, entre otros, han promovido también la apropiación violenta de la tierra.
5. Peligra el territorio ancestral de los pueblos indígenas. Los testimonios presentados por representantes de los pueblos originarios, manifestaron que los conocimientos de las abuelas y abuelos de las distintas comunidades y pueblos de Abya Yala y en diálogo con otros pueblos del mundo, conciben a la tierra, como “nuestra madre”; que todos los seres que habitan son sus hijas e hijos, porque dependen de ella en cada instante de la vida, porque la estructura del cuerpo humano es igual a la de la tierra; por tanto consideran que hay que protegerla, porque está tanto en el propio cuerpo como en el aire que se respira, el agua que se bebe, el sol que calienta y las plantas y animales que dan el sustento.
Manifiestan que los momentos actuales con la presencia de las empresas multinacionales que vienen ejecutando las extracciones de recursos naturales, minas e hidrocarburos por parte de los países del “Primer Mundo”, hacen peligrar la vida de todos seres de la madre tierra. Y por ello, hoy los pueblos indígenas quieren hablarle al mundo, para traer el mensaje de que todos los seres vivientes dependen de la tierra. Por eso les es grato escuchar voces de protestas en el mundo en defensa de la madre tierra, en voces de no indígenas. Para que el mundo vuelva la mirada hacía ella debe cambiar el pensamiento mercantil y consumista por un pensamiento sostenible, duradero y equitativo en el planeta.
La gran diferencia que tienen los pueblos indígenas, es que su manera de pensar no surge de la mente de los dirigentes, sino de la sabiduría milenaria que guardan las palabras; es a través de ellas que entienden su papel en esta sociedad, por ello es necesario que los poderosos del capitalismo salvaje que ven a la naturaleza como su enemiga respeten los territorios ancestrales, porque ella cobija a todos los seres por igual.
6. Efectos de las transnacionales
en el medio ambiente y la salud. Se afirmo en la Audiencia
que el redireccionamiento de corrientes de agua, el movimiento masivo
de tierras y las continuas explosiones en las zonas de exploración
y explotación minera afectan el ecosistema y la tranquilidad
de la población; que la deforestación no solo afecta el
hábitat de cientos de especies, muchas llevadas a la extinción,
también afecta el mantenimiento de un flujo constante de agua
desde los bosques hacia los demás
ecosistemas y centros urbanos. Y que el enorme consumo de agua requerida
por la actividad minera generalmente reduce el nivel freático
del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales. El agua termina
contaminada con materiales tóxicos que pueden continuar durante
cientos e incluso miles de años.
Los productos químicos peligrosos utilizados en las distintas fases de los procesamientos de los metales como cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos, terminan en el sistema de drenaje. La alteración y contaminación del ciclo hidrológico tiene efectos muy graves que afectan a los ecosistemas cercanos, de manera especialmente agravada a los bosques y a las personas.
Si bien es cierto los impactos ambientales de la gran minería no están medidos, sus consecuencias ya se dejan notar en la salud de las comunidades: afectaciones graves de la piel, pulmones, oídos, ojos. Así mismo se señaló el grave efecto en la salud producido por el polvillo del carbón. Sin contar con las altas tasas de desnutrición producidas por la destrucción de la frontera agrícola.
Se mencionó también la desertificación y otras graves consecuencias ambientales a causa de las extensas explotaciones mineras a cielo abierto, que además están en proceso de expansión.
7. Deterioro de las condiciones laborales, persecución sindical y de los movimientos sociales. Existe un elemento común y característico en las denuncias presentadas ante éste tribunal contra las empresas transnacionales: la ventaja comparativa en el pago de la fuerza de trabajo en países cómo Colombia en relación con los países de origen de las ETN. Lo anterior resulta del establecimiento de condiciones laborales precarias, previo debilitamiento y destrucción de las organizaciones sindicales, mediante la amenaza y exterminio de la vida de los dirigentes de estas organizaciones.
La persecución sindical se hace más evidente y peligrosa para la vida de los trabajadores, que denuncian las atrocidades y violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, violaciones de las que son objeto por parte del personal de seguridad de las empresas transnacionales y de sus directivos. Todo esto en el marco de la implementación del modelo de desarrollo propuesto por la banca multilateral, que considera a las organizaciones sindicales cómo un elemento negativo y ajeno al mercado de trabajo.
8. Complicidad, connivencia de las instituciones internacionales. De los documentos aportados y los testimonios recibidos se percibe, también, la estrecha connivencia de las orientaciones impuestas por las instituciones internacionales con las políticas que favorecen los intereses de las ETN. Las exigencias de implementar programas de ajuste del FMI y BM, bajo el imperativo de cumplir con las obligaciones de la deuda, presionan a los países como Colombia a poner en práctica políticas conducentes a favorecer el crecimiento y rentabilidad de estas empresas, que conducen simultáneamente a facilitar la operación irrestricta y desregulada de las ETN en la persecución de sus intereses y a profundizar paralelamente la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares, particularmente de los más pobres. Sin olvidar la incidencia de la OMC (a pesar de las dificultades más recientes de su implementación), la preparación para el pretendido ALCA, los tratados bilaterales de relaciones externas, e incluso algunos de cooperación, que tienden a estimular fuertemente las exportaciones de productos mineros.
Se ha mostrado que las orientaciones inversoras del Banco Mundial, las acentuadamente librecambistas de la OMC y otros tratados supranacionales, además de las exigencias financieras del FMI sirven de poderosos instrumentos favorables a las ETN estudiadas en lugar del desarrollo del país y el bienestar de su población.
9. Sentido de desarrollo y modelos de desarrollo.
Lo escuchado en ésta Audiencia y la documentación recogida
en la misma hace patente la existencia de concepciones muy distintas
de lo que supone el desarrollo de un país y de sus pueblos, así
como distintas
también de lo que las academias e instituciones dominantes de
todo el mundo consideran desarrollo.
Ya no sólo se trata de la tradicional y conocida distinción entre crecimiento y desarrollo, sino de la profunda diversidad de lo que las comunidades entienden por desarrollo, y la necesidad de acomodar éstas variantes en términos de total paridad entre ellas para caminar hacia una sociedad alternativa.
Las presentaciones han hecho patente que la mera riqueza material y las actuaciones que la misma exige, no son consideradas y evaluadas de la misma forma por todas las comunidades- destacando en éste sentido la relevancia de los planteamientos de las comunidades indígenas y afrocolombianas -.
De lo planteado en la sesión se desprende la necesidad de un profundo y permanente replanteamiento de los conceptos de desarrollo y el reconocimiento de la riqueza que supone la existencia de diversos conceptos de desarrollo (correspondería al mantenimiento de la biodiversidad social).
Adicionalmente parece que puede cuestionarse incluso la eficiencia de éstas ETN, para el propio concepto occidental de desarrollo de un país, debido a que sus estrategias dirigidas a obtener una rápida y elevada rentabilidad a corto plazo, suponen a menudo la depredación de los recursos, del entorno y los sistemas de producción sostenibles para un desarrollo a más largo plazo. En éste contexto hay que desatacar la degradación de los trabajadores y la población en general por sus condiciones laborales y sociales de gran injusticia.
10. Incremento de las desigualdades, pobreza y enorme sufrimiento de las personas. En todos los testimonios aparecen elementos que muestran que la operación de las ETN causa un incremento de las desigualdades, la pobreza, el deterioro de la salud y las condiciones de vida, lo que motiva un enorme sufrimiento en amplias capas de la población.
De la documentación aportada se desprende que la operación de las empresas analizadas ni siquiera proporciona un bienestar material, sino que condena a sustanciales partes de la población a la miseria. La degradación y destrucción del entorno, el profundo deterioro de la situación laboral y la falta de empleos, llevan a un acentuado empeoramiento de la situación económica de las familias. Si a ello se añade el deterioro de la salud y las condiciones de vida reseñadas y, la muy escasa dotación de servicios públicos, el resultado es el aumento de la pobreza y, con frecuencia, la grave miseria a la que se ve condenada la población afectada.
No se produce un aumento de la riqueza material disponible (ni privada ni mucho menos pública) y menos todavía el avance hacia el desarrollo. Al contrario, han desestructurado las formas de vida tradicionales y despojado a las poblaciones autóctonas de sus recursos y sus sistemas productivos y de consumo. De ésta forma, han causado la miseria material y la ruina de sistemas de vida milenarios que, además, son eficientes para otros conceptos alternativos de desarrollo.
Las empresas transnacionales se asientan en los territorios ejerciendo múltiples violencias y creando capas privilegiadas de quienes se someten a su lógica de desarrollo, pero al mismo tiempo crean franjas mucho más grandes de desarraigados y de víctimas cuyos enormes sufrimientos y destrozos fueron referidos directamente por los testigos ante esta audiencia en conmovedores relatos que no podemos sino registrar con profunda conmoción e indignación.
IV. EVALUACION
Los hechos y los elementos de prueba aportados a este Tribunal, proporcionan
suficientes elementos para fortalecer las acusaciones sobre la responsabilidad
de las ETNs, en crímenes de lesa humanidad, ya que los hechos
enumerados en el apartado dos parecen revelar el carácter sistemático
de los mismos.
La audiencia evidenció también la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades colombianas y de grupos armados paramilitares que actúan en el país (en contraste con convenios internacionales, firmados por Colombia, a comenzar por la Declaración universal de derechos humanos y de los Pactos internacionales sobre los derechos económicos, sociales y culturales).
Están violadas también las disposiciones de la Carta de Argel sobre los derechos de los pueblos, de la cual en el próximo mes en Roma se celebran 30 años y que constituye el paramento del juicio del Tribunal y constituye un parámetro significativo del juicio del TPP.
Todo Estado tiene el deber de garantizar concretamente los derechos humanos y mantener el orden y garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos en el conjunto del territorio. El Estado puede incluso ser declarado responsable de la violacion de las convenciones internacionales si se verifica que en cualquier parte de su territorio existen grupos de sujetos privados o grupos paramilitares.
Con base en las intervenciones de los acusadores y los testigos en esta Audiencia ha sido denunciada una difundida impunidad, sobre todo frente a las conductas de las ETN y los paramilitares.
Sin embargo no se ha podido profundizar sobre el papel efectivo de la justicia en los casos denunciados en esta audiencia. Por lo tanto merece total atención que siga la investigación sobre el papel de la judicatura para que el TPP sea puesto en condición de expresar su veredicto en la sesión deliberante.
Pero, hasta este momento se puede confirmar lo que el TPP en otras ocasiones ha afirmado en su jurisprudencia en relación con la impunidad.
Frente a las documentadas denuncias de graves violaciones de derechos humanos, y prioritariamente del derecho a la vida, del derecho a vivir en el lugar de nacimiento o de escogencia, existen deberes de los Estados y de la sociedad a verdad y a la memoria, con la finalidad de no olvidar los crímenes ocurridos, y de sancionar a los autores de ellos. Esta es la premisa para refundar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El derecho internacional tutela el derecho de los ciudadanos a la justicia, al cual corresponde el deber el Estado de asegurar el funcionamiento de la justicia, a través instituciones de jueces y tribunales efectivamente independientes que juzguen y cumplan la ley. El estado de derecho no existe donde y cuando la violación de los derechos humanos no es condenada y los responsables de los crímenes no sean juzgados y condenados conforme a las reglas del debido proceso.
La impunidad de los crímenes constituye por si misma una violación de derechos humanos. No esta permitido a los Estados renunciar al deber de investigar, juzgar y sancionar a través de la amnistía o otras practicas que establezcan la impunidad.
Todo acto que procure el olvido o la impunidad de los crímenes no es aceptable para la consciencia ética y jurídica. Por lo tanto, el TPP auspicia la constitución de un órgano imparcial e independiente para establecer la verdad de lo que pasó en estos decenios.
En esto sentido, se recoge la invocación de las víctimas de no estar solas y el grito de indignación de un testigo que dijo: ¡Que no quede impune! ¡Que nunca más quede impune un crimen de lesa humanidad!
Por todo lo anterior, los miembros del jurado de esta audiencia hacen suyas las acusaciones documentadas que les han sido presentadas y le solicitan a la sesión deliberante del TTP sobre ETN y derechos de los pueblos en Colombia, verificar la responsabilidad de las ETN acusadas y del Estado colombiano como responsables de crímenes de lesa humanidad y examinar la complicidad en esos mismos crímenes de los Estados a los cuales pertenecen las casas matrices de dichas empresas.
Como conclusión de esta muy intensa Audiencia y de la lectura de la Resolucion del jurado, el Tribunal siente la necesidad de agradecer a todos los que han hecho posible este evento y, sobre todo, a todas las personas que, con seriedad y coraje, han presentado las acusaciones fundadas en solidas pruebas y los testimonios de los hechos, que han permido la reconstrucción de lo que pasó, renovando con sus palabras el sufrimiento y el dolor producido por hechos dramáticos.
El Tribunal tiene que agredecer también a todos los asistentes a la Audiencia su presencia continua y silenciosa, pero atenta y partícipe, como representantes de los colectivos y los pueblos, como parte de un amplio movimiento comprometido en la lucha por impedir toda tentativa de olvido, sostener la demanda de justicia y de verdad de las víctimas y pretender la toma en serio de los derechos humanos por parte de las instituciones.
Los Jueces han aprendido de esta presencia que cuando surge un movimento de lucha contra la injusticia y las desigualdades, las Cartas internacionales de derechos y las Constituciones nacionales dejan de ser un mero catálogo de derechos de papel para transformarse en instrumentos de reivindicación personal y social y de cambio demócratico.
Finamente el Jurado deja constancia del profundo impacto que le ha producido el comprobar que, a pesar de una situación muy trágica, están vivas una potente resistencia a las injusticias y una firme decisión de trabajar de forma continuada por una trasnformación de la sociedad, y un deseo de cooperar con otros grupos y pueblos que persiguen los mismos objetivos. Quisieramos transmitir al mundo, dar voz, al sentimiento de optimismo que se desprende de la voluntad de lucha mostrada, que solo puede conducir a una inmensa esperanza.
Medellín, noviembre 11 de 2006
PERMANENT
PEOPLES’ TRIBUNAL
SESSION ON TRANSNATIONAL ENTERPRISES
AND THE RIGHTS OF PEOPLES IN COLOMBIA - 2006
- 2008
Second Hearing
Medellín, Colombia
November 10 and 11, 2006
JURY’S DECISION
I. INTRODUCTION
As a part of the open session by the Permanent Peoples’
Tribunal on transnational enterprises and the rights of peoples in Colombia
-and continuing with the hearing carried out in Bogotá
on April 1 and 2 of this year that examined the conduct of several transnational
food enterprises-, on November 10 and 11, 2006, a second hearing took
place in Medellín, Colombia, in which many reports were received
implicating transnational enterprises (TNEs) dedicated to mineral extraction.
A preliminary hearing was held on August 15 and 16, 2006, in Santa Rosa del Sur (Department of Bolívar), epicentre of one of the gold mining areas most coveted by transnational enterprises. At this hearing, many miners and peasants spoke out against both the effects and the prospects of gold exploitation by transnational enterprises, already visibly allied with paramilitary structures.
The Permanent Peoples’ Tribunal designated as judges the Italian jurist FRANCO IPPOLITO, who presided over the hearing and is currently magistrate for the Supreme Court of Justice in Italy, former member of the Superior Council of the Magistracy, and member of different Italian and European associations of democratic magistrates; and the academic MIREN ETXEZARRETA, professor of development economics and political economics at the Universidad Autónoma, Barcelona, and active in social movements in Spain and other parts of Europe.
The Colombian joint judges were indigenous leader ABADIO GREEN, former president of the National Indigenous Organisation of Colombia (ONIC) and the Indigenous Organisation of Antioquia (OIA), Coordinator for the Indigenous Education Programme at the Universidad de Antioquia, and member of the specialist team for the Ten-Year Education Plan designed by the Colombian Ministry of Education; and academic FRANCISCO LAFONT, labour law professor at the Universidad Libre and the Universidad del Externado in Colombia and an academic on mining issues.
The hearing included the presence of 350 persons coming from different regions of Colombia, especially from those places most affected by the presence of transnational enterprises dedicated to mineral extraction.
Careful contextual analysis, with rigorous documentary support, was presented during the hearing that allowed the most significant characteristics to be grasped concerning the impact of transnational mining enterprises on the political economy of Latin America -particularly in Colombia- as well as their positioning within the institutional framework, national legislation, and the social, political and armed conflict in Colombia.
A well-documented relationship was also presented on the development of the paramilitary strategy by the Colombian State (from its origins to the present).
II. CASES PRESENTED AT THE HEARING
The accusations revolved around the responsibility of the enterprises
DRUMMOND, CEMEX, LADRILLERA SANTAFÉ, HOLCIM, MURIEL, GLENCORE-XTRATA,
ANGLO AMERICAN, BHP BILLINGTON, ANGLO GOLD, in cases supported by social
organisations organising the Tribunal’s hearing on mining.
1. DRUMMOND INC. and DRUMMOND LTD. were reported for the murder of the union leaders Valmore Lacarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya, and Gustavo Soler Mora.
It was stated that the accused parties employ the services of the Colombian military to protect their mining installations and railway track in Colombia. In exchange for these services, Drummond Inc. and/or Drummond Ltd. offer compensation to these military personnel. And, as is well known, a significant number of these military personnel also operate as paramilitary personnel in Valledupar and other parts of Colombia. Furthermore, Drummond Inc. and Drummond Ltd. allowed known paramilitaries to freely enter their mining installations in Colombia. The companies provide these paramilitaries with supplies, including fuel, and officials from these enterprises maintain regular contact and meetings with paramilitaries.
Employees from the accused companies, apparently with full knowledge, reportedly aided and instigated the paramilitary forces that murdered the workers Locarno, Orcasita and Soler by giving them financial support, different provisions, and access to company installations, which contributed to the paramilitary forces being able to murder these workers.
2. CEMEX, LADRILLERA SANTAFÉ, and HOLCIM, are being held responsible for the persecution and extermination of the union SINTRAMINERCOL. These enterprises have reportedly contributed to different acts of legal and physical persecution, threats, attacks, and psychological pressure against the workers. This is done so the workers stop reporting on situations implicating the enterprises, as well as give up their fight for union rights. Likewise, reference was made to the weakening job security for workers. Special importance is placed on the acts related to the security of the union’s president, who on different occasions was victim of surveillance and persecution, including attempts on his life.
3. The accusation against MURIEL MINING CORPORATION holds it responsible for the violation of the territorial rights of the indigenous, Afro-descendant and mestizo communities, as well as the self-determination of the right of peoples, culture, and cosmovision. Likewise, there is the intentional omission of the State and the TNE to carry out a preliminary consultation on the implementation of large-scale development projects that affect or impact these communities. Additionally, focus was placed on the benefits the TNE may derive from the systematic sequence of crimes committed by the paramilitaries over the last ten years with the support of the public force operating in the region of the Lower Atrato and Urabá (Departments of Antioquia and Chocó).
In this area, a large-scale mining project called the North Mandé Project is being carried out by the Colombian government (through INGEOMINAS, the Antioquia Governor’s Office, and Muriel Mining Corporation) to exploit and commercialise the copper reserves and the gold and molybdenum by-products found in the municipalities of Carmen del Darién (Chocó) and Murindó (Antioquia). These non-renewable resources are found in most of Colombia’s western mountain range and are part of the so-called Batolito de Mandé.
It was stated that over the last ten years the paramilitary structures have carried out a model to repress (collective devastation), to control (population and property, siege, and selective persecution), and to occupy territory (logging and natural-resources exploitation, agro-business, infrastructure projects for the world market, and the mental and spiritual de-territorialisation of peoples and communities). It was mentioned that this has been achieved through joint operations carried out by the army and paramilitary groups, such as Operation Genesis in 1996 and Operation Atrato Storm in December 2002.
4. The accusations concerning GLENCORE-XTRATA, ANGLO AMERICAN, and BHP BILLITON, were divided into two cases. The first case relates to the impact of the mining exploitation on the communities in the surrounding area, and the second to the massacre and forced displacement of members of the Wayúu community from Bahía Portete. The first case placed emphasis on the strategies used by transnational enterprises -in alliance with the State- to gain control of the ancestral territories of the indigenous and Afro-descendant communities and on the consequent violation of their rights to territory, clean environment, health, education, housing, work, food, culture, and free circulation, which brought about the destruction of the social fabric in general.
In connection with the case of the Wayúu community from Bahía Portete, the enterprises were reportedly responsible for murders, disappearances, forced displacement, and the attempt to seize the strategic natural port located in this territory, by way of financing and controlling State security agencies such as the army and police.
Likewise, denunciations were made concerning the impact of the environmental contamination generated by the transport of coal to the port.
5. Currently, the transnational enterprises ANGLO GOLD ASHANTI (AGA), KEDAHDA S.A. ANGLO GOLD (its subsidiary in Colombia), and KEDAHDA, have presented requests for licensing contracts (through SOCIEDAD KEDAHDA S.A.) in 21 departments for a total of 2,114 licensing requests. The departments with the greatest number of requests are in the following order: Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó and Huila. In only the departments of Antioquia and Bolívar, these licensing requests surpass 2.3 million hectares. The amount could surpass four million hectares in all of Colombia, if it is taken into account that these two departments represent only 32% of the current licensing requests.
According to known and reported cases, during the period from between 1988 to 2006, 330 persons were the victims of extrajudicial execution in southern Bolívar, while 88 more were tortured and another 80 detained and disappeared. This situation has remained as such. As a recent example, it was mentioned that on September 19, 2006, members of the Nueva Granada - Bagra Anti-Air Battalion murdered the leader ALEJANDRO URIBE, member of the board of directors of the Bolívar Miners Association, affiliate to the Agriculture and Mining Federation from Southern Bolívar (FEDEAGROMISBOL), and president of the neighbourhood action board from the rural community of Mina Gallo (municipality of Morales).
Likewise, the TNE has reportedly benefited from the crimes executed by the paramilitaries since 2001 against the inhabitants and indigenous people in the region of the municipality of Quinchía, Risaralda. Furthermore, the justice system was reportedly used to persecute communities in the midst of processing requests by the TNE for licensing contracts. Additionally, the exploitation processes began by violating the right of indigenous peoples to be consulted.
6. As a general context and with a background similar to those previously mentioned (including a harsh process of repression and abuse), reference was made to the evolution of the enterprise FRONTINO GOLD MINES, which was declared bankrupt. Nevertheless, the long fight of the workers allows the chance that this enterprise may be jointly run by the workers and those retired.
III. GENERAL CONSIDERATIONSThe prosecuting counsel indicated that the modus operandi of the accused enterprises includes four methods: benefiting from the repression as a mechanism to guarantee their mineral exploitation processes; the use of the military forces and police national as a part of its security department; adjusting national legislation to the interests of the transnational; and blocking territories as an act of dispossession.
These elements in and of themselves represent the existence of generalised, systematic acts designed to promote processes of generalised fear (even terror) and the rupture of the social fabric in the agricultural and mining communities. These dynamics, as well as some crimes in particular, have tried to destroy the social resistance process by imposing the reported type of mining resources exploitation.
In regards to the definition of a mining policy detrimental to the interests of the Colombian people, the responsibility of the Colombian State was also mentioned, inasmuch as it allowed the resources derived from the mining to be extracted almost exclusively to the benefit of the multinationals.
1. Subordination of the rule of law to TNEs. In the words of the prosecuting counsels and witnesses heard by the Tribunal, emphasis is placed on the institutional abuses as well as the proper roles of the constitutional rule of law, founded on obligations and responsibilities as regards citizens and especially the guarantee of life and fundamental rights.
Some institutions, which should have the duty to regulate and control actors in the economic life, have instead systematically subordinated the State to the interests of powerful economic groups.
Non-episodic cases have been indicated in which transnational enterprises have paid the State to deploy the army to control parts of the country where these enterprises have substantial economic interests. On the one hand, this constitutes a purchase of security by those who can afford to do so, and on the other a privatisation of the military forces and national police, which means employing a public institution for private interests.
Reportedly, unions and other social organisations have been systematically dismantled, which also included the murder of their leaders, with substantial indifference shown by State institutions.
All of this seems to be a symptom indicating the complex subordination of the rule of law to the interests of powerful economic groups, with the grave risk of turning the rule of law into fiction and mere appearance, while the State machinery contributes to perpetuating violence as a method to control society, dynamics, and desires for democratic change.
2. Cooperation with the emergence of paramilitaries. With this reasoning, emphasis was placed on how the Colombian State -by way of laws and decrees- created and facilitated the consolidation of paramilitarism in Colombia by establishing ways to organise the population’s involvement in the armed conflict through security cooperatives and informant networks. The State has also created legal instruments -through the passage of laws- to seal the impunity of the crimes against humanity perpetrated by these groups, even achieving the consolidation of their economic, political, social and military control. In areas of natural resource exploitation, evidence has been provided on the use of paramilitary groups by TNEs that benefit from the impunity.
3. Subordination of public resources to private interests. Code of Mines, Law of Oil, and Environmental Legislation. As regards implementing these ways of mining exploitation, the Tribunal’s attention is drawn to the fact that legal adjustments have been imposed -with the consent of successive governments- that openly favour national monopolies, multinationals, and transnationals, to the detriment of popular sovereignty over natural resources, human rights, and the economic, social and cultural rights of the majority of the Colombian population.
There has been documentation of private-sector professionals, linked to the legal and economic interests of the mining TNEs, being designated to reform the Code of Mines. This has resulted in reducing -and even eliminating- the benefits for the State and Colombian population as a whole and disproportionately increasing the profits of the TNEs. In particular, a lawyer from the multinational Conquistador Mines, which had and has interests in the gold mines in the southern Bolívar, has reportedly drafted the proposed Code of Mines of 1996. Lawyers from the cement companies Holcim, Cemex, and Ladrillera Santafé, have also reportedly planned, advised, and regulated Law 685 of 2001. Additionally, lawyers from oil transnationals have reportedly drafted the new legislation for this sector, which has resulted in altering all the structure in matters regarding the environment, taxes, and foreign investment. These legislative initiatives have counted on “aid” from the Canadian cooperation agency (CIDA) and enterprises based in Colombia, which presently benefit from more then 60% of the new mining and oil contracts. This demonstrates a grave subordination of the public sphere to private interests.
Moreover, it is adduced that the rights to the ancestral lands of indigenous persons and Afro-Colombians are gravely limited. Mining resources are turned over in perpetuity -and justice is privatised- as all litigation is subjected to arbitration tribunals that always rule in favour of the multinational and falsely declare the mining industry to be of public interest, which privatises profits and spreads the burden of the losses.
4. Forced displacement and commercial exploitation of land. As regards current, traditional patterns of land occupation and how the population relates to its natural resources, the implications of large-scale profitable mineral extraction have brought about progressive dispossessions and displacements, which have furthered the deterioration of the living conditions for broad sectors of the population and worsened the structures of inequality on a national level.
It was mentioned that there are areas where the presence of multinational enterprises has created a close link between land concentration and the forced displacement of the population. This is due to the fact that a conflict is instituted for the territorial control of strategic areas. In fact, land conflicts and violence have a long-standing relationship in Colombia. The present conflict does not seem to be an exception. Since the 1990’s, the amount of foreign investment has increased as a consequence of the decrease in legal barriers; while at the same time there is more forced displacement and massacres in places with vast mineral and natural wealth. Emphasis was also placed on the coincidence that paramilitary presence is most visible in these areas receiving US military aid for the construction of military bases. The displaced population reports having lost four million hectares, which is the equivalent of one third of the cultivable land in Colombia.
Colombia offers a clear example of the dynamic between land concentration and violent conflict. This is demonstrated by the cases analysed in this tribunal. Territorial occupation and expulsion of the civilian population are war strategies adopted by the transnational enterprises to clear territory, enlarge their areas of control, and violently appropriate land, by employing and financing paramilitary groups -and the very State forces- for that purpose.
Within this framework, the displacement of the population also seems to be a low-cost strategy to occupy land. Peasants, indigenous persons, Afro-Colombians, and miners are limited in their ability to adopt measures of protection, which has made them the target of threats by officials from TNEs, military forces and national police, and paramilitaries. This situation is worsened in areas with a guerrilla presence. The control of prime natural resources (such as water) and the prospect of future mining and road projects, among other projects, have also promoted the violent appropriation of land.
5. The ancestral territory of indigenous peoples at risk. The testimonies, presented by the representatives of indigenous peoples, demonstrated that the knowledge of the grandmothers and grandfathers from the different communities and peoples of Abya Yala -and in dialogue with other peoples from throughout the world- conceives the earth as our mother. This knowledge also recognises that all living beings are the earth’s daughters and sons, because they depend on her at every moment in their lives and because the structure of the human body is the same as that of the Earth. Consequently, these communities and peoples consider that she must be protected, because she is as much in the very body as in the air that is breathed, the water that is drunk, the warming sun, and the plants and animals that provide nourishment.
These indigenous communities and peoples express that the life of all beings on the mother earth are presently put at risk by the presence of multinational enterprises from “First World” countries that have been carrying out the extraction of natural resources, mines, and hydrocarbons. In this regard, indigenous peoples now want to speak to the world to spread the message that all living beings depend on the earth. This is why they take pleasure in hearing non-indigenous voices of protest from throughout the world in the defence of the mother earth. In order for the world to return its gaze upon herself, commercial and consumer thinking should be changed for a manner of thinking that is sustainable, lasting, and equitable.
The principal difference with the indigenous peoples is that this manner of thinking does not come from the minds of their leaders; rather it comes from the thousand-year-old wisdom held in their words. And it is through these words that they understand their role in this society. This is why the powerful sectors of savage capitalism, which look at nature as their enemy, need to respect ancestral territory as it protects all beings equally.
6. Effects of the transnationals on the environment and health. In the hearing, it was stated that the redirecting of the water flow, the mass movement of land, and the ongoing explosions in the areas of mining exploration and exploitation, affect the ecosystem and the serenity of the population. It was also stated that deforestation not only affects the habitat of hundreds of species (many close to extinction), but also affects the maintenance of an ongoing water flow from forests to other ecosystems and urban centres. Additionally, the enormous consumption of water required by mining activity generally reduces the water table of an area, even drying up water wells and springs. Water ends up contaminated with toxic material, which may continue for hundreds -and even thousands- of years.
The dangerous chemical products used in the different phases in the processing of metals -including cyanide, concentrated acids, and complex alkaline substances- end up in the sewer system. The alteration and contamination of the water cycle has very grave effects on the nearby ecosystems, and is especially damaging to forests and persons.
Even if it is true that the environmental impact of large-scale mining has not been considered, its consequences are becoming apparent for the health of the communities through grave affectations to the skin, lungs, hearing, and sight. Additionally, the grave health effects caused by coal dust were indicated. Furthermore, there is the high amount of malnutrition caused by the destruction of the agricultural sector.
Desertification was also mentioned, as well as other grave environmental consequences caused by extensive open-pit mining exploitation, which is also in the process of expansion.
7. Deterioration of labour conditions and the persecution of unions and social movements. A common, characteristic element in the reports presented before this Tribunal against transnational enterprises is the comparative advantage in the wages of the work force in countries such as Colombia in relation to the countries of origin of the TNEs. This is the result of establishing precarious labour conditions and prior weakening and destruction of union organisations through threats against and the murder of these organisations’ leaders.
Union persecution is made more evident and dangerous for the life of the workers who speak out against atrocities and violations to human and labour rights (violations they are subjected to by the TNEs’ security personnel and management). All of this occurs in the framework of implementing the development model proposed by multilateral banks, which considers union organisations to be a negative element and alien to the work market.
8. Complicity and collusion of the international institutions. As far as the documents provided and the testimonies received, notice is taken of the close collusion of the policies imposed by the international institutions favouring the interests of the TNEs. The demands of IMF or World Bank adjustment programmes, under the imperative of fulfilling debt obligations, pressure countries like Colombia to put into practice policies favouring the growth and profits of these enterprises. These policies also end up facilitating the unregulated and unrestrictive operation of TNEs in the pursuit of their interests, in addition to deepening inequality and the deterioration of living conditions for the working class, particularly the poorest sectors. Furthermore, the export of mining products also tends to be strongly stimulated by the influence of the WTO (in spite of the more recent difficulties in being implemented), preparation for the proposed FTAA, bilateral treaties of foreign relations, and even some of cooperation agreements.
It has been demonstrated that World Bank investment policy, the increasingly pro-free trade WTO, and other supranational treaties, as well as the IMF financial demands, end up being powerful instruments for the studied TNEs, rather than for the country’s development and the population’s wellbeing.
9. Sense of development and development models. The testimonies and documentation received in this hearing clearly demonstrated the existence of very distinct conceptions of what is presumed to be the development of a country and its peoples, in addition to being different than what is considered to be development by the leading academic centres and institutions from throughout the world.
It no longer only concerns the traditional, known distinction between growth and development, but also the profound diversity of how the communities understand development, and the need to adapt these variations in terms of total parity for these different approaches so as to lead towards an alternative society.
The presentations have clearly demonstrated that mere material wealth, as well as the actions required to obtain this wealth, are not considered and evaluated in the same way by all communities. In this regard, emphasis should be placed on the relevance of approaches by indigenous and Afro-Colombian communities.
As far as what was proposed in the session, the need arises for a profound and ongoing reconsideration of development concepts and the recognition of wealth, which presumes the existence of diverse development concepts (corresponding to maintaining the social biodiversity).
Additionally, it seems that even the efficiency of these TNEs can be questioned in terms of the Western concept of development of a country. Since their strategies are oriented to achieving rapid, accelerated short-term profit, they often presume the depredation of resources, environment, and sustainable systems of production for long-term development. In this context, emphasis is placed on the degradation of the workers and the population in general due to their vastly unjust labour and social conditions.
10. Increasing inequalities, poverty, and enormous suffering for persons. In all of the testimonies there are elements demonstrating that the operation of TNEs causes an increase in inequalities, poverty, and deterioration in health and living conditions, which encourages enormous suffering for broad sectors of the population.
In terms of the documentation provided, it is noted that the operation of the analysed enterprises does not even provide material wellbeing; rather it condemns substantial parts of the population to abject poverty. The degradation and destruction of the environment, the profound deterioration of the workplace, and joblessness, bring about an exaggerated worsening of family economics. If the deterioration to health and living conditions is also included, as well as the scarce amount of public services, the affected population is seen to be condemned to an increase in poverty and frequently grave abject poverty.
There is no increase in available material wealth (neither private, nor public), and there is even less advancement towards development. To the contrary, there has been a dismantling of the traditional ways of living and a dispossession of the native populations from their resources and systems of production and consumption. In this regard, the TNEs have caused material abject poverty and the devastation of thousand-year-old systems of life, which are also competent for alternative development concepts.
The transnational enterprises establish themselves in territories by carrying out different kinds of violence and creating privileged sectors for those submitting to their concept of development. Nevertheless, the TNEs also create much larger sectors of uprooted persons and victims whose immense suffering and destruction were directly referred to in this hearing by witnesses with moving accounts, which we can only record with deep sorrow and indignation.
IV. EVALUATION
The acts and evidentiary elements presented before this Tribunal
provide sufficient elements to strengthen the accusations concerning
the responsibility of the TNEs in crimes against humanity, since the
acts listed in the second part appear to reveal the systematic character
of these crimes.
The hearing also demonstrated human rights violations by Colombian authorities and armed paramilitary groups that operate in Colombia (in contrast to international agreements signed by Colombia, beginning with the Universal Declaration for Human Rights and International Pacts on economic, social and cultural rights).
There are also violations to the provisions from the Algiers Declaration on the rights of peoples, which will celebrate its thirty-year anniversary in Rome next month and constitutes a significant parameter for the trial by the Permanent Peoples’ Tribunal.
All States have the duty to specifically guarantee human rights, maintain order, and guarantee the security of all of its citizens throughout its territory. The State may even be declared responsible in the violation of international conventions, if it is verified that there are groups of private citizens or paramilitary groups in any part of its territory.
During the hearing, prosecuting counsel and witnesses spoke out against the extensive impunity, especially concerning the conduct of the TNEs and paramilitary groups.
Nevertheless, the Tribunal was not able to go into the actual role played by justice system in the reported cases. Therefore, total attention is essential for the investigation to continue on the role of the judiciary so that the Permanent Peoples’ Tribunal can express its opinion in the deliberating session.
However, what the Permanent Peoples’ Tribunal has stated in its jurisprudence on other occasions in relation to impunity may be confirmed at this time.
As regards the documented reports of grave violations to human rights (and especially the right to life and the right to live in one’s birthplace or place of choice), States and society have obligations in relation to the truth and memory so as not to forget the crimes that have occurred and to punish the authors of these crimes. This is the premise for re-establishing citizens’ trust in institutions.
International law safeguards the right of citizens to justice, which corresponds to the State’s obligations of ensuring the functioning of the justice system by way of effectively independent judges and courts that try and fulfil the law. If human rights violations are not condemned, and the responsible parties are not tried and sentenced in accordance to the rules of due process, the rule of law does not exist.
The impunity of the crimes constitutes in and of themselves a human rights violation. The State is not allowed to renounce the duty to investigate, try, and punish, by way of amnesties or other practices establishing impunity.
Any act that promotes forgetting or not punishing the crimes is unacceptable ethically and legally. Therefore, the Permanent Peoples’ Tribunal supports the creation of an impartial and independent body to establish the truth concerning what has happened over the last decades.
In this regard, the Tribunal gathers the victims’ plea to not be left alone, as well as the scream of indignation by a witness, who said: So it doesn’t go unpunished! So a crime against humanity never again goes unpunished!
By reasons of the foregoing, the jury members of this hearing take on as their own the documented accusations that have been presented and request the deliberating session of the Permanent Peoples’ Tribunal on TNEs and the rights of peoples in Colombia to verify the responsibility of the accused TNEs and the Colombian State (as the responsible parties for crimes against humanity) and examine their complicity in these same State-sponsored crimes, which come out of these enterprises’ corporate headquarters.
As a conclusion to this very intense hearing and the reading of the jury’s decision, the Tribunal feels the need to thank everyone who has made this event possible, and above all the persons that, responsibly and courageously, have presented the accusations based on solid evidence and testimonies of the acts, which has allowed the reconstruction of what happened and, through their words, revived the suffering and pain caused by these dramatic acts.
The Tribunal must also thank all of the assistants to the Hearing for their ongoing, quiet presence, though attentive and involved, as representatives of the collectives and peoples, and as a part of the broad, committed movement in the fight to impede all attempts to forget, sustain the demand for justice and truth for the victims, and encourage institutions to seriously consider human rights.
The judges learned that when a movement emerges to fight against injustice and inequality, international human rights conventions and national constitutions are no longer mere paper documents concerning rights, rather they become instruments for personal and social demands and democratic change.
Lastly, the jury expresses the profound impact it has felt from realising that, in spite of the very tragic situation, there is a potent resistance to injustice, a firm decision to continue to work for a transformation of society, and a desire to cooperate with other groups and peoples that pursue these same objectives. We wish to express to the world and speak for the optimistic feelings that come out of the demonstrated will to fight, which may only lead to immense hope.
Medellín, Colombia, November 11, 2006