Sinaltrainal

Su visita a Washington, DC y el Plan de Acción Laboral

Nota de WOLA al Sr. Rafael Pardo Rueda, Ministro de Trabajo de Colombia acerca de la problemática laboral, de judicialización y de seguridad de sindicalistas.

Sr. Rafael Pardo Rueda

Ministro de Trabajo

Carrera 14 No. 99-33

Bogotá, Colombia

Re: Su visita a Washington, DC y el Plan de Acción Laboral

Estimado Sr. Pardo,

Un cordial saludo. Esperamos tener la oportunidad de poder dialogar con Ud. acerca de varias situaciones y casos de abusos laborales que son prioritarios para WOLA. Lamentamos que esta conversación no se pudo dar en la audiencia laboral del Senado de Colombia que se llevó a cabo el día 26 de abril de 2013 en Cartagena.

Tomamos esta oportunidad para pedirle que intervenga para asegurar lo siguiente:

1) Cumplimiento de parte de Colombia de los compromisos escritos en el Plan de Acción Laboral (PAL) entre Colombia y los Estados Unidos, en particular en materia de protección de líderes sindicales y activistas laborales; justicia en casos de los asesinatos de sindicalistas y la contratación directa de trabajadores en los sectores de puertos, flores, minería, azucarero y de palma de aceite.

2) Actuación rápida e eficaz con resultados concretos hacia el reintegro de trabajadores despedidos injustamente en los sectores prioritarios.

Seguimos muy preocupados por los continuos asesinatos, amenazas de muerte e otro tipo de hostigamiento que suceden en el sector sindical. En el 2012 se asesinaron unos 20 sindicalistas y en lo que llevamos del 2013 se han asesinado unos 4. Pese que haya menos asesinatos, la situación de seguridad y de amenazas de muerte sigue de alta preocupación con más de 994 amenazas contra el sector sindical desde que el Presidente Santos tiene su Administración. Especialmente preocupante son las amenazas de parte de paramilitares que han recibido la dirección nacional de la CUT que declara a la directiva nacional como objeto militar y las intimidaciones contra la CGT por parte de las FARC.

Otro tema delicado de mayor preocupación es la denuncia del Presidente de la CUT frente las anomalías relacionadas a los esquemas de protección entregado a través de la Unidad Nacional de Proteccion (UNP). En los carros y celulares entregados por esta institución se encuentran localizadores (GPS). Nos interesaría saber cuál es la respuesta de su Ministerio frente estos alegatos?

La ENS reporta que entre el 1 de enero de 1986 a 31 de diciembre 2012 se han asesinado 2,937 sindicalistas. Tenemos entendido que en relación a la justicia en dichos casos que el número de impunidad sigue siendo más del 90 por ciento y en los pocos casos donde ha habido avances quienes han sido sancionados han sido mayoritariamente los autores materiales pero no los intelectuales o patrocinadores de dicha violencia. Entonces quisiéramos saber qué pasos concretos se han tomado desde la creación del Ministro de Trabajo para combatir la impunidad en dichos casos, cuantos han avanzado y qué esfuerzos especiales están haciendo en su Ministerio para garantizar la justicia para que no se siguen repitiendo estos crímenes?

En los sectores prioritarios del Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos y Colombia, hemos visto unos pasos grandes hacia atrás, específicamente en contra de la intención del PAL de garantizar la contratación directa. El Decreto 2025 del 2011 solo terminó las cooperativas de trabajo asociado en nombre pero no el modelo de subcontratación que es la intención de los compromisos incluidos en el PAL. En lo que sigue, detallamos nuestras preocupaciones más específicas por sector.

Sector Portuario

Cabe notar que más de 80 por ciento de los trabajadores en el sector portuario siguen subcontratados en otras figuras de subcontratación como las SAS y otras que obstaculizan la sindicalización y el mejoramiento de sus condiciones laborales. Como resultado de lo mismo, los trabajadores quienes sufren accidentes de trabajo o enfermedades laborales no tienen sus necesidades cubiertas. Trabajadores que terminan inválidos y los familiares de los fallecidos terminan en la ruina.

Los hostigamientos contra la Union Portuaria y sus afiliados siguen. Represalias contra trabajadores quienes intentan de mejorar su situación son la práctica. En el 2012, más 1,000 portuarios fueron despedidos (más de 400 en Buenaventura, más de 200 en Barranquilla, más de 80 en Turbó, más de 50 en Santa Marta y más de 250 en Cartagena). También, la Sociedad Portuaria y Contecar han reducido los salarios de unos 600 trabajadores.

Sector Azucarero

En el sector azucarero, condenamos fuertemente el asesinato de Juan Carlos Pérez Muñoz, líder de SINTRAINAGRO, que sucedió el día 28 de enero de 2013 en Corinto, Cauca. Lo vemos como un gran retroceso en la implementación del PAL el reciente despido que sucedió en enero del 2013 de unos 110 corteros de caña en los ingenios de La Cabaña y Maria Luisa debido a su afiliación al sindicato SINTRAINAGRO. Este despido se agrega a muchos otros despidos gota a gota y masivos que siguen sin resolución aun en este sector. Adicionalmente, vemos con mucha preocupación los dos siguientes casos específicos de este sector:

San Carlos S.A.: El caso de los despidos del ingenio San Carlos SA, sector azucarero, sigue grave. Los más de 300 trabajadores despedidos—unos con más de tres décadas de experiencia en el ingenio—no han recibido respuesta satisfactoria del Ministerio de Trabajo. Lo más grave de la situación son las calumnias que experimentan estos trabajadores despedidos; después de ser calificados como beligerantes y puestos en “listas negras”, es casi imposible conseguir trabajo. Las actuaciones de esta empresa violan el Plan de Acción Laboral y la ley colombiana, los cuales protegen el derecho de libre asociación.

Agricorte SA: Por muchos años, SINTRACATORCE ha sido objeto de amenazas y hostigamientos por sus esfuerzos en sindicalizar el sector azucarero. El 22 de mayo de 2013, 58 trabajadores fueron despedidos, la mayoría presumiblemente por afiliarse con el sindicato del sector azucarero SINTRACATORCE. De los 58 trabajadores despedidos, 45 fueron miembros del sindicato, y los despidos vienen unas pocas semanas después de una nueva ola en actividad sindical. Estos despidos son una violación de las normas internacionales y van contrario al PAL. Dirigentes de SINTRACATORCE pidieron inspecciones y acción en las semanas antes y los días después de los despidos por parte del SINTRACATORCE, pero es nuestro conocimiento que el Ministerio no ha resuelto esta situación.

Según una serie de artículos en la revista Semana, corroborados por los propios trabajadores en este sector y basados en una investigación del propio gobierno colombiano, hay alegaciones que los ingenios azucareros trabajan como un cartel, controlando los precios y la oferta de azúcar de manera ilegal. Es esencial que el Ministro de Trabajo trabaje con otras entidades del gobierno colombiano para asegurar que se investiguen estos alegatos que debilitan todo el sector y a su vez resultan perjudicando los derechos laborales.

Sector de flores

La situación de los derechos laborales de trabajadores (as) en este sector sigue problemática. En las últimas décadas, este sector ha experimentado un aumento significativo en sus exportaciones al extranjero, gracias en parte a los programas de liberación arancelaria. Sin embargo, la liberación de comercio y el aumento de ganancias no han resultado en un aumento de empleo para los y las trabajadores (as) en este sector; por el contrario, el número de puestos de trabajo han bajado. La prolongación de días de trabajo ha tenido efectos graves en la salud de los trabajadores; ahora es común tener síndrome del carpo, problemas respiratorios de las plaguicidas, dermatitis y más, según un informe de la Profesora Martha Vargas .

En este sector sigue la tercerización y la violación del derecho de asociación y existen varias grandes empresas que usan contratos indirectos exclusivamente. Los trabajadores(as) en este sector temen de organizarse ya que efectivamente eso significaría para ellos el desempleo. Ellos reportan que no tienen posibilidad de acceder a protecciones judiciales, dado los altos costos de un abogado y el desconocimiento total de la situación laboral. Es necesario que el Ministerio intervenga en este sector clave para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores y prohibir—en práctica no solo en ley—la tercerización.

Situación laboral en región de la Costa Caribe

WOLA participó en la audiencia Senatorial que se realizó en Cartagena el día 26 de abril 2013 que se enfocó en la situación laboral de la región Caribe. En dicha audiencia se presentaron 19 casos de represión sindical donde se ve constreñimiento ilegal, persecución sindical, acciones de levantamiento de fuero sindical sin fundamento y asesinato de trabajadores. Pedimos su inmediata intervención para garantizar la integridad física y las vidas de las siguientes personas en alto riesgo de muerte:

-Edwin Molina Galvan, Sinaltrainal, Cartagena

-Wilson Castro Padilla, Sinaltrainal, Cartagena

-Jairo del Rio Caro, Sintratucar, Cartagena

-Daniel Polo, Sintrabiofilm, Cartagena

-Juan Carlos Castellar, Sintraime en La Jagua de Ibirco

-Aníbal Pérez Parra, Asociación de trabajadores enfermos de Drummond en Ciénaga, Magdalena

-Edgar Antequerra, dirigente estudiantil en la SENA en la ciudad de Barranquilla

Adicionalmente vemos problemático que haya un escalamiento de amenazas frente líderes sindicales y dirigentes locales en esta región y en particular la amenaza de los Rastrojos del 1 de abril contra más de 50 dirigentes y organizaciones sociales en la región Caribe que también incluyen a los Senadores Alexander Lopez Maya y Enrique Robledo. Pedimos que Ud. intervenga para asegurar que se investigue esta amenaza y que quienes están detrás sea llevados a la justicia.

Cabe notar que en esta audiencia que contó con la presencia de más de 43 grupos sindicales se denunció las violaciones relacionadas a los 20,000 trabajadores mineros quienes siguen tercerizados en la compañías de Drummond, Glencore y Prodecco.

Unión Sindical Obrera (USO)

En el 2012, la USO reporta que hubo ocho asesinatos, 10 ataques y 34 amenazas sobre miembros de su sindicato. Condenamos estas muertes y en particular la de Milton Enrique Rivas Parra, dirigente sindical de este sector, quien fue asesinado en Puerto Gaitán (Meta) el 11 de diciembre 2012. El día 4 de mayo hubo un grave atentado contra Hernando Arturo Herrera Bossio de la USO Cartagena y el 7 de mayo otro atentado sucedió contra Rafael Rodriguez del mismo sindicato quien está liderando protestas a favor de los derechos laborales en Magdalena Medio.

La actividad sindical y la protesta social son sistemáticamente reprimidas y criminalizada en este sector. Acceso de la USO para visitar los trabajadores en sitio es bloqueado por miembros de las fuerzas públicas de Colombia y varias entidades de seguridad privada. Trabajadores quienes intentan afiliarse a sindicatos son puestos en listas negras, intimidados o interrogados por los empleados, o sufren acciones disciplinarias o despidos.

En dicho sector, 80 por ciento de los trabajadores están subcontratados o empleados indirectamente. En la región de Puerto Gaitán donde operan más de 100 contratistas y subcontratistas, afiliados a Pacific Rubiales y CEPCOLSA, las condiciones laborales son muy precarias. Los trabajadores son contratados por términos de corto plazo y como resultado no tienen estabilidad laboral, pueden ser despedidos en cualquier instante, se impide la sindicalización y no tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales. En el caso de la compañía estatal de Ecopetrol, unos 30,000 de los 38,000 trabajadores son tercerizados.

ASOTRECOL

Después de casi dos años de huelga, ASOTRECOL (La Asociación de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de General Motors Colmotores, Radicado 25036980), sigue enfrentando obstáculos en proteger sus derechos y encontrar justicia en su caso. En octubre de 2013, Inspectora del Ministerio del Trabajo Ligia Teresa Pérez Diaz abrió el caso e identificó las posibles violaciones hechas por Colmotores, pero no notificó a las partes relevantes, una violación de la ley colombiana.

El 15 de enero de 2013 la Sra. Pérez Díaz devolvió el caso a la oficina del Dr. Pablo Edgar Pinto Pinto, director territorial de Cundinamarca, para que su oficina notifique las partes relevantes. Allí se queda el caso por el momento. De acuerdo con la ley administrativa, la denuncia expirará en agosto de 2013, tres años tras la entrega del radicado. Es sumamente necesario que el Ministerio de Trabajo identifique el oficial encargado de este caso, y que este oficial siga adelante con la investigación. La expiración del caso sería una violación plena de los derechos de los demandantes.

Sinaltrainal

La situación de seguridad y judicializaciones de los líderes del sindicato Sinaltrainal sigue siendo de alta preocupación para nuestra organización. Adicionalmente, existen una serie de problemáticas laborales frente las embotelladoras de Coca Cola que requieren acciones de parte de su Ministerio. Nos interesaría saber cuáles han sido las acciones tomadas frentes los incidentes de seguridad y las problemáticas que se encuentran en el siguiente reporte.

Nuevamente agradecemos la oportunidad de dialogar con Ud. frente estas problemáticas y estaremos en espera de su respuesta frente estas importantes situaciones.

Sinceramente,

Gimena Sánchez Garzoli

Senior Associate for Colombia

http://www.wola.org/node/3866

ENGLISH

June 3, 2013

Mr. Rafael Pardo Rueda

Minister of Labor

Carrera 14 No. 99-33

Bogotá, Colombia

Re: Visit to Washington, DC and the U.S.-Colombia Labor Action Plan

Dear Mr. Pardo,

We hope to have the opportunity to discuss with you various labor rights cases and security situations that are a priority for WOLA. We regret that this conversation was not able to take place at the Colombian Senate Labor Hearing on April 26, 2013, in Cartagena.

We take this opportunity to ask that you intervene to guarantee the following:

1) Colombia’s adherence to the commitments found in the U.S. - Colombia Labor Action Plan. In particular, the obligations regarding the protection of trade union leaders and labor activists; justice in trade union murders; and direct contracting for workers in the port, mining, sugar, oil palm, and flower sectors.

2) Rapid and efficient action with concrete results regarding the reintegration of workers who have unjustly been fired in these sectors.

We remain very concerned about the continuous murders, death threats, and other types of hostilities that are taking place in the trade union sector. In 2012, 20 trade unionists were killed and so far in 2013, four have been murdered. While there are fewer murders now, general insecurity and death threats remain a major concern. More than 994 death threats have been issued targeting the trade union sectors since President Juan Manuel Santos began his term in office. We are especially concerned about the death threat issued by paramilitaries against the CUT, which declares the union’s entire leadership to be a military target, and the intimidation against the CGT union, by the FARC.

Another delicate issue of major concern is the report by the president of the CUT regarding the anomalies experienced with the protection mechanisms that were granted through the National Protection Unit (UNP). Electronic location devices (GPS) were found in the cars and the cellphones provided by this institution. We are interested in knowing what the Ministry’s response has been to these allegations.

The ENS reports that between January 1, 1986, and of December 31, 2012, 2,937 trade unionists were murdered. We also understand that the impunity rate in these cases remains over 90 percent, and that in the cases were there has been progress; those who have been sanctioned are mostly material authors and not the intellectual or financers of this violence. We are, therefore, interested in knowing what concrete steps have been taken since the Ministry of Labor was created to combat impunity in these cases. In particular, what special efforts are being taken by the Ministry to guarantee justice so that these crimes are not repeated?

In the priority sectors of the U.S.-Colombia Labor Action Plan, we have seen some major steps backward, especially in the LAP’s intention to guarantee direct contracting. Decree 2025 of 2011 ended the associative cooperatives model in name only. The subcontracting model continues to exist. A major point of the LAP is to do away with these types of contracts. In the sections, we detail our concerns more specifically by sector:

Port Sector

It is worth noting that more than 80 percent of the workers in the port sector continue to be subcontracted using models like SAS and others that create obstacles for trade unionization, impeding the improvement of labor conditions for workers. As a result, workers who suffer accidents or illnesses related to their work do not have their basic needs met. Workers who become injured on the job end up invalid and the family members of workers who die end up in ruin.

Hostilities against the Port Workers Union and its affiliates continue. Reprisals against workers who attempt to improve their situation are common practice. In 2012, more than 1,000 port workers were fired (more than 400 in Buenaventura, more than 200 in Barranquilla, more than 80 inn Turbo, more than 50 in Santa Marta and more than 250 in Cartagena). Furthermore, the Port Society and Contecar have reduced the salaries of some 600 workers.

Sugar Sector

In the sugar sector, we strongly condemn the murder that took place on January 28, 2013, of Juan Carlos Pérez Muñoz, a labor leader with SINTRAINAGRO. We also see the recent firing of 110 sugarcane cutters in the refineries of La Cabaña and Maria Luisa as a step backward in the implementation of the LAP. These workers were fired due to their affiliation with the trade union SINTRAINAGRO. This round of firings adds itself to many individual firings and previous mass firings that remain unresolved in this sector. The following two cases in this sector require attention:

San Carlos SA: The situation of the fired workers of the San Carlos Refinery SA, in the sugar sector remains grave. The more than 300 fired workers—some with more than three decades of experience with the refinery—have not received a satisfactory response from the Ministry of Labor. The workers are also suffering from slander and false accusations such as being deemed belligerents. Many have been placed on blacklists that impede their possibility of obtaining any employment. This company’s actions violate the LAP and Colombian law, both of which protect the right to free association.

Agricorte SA: For many years, SINTRACATORCE has been subjected to death threats and harassment for its efforts to unionize the sugar sector. On May 22, 2013, 58 workers were fired, the majority for presumably affiliating themselves with the trade union SINTRACATORCE. Of the 58 fired, 45 were members of a trade union; these firings are a violation of international norms and the agreements found in the LAP. SINTRACATORCE leaders had asked for labor inspectors to intervene weeks prior to the firings and immediately after them but it is our understanding that the Ministry has not acted to resolve this situation.

Flowers

The labor rights of workers in this sector continue to be violated. Over the past several decades, this sector has seen a significant increase in its foreign exports, thanks in part to the relaxation of trade restrictions. Nevertheless, trade liberalization and increased profits have not translated into an increase in employment in this sector; on the contrary, the number of positions has decreased. The extension of the workday has had serious health consequences among workers; carpal tunnel syndrome, respiratory problems, dermatitis, and other work-related illnesses are now common, according to a report by Professor Martha Vargas.

Third-party subcontracting continues in this sector, as do violations of the right to free association; there are even several large companies that rely exclusively on indirect contracting to employ their workers. The workers in this sector are afraid to organize as unionization effectively spells unemployment. They report that it is not possible to receive legal protections due to the high cost of a lawyer and a complete denial of the current labor situation in the sector. The Ministry of Labor must intervene in this priority sector to guarantee that workers’ rights are respected and to prohibit subcontracting in practice, not merely in law.

Labor situation the Caribbean Region.

WOLA participated in the Colombian Senate hearing in Cartagena on April 26, 2013, which focused on the labor situation in the Caribbean region. Nineteen cases of anti-union repression, persecution, denial of labor protections, and murder were presented. We ask that you intervene immediately to guarantee the safety of the following people who are at high risk of death:

-Edwin Molina Galvan, Sinaltrainal, Cartagena

-Wilson Castro Padilla, Sinaltrainal, Cartagena

-Jairo del Rio Caro, Sintratucar, Cartagena

-Daniel Polo, Sintrabiofilm, Cartagena

-Juan Carlos Castellar, Sintraime en La Jagua de Ibirco

-Aníbal Pérez Parra, Association of Sick Workers Drummond en Ciénaga, Magdalena

-Edgar Antequerra, SENA student leader in the city of Barranquilla

Additionally, we are concerned about the escalation of threats against union and local leaders in this region. In particular, we are concerned about the April 1 threat from Los Rastrojos against more than 50 leaders and social organizations in the Caribbean region, including Senators Alexander Lopez Maya and Enrique Robledo, We ask that you intervene to ensure that this threat is investigated and those behind it are brought to justice.

Finally it is important to note that this hearing—which included more than 43 labor organizations—also denounced the violations related to the 20,000 subcontracted miners working for Drummond, Glencore, and Prodecco.

Oil Workers’ Union (USO)

The USO reports that in 2012, there were eight murders, 10 attacks, and 34 threats against members of the union. We condemn these deaths and in particular that of Milton Enrique Rivas Parra, a union leader in this sector, who was assassinated in Puerto Gatian (Meta) on December 11, 2012. On May 4, 2013, there was a serious assassination attempt against Hernando Arturo Herrera Bossio of USO-Cartagena, and on May 7, there was another attempt against Rafael Rodriguez from the same union, who was leading protests in support of labor rights in Magdalena Medio.

Union activity and social protest are systematically repressed and criminalized in this sector. USO access to the workers onsite has been blocked by members of the Colombian public security forces and various private security entities. Workers who try to join unions are blacklisted, intimidated, or interrogated by employers, or suffer disciplinary actions or firings.

In this sector, 80 percent of the workers are subcontracted or employed indirectly. In the Puerto Gaitan region where more than 100 Pacific Rubiales and CEPCOLSA contractors and subcontractors operate, labor conditions remain precarious. The workers are on short-term contracts, and as a result, do not have any job stability, nor do they have the ability to improve their labor conditions. In the case of the state company Ecopetrol, 30,000 of 38,000 workers are subcontracted.

ASOTRECOL

After almost two years on trike, ASOTRECOL (The Association of Injured Workers and Ex-Workers of General Motors Colmotores) continue to face obstacles in securing their rights and securing justice in their case. In October of 2013, Labor Ministry inspector Ligia Teresa Pérez opened the case and identified possible violations committed by Colmotores; she did not, however, notify the parties involved, a violation of Colombian law.

On January 15, 2013, Ms. Pérez returned the case to the office of Dr. Pablo Edgar Pinto Pinto, the regional director of Cundinamarca, so he could notify the parties involved. The case remains in his office. According to administrative law, the complaint will expire in August 2013, three years after it was made. The Ministry of Labor must identify the official in charge of this case, and said official must continue with the investigation. The expiration of the case would be a violation of the rights of those involved.

Sinaltrainal

We continue to be concerned about the security situation and spurious legal charges against leaders of the Sinaltrainal union. Additionally, there exist a number of labor issues in the Coca Cola bottling plant that require Ministry action. We would be interested to know what action has been taken in response to these incidents and the problems outlined in this report.

Again, we thank you for the opportunity to dialogue with you on these issues and we await your response to these dire situations.

Sincerely,

Gimena Sánchez Garzoli

Senior Associate for Colombia

http://bit.ly/13AWEUi