SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS "SINALTRAINAL"

Daniel Kovalik

La semana pasada, la AFL-CIO envió una delegación de sindicalistas, incluyendo a representantes de United Steelworkers, a Colombia, Sudamérica, el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, con el objetivo de llevar a cabo una investigación. Alrededor de 2.300 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1991, y 470 desde que el actual presidente, Álvaro Uribe, asumió en 2002. Cinco han sido asesinados en lo que va del año.

Asistí como integrante de esta delegación en representación de USW, nos reunimos con numerosos sindicalistas, representantes del congreso colombiano, la ILO, el Tribunal Constitucional de Colombia, el Fiscal General Mario Iguarán y el Presidente Uribe para indagar acerca de la continua violencia que se ejerce contra los sindicalistas en este país.

Nuestra reunión con el Presidente Uribe alcanzó un punto de tensión cuando mencioné nuestra preocupación colectiva por la cultura antisindical que reina en las fuerzas armadas, en las empresas e incluso en el gobierno de Colombia; una cultura que tilda de "guerrilleros" o "terroristas" a aquellos trabajadores que intentan organizarse y ejercer sus derechos sindicales. En un país en el que las fuerzas armadas colombianas, en unión con organizaciones paramilitares de la derecha, libran una batalla contra la guerrilla, tales denominaciones ponen en peligro la vida de estos trabajadores.

Para ejemplificar el estigma que pesa sobre los sindicalistas, le conté al Presidente Uribe acerca de una conversación que tuve con un coronel de la Brigada 18 del Ejército colombiano poco después de que su Brigada matara a balazos a tres líderes sindicales cerca de Saravena en agosto de 2004. El Coronel Medina de la Brigada 18 me dijo en aquel entonces que él sabía que su deber era proteger a los sindicalistas de la misma forma que al resto de los ciudadanos. Sin embargo, afirmó que, en realidad, muchos de los sindicalistas eran guerrilleros; una afirmación como esta, si bien es falsa, logra que los sindicalistas se conviertan en un blanco para los ataques de las fuerzas armadas.

El Presidente Uribe me contestó que todos los meses se reúne con sindicalistas y que muchos de ellos son de buen corazón. Sin embargo, al igual que el coronel, continuó su discurso con un significativo "pero". Y agregó que, como estudiante (seguramente décadas atrás), se enteró de que una de las tácticas de los guerrilleros consistía en infiltrarse en el movimiento sindical y estudiantil y en la prensa.

Luego, Uribe aseveró que, de hecho, los tres sindicalistas que murieron cerca de Saravena en 2004 eran guerrilleros que tenían relación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). No estuve de acuerdo con el Presidente y señalé que, después de investigar, su propio fiscal general había llegado a la conclusión de que esta afirmación era falsa y de que, en realidad, la Brigada 18 les había colocado armas a los sindicalistas para que pareciera que habían muerto como rebeldes en un enfrentamiento armado. Uribe me respondió que él había ido a Saravena personalmente y que miembros de la comunidad le habían asegurado que las tres víctimas eran, en efecto, miembros del ELN.

De modo que, en base a un rumor, sin ninguna prueba y haciendo caso omiso de las conclusiones de su propio fiscal general, el presidente sostiene que estas tres personas eran "terroristas".

Lamentablemente, esta aseveración no puede atribuirse a un lapsus del Presidente Uribe, quien ya ha realizado este tipo de declaraciones peligrosas en ocasiones anteriores. Como cuando en declaraciones a El Tiempo, el periódico líder de Colombia, al hablar acerca de dos sindicalistas que murieron el año pasado, dijo que el incidente se debió a que uno de ellos era un "terrorista". Una vez más, resultó imposible confirmar esta versión.

Además, los grupos defensores de los derechos humanos, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han desmentido la colaboración entre sindicatos y guerrilleros y han llegado a la conclusión de que, en Colombia, los sindicalistas son asesinados no porque estén vinculados a alguna organización ilegal, sino por el solo hecho de ser lo que son.

Al fin y al cabo, los comentarios de Uribe aclararon por qué continúan las muertes de los sindicalistas y por qué menos del 3 por ciento de los cientos de asesinatos de sindicalistas han sido llevados a juicio: por el estigma de que son objeto los sindicalistas por parte de las personas que ocupan los puestos más altos en el gobierno colombiano, incluyendo al Presidente.

Mientras se encontraba en Colombia, la delegación de la AFL-CIO también se reunió con representantes de diversos sindicatos y delegaciones sindicales. Los sindicalistas con los que nos reunimos, al igual que los numerosos representantes del Congreso, coincidieron en que, en Colombia, los sindicatos están desapareciendo. Esto se debe, por un lado, a la evidente violencia antisindical y, por otro, a la agresión legal del Presidente Uribe, que ha dejado a menos del 1 por ciento de la fuerza laboral el derecho legal a participar en negociaciones colectivas.

Este es el país con el que Bush quiere firmar un Tratado de Libre Comercio. Insiste en que el Congreso apruebe el acuerdo, ya que, en los últimos años, ha disminuido el número de sindicalistas que han muerto. Se ignora el hecho de que las cifras aún son altas, al menos lo suficiente como para que Colombia siga siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. También se ignora el hecho de que, después de años de violencia y legislación antisindicales, simplemente hay menos sindicalistas que asesinar.

El Congreso de EE. UU. debe seguir resistiendo la tentación de recompensar al gobierno de Uribe con un Tratado de Libre Comercio. Literalmente, las vidas de los sindicalistas en Colombia dependen de ello.

Ingles.
Colombian President Uribe Confirms U.S. Unions' Fears
http://www.huffingtonpost.com/dan-kovalik/colombian-president-uribe_b_87385.html
Last week, the AFL-CIO sent a delegation of trade unionists, including representatives of the United Steelworkers on a fact-finding mission to Colombia, South America -- the most dangerous country in the world for trade unionists. Approximately 2,300 unionists have been killed in Colombia since 1991; 470 since the current president, Alvaro Uribe, took office in 2002. Five have been killed already this year.

I represented the USW on this delegation as it asked numerous unionists, Colombian congressional representatives, the ILO, the Colombian Constitutional Court, Attorney General Mario Iguaran, and President Uribe about the continued violence against trade unionists in that country.

Our meeting with President Uribe took a chilling turn when I raised our collective concern about the pervasive anti-union culture in the military, companies and even the government in Colombia -- a culture which labels those workers attempting to organize and exercise their union rights as "guerillas" or "terrorists." In a country where the Colombian military, along with right-wing paramilitaries aligned with the military, are at war with the guerillas, such labels target those workers for assassination.

As an example of anti-union stigmatization, I related to President Uribe a conversation I had with a colonel of the Colombian Army's 18th Brigade shortly after this Brigade shot and killed three trade union leaders near Saravena in August of 2004. Colonel Medina of the 18th Brigade told me at that time that he knew he was required as an army officer to protect trade unionists as he would all citizens. However, he claimed that many unionists were in fact guerrillas -- a claim which is untrue but which makes unionists fair game for attacks by the military.

In response, President Uribe said to me that he meets with unionists every month and that many of them have good hearts. Like the colonel, however, he followed up this statement with a pregnant "but." To wit, he said that it was his experience as a student (presumably decades ago) that a tactic of the guerrillas was to infiltrate the union movement, the student movement and the press.

Then, Uribe went on to claim that the three unionists killed near Saravena in 2004 were in fact guerillas linked to the guerilla group ELN. I disagreed with the President, pointing out that his own attorney general had concluded, after investigation, that this claim was not true, and that the 18th Brigade had actually planted weapons on the unionists after the fact to make it look like they were insurgents killed in a gun battle. In response, Uribe said that he had gone to Saravena personally and that members of the community had assured him that the three killed were in fact members of the ELN.

So, based on hearsay, without any proof, and in defiance of his own attorney general's conclusions, the president clings to the contention that these individuals were "terrorists."

Sadly, this was not a slip of the tongue by Uribe. Indeed, he has made such dangerous statements before. Consider what he told Colombia's leading newspaper El Tiempo. In discussing two trade unionists killed last year, he said that they were killed because one of the men was a "terrorist." Again, there was never any proof for this assertion.

And, indeed, human rights groups, and the UN High Commission for Human Rights as well, have debunked any theory of union-guerilla collaboration, and are unanimous in the conclusion that unionists in Colombia are being killed, not because they have any illegal affiliations, but precisely because they are unionists.

In the end, Uribe's comments revealed why the murders of unionists continue and why fewer than 3 percent of the hundreds of cases of trade union killings have ever been successfully prosecuted - because of the stigmatization of unionists by the highest ranks of the Colombian government, including the President himself.

While in Colombia, the AFL-CIO delegation also met with representatives of many unions and union delegations. The unionists we met with, as well the numerous Congressional representatives, were unanimous in their view that unions in Colombia are disappearing -- both as a result of overt anti-union violence as well as the legal assault by President Uribe which has left less than 1 perfect of the workforce with the legal right to collectively bargain.

This is the country with which the Bush administration is insisting the U.S. sign a Free Trade Agreement. He insists that Congress approve the deal, claiming that the numbers of unionists killed in recent years is down. This ignores the fact that the numbers are still large -- certainly enough to continue to qualify Colombia as the most dangerous country in the world for trade unionists. This also ignores the fact that, after years of anti-union violence and anti-union legislation, there are simply fewer unionists remaining to kill.

The U.S. Congress must continue to resist rewarding the Uribe government with a Free Trade Agreement. The lives of unionists in Colombia literally depend on it.