SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS "SINALTRAINAL"

Se realizará en Bogotá,  los días 6, 7 y 8 de marzo de 2008. http://www.movimientodevictimas.org/node/512

La lucha por la recuperación de la memoria histórica, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, se ha visto expresada con firme determinación a lo largo y ancho del país en números esfuerzos de una multitud de personas, organizaciones y comunidades afectadas por la acción criminal del poder estatal y su estrategia paramilitar.

Como el Movimiento de Víctimas lo ha reiterado; el camino recorrido por Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos de gobierno, no conduce a la reconciliación y mucho menos a la paz, por el contrario, ha estimulado la confrontación armada, consolidado la impunidad e incrementado considerablemente la vulnerabilidad y el número de víctimas, como lo demuestran los últimos acontecimientos. Con la apertura de procesos judiciales y las capturas de altos funcionarios del gobierno, Congresistas, Gobernadores, Alcaldes, etc., es cada vez más claro que se viene deslegitimando el actual proyecto oficial de ultraderecha debido a que todos ellos son los que han apoyado su campaña política a costa de la sangre de los Colombianos y las Colombianas.

El Estado sigue siendo rehén del paramilitarismo y el narcotráfico. Las recientes elecciones han confirmado su poder político, económico y social en centenares de municipios y regiones del país. El paramilitarismo no solo no se ha desmovilizado sino que mantiene intactos sus nexos con los agentes de la Fuerza Pública, los organismos de inteligencia del Estado y sectores del Poder Judicial; así como los vínculos con gremios económicos, empresas nacionales y transnacionales. El gobierno hace todo los esfuerzos por obstruir las investigaciones de la Corte Suprema en un descarado afán por favorecer a la bancada Uribista vinculada con crímenes de lesa humanidad. Bajo las políticas de “lucha contra el terrorismo” y la estrategia oficial de la “seguridad democrática” se viene legalizando el poder mafioso en Colombia, lo cual es una amenaza para las fuerzas sociales y democráticas que buscamos una trasformación real del país.

Diversas valoraciones de entidades nacionales e internacionales coinciden con el Movimiento de victimas sobre el colapso de la ley 975 de 2005. Las versiones libres de los jefes paramilitares no vienen aportando mayores elementos para esclarecer la verdad y en cambio se han dedicado ha hacerle apología al delito. Más de cuatro millones de personas continúan desplazadas porque no ha habido devolución de tierras y bienes; al mismo tiempo que crecen las amenazas y riesgos para las victimas, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación está más empeñada en proteger los intereses del gobierno y de los victimarios, que en ofrecer garantías reales a las víctimas para la superación de la impunidad.

Por su parte las fuerzas armadas, que tienen en su contra cientos de investigaciones, recobraron su protagonismo en la guerra sucia no solo por la continuación de alianzas con el paramilitarismo, sino por el hecho de que se han registrado 955 asesinatos atribuidos a sus agentes desde 2002, que hacen parte de “falsos positivos”.

También llama la atención la crisis económica, social, cultural y de soberanía nacional que vive el pueblo, crisis que se expresa en el aumento de las cifras de desempleo, pobreza, privatización de empresas de servicios domiciliarios y el cierre de hospitales y clínicas publicas. De otro lado el gobierno insiste en suscribir con Estados Unidos un TLC arbitrario y desventajoso.

A pesar que el acuerdo humanitario, está lejos de ser una prioridad del gobierno, quien entorpece o desconoce cualquier iniciativa para su desarrollo, durante el último año ha emergido con mayor fuerza la exigencia por la libertad de los retenidos; los estudiantes y profesores se levantaron ejemplarmente para defender el carácter público de la educación; los trabajadores se han movilizado oponiéndose a las políticas de privatización y en contra del recorte a las transferencias. Las luchas indígenas, campesinas y de la población afro colombiana se expresan en forma heroica en busca de sus derechos; Las operaciones del Plan Colombia y su nueva fase, está causando un enorme daño al medio ambiente, a la salud campesina y vienen victimizando enormemente a la población civil en las áreas de conflicto. Frente a esta realidad la exigencia de la solución política negociada al conflicto colombiano surge como la alternativa más realista en la hora actual.

Desde su tercer encuentro el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE-, propaga numerosas acciones en torno a sus ocho estrategias a nivel nacional y en los lugares mas apartados del mundo donde ha sido invitado. Las Audiencias Ciudadanas por la Verdad, los encuentros regionales de victimas, la formulación del proyecto de acto legislativo de no repetición del paramilitarismo, la creación de nuevos capítulos, la constitución de la Comisión Ética Internacional, los avances para hacer efectivo el Catastro Alternativo de Tierras, el apoyo a la consolidación del movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, entre otros, son signos contundentes del fortalecimiento del Movimiento de Victimas y de los avances de la lucha contra la impunidad en el país.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado convoca al IV Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y graves violaciones de los derechos humanos para los días 6, 7 y 8 de marzo de 2008, en la ciudad de Bogotá, D.C. En los eventos regionales preparatorios y en esta reunión nacional, los y las familiares de las víctimas del terrorismo estatal, los sobrevivientes de grupos políticos y movimientos sociales sometidos a genocidios, los representantes de las comunidades afro descendientes, campesinas e indígenas en resistencia, los delegados de los desplazados y exiliados por la violencia política, evaluarán, discutirán y ampliaran las estrategias de lucha contra la impunidad tendientes a fortalecer el Movimiento y sus relaciones con experiencias similares en América Latina. El Encuentro adoptará además las directrices a seguir en la lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de NO repetición; por la salida negociada del conflicto político, social y armado, el acuerdo humanitario y por la democratización del país.

¡Contra los crímenes del terrorismo estatal: verdad, justicia, reparación integral, memoria y no repetición!

Comité Nacional de Impulso
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Bogotá, Noviembre del 2007

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Ingles:

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
National Movement of Victims of State-Sponsored Crimes

IV NATIONAL ENCOUNTER
 (Bogotá, Colombia, March 6, 7 and 8, 2008)

The fight for the recovery of historical memory, the rights to truth, justice, comprehensive reparation and guarantees for non-recurrence, has been seen to be expressed throughout Colombia in different efforts by many persons, organizations and communities affected by the criminal action of the State power and its paramilitary power.

As the Victims’ Movement has repeated on numerous occasions, the path taken by Álvaro Uribe Vélez in his two administrations does not lead to reconciliation and much less to peace. To the contrary, as has been shown by recent events, President Uribe has encouraged armed confrontation, consolidated impunity, and considerably increased vulnerability and the number for victims. The initiation of judicial processes and the capture of senior government officials, congress members, governors, and mayors, among others, is further demonstrating the illegitimacy of the current official extreme rightwing project, since all of the implicated have supported this political campaign at the cost of the blood of Colombians.

The State continues to be held hostage to paramilitarism and drug trafficking. Moreover, the last elections have confirmed this political, economic and social power in hundreds of municipalities and regions of the country. Paramilitarism has not only not been demobilized, but has also maintained its ties with agents of the public force, State intelligence agencies, and sectors of the judicial power, in addition to its ties with economic sectors, and national and transnational enterprises. The government has expended untold effort in obstructing the Supreme Court investigations in a shameless desire to favour the pro-Uribe government coalition implicated in crimes against humanity. Under the policy of the “fight against terrorism” and the official strategy of “democratic security”, the mafia power is being legalised in Colombia, which is a threat to the social and democratic forces searching for a real transformation of Colombia.

Many pronouncements by national and international institutions coincide with the Victims’ Movement on the collapse of Law 975 of 2005, also known as the Law of Justice and Peace. The voluntary confessions by the paramilitary chiefs have not contributed important elements for the clarification of truth. On the contrary, this testimony has tried to justify these crimes. More than four million persons continue to be internally displaced because there has been no devolution of land and property. While the threats against and the risks for victims increase, the National Commission for Reparation and Reconciliation is more determined to protect the interests of the government and victimisers than offer real guarantees to the victims to overcome impunity.

For its part, the armed forces, which are being investigated in hundreds of cases, recovered its leading role in the dirty war through its continuing alliances with paramilitarism (for instance, the 955 registered murders attributed to its agents since 2002, which are a part of the false kills in combat).

Attention is also drawn on the national sovereignty and economic, cultural and social crisis existing in Colombia, which is expressed through the increase in the rates of unemployment, poverty, privatization of domestic service enterprises, and the closing of public hospitals and clinics. Additionally, the government insists on signing an arbitrary and disadvantageous free trade agreement with the United States.

Despite the humanitarian agreement being far from a government priority -to the contrary, the government either hinders or ignores any initiative for its development-; over the last year, the demand for the freedom of those retained has gained even greater force. Students and professors have also risen to defend the public character of education. Workers have mobilized to oppose the privatization policies and the cutback of funds from the national budget for regional and local governments. Furthermore, the struggles of indigenous peoples, campesinos, and Afro-Colombians have expressed themselves heroically in the search for their rights. Lastly, the operations pertaining to Plan Colombia and its new phase have been causing enormous damage to the environment and the health of the rural population. It has also been massively victimizing the civilian population in areas of conflict. With respect to this reality, the demand for the negotiated political solution to the Colombian conflict emerges as the most realistic alternative at the present moment.

Since its third encounter the Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, National Movement of Victims of State-Sponsored Crimes, encourages diverse actions relating to its eight strategies in Colombia as well in many parts of the world where it has been invited. The Citizen Hearings for Truth, the regional victims’ encounters, the formulation of the legislative bill for the non-repetition of paramilitarism, the creation of new regional chapters, the creation of the International Ethics Commission, advancement in effectively achieving the alternative land registry, and support for the consolidation of the movement Sons and Daughters for Remembering and against Impunity, among other actions, are conclusive signs of the strengthening of the Victims’ Movement and progress in the fight against impunity in Colombia.

The Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, National Victims’ Movement against State-Sponsored Crimes convenes the IV National Encounter of Victims of Crimes against Humanity, Genocide and Grave Human Rights Violations on March 6, 7 and 8, 2008, in the city of Bogotá, D.C. In the regional preparatory events and in this national meeting, the relatives of the victims of State-sponsored terrorism, the survivors of political groups and social movements subjected to genocide, the representatives of Afro-descendent, campesino and indigenous communities in resistance, and delegates of persons displaced and exiled due to political violence, will come together to evaluate, discuss, and broaden the strategies to fight against impunity and strengthen the Movement and its relations with similar experiences in Latin America. The Encounter will also adopt the guidelines to continue in the fight for truth, justice, comprehensive reparation, and guarantees for non-repetition as well as the negotiated resolution of the armed, social and political conflict, the humanitarian agreement, and the democratization of Colombia.

Against Crimes of State Terrorism: Truth, Justice, Comprehensive Reparation, Memory and Non-Repetition!

National Support Committee
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

National Victims’ Movement against State-Sponsored Crimes

Bogotá, October 20, 2007