Los prisioneros y prisioneras confinados en el complejo penitenciario y carcelario metropolitano de Cúcuta denunciamos ante la opinión pública Nacional e Internacional, ante los Ministerios del Interior y de Justicia, ONGS de Derechos Humanos, medios de comunicación y demás entes Gubernamentales del Estado; la grave situación Humanitaria que padecemos en este campo de concentración a raíz del hacinamiento y de las políticas represivas que no permiten humanizar nuestras condiciones de vida.

EL HACINAMIENTO como bien lo ha señalado la Honorable Corte Constitucional, hace de la prisión un estado de cosas institucionales; en este centro penitenciario, en algunos sectores el hacinamiento alcanza un 300%, muchos de los internos duermen apilonados en los pasillos y baños, sin ventilación, sin agua potable durante la noche; es tan lamentable y critica esta situación que durante la visita nuestros hijos no encuentran por donde desplazarse, mucho menos tener un espacio de recreación junto a su padre; convirtiéndose en una vulneración a los derechos de los niños.

La alharaca realizada por el gobierno nacional atreves de los medios de comunicación por la entrada en vigencia de la ley 1709 del 20 de enero del 2014, solo fue una cortina de humo ante la crisis carcelaria que por el contrario cada día agudiza mas.

LA SALUD se ha convertido en el flagelo de todos los presos; a diario padecemos de un sin número de Enfermedades Infecciosas Emergentes causada por una sobrepoblación y las malas condiciones de higiene dentro del penal.

Como si fuera poco Caprecom, la Dirección del Establecimiento Penitenciario y demás Organismos de Salud, hacen de las suyas y el acceso al servicio de salud se nos convirtió en un verdadero viacrucis donde muchos hemos tenido que agotar los recursos judiciales para recibir atención médica integral y el resultado es el detrimento de la salud o en el peor de los caso la muerte. Se volvieron costumbres las frases, no hay medicamentos, ese tratamiento no se lo puedo ordenar, pídale a Dios para que les ayude; esas son las consolaciones de los funcionarios del INPEC y Caprecom por su constante negligencia.

No obstante a esto se suma el contubernio del sistema judicial constitucional en un formalismo que en nada nos beneficia, la oficina jurídica del complejo de penitenciario y los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad son ineficaces e inoperantes en la entrega y revisión de procesos.

Ha sido reiterativo nuestro llamado al gobierno local Nacional al INPEC, para que se solucione de fondo la crisis humanitaria que vivimos y sin embargo no hemos tenido éxito.

Hoy no nos queda otra opción que acudir a las vías de hecho para llamar la atención a esta problemática… por lo tanto anunciamos que a partir de la 00.00 del día 28 julio de 2014 iniciamos una desobediencia pacifica indefinida con un cese de nuestras actividades, hasta que una comisión de alto nivel no se reúna con los representantes de derechos humanos del complejo penitenciario y carcelario metropolitano de Cúcuta.

Invitamos a todos los centros carcelarios del país a los medios de comunicación y al pueblo Colombiano que se unan a nuestro clamor.

Prisioneros y prisioneras del complejo penitenciario y metropolitano de Cúcuta N. de S.

PLIEGO DE PETICIONES

Los prisioneros y prisioneras del complejo penitenciario de Cúcuta N. de S. presentamos nuestro pliego de peticiones en su orden:

1. solicitamos al gobierno Nacional se decrete la emergencia social carcelaria.

2. se finiquite el cupo de internos para en complejo penitenciario de Cúcuta

3. solicitamos la presencia de los siguientes entes de control y garantías:

3.1. Comisión de derechos humanos del congreso de la republica.

3.2. Comisión de derechos humanos del senado de la republica.

3.3. Ministerio del interior y de justicia.

3.4. Defensoría general de la nación Bogotá D.C.

3.5. Procuraduría general de la nación Bogotá D.C.

3.6. O.N.G.S. de derechos humanos.

3.7. Representante legal Bogotá D.C.

3.8. Comisión séptima del senado.

3.9. Presencia de senador Iván Cepeda, como garante en los diálogos.

3.10. Se brinden garantías de no represarías contra los representantes del comité de derechos humanos.

3.11. Solicitamos la presencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad.

POR UNA VIDA DIGNA EN IGUALDAD DE CONDICIONES

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

COMPLEJO METROPOLITANO DE CÚCUTA

En deuda con los electores que votaron por la paz, quedó el presidente Santos, en el discurso de instalación del nuevo Congreso de la República, el pasado 20 de julio. Se dedicó a defender su primer mandato y a reiterar posturas contradictorias sobre la paz, sin presentar los proyectos concretos, para construir la paz con equidad y justicia social.Santos iniciando su campaña electoral, centró su oferta de Paz total, diciendo que

"es mucho más que silenciar los fusiles" y precisó que “la paz total es erradicar la miseria en los próximos diez años, ser el país más educado de América Latina en el 2025, abolir el déficit de vivienda y que los pobres tengan techo propio, y convertir el campo en polo de desarrollo".

Después de perder la primera vuelta de las elecciones, Santos ganó la presidencia con el apoyo de importantes sectores sociales, de izquierda y democráticos que se manifestaron por la paz y contra el guerrerismo del ex presidente Uribe y sus seguidores. Así, el segundo gobierno de Santos debe cumplir este mandato para construir la paz.

El presidente para congraciarse con Uribe, reiteró que “la paz que buscamos es, en esencia, la misma” y para ello alardeó con la cantidad de mandos guerrilleros que han matado y con el plan de incremento de tropas. Con lo que demuestra que la Paz total la siguen midiendo con “charcos de sangre” y con el aumento de soldados y policías, que es la misma política que ejecutó, cuando era Ministro de guerra de Uribe.

Si “la paz es el valor supremo de toda sociedad y en su construcción cabemos todos”, no se ve aún un proyecto de ley que la convierta en política de Estado, para que deje de ser una retórica electoral, que cada mandatario cambia a su amaño.

Los proyectos de ley que si aparecieron fueron los dedicados a profundizar el modelo neoliberal de despojo de Bienes comunes, que incluye baldíos y la Altillanura, y los que van a seguir privatizando Empresas estatales productivas y servicios públicos fundamentales; todo en beneficio del capital, especialmente el transnacional.

La anunciada reforma política se quedó en ajustes como el de eliminar el voto preferente, mantener el sistema excluyente de representación y participación política, y la exclusividad de las listas cerradas. Alargar la duración del gobierno es una medida que favorece a los barones electorales y a sus clientelas, parásitos de las administraciones públicas.

El régimen ratifica que la paz consiste en acabar con el conflicto armado y mediante la desmovilización de las guerrillas, pasar al post conflicto, para optimizar “la prosperidad para el capital”. Con lo que siguen desconociendo que el conflicto armado es producto del conflicto económico, político y social.

Los conflictos son parte inherente de la vida de las sociedades, mucho más en Colombia, en donde tenemos diversidad de pueblos, culturas, regiones y clases sociales. Los cambios que se necesitan deben configurar una nueva relación entre el Estado y la sociedad, donde los conflictos se resuelvan en forma política, sin necesidad del uso represivo de la violencia y para alcanzar esto, se requieren cambios estructurales. Porque la oligarquía se ha acostumbrado a desconocer el conflicto social y la oposición política, y siempre les ha dado un tratamiento militar para eliminarlas.

La paz no es la ausencia de conflictos, sino el tratamiento político de ellos. Por esto nunca existirá un post conflicto.

Está por verse si el 7 de agosto, en el discurso de posesión para el segundo mandato, Juan Manuel Santos le presenta a Colombia y al mundo, cómo es que piensa construir la paz.

Comando Central del ELN

Fuente. http://justiciaypazcolombia.com/Del-Discurso-a-la-Construccion-de

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, valora en términos de justicia para las víctimas, la captura del coronel en retiro, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, comprometido con graves crímenes cometidos en el marco de la consolidación del proyecto paramilitar auspiciado por altos mandos militares. Plazas Acevedo es co responsable de la consolidación y expansión de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, luego Autodefensas Unidas de Colombia, y a partir de su traslado a Bogotá, de la consolidación del Bloque Capital de la misma estructura criminal.

Testimonios de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, Heber Veloza, “alias HH” y Salvatore Mancuso, lo señalan como uno de los promotores de los grupos paramilitares, en alianza con el general Rito Alejo Del Río. Plazas Acevedo era el jefe de inteligencia de la XVII Brigada comandada por el exgeneral Del Río. Cuando este último fue trasladado a Bogotá como comandante de la XIII Brigada, trajo consigo a Plazas Acevedo.

Además de estar siendo juzgado por el crimen del periodista Jaime Garzón, la Fiscalía lo investiga por el asesinato de los integrantes del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado. El Colectivo de Abogados ha solicitado a la Fiscalía que también vincule al coronel (r) Plazas Acevedo en las investigaciones sobre las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, cometidas en julio de 1997.

Como jefe de una banda criminal dedicada al secuestro extorsivo, ha sido acusado del secuestro y la desaparición forzada de Martha Cecilia Velásquez, y condenado por los mismos delitos en el caso de Wilson Martínez, así como por el homicidio de Benjamín Khoudari.

Plazas Acevedo es sin duda un eslabón perdido entre las estructuras paramilitares y miembros del alto mando militar, que, según conoció el Cajar en su momento, propiciaron su fuga de la Escuela de Artillería del Ejército, el 24 de julio de 2003, para que no los comprometiera en los crímenes por ellos propiciados.

El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" solicita que las autoridades garanticen la vida y la integridad del coronel en retiro Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien debe ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad, en ningún caso a una instalación militar tomando en cuenta el antecedente de facilitación de la fuga y las amenazas e intimidación de que puede ser allí objeto. De igual forma, debe tenerse en cuenta que, de diversas unidades militares, se han propiciado otras fugas de militares detenidos por graves violaciones a los Derechos Humanos.

Este importante avance de la justicia debe estar acompañado de todas las garantías y condiciones necesarias para que el exmilitar le aporte a las víctimas, las autoridades y la sociedad, la verdad que conoce sobre la creación y consolidación del paramilitarismo, sus estructuras, fuentes de financiación, así como sus promotores en el ámbito militar, político y económico.

Fuente. CAJAR

El insurgente Ejército Popular de Liberación, expresó su deseo que aportar a la paz de la nación andina en una carta difundida en internet, en la que además asegura concretar diálogos con el Gobierno, tras resaltar la apertura de la fase exploratoria de conversaciones que sostuvieron.

El Ejército Popular de Liberación (EPL), que tiene frentes en algunas regiones de Colombia, anunció su interés de unirse al proceso de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos viene desarrollando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta fuerza insurgente expresó su deseo que aportar a la paz de la nación andina en una carta difundida en internet, en la que además asegura concretar diálogos con el Gobierno, tras resaltar la apertura de la fase exploratoria de conversaciones que sostuvieron.

"Coincidimos en la decisión de exigir al presidente Juan Manuel Santos cumplir el compromiso con la paz con justicia social proclamado el 15 de junio, ante la presión de muchos electores que votaron por él desesperados por lograr la paz", expresa la misiva, dirigida a organizaciones como Redepaz y Ruta social por la paz.

El documento destaca la necesidad de insistir junto a las organizaciones sociales, "en el clamor popular por el inmediato cese bilateral de fuego y la aplicación cabal del Derecho Internacional Humanitario, para detener el desangre y abrir credibilidad a una agenda común por la paz que no se circunscriba a los diálogos gobierno-guerrilla".

Desde noviembre de 2012, el Gobierno y las FARC instalaron en Cuba una mesa de conversaciones en la que han acordado tres puntos de una agenda de cinco. Lo propio surgió el pasado 10 de junio con el ELN, que en un comunicado conjunto anunciaron que desde enero pasado iniciaron una fase exploratoria de diálogos con vistas a una posible mesa de paz.

Fuente. TELESUR

La respuesta, según investigaciones de WOLA, es "todavía no"

Por Adam Isacson, Coordinador Principal del Programa de Políticas de Seguridad Regional de WOLA; Gimena Sánchez-Garzoli, Coordinadora Principal del Programa de los Andes de WOLA

En los días 14-16 de julio el equipo de WOLA llevó a cabo veinte reuniones en Bogotá con embajadas, funcionarios del gobierno colombiano, legisladores, organizaciones internacionales y expertos. Los días 17-19 de julio la Coordinadora Principal de WOLA, Gimena Sánchez, viajó a Cali para reunirse con defensores de derechos humanos, representantes de minorías étnicas y sindicalistas, y con el propósito de visitar los programas financiados por los Estados Unidos para crear oportunidades económicas para las comunidades afrocolombianas e indígenas.

Buscamos puntos de vista sobre los preparativos de un escenario que consideramos probable: la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC en Colombia, tal vez tan pronto como mediados de 2015. Si las dos partes llegan a un acuerdo, la comunidad internacional tendrá que desempeñar un papel importante apoyando muchas actividades de posconflicto (o por lo menos "pos acuerdo").

Tal vez en un año, los países donantes, agencias de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales se verán obligados a cambiar de marcha, aumentando y reorientando sus paquetes de ayuda. ¿Están ellos dispuestos a hacer eso? ¿Está el gobierno colombiano ayudándoles a estos grupos a prepararse? ¿Cuáles serán las necesidades más urgentes?

Éstas son las conclusiones preliminares a las que llegamos después de nuestra visita.

1. En este momento no hay mucha coordinación entre los donantes. La planificación de los estados donantes para apoyar una Colombia en posconflicto no está del todo madurada. En parte, esto se debe a que el gobierno de Colombia aún no ha aclarado los lineamientos acerca del tipo de apoyo que pueda llegar a necesitar. (Un intercambio típico entre los representantes de los gobiernos donantes y los negociadores de paz en Colombia se parece a cuando gobiernos dicen: "Somos burocracias de movimiento lento, por favor díganos donde usted nos necesita", y los funcionarios colombianos ofrecen sugerencias vagas a que los donantes "suban su nivel de su juego " y que éstos " piensen fuera de la caja".)

Por el momento, los países donantes están "a la espera". Esto se debe a:

• la falta de concreción del gobierno colombiano sobre sus posibles necesidades;

• el deseo de algunos donantes de esperar a tener mayor certidumbre sobre el acuerdo antes de actuar;

• las presiones fiscales internas de varios donantes, especialmente debido a la crisis económica en Europa; y a

• los planes generales de algunos de los donantes para reducir o ajustar a cero la asistencia a Colombia, un "país de ingreso medio" que ellos consideran necesita menos ayuda.

2.De todos los actores internacionales, USAID y el PNUD son probablemente las organizaciones más avanzadas en términos de pensar en las necesidades del posconflicto. El 13 de junio la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) publicó "Un camino hacia la paz" [PDF], un documento de 50 páginas que explica las líneas generales de sus donaciones a Colombia para los próximos cuatro años. "La Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) está estrechamente relacionada a la agenda de negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC, y esta misma puede ser expandida para atender las necesidades extraordinarias asociadas con la implementación de un acuerdo", explica. El documento establece cuatro objetivos de desarrollo para guiar futuros programas:

• Presencia ampliada del estado – ayudar al gobierno colombiano a "llegar" y prestar servicios en zonas sin estado las cuales han estado históricamente bajo el control de las FARC y otros grupos armados.

• Reconciliación – una categoría que combina las víctimas, la justicia de transicional y la reintegración de excombatientes.

• Crecimiento económico rural – implementar la ley del 2011 sobre la Restitución de Tierrasy sus compromisos en el primer acuerdo ("Política integral de desarrollo agrícola") y en partes del tercer acuerdo ("Solución al problema de las drogas ilícitas") entre las FARC y el gobierno colombiano.

• Capacidad de recuperación del medio ambiente.

De particular importancia es el énfasis de USAID en programas especializados en ayudar a grupos marginados, incluyendo afrocolombianos y comunidades indígenas dado el impacto desproporcionado del conflicto sobre estas comunidades. Los programas de generación de ingresos públicos y privados comenzados por ACIDI/VOCA son particularmente innovadores. Estos trabajan con organizaciones afrocolombianas e indígenas para emplear a jóvenes marginados, personas internamente desplazadas y mujeres jefas de hogar y están orientados a producir resultados. USAID debería considerar ampliar su programa afrocolombiano e indígena (ACIP) a medida que Colombia hace la transición de conflicto a paz. Sin embargo, el futuro de los programas de asistencia de los Estados Unidos, gestionados por tanto la USAID y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los cuales tienen como objetivo mejorar las condiciones laborales y el cumplimiento del Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia 2011, es menos claro.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), "Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo", está en los primeros meses de un esfuerzo que durará tres años y que costará $ 4.000.000 (USD). Este programa tiene como objetivo fortalecer el tejido social en las zonas históricamente sin gobierno afectadas por el conflicto para así "empoderar las capacidades para la paz que ya existen en Colombia para apoyar las conversaciones de paz, así como espacios y plataformas de organización social". El programa tiene cuatro componentes:

• Apoyar la construcción de paz – mejorar la capacidad de las "poblaciones tradicionalmente excluidas" de participar en la construcción de paz y en la implementación de los acuerdos.

• Desarrollo territorial sostenible para la paz – aumentar las oportunidades económicas para las comunidades pobres afectadas por el conflicto.

• Estado Social de Derecho – fortalecer las relaciones de instituciones estatales y de la sociedad civil para construir la paz, proteger los derechos humanos y mejorar la gobernabilidad.

• Cultura de paz – cambiar actitudes y promover la reconciliación en comunidades afectadas por el conflicto.

El esfuerzo del PNUD es más pequeño que el de USAID, y sus materiales públicos dicen mucho menos acerca de los objetivos a corto plazo o cómo esta organización medirá el éxito.

3. Existe un "Grupo de Coordinación de Donantes" (DCG por sus siglas en inglés), este se reúne periódicamente. Diplomáticos o personal de la oficina de desarrollo de las embajadas de todos los donantes internacionales importantes participan en él, ya que es el espacio principal para la coordinación de los donantes. En este momento, el DCG parece ser más un espacio para el intercambio de información sobre los programas que un espacio para la formulación de estrategias y la toma de decisiones. El grupo cuenta con una presidencia rotatoria que sirve por un año; actualmente Suecia ocupa esta posición, y Alemania probablemente lo hará en 2015. La DCG tiene cinco subgrupos, los cuales se reúnen con mayor regularidad y se superponen en cierta medida con los objetivos de desarrollo de USAID mencionadas anteriormente.

• Paz y justicia transicional (actualmente coordinado por el PNUD, Suecia y España)

• Medio ambiente (Alemania)

• Desarrollo económico y rural (Unión Europea, Países Bajos)

• Género (Estados Unidos, ONU Mujeres)

• Derechos Humanos y Gobernabilidad Democrática (Canadá, OACNUDH)

4. Muchos donantes con los que hablamos consideraron la "justicia transicional" como una de las prioridades en su cooperación en el posconflicto.La Justicia Transicional—tribunales para violadores de derechos humanos, actividades relacionadas a las comisiones de la verdad, la restauración de las víctimas, y las posibles medidas similares—requerirá gran cantidad de recursos internacionales. Sin embargo, ésta requerirá relativamente pocos recursos financieros en comparación con el "alto precio" de otros elementos de la implementación de paz tales como la construcción de la gobernabilidad territorial, la reintegración de los excombatientes o la implementación del acuerdo de desarrollo rural.

5. La parte "territorial" es crucial.Una ausencia notable de las instituciones del Estado y un tejido social débil son razones clave por las que los grupos armados y el tráfico de drogas han permanecido activos en gran parte de territorio de Colombia. Llenar el vacío de gobernabilidad y de la sociedad civil en una fase posterior a la guerrilla promete ser una tarea monumental: la misión de observación de la OEA ha identificado 33 zonas que deberían ser las prioridades de gobernabilidad territorial. Los Estados Unidos, el PNUD, Caritas y el Alto Comisionado del Gobierno de Colombia para la Paz están implementando, o planeando implementar, programas que buscan fortalecer la gobernanza local y las organizaciones civiles de formas diferentes en conjunto con proyectos económicos productivos.

Colombia cuenta con algunas experiencias muy recientes, y muy diferentes, sobre las cuales se puede basar. Estas incluyen: el programa "Laboratorio de Paz" apoyado por la Unión Europea y el Plan Nacional de Consolidaciónrespaldado por los Estados Unidos. Ambos programas han contribuido a reducciones en violencia territorial y en la producción de drogas, pero requieren una inversión generosa y un compromiso constante para evitar una recaída rápida.

6. No está claro aún si las agencias del gobierno colombiano están en armonía con el enfoque de "paz territorial".Esta observación sigue siendo especulativa, pero vale la pena marcar en este momento. El Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de Colombia ha establecido una pequeña oficina de planificación para el posconflicto llamada la Unidad de Coordinación de la Paz. Esta oficina está desarrollando el concepto de “paz territorial” para el posconflicto, una estrategia para que el gobierno incursione en áreas que ha descuidado por mucho tiempo una vez firmado el acuerdo. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los recursos van a agencias que atienden a poblaciones específicas, y no a territorios: la Unidad de Víctimas, la Agencia de Reintegración, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto del Niño y Bienestar de la Familia, y programas de transferencia de efectivo específicos. Esto no es necesariamente un concepto diferente o un desafío a "la paz territorial", pero puede ser que haya algo de tensión o demora innecesaria si ésta última se trata de utilizar para su propia visión los recursos de la anterior.

7. Puede que hayan más recursos disponibles de lo que existe capacidad de ejecución.Los donantes aumentarán sus donaciones, y el gobierno de Colombia encontrará recursos internos, o aumentará su presupuesto anual de $ 105-110 mil millones (dólares estadounidenses) (un múltiplo elevado de potencial ayuda internacional). Pero como dijo preocupado un funcionario de una organización internacional, "los ejecutores son el eslabón perdido."

Escuchamos muy poca confianza en la capacidad de las burocracias del estado colombiano de llevar a cabo programas de paz grandes y ágiles. Las dudas sobre capacidad rodean a los ministerios civiles de Colombia, a la mayoría de los componentes del masivoDepartamento de Prosperidad Socialde la Presidencia de Colombia, al sistema de justicia, a las agencias de asuntos internos y organismos de auditoría, al igual que a la mayoría de los gobiernos locales.

Estas faltas no se deben a una falta de gente talentosa trabajando, o dispuestas a trabajar, para el gobierno civil de Colombia. Las razones de estas deficiencias de parte los ejecutores se deben a razones 'más institucionales’. Estas razones incluyen una burocratización excesiva, la falta de experiencia de gestión específica, resistencia por parte de grupos políticos y penales locales, a veces de forma violenta, y a la corrupción impune.

Hasta que las instituciones civiles estatales no puedan llevar la carga de la implementación del posconflicto existen otras dos opciones disponibles:

• Las fuerzas armadas de Colombia podrían prestar servicios en áreas sin estado ya que tendrán menos que hacer en la etapa del posconflicto. Sin embargo, esta es una idea terrible por múltiples razones que van desde las relaciones dañadas entre civiles y militares, a la preparación inadecuada de los militares en materia de gobernación civil, hasta la probable resistencia a de las FARC a desmovilizarse si sus zonas de influencia se vieran militarizadas.

• Las agencias de la ONU y los contratistas privados, de los cuales la mayoría de sus empleados son colombianos, pueden atender al trabajo que queda por hacer mientras las zonas sin gobierno esperan la llegada de las instituciones civiles estatales. Esto sólo puede ser una solución temporal, y debe ser eliminada a medida que la capacidad de los gobiernos locales incrementa. Una de las propuestas que vale la pena explorar es transferir de forma constante a instituciones del estado a ciudadanos colombianos que trabajan para agencias de la ONU o como personal contratista.

Sea cual sea el camino que se elija, el éxito de la aplicación depende del grado en que las poblaciones sean capaces de participar en el diseño de los programas y en la toma de decisiones a nivel comunitario. A la vez, el gobierno colombiano también debe ofrecer incentivos, tales como mejores salarios y mayores oportunidades de promoción, a aquellos profesionales dispuestos a administrar programas y prestar servicios en áreas remotas donde no existen comodidades comparables a las disponibles en ciudades. El gobierno también debe garantizar que los compromisos y las normas enunciadas en el Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos y Colombia se apliquen a sus empleados.

Escuchamos de parte de varios gobiernos donantes el deseo que Colombia desista de responder a retos por medio del diseño de nuevas instituciones y la reorganización de los organigramas. En vez de esto, el énfasis debe estar en fortalecer las estructuras existentes, especialmente en áreas alejadas de Bogotá donde la gobernabilidad no existe. Hoy en día, Colombia es país de ingresos medios-acercándose a pertenecer a la OECD, pero como lo dijo un funcionario de un organismo internacional, el estado "necesita transformarse para llegar a la Colombia" de bajos ingresos.

8. Entre las agencias gubernamentales, la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) parece ser la que más está haciendo para prepararse para el posconflicto.Esta agencia que supervisa la a menuda difícil reintegración de excombatientes desmovilizados casi ha duplicado su personal en el último año y ahora cuenta con 34 oficinas regionales. Sus líderes señalan que cerca del 98 por ciento de su presupuesto actual proviene de recursos nacionales, y espera que la agencia no dependa de mucha asistencia internacional si las FARC se desmovilizan. Aun así, no está claro si la agencia estará lista para lo que el documento de estrategia de la USAID llama "8.000 combatientes de las FARC que necesitan ser reintegrados a la sociedad, esa cifra llega a más de 30.000 si se incluyen los miembros de sus familias y redes de apoyo". Mucho dependerá de las cuestiones pendientes por negociar en La Habana: todavía no sabemos qué forma podrían tomar el desarme y la desmovilización.

9. Se están realizando esfuerzos para adelantar los programas de cooperación y para poder "mapear" la ayuda.Nos dijeron que un estudio del gobierno español encontró que existen cerca de 90 "espacios de coordinación" para la prestación de asistencia a Colombia. A la vez, el Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia ha puesto en marcha una base de datos en línea llamada "Mapa Social" que (con la ayuda de Microsoft) tiene como objetivo documentar los programas de asistencia por donantes. Este sitio todavía parece estar en fase de desarrollo: el personal de WOLA trató sin éxito por 15 minutos de que el impresionante mapa de la página mostrase solo los programas de la USAID. Si el programa se maneja escrupulosamente, y si los donantes proporcionan información acerca de sus programas de forma detallada, este recurso podría revolucionar la coordinación de donantes en el posconflicto ya que ayudaría a evitar la duplicación e ilustrar dónde existen vacíos.

10. Implementar los compromisos de paz requerirá algún tipo de verificación imparcial.La forma que tomará esta verificación aún se desconoce. Oímos un consenso general de que una Colombia en posconflicto es poco probable que tenga una misión internacional de alto perfil y de mandato fuerte a como lo tuvo ONUSAL en El Salvador o MINUGUA en Guatemala. Sin embargo, oímos con frecuencia la opinión que una presencia internacional armada puede ser necesaria en las primeras fases para proteger a excombatientes desmovilizados. Para garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos, también se tendrá que reforzar la protección a defensores de los derechos humanos, activistas de los derechos a tierra, los sindicalistas, y líderes afrocolombianos e indígenas. El lapso entre la firma de un acuerdo y el referéndum para ratificar el mismo será un momento vulnerable ya que existirán fuertes incentivos para actuar contra estos individuos para aquellos que se están desmovilizando, para estos defensores, al igual que como para aquellos aspirantes a dañar el proceso.

La estructura de verificación más probable es un acuerdo compartido entre la ONU y la OEA que gestione el desarme y la desmovilización, tal vez que oriente la justicia de transición, e informe a ambas partes (Estado y FARC) sobre preocupaciones o áreas donde no se están cumpliendo con los estándares esperados.

En nuestra opinión, esta misión debe ser capaz de informar públicamente cuando encuentra que uno u otro lado no está cumpliendo con sus compromisos, inclusive si esta es dada un mandato débil. El modelo de consulta privada con el gobierno colombiano que ha guiado a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA desde que comenzó a verificar las desmovilizaciones de grupos paramilitares en 2004 es inaceptable. Ciertamente, la expresión privada de las preocupaciones sobre los compromisos no cumplidos es un primer paso apropiado. Pero esto es demasiado fácil de ignorar si no existe un seguimiento que amenace a las partes con una rendición de cuentas pública detallada.

Al igual que lo deberían de hacer los donantes con sus programas de coordinación, esta misión debe hacer públicos los datos sobre sus actividades y hallazgos, en la mayor medida posible. A diferencia de las misiones de verificación centroamericanas de la década de 1990, la misión en Colombia estará funcionando en la era de los “grandes datos.” Una misión que reúne pedazos de información confiable sobre el cumplimiento del acuerdo de paz y su ejecución no debe simplemente guardárselos. Grupos de la sociedad civil, donantes internacionales, medios de comunicación y otros órganos de supervisión deben ser capaces de contribuir con sus propios análisis y recomendaciones basados en estos datos. La próxima misión de verificación de paz debe tener una API pública.

Apéndice: Aquí está una lista de las posibles necesidades del posconflicto que surgieron en nuestras entrevistas y discusiones durante los días 14 y 16 de julio.

• Verificación Imparcial

• Organización de un referéndum para ratificar los acuerdos de paz

• La gobernanza territorial y la creación de tejido social

• Desmovilización y desarme de los combatientes

• Reintegración de excombatientes

• Reintegración de los niños excombatientes

• Reparaciones / restauración a víctimas

• Los programas de reintegración y de víctimas dirigidos a poblaciones específicas (mujeres, comunidades afrocolombianas, comunidades indígenas, campesinos)

• Tribunales y / o justicia reparativa para los violadores de los derechos humanos

• Comisión de la verdad para identificar a los abusadores y narrar atrocidades, y tal vez una comisión de "esclarecimiento histórico" para identificar los intereses que se beneficiaron de estas acciones.

• Desminado

• Ordenamiento territorial para el desarrollo económico futuro en zonas de conflicto

• La titulación de tierras, incluyendo un catastro para determinar la propiedad rural

• Erradicación y sustitución de cultivos Ilícitos

• Seguridad de la zona fronteriza y desarrollo (que debe ser coordinado con países vecinos)

• Controlar y regular la minería ilegal especialmente de metales preciosos

• Mejorar la capacidad de los gobiernos municipales y departamentales

• Mejorar la capacidad del sistema de justicia, especialmente la capacidad de investigar y sancionar casos de corrupción

• Medio ambiente y sostenibilidad

http://www.wola.org/es/comentario/esta_lista_la_comunidad_internacional_para_una_colombia_posconflicto

La nueva ola de información comenzó con el movimiento de protesta de la ciudadanía de Yopal contra el alcalde por falta de agua, que llegó afectar hasta los spa que había mandado construir para sus empleados.

Por fin, después de tres años de engaños, el acueducto se desplomó. El escándalo siguió en Santa Marta: una ciudad turística, la Perla de América, muriéndose de sed al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta y al lado de los ríos Guachaca, Córdoba, Piedras, San Diego, Fundación. La ola fue creciendo: calores de 41 grados en Valledupar, de 40 en Barranquilla, de 39 en Sincelejo. Lo nunca sudado. Se destapó el infierno. En La Guajira mueren 15.000 reses, 10.000 hectáreas para cultivos han quedado como el desierto de Gobi. En la costa se han declarado 642 incendios forestales que no saben con qué apagarlos y los ganaderos hablan de que se les murieron 32.000 vacas. En Cesar los arroceros denuncian haber perdido 1.000 hectáreas de cultivos que cuestan $5.000 millones. En la Mesa de los Santos se han asfixiado un millón de pollos. En Córdoba se está vendiendo baratísimo el ganado en pie. En los próximos meses la lista crecerá. Y los damnificados pedirán auxilios al Gobierno, a las secretarías departamentales de agricultura, a Naciones Unidas, a la FAO, a Rusia, a China.

El doctor José Félix Lafaurie Rivera —a quien su esposa le prepara un nicho en el cielo— ha diagnosticado que “El Niño se nos vino encima”. El defensor del Pueblo da un paso más y grita desde su escondite: Hay que salir a paliar el asunto. El Gobierno decreta el diagnóstico: El Niño está dando sus primeros latidos, y formaliza su política para resolver el drama: hay que ser más responsables, hay que ahorrar agua, hay que ser más responsables. Y a partir de aquí comienzan las soluciones, o mejor dicho, los contratos: 24 talleres para explicarle a una media docena de alcaldes y a sus secretarios para “concientizarlos y explicarles qué es El Niño y como se puede mitigar su crudeza”; se ordenó la compra de una flotilla de helicópteros con sus equipamientos para sofocar los incendios forestales, se autorizó la construcción de pozos profundos en La Guajira para mitigar la sed y se habilitaron 200 molinos de viento —“paralizados por el abandono”— para llenar los jagüeyes; en Magdalena se darán algunos (sic) subsidios para ayudar a los ganaderos. En Santa Marta “se darán al servicio cuatro pozos y se pondrán en operación otros 11”. El inefable doctor prometió la construcción de silos para alimentar las vacas que están enflaqueciéndose y que amenazan con encarroñarse. El Gobierno mandó asignar a la Unidad Nacional de Riesgo $23.000 millones que, sumados a los 30.000 que ya consignó, dan un gran total de 53.000 millones. Para rematar la feria, giró o girará 25.000 millones para los bomberos. En síntesis, la culpa es de El Niño y la solución son los contratos. La ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha declarado, digamos, que la culpa de todo la tienen los colonos por talar ilegalmente los bosques, los mineros ilegales por abrir huecos y los campesinos por sustituir bosques por cultivos agrícolas. ¿Ignora la señora ministra que en Colombia se tumbaron entre 2011 y 2012 la friolera de 300.000 hectáreas de monte, equivalentes a casi el doble de la extensión del departamento de Quindío? Las selvas del Pacífico, desde el Atrato hasta el San Juan y desde el Dagua hasta el Mira, están siendo arrasadas como fue arrasada la Sierra Nevada de Santa Marta; los bosques de galería de la tierra plana, todas las selvas del piedemonte llanero han sido abatidas por colonos empujados por la violencia y obligados por el hambre para convertirlas en enormes haciendas ganaderas; en el Magdalena Medio, en el sur de Magdalena y Cesar, en el Catatumbo, en Meta, en Tumaco, la palma africana ha hecho lo mismo que la caña en el Valle: acabar con caracolíes, samanes. El agua no se acaba sola, la acaban, y no propiamente —aunque también— para embotellarla.

Fuente. El Espectador

A la opinión pública y a los entes de control. Nosotros los presos políticos recluidos en Yopal-Casanare; a través del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Queremos denunciar los siguientes hechos:

Los presos políticos ubicados en el patio tres vienen siendo víctimas de extorsiones sistemáticas, les roban sus pertenencias, y las compras que realizan en el expendio, tienen que pagar impuestos, es decir vienen siendo víctimas de la delincuencia que se presenta en este patio. Bajo la mirada complaciente de los guardias, si las personas se salen de este patio los guardias los agreden y los obligan a vivir ahí.

Los compañeros desde hace tiempo vienen solicitándole al Director, al Subteniente y a la junta de asignación de celdas y patios que por favor los trasladen ya sea al patio dos o cuatro, pero siempre hacen caso omiso a las denuncias.

El 14 de julio llegaron unos compañeros trasladados de Arauca quienes les robaron las pertenencias y la guardia no hizo nada al respecto.

Por estos hechos antes mencionados, queremos Denunciar y hacer responsable al Director WILLIAN ALBERTO ROA, al Subdirector LAGUNA, al Comando de Vigilancia; de lo que les pueda suceder, y de lo que ya ha venido sucediendo.

Los compañeros que se encuentran en esta situación son: Javier Arciaga, Jaramillo Escalante, Fredy Gutiérrez, Ramiro Garcés, John Jairo Carrillo, José Antonio Pérez, Ronald Bernal, Jeison Estrada, Carlos Ramírez, José Chivirra, Jorge Armero.

Prisión de Yopal, Presos Políticos.

El Pato, en Huila, otrora una de las supuestas repúblicas independientes, donde hace 50 años se gestó el conflicto armado entre las Farc y Estado.

Por: Alfredo Molano Bravo / Especial para El Espectador. Al dejar el tramo pavimentado de la carretera que de Neiva conduce a San Vicente del Caguán, el conductor de la 4x4 que nos llevaba —un hombre callado pero atento— dijo: “Pongamos a hablar la lora” y encendió el radio en el programa Temprano es más bacano. Eran las 5 a. m. y comenzábamos a subir la cordillera Oriental. El río La Ceiba baja turbulento a mano derecha de una carretera estrecha, caprichosa y pendiente. A 15 minutos de Neiva, pasamos bajo un pasacalle de las Farc firmado por la columna móvil Teófilo Forero. Al coronar el quiebre de aguas entre las cuencas del Magdalena y el Caquetá, se abre la bella y fértil altiplanicie de Balsillas.

Allí se estableció don Oliverio Lara a comienzos de los años 30 y compró dos haciendas, El Refugio y Las Mercedes, donde puso una cría de ovejas que manejaba con perros pastores; en 1931 se casó con doña Pepita Perdomo, una de las herederas de la Compañía Perdomo & Falla, formada en 1885 para la extracción de cauchos colorado, blanco, negro y siringa que abrió la “pica” entre Campo Alegre y el río Caguán. Cuentan los viejos colonos que don Oliverio, fundador también de la Asociación Colombiana de Ganaderos y del Banco Ganadero, tenía prohibido con hombres armados el paso de campesinos por sus extensos predios, lo que dio origen a un largo litigio que terminó zanjado a favor de los campesinos —Resolución 12 de 1933 del Ministerio de Industrias, Departamento de Baldíos Nacionales— y facilitó la entrada de colonos por este sector en los años de la primera Violencia (1948-1962).

La otra punta de colonización entró en la misma época por el bajo Pato y fundó el poblado de Guacamayas, cerca de la Hacienda Puerto Amor, donde había una pista de aterrizaje. La carretera de Neiva a Balsillas fue terminada en los años 60, y en los 80 el Gobierno contrató los batallones de ingenieros Codazzi y Cisneros para continuar los trabajos hacia San Vicente del Caguán. Después de una enérgica protesta campesina, se otorgó el contrato a la empresa civil Cóndor. En el pueblo en formación de Abisinia, sede de la Zona de Reserva Campesina que tiene una extensión de más de 100.000 hectáreas, los viajeros suelen parar a tomar tinto y comer la especialidad de la región, queso frito. Más abajo, después de pasar por debajo de tres pasacalles de las Farc, hay un retén del Ejército Nacional. Los soldados, muy atentos, nos pidieron la cédula y permiso para revisar el equipaje.

El conductor se sorprendió, porque el trato normal es brusco. Hay, inclusive, un cuarto donde se toman fotos y huellas solo a los pasajeros de bus y donde no es excepcional el control de los alimentos que llevan. En junio de 2007, unidades militares realizaron una masacre en la escuela Guillermo Ríos Mejía durante la celebración del San Pedrito, en la que fueron asesinadas inicialmente tres personas y luego la maestra de la escuela y una familia completa.

En total, siete personas. En el poblado de Abisinia hay una escultura que recuerda el crimen. En el kilómetro 44, Santa Helena, no ha sido levantado en su totalidad el derrumbe que dejó en diciembre de 2012 dos muertos y siete heridos graves y que interrumpió el tránsito varias semanas. Cerca de este punto sale un ramal para la vereda San Jorge, donde tenía la hacienda Andalucía Jorge Villamil, autor de El barcino, un novillo que se robó Tirofijo y fue a parar a El Pato. Al fin, después de cinco horas, llegamos a Guayabal, donde me esperaban los dirigentes de la ZRC. La mayoría de la población estaba atada a dos o tres pantallas de televisión viendo el partido entre Colombia y Brasil.

El Pato es una región húmeda y caliente. Un largo y estrecho cañón —de ahí su importancia militar— que tiene como eje el río Pato, al que le llegan el Balsillas, el Oso, la Perla, el Coreguaje, vertientes más pequeñas. Se siente la fuerza de la selva a pesar de que el derribe de montaña está muy avanzado y la potrerización no se detiene. Al mismo tiempo se ven numerosas fincas que producen al año más de mil toneladas de café y unas 1.500 de fríjol —cargamanto, radical, caregato, calima—. Más que prosperidad, hay empuje. No hay una sola mata de coca. Yo conozco desde lejos los cocales, porque he visto muchos en el país y aseguro que en El Pato no los hay. En el pueblo viven 150 habitantes de los 6.000 que se reparten en 37 veredas. Hay cuatro restaurantes, tres tiendas, dos residencias, una discoteca y una capilla. No hay puesto de salud, carece de conexión eléctrica al sistema nacional, el colegio público es sostenido en gran medida por la comunidad, funciona un radioteléfono con batería de carro y de hecho nadie usa internet. Hay un puesto militar del Batallón de Alta Montaña número 9 y ninguna oficina pública. La región está no sólo abandonada por el Estado, sino estúpidamente bloqueada por él.

El bloqueo tiene su historia. Cabe recordar que de El Davis (ver primera entrega de esta serie) salió Alfonso Castañeda, alias Richard, en el año 52 hacia Villarrica, en el oriente del Tolima, acompañado de un puñado de hombres derrotados por el Ejército. Tres años después, Rojas Pinilla bombardeó la región y Richard, en compañía de Martín Camargo, organizó el éxodo de población civil que se refugió en el alto Sumapaz y de allí se desplazó poco a poco hacia el Duda, el Guayabero y El Pato. Aquí, Richard y Camargo se agregaron a la colonización e impusieron su autoridad. Una república independiente, al decir de Gómez Hurtado. Richard murió en el año 64 y Camargo se apartó del movimiento.

Después de la fundación de las Farc en mayo del 65, llegaron a la región Marulanda, Jacobo y Joselo y crearon un comando en un sitio llamado Arenales, donde fundaron una escuela militar guerrillera. Allí aprendieron la táctica y la estrategia en guerra irregular Jorge Briceño, el Mono Jojoy; Alfonso Cano, Raúl Reyes y Timochenko, entre otros. Un tiempo atrás, quizás a fines de los años 50, apareció en la zona Óscar Reyes o Januario Valero, nacido en Chámeza, Casanare, por lo que es probable que se hubiera alzado en armas en los Llanos. Un forajido común que hizo acuerdos territoriales con las Farc y por ello las autoridades lo consideraban uno de sus comandantes. Cayó en Santa Marta en un mitin de la Anapo y estuvo preso en Gorgona. Fue asesinado en San Antonio, Huila.

Con el correr de los días llegaron también familias desplazadas del sur de Tolima, de Huila, de Cauca, de Quindío. Joselo, un campesino de Aipe que peleó en Marquetalia, desarrollaría un sistema particular de trabajo colectivo inspirado en la minga indígena y en el brazo prestado de los colonos no sólo para hacer caminos y puentes, sino para producir comida: fríjol, caña, arveja, plátano y yuca. Los viejos colonos que entrevisté llaman a esta modalidad de organización “las partijas de Joselo”. “Joselo daba semilla y comida y entraba en compañía con la gente.

A esa parcela iba a trabajar más gente para sembrar o para recoger. Ya en el momento en que estaba en manos de la persona, él compartía con otra gente, cambiaban el día en jornales, que aquí llamamos ‘mano muerta’. Se ponían condiciones también porque en toda época ha habido gente que le gusta andar acaballada”. Eran —aclaran— gentes que “trabajaban con el fusil terciado”. El producto se dividía en dos partes: una para la organización, es decir, para las Farc, y otra para los colonos. “El fríjol se daba por encima de las montañas. ¿Cuál fumigar? ¡Qué abono ni nada! Se regaba el fríjol en el monte y luego se tumbaba la montaña encima de la semilla; cuando el fríjol salía, se enredaba por encima de la montaña que se había tumbado. Y ahí se cogía muy buena cosecha. Se le daba el nombre de ‘rocería de tapado’. Íbamos buscando los nacederos de agua y así agrandábamos la finca”.

El 25 de marzo de 1965 a las 10 a. m., cuando el viento se llevó la niebla y la tierra comenzó a calentarse, el gobierno bombardeó la región. Los colonos lo cuentan así:

“Fue un borbandeo (sic) muy terrible, de punta a punta; en todas partes descargaban tropa los helicópteros. Todo el mundo buscó salir de la casa al monte porque no había otra forma de librarse de la muerte. La zona no era como hoy, descubierta; era muy selvática, en las pocas partes abiertas que había los helicópteros descargaban al Ejército. Muchas de las personas que salieron a esconderse perdieron la vida por hambre o por enfermedad. Por eso se llamó la ‘Marcha de la Muerte’. Yo alcanzo a acordarme, yo tenía como 12 años; llegó primero una avioneta; como yo no sabía de aviones, ni de nada, arranqué a correr al monte, y mi papá me gritaba: ‘No se vaya, no se vaya’. Desde entonces entró una persecución política a esta zona. En un momento difícil, usted no se acuerda de llevar la comida sino de librar la vida. Lo que teníamos en la casa quedó botado. Al llegar a la selva, uno se acuerda de la comida, pero con la vida puesta. A los tres días sin comer, uno pierde el concepto, pierde el amor por lo vivido. Hasta tocó matar los caballos y los perros porque no había más qué comer; los animales pagaron el pato en esa guerra. Yo llegué a conocer lo que siempre había negado, como ser capaces de comer una parte de humano. Alguno para poder sobrevivir lo hizo, porque uno pierde el amor hasta de uno mismo. Con el tiempo uno aprende a conocer la selva y sólo come pepas roídas por otro animal. Pero el hambre, la pura hambre, no respeta nada”.

La región se desocupó por los cuatro costados. La mayoría salió río abajo hacia Guacamayas, adonde llegó el 20 de mayo; otra parte desanduvo el camino y regresó a Neiva o a Algeciras; quizás una minoría cruzó el páramo de Picachos, al oriente, para salir a San Juan de Lozada. La selva recuperó lo perdido y el rastrojo cubrió los barbechos, enmontó los cafetales, se comió el pasto. Hay un túnel de silencio, aun de los mayores, donde se pierde la memoria hasta 1967, exactamente hasta el mes de marzo, cuando Tirofijo emboscó una patrulla del Ejército cerca de Algeciras que dejó 16 soldados muertos, unos pocos heridos y permitió, según El Tiempo, “adueñarse de muchas y modernas armas”. Fue el primer gran combate de las Farc después de su fundación. El escándalo por los medios fue mayúsculo, pues la opinión pública estaba segura de que después de la Operación Marquetalia, “la pesadilla había terminado”.

Durante la década del 70 se le vuelve a perder el rastro a la región. “El Pato —cuenta una mujer— era una región prohibida. En ese tiempo salía uno a Neiva y la gente lo miraba como si fuera un tigre. El Pato no existía”. Durante esos oscuros años, Noel Mata, alias Efraín Guzmán o Nariño, nacido en Chaparral, que había combatido en Villarrica y en Marquetalia al Ejército, y en el Guayabero al guerrillero liberal Dumar Aljure, fue encargado de la organización social de las comunidades mediante la formación de Juntas Sindicales, uno de cuyos dirigentes fue Humberto Moncada. Eran en realidad el poder regional. Distribuían los baldíos, mediaban litigios de tierras, levantaban empadronamientos, sancionaban escándalos públicos, definían rutas de las trochas y, según testimonios recogidos hace 30 años, cuando conocí la zona, sus directivos eran elegidos por votación popular, aunque la guerrilla daba el visto bueno a los resultados de la elección (ver “Los bombardeos de El Pato”).

Hacia finales de la década, el Gobierno contrató la construcción de la carretera entre Balsillas y Guayabal, una vez que don Oliverio Lara donó al Ejército un terreno para un fuerte militar. A comienzos del 80, la Fuerza Aérea bombardeó la pista de Puerto Amor y Joselo hostigó los trabajos de la carretera, mientras las Juntas Sindicales organizaron la llamada “Marcha por la Vida”, para denunciar lo que consideraban el comienzo de un vasto operativo militar y distinguirla de la que llamaron “Marcha de la Muerte”. Más de 500 campesinos con sus hijos se encontraron en Balsillas para caminar hasta Neiva. La Policía trató sin resultado de detener la movilización; los colonos habían logrado despertar tal solidaridad ciudadana, que empresas transportadoras pusieron buses para que la gente llegara a la Gobernación del Huila a sentar su protesta. Estuvieron en las oficinas públicas tres días, pero, sitiados por la fuerza pública, aceptaron ubicarse en el coliseo, donde permanecieron casi dos meses. Entrevisté a varios dirigentes, entre ellos Moncada, y a varias mujeres con cuyos testimonios escribí con Alejandro Reyes un texto publicado por el Cinep como “Los bombardeos de El Pato”.

Los colonos regresaron a la región como se habían ido, con las manos vacías, pero las Juntas organizaron un gran recibimiento a los marchantes, con música, voladores, arcos florales, comparsas y bailes, evento que desde entonces se celebra todos los años como el Festival del Retorno, al son de El barcino. El regreso no fue sólo de los colonos que se movilizaron hacia Neiva. Por los mismos caminos, y poco a poco, fueron llegando los colonos que desde el 65 habían sido expulsados por la violencia y otros nuevos, atraídos por las perspectivas de paz social, fertilidad del suelo y bajo costo de la tierra. La región se había desocupado a raíz de la militarización de mediados de los años 60. En 1976 había sólo 890 habitantes, pero en 1989 había casi 3.000, según el DANE. La existencia de la guerrilla en la zona podía ser un factor disuasivo para los empresarios y ganaderos, pero es atractivo para los colonos puesto que su sola presencia garantizaba tierra barata y, en el caso de El Pato, ubérrima.

Uno de los primeros síntomas de colonización es la extracción de maderas finas. Los aserradores exploran las selvas, abren picas, rozan pequeños abiertos donde siembran pasto para alimentar sus bestias; en una palabra, hacen el mapa de la zona. A partir de mediados de los años 80 entraron numerosos compradores de madera que financiaron a colonos la tumba y saca de maderas, lo que fue facilitado por la apertura de la brecha carreteable hasta Guayabal y Los Andes. El territorio tiene dos limitaciones de uso y tenencia: la Ley segunda de 1959 o de reserva forestal, y la creación en 1977 del Parque Nacional Los Picachos, normas que ni la guerrilla respetó ni los colonos conocían. Ellos cuentan el cuento así: “Primero se explotó el cedro; después el nogal, el amarillo, el laurel; esa explotación fuerte duró como hasta el 90-92. Empezaron desde las vegas hacía las lomas. La madera la compraban intermediarios. A veces uno no tenía el equipo: motosierra, comida, y llegaba el tipo con el plante completo: 40 mulas, cuatro motosierras, cinco trabajadores, y nos decía: ‘Usted que tiene tanto monte ahí, le pago tanto por palo’. Muchos aserradores se quedaron a hacer finca sembrando pasto y trayendo unas pocas reses; otros, cultivando café y fríjol. Las Juntas de Acción Comunal reglamentaban tanto la explotación maderera como la fundación de colonias, y crearon un Comité de Picachos para negociar el traslado fuera del parque. Pero la mayoría eran negociantes forasteros que se fueron a otras selvas. Muy pocos predios llegaron a tener escrituras registradas en notaría; la casi totalidad de colonos ocupaban su mejora sobre la base, muy respetada, de una carta-venta. O sea, una mera declaración escrita de los vecinos o del vendedor en la que constaba que la posesión era legítima y aceptada por la vereda.

Los Acuerdos de La Uribe firmados entre el gobierno de Betancur y las Farc (1982) —que incluían el cese al fuego— contribuyeron al poblamiento y la organización social y política de la región. Las Juntas se fortalecieron con la presencia institucional —Caja Agraria, Incora, Caminos Vecinales, ICA, salud, educación— y al mismo tiempo la Juventud Comunista impulsó la fundación de grupos de Unión Patriótica. Por primera vez, quizá, muchos colonos, a la par que registraban su nombre para votar, firmaron papeles para recibir préstamos. La guerrilla tuvo como nunca una febril actividad civil, con la perspectiva de transformarse en partido político. Después, las continuas masacres de miembros de la UP y la ruptura de los acuerdos durante el gobierno de Barco —cuya divisa era, paradójicamente, el esquema gobierno-oposición—, echaron de nuevo la talanquera. La guerrilla volvió a encerrarse y a convertir a algunos miembros de la población civil organizada en unidades militares o milicianas. Los años siguientes fueron de guerra. El Ejército estableció puestos militares permanentes a lo largo de la carretera entre Balsillas y Los Andes; se bloquearon de nuevo las entradas, se multiplicaron las requisas y el Estado replegó su presencia civil. Coincide la vigencia de las medidas gubernamentales con la fugaz bonanza de la amapola en las zonas altas, sobre todo en el parque Picachos. Fueron unos pocos años en que, como recuerdan hoy, “la plata rumbaba”: se abrían discotecas y bares, las prostitutas y las mesas de juego abundaban. Sin duda, algunos campesinos alcanzaron a mejorar sus fincas, construir casa en Guayabal y sacar a sus hijos a estudiar a Neiva. También la guerrilla y el Ejército pescaron en río revuelto, factor adicional de aseguramientos territoriales. La bonanza pasó y poco dejó. Lo curioso del cuento es que la coca no entró a la región para reemplazar la amapola. Al final, el ataque del Ejército a Casa Verde durante el gobierno de Gaviria, el día de elecciones para la constituyente del 91, echó falleba y la región permaneció taponada.

El gobierno de Samper trató en vano de restablecer la negociación política con las Farc y hubo varios encuentros con la guerrilla en diferentes zonas, incluida Guayabal. Pero la debilidad política de la administración a causa del escándalo de los narcocasetes y el aprovechamiento de ese hecho por los altos mandos militares permitieron que los combates ganaran dimensiones hasta entonces desconocidas. Baste recordar Las Delicias, San Juanito, Patascoy, Mitú y la generalización de las masacres paramilitares en todo el país. No obstante, el gobierno Samper logró impulsar la ejecución de la Ley 160 de 1994. La norma tiene un espíritu campesinista en dos sentidos: impide la concentración de tierras en zonas declaradas de reserva para campesinos y determina que las tierras baldías se deben adjudicar a ellos. Una talanquera para impedir que las tierras en áreas de colonización continuaran, por diversos mecanismos, siendo concentradas en pocas manos. En palabras de Darío Fajardo: los sectores más débiles del campesinado transfieren a muy bajos precios la valorización de sus tierras —vía venta de mejoras— a los nuevos terratenientes. Los colonos buscan nuevas tierras y el ciclo se repite. Con los cultivos de coca, esa ley tendencial logró ser detenida pero al mismo tiempo evolucionar como conflicto social. Así, en La Macarena, San José del Guaviare —al otro lado de El Pato— se presentaron fuertes y sangrientos enfrentamientos entre colonos cocaleros y fuerza pública. Parecía que los colonos fueran conscientes de la temporalidad de la bonanza y, al mismo tiempo, de la función que cumplen en la frontera agrícola. Habla bien de la ley 160 el hecho de que los gremios agropecuarios —Fedegán y SAC— la atacaran desde su promulgación.

Una de las primeras y más significativas ZRC, compuesta por 36 veredas, un área de 111.000 hectáreas y una población de 6.000 habitantes, fue creada por el gobierno Samper en la región de El Pato-Balsillas. Con dineros del Banco Mundial, el gobierno compró la hacienda Abisinia en el valle de Balsillas. La base del programa fueron las juntas de acción comunal que constituyeron la Asociación Municipal de Colonos del Pato (Amcop). Uno de sus fundadores cuenta la historia:

“Entre el 94 y el 96 se comenzó a hablar del fin de la amapola. Ni a la Coordinadora de las Juntas de Acción Comunal ni al Comité de Picachos —que buscaba legalizar los predios que estaban dentro del Parque Nacional— le querían dar la personería jurídica. Por eso se llegó en el 97 a la audiencia pública para la creación de la ZRC organizada por la Amcop y se obtuvo la licencia para elaborar un plan de desarrollo y un proyecto piloto”. Me consta que no fue fácil que la guerrilla conviniera con la ZRC por considerarla una “artimaña” de la burguesía y del imperialismo. Lo ratifican dirigentes de Amcop: “Al principio un mando de las Farc estaba en contra y nos tocó pelear casi como con Uribe; pero cuando vio que iba a cometer una embarrada, se echó para atrás”.

El gobierno de Pastrana entró en conversaciones con las Farc y aceptó despejar 45.000 kilómetros para facilitar la negociación política. El Pato estuvo incluido en el área por ser un corregimiento de San Vicente del Caguán, sede de la mesa. La guerrilla hizo presencia abierta. En Guayabal había un retén y un comando permanente. De hecho, el comandante local hacía el papel de máxima autoridad. Cerca de Balsillas, por ejemplo, fue detenida una caravana encabezada por Horacio Serpa —en ese momento candidato a la Presidencia de la República— y obligada a regresar a Neiva. Al finalizar el despeje, en 48 horas el Ejército ocupó la región y cuentan los pobladores de Guayabal que donde dormía la tropa amanecían letreros de las Auc. Así, el restablecimiento de la autoridad legítima forzó de nuevo el éxodo de muchos colonos, sobre todo de aquellos que tuvieron que ver con la constitución de la ZRC o de los que de alguna forma habían colaborado con la guerrilla durante el Despeje. El péndulo oscilaba hacia la derecha. Uribe cortó de tajo en todo el país los proyectos de las de ZRC. El Ejército detuvo a cinco miembros de Amcop y los tuvo presos durante 14 meses sin acusación formal alguna. En muchas ocasiones y por largos períodos fue decretado el toque de queda en el área, medida que aún subsiste, puesto que los vehículos no pueden circular entre las 6 p. m. y las 5 a. m. entre Balsillas y Guayabal. El bloqueo económico duró los ocho años del gobierno de Uribe.

Al final de la reunión que tuve con dirigentes de Amcop para hacer este reportaje, un hombre de unos 25 años, moreno, que había estado muy discreto escuchando, se acercó para invitarme a conocer un “cementerio muy raro” que hay en la vereda de Andes. La reunión había terminado porque todo el pueblo de Guayabal estaba hipnotizado por el partido de fútbol entre Colombia y Brasil. Como a mí no me entusiasma ese deporte y menos tratándose de un evento tan patriótico, me pareció un buen programa usar mi tiempo libre en curiosear la obra, situada a 20 minutos de Guayabal.

Se trata de una amplia avenida en zig-zag rodeada de unos 400 pinos cuidadosamente podados que sube de la carretera que va a San Vicente del Caguán hasta un plano cubierto pero destapado donde hay sillas y donde estaban velando a una niña. Al lado hay dos mausoleos con 20 tumbas, la mitad ocupadas. Un poco más abajo, 16 tumbas en la tierra con sepulturas sin cruz alguna, con nombres castellanos: Mauricio, Guillermo, Juan, Nicolás. Como cosa curiosa, sobre la tapa hay un nicho que en una región tan lluviosa parece destinado a conservar un pequeño espejo de agua sobre las tumbas. Conmovedor. El cementerio huele a resina de pino y está rodeado por una malla. La gente dice que los morteros que por la noche dispara con frecuencia el Ejército —fui testigo de uno de esos disparos en Guayabal— no han logrado acertar, o no han querido, pienso yo. Estando en estas, el mismo personaje que me había invitado a conocer el cementerio me dijo: “El comandante quiere hablar con usted”. Acepté con muchas dudas, pero lo hice porque tenía la curiosidad, esa sí, de saber el secreto de la permanencia de las Farc en la zona desde 1965. En un punto del camino, a media hora de Andes, salieron un par de guerrilleros en moto y nos hicieron señas de seguirlos hasta una casa que parecía abandonada. Ahí estaba el comandante. Un hombre de 50 años, uniformado, bien armado y de pocas pulgas. Me saludó, mandó que me sirvieran café y me preguntó: “¿Ya almorzó?”. “No”, respondí un tanto azorado. Aproveché para soltarle la pregunta que tenía atravesada: “Ustedes llegaron en 1965 y siguen aquí. ¿Cómo han hecho?”. Me respondió lo siguiente:

“La permanencia de las Farc se explica en el descontento que hay en la gente por su forma de vida, por su pobreza, a pesar de que hoy por hoy las comunidades han desarrollado las ZRC que les ayudan a conseguir modos de producción y de vida. No nos ven a nosotros como el enemigo, sino como el ejército que tiene la esperanza y la posibilidad de cambiar el futuro de Colombia.

Los bombardeos alimentan el rechazo generalizado al Estado. Porque allá arriba, en los Andes, botaron un mortero, abrió un talud en la carretera y al estallar le dañó la cara a una compañera. A otros compañeros les han caído en sus casas, les han matado semovientes, o sea, los han perjudicado grandemente. Por eso nosotros hemos resistido. Ellos no denuncian, porque temen que los estigmaticen como auxiliadores de la guerrilla. O como guerrilla, que es la costumbre. Al pueblo colombiano lo hacen vivir en ese nudo absoluto.

En las zonas rurales los campesinos conocen la guerrilla, han crecido de su mano, han visto perecer familiares. Ellos no son apáticos a nuestro proyecto revolucionario. Pero, desafortunadamente, en las ciudades donde no los bombardean tienen una idea totalmente distorsionada de lo que somos.

“El derecho propio no es mirar hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Si sube Santos al poder, es la misma guerra que si sube Zuluaga: ambos obedecen a su clase. Pero decir que si sube un político que tenga discurso de izquierda pero tenga posiciones de derecha, Colombia va a cambiar, es un contrasentido. Porque hay que cambiar toda la estructura política, desde el concejal hasta el presidente. La gente nos pregunta en las calles, en las veredas, en las carreteras, en sus fincas: ‘Camaradas, en el momento de firmar la paz, tenemos miedo porque nos quedamos sin la protección de ustedes, ¿qué va a ser de nosotros? Cuando se firme la paz, ¿qué va a hacer el gobierno con los ladrones, con los viciosos, con la delincuencia que va a proliferar? Nosotros no queremos que se acabe esta ‘paz’ que estamos viviendo’. Porque aquí los campesinos salen, dejan sus casas abiertas y no pasa absolutamente nada”.

La última frase del comandante coincidió con el fin del partido de fútbol que perdió Colombia con Brasil, que sus guardaespaldas oían en un radio. Se veían tristes. Me despedí, deseándoles suerte. Lo mismo hicieron ellos.

Los bombardeos de El Pato

Alfredo Molano Bravo

El espaldarazo que los expresidentes de EE.UU., España, Chile y Brasil; el ex primer ministro de Inglaterra e Irlanda, y el presidente del Banco Mundial le dieron en Cartagena a la política de paz es tan significativo como el respaldo que ganó Santos en la segunda vuelta.

Y no son sólo triunfos del presidente, sino también un reconocimiento a las Farc. La declaración firmada por los exmandatarios agradece explícitamente “a las dos partes, Gobierno y Farc, por la ‘seriedad’ con la que se ha adelantado el proceso y, sobre todo, por el compromiso de lograr acuerdos que no sacrifiquen los derechos de las víctimas”. Santos consideró que el reconocimiento que las Farc han hecho de las víctimas es el “punto de inflexión” de las conversaciones. Es un avance muy importante, sin duda. Pero el Gobierno les ha hecho creer al país y a la opinión internacional que las Farc se han declarado así culpables se ser las victimarias y punto. No es exactamente cierto. Primero, porque no se trata de un acuerdo acabado sino de una declaración de principios para la discusión del punto de víctimas. Y segundo, porque el texto firmado se refiere al reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado, sin exclusión. Es decir, también víctimas del Estado.

La importancia está en que por primera vez Estado y guerrilla, ambos por parejo, se hacen responsables de ser victimarios. No se trata entonces de manzanas podridas sueltas ni de guerrillos extraviados, sino de responsabilidades del Estado y de la guerrilla como sujetos jurídicos. Sin duda se trata de un paso muy avanzado que facilita esa difícil álgebra entre el “tanto de justicia que se debe sacrificar para que haya paz”. Lagos lo dijo de otra forma: “No se puede sacrificar la paz por la justicia”. Uribe debe estar rechinando de la rabia en el Ubérrimo.

La declaración de Cartagena fue hecha ante un selecto público determinado, todo de blanco hasta los pies vestido. En otras palabras, los que mandan, y donde el uribismo ha tratado de cocinar su oposición a ultranza. Esta resistencia tiene armas con qué hacerla. De un lado, un importante sector de militares activos y uno no menor de militares en retiro. El ministro de Defensa cumple la función de tratar de calmarlos con sus declaraciones, pero todo parece indicar que logra lo contrario, ahucharlos más. El presidente debe pensar seriamente en mandarlo de embajador a Finlandia a que se le enfríe la cabeza. De otro lado, esa ultraderecha ejerce un poder innegable y peligrosísimo sobre las otras armas.

Luis Alberto Moreno puso sobre el tapete otro tema relevante. La paz y el desarrollo. Independientemente de lo que se entienda por las dos cosas, lo cierto es que el fin del conflicto armado liberará recursos. Dos puntos del PIB, ha dicho el ministro Cárdenas. A lo que se podría sumar, como sugirió Lagos, el 4% del impuesto de guerra, que, dijo, debería conservarse una vez firmado el acuerdo. Tiene razón. Los ricos —¿cómo llamarlos de otra forma?—, que sacarán de él grandes beneficios, deben renunciar a un pedacito de la desproporcionada tajada que apañan para poder dormir más tranquilos. Parte del problema está aquí. De la firma del acuerdo no puede salir solamente la dejación de armas sino también una prueba evidente y tangible de que el futuro va a ser mejor que el pasado, como dijo Clinton. Esas ganancias deben ser invertidas en la paz y se debe impedir que den la vuelta y regresen a las mismas manos de siempre.

El interés por la paz que se respiró en la reunión de Cartagena podría facilitar un compromiso mayor de EE.UU. en la reconciliación, que trascienda las simples declaraciones de simpatía y permita que Obama otorgue el perdón presidencial a Simón Trinidad como una evidencia tangible de su respaldo al proceso, verdadero punto de no retorno.

Nota: es increíble que nos sigamos matando después de cada triunfo de Colombia en el Mundial. ¿Y si pierde el equipo de Pékerman? Sólo en Bogotá han sido asesinados más de 17 ciudadanos. ¿Cuántos han sido los muertos, señor Gustavo Petro, después de las corridas de toros, consideradas por usted espectáculos violentos?

Tomado de El Espectador

Uno de los fundadores de las Farc, conocido como el ‘Sargento Pascuas’, recuerda desde La Habana (Cuba), los orígenes de la guerrilla en las repúblicas independientes. En entrevista con Alfredo Molano Bravo narra sus primeros años en la guerra, cincuenta años atrás.

A Miguel Pascuas las autoridades militares lo acusan de más de 600 hostigamientos, 14 tomas guerrilleras y las cinco destrucciones de Toribío, más otros ataques, también en Cauca, en los que han perdido la vida más de 800 uniformados, como el perpetrado en El Tablón (Corinto) el 9 de noviembre de 2009, en el cual murieron ocho soldados, otros nueve quedaron heridos y un suboficial desaparecido. La Interpol emitió una circular roja que pretende la captura de Pascuas, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 2,5 millones de dólares “por información que lleve a su captura”. Tras los hechos que semidestruyeron por quinta vez a Toribío el pasado 11 de julio de 2011 con una chiva cargada con 14 cilindros bomba, el Gobierno Nacional prometió una recompensa de $2.000 millones por su cabeza.

“El Viejo —dice el coronel Maldonado de la Policía Nacional— tiene poder por ser un símbolo, pero los mandos ya son otros”.

A.M.B.: Cuéntenos, Miguel, algo de su niñez.

M.P.: Existíamos en Órganos, Huila, y ahí estudié en la escuela. Cuando entró la violencia, vino la Policía y cogió la escuela por cuartel. No pudimos estudiar más. Hubo muchos muertos. Una vez la Policía llevó amarrados seis presos a donde se juntan los ríos Gagual y San Luis y en un charco los fusiló. El padre Monard —que para más veras no era colombiano—, párroco de Órganos y de San Luis, decía que los que no fueran conservadores debían irse del pueblo. Mucha gente le hizo caso. Él colaboraba con la Policía. Yo lo miré vestido de militar y de fusil al hombro. Un día se fue para San Luis y, como mi mamá le servía, nos invitó a irnos para allá. Fue entonces cuando conocí al indio Quintín Lame en la vereda El Palmar, donde había una comunidad indígena. Era orgulloso y hablaba de luchar para devolverles las tierras a los indios.

Cuando la guerrilla —a la que le decían chusma— se tomó el cuartel de la Policía, entonces llegó el Ejército y apresó al indio Quintín con dos campesinos más. Como mi mamá le hacía la comida al padre Monard, me mandó a llevarles unas papas cocinadas a los presos, y ahí lo conocí. Tenía el pelo largo, fumaba tabaco. La guerrilla se tomó Órganos por la muerte de esos campesinos, a bombazos y a puro machete, porque no tenían más fusiles que los que manejaban Charro Negro y Marulanda. Ese día no hubo más escuela ni más cuartel. En la casa cural había buenas armas, inclusive un fusil italiano, que era del cura. Creo que fueron de las primeras buenas armas que la guerrilla consiguió. Después, la chusma atacó San Luis, pero el cura tampoco estaba. Si hubiera estado, quién sabe dónde habría parado. Se hablaba mucho de lo que las guerrillas hacían: que Charro había sacado de la cárcel a Martillo, que Llanero había librado a Piedranegra, que Joselito había entrado a San Luis. Era cierto: la chusma se organizaba para defenderse de los chulavitas y de su policía. Los liberales sólo veían por entre esa mirilla. El que trajo otras ideas fue el Mayor Lister, o sea Isauro Yosa, que dijo que no había que pelear sólo por política sino para cambiar el país, y que había que comenzar por la tierra. Él hizo contacto con los Loaiza, que eran liberales ya fuertes en Rioblanco y juntos enfrentaron a los gobiernos conservadores de Ospina, Laureano y Urdaneta.

A.M.B.: Y de muchacho, ¿usted qué hacía, en qué trabajaba?

M.P.: Yo trabajé primero en una finca cafetera, recogiendo café, y después fui peón menor de arriería porque no tenía fuerza para cargar bultos. Los arrieros se echaban al hombro hasta seis arrobas; yo no podía sino con la mitad. Pero ahí fui cogiendo fuerza y ya en 1959 el gobierno del Frente Nacional abrió trabajos en la carretera de San Luis a Aleluya y en la carretera del Carmen a Gaitania. El Gobierno dio la pacificación; las guerrillas liberales aceptaron entregar las armas, pero ni Marulanda ni Charro Negro convinieron en entregarlas, las guardaron. Tampoco el Gobierno se las pidió. Manuel andaba de civil vigilando los trabajos en la carretera, llevando la estadística del personal. Se mantenía entre Gaitania y Neiva. Yo lo alcancé a conocer por los lados de Aipecito, antes de ser inspector de carretera. Él andaba armado. Yo comencé a trabajar con él haciendo alcantarillas, o sea, obras de arte en esa vía, pero yo ya estaba organizado como autodefensa porque nos rondaban gentes armadas conservadoras como El Mico y Tres Espadas. Paraban los buses y mataban a los liberales. Les hacían el corte de corbata o el de franela, les cortaban la garganta y les sacaban la lengua, o les cortaban el torso y los tasajeaban, o les cortaban los brazos para que no pudieran volver a trabajar. Las autodefensas teníamos que cuidarnos; hacíamos reuniones cada dos meses. Había muchachos que trabajaban en las fincas y otros en la carretera; vigilábamos y trabajábamos. No teníamos armas. A mí me organizaron con Lister.

La paz fue corta. Comenzaron a perseguirnos. El Gobierno metió a Mariachi en Planadas y a Peligro en Herrera. Lleras Camargo dijo que había que acabar con los comunistas y puso a Mariachi y a Peligro en contra de nosotros. Charro permanecía en Gaitania trabajando cuando un día Mariachi mandó su gente —unos tales Belalcázar y Puñalada— dizque a entrevistarse con Charro, y lo mataron. Lo quemaron por la espalda. Nosotros estábamos trabajando cuando en esas salió Marulanda otra vez armado y emputado y nos dijo: “Muchachos, se acabó la pacificación, mataron a Charro y en la lista seguimos nosotros: Isaías Pardo, Rogelio, Lister. Ya no hay nada que hacer”. Entregamos las herramientas de trabajo y sacamos los fusiles. Marulanda hizo una gira por la carretera del Carmen para traer armas y con ellas organizó los primeros 20 hombres de fila. En una pelea iban 200 soldados; les quitamos 18 mulas, unas cargadas con materiales importantes para nosotros, para nuestro abastecimiento, y también recuperamos cinco fusiles perillas. A Marulanda lo nombraron mayor. Entramos a combatir.

A.M.B.: ¿Cuál fue su primera pelea?

M.P.: Mi primer combate fue entre Gaitania y Planadas. Ahí Marulanda se enfermó, estuvo mal, se vio muy mal. Los campesinos le llevaban comida y hubo que esperar a que se alentara para ir a una pelea por los lados de Aipe para distraer al Ejército por la retaguardia, esperando que entrara por Planadas, como al fin entró. Para ese combate se nos había juntado Martín Camargo, del Partido Comunista; Guaraca, Tula, Rogelio, Isaías, Joselo, que estaban trabajando todos en sus fincas en Marquetalia. Éramos unos 60. Dormíamos en las enramadas porque no teníamos plásticos para carpa; no había en ninguna tienda para comprarlo. Usábamos alpargatas de fique primero, pero al poco tiempo comenzamos a usar zapatos tenis, de tela; había que remendarlos con alambre para que durarán un poco más; lo mismo la ropa. Había que remendar las cartucheras, algunas con cuero de vaca sin curtir. Los equipos eran morrales de cabuya y los uniformes y gorras se usaban de color verde o caqui. A algunos de nosotros nos tocaba ir a trabajar para ganar dinero para comprar la ropa. En el morral de cabuya cargábamos la cobija, plátanos, yuca, arracachas, sal, panela, cuero de vaca cosido, maíz, arepa, chachafrutos, aguacates, piñas, naranjas. Había que cargar el ají que reemplazaba la carne; cargábamos el molino para moler el maíz que nos servía para hacer arepas o cuchuco. Había temporadas en que la alimentación era solamente guarapo; durábamos hasta ocho días seguidos tomando sólo guarapo de caña porque no teníamos más para alimentarnos.

El golpe al Ejército nos ayudó mucho: un fusil M1, un fusil G3, una carabina San Cristóbal, una carabina M2, algunos fusiles punto 30, fusiles 7 mm que llaman perillas, algunos fusiles austríacos y peruanos, un fusil cortico de caballería, algunas granadas de mano y bombas de tubo con mecha, carabinas M1 y buena munición.

A.M.B.: ¿Eran todavía autodefensas?

M.P.: No, andábamos móviles. Marulanda estaba con nosotros un tiempito y luego se iba a Marquetalia; luego nos mandaba al Teniente Isaías. Él nos movía para una parte y otra y luego se iba. Venía entonces el teniente Rogelio y lo mismo. Así conocí a Guaraca cuando era teniente. Los mandos se turnaban, pero nosotros éramos móviles siempre. Sufríamos mucho porque la comida era difícil de conseguir, no teníamos botas ni morrales. Hacíamos amigos sin importar si eran conservadores o liberales, pobres o ricos. El que nos ayudaba era porque era amigo. Poco a poco fuimos consiguiendo y preparándonos. Fuimos siendo amigos de más gente, de más gente, y de gente pudiente que tenía forma y ya nos daba dinero para comprar la ropa, las botas, las lonas. Ya éramos más respetaditos. Marulanda era muy afamado y lo conocían como Tirofijo.

En Marquetalia sólo había población civil, familias, porque nosotros andábamos por fuera. Cuando se vio que comenzaba la primera invasión en 1962, atacamos al Ejército llegando a San Miguel. Las autodefensas que estaban trabajando cogieron sus fusiles y se metieron de Gaitania para arriba. El Ejército no había cambiado de táctica y andaba en fila, uno detrás de otro, y así era fácil hacer blanco. Daba hasta lástima puestiarlos así, inocentes como andaban. Por eso les tocó devolverse a su cuartel. El Gobierno perdió hombres y armas y nosotros ganamos en moral.

A.M.B.: ¿Eran ya una república independiente?

M.P.: Fue por esos días cuando Álvaro Gómez ordenó acabar con las repúblicas independientes: Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz. Dijo que Sumapaz era un movimiento grande, pero que estaban quietos; que Guayabero y El Pato eran movimientos pequeñitos, pero que Marquetalia sí era peligroso porque nosotros nos movíamos mucho. Entonces el Gobierno organizó la invasión del 64.

En abril llegaron Jacobo Arenas y Hernando González con la noticia de que nos iban a destruir con aviones y miles de soldados y que teníamos que sacar a las familias de Marquetalia. Se hizo con mucho sufrimiento y quedamos 48 hombres y cuatro mujeres.

El 27 de mayo, Guaracas, Rogelio y Joselo comenzaron a quemarle al Ejército en La Suiza, sobre el río Atá. Nosotros en Puerto Tolima hicimos dos peleas duras para pararlo. Por tierra la tropa no podía avanzar, porque por donde asomaba dejaba un soldado muerto. Entonces les tocó botarlos desde los helicópteros en el propio comando de Marquetalia. Ahí también los esperábamos y ellos que tocaban tierra y nosotros que les zampábamos candela a los ranchos.

A.M.B.: Y después de esa entrada del Gobierno en Marquetalia, ¿qué pasó?

M.P.: Salimos por varias trochas para encontrarnos cerca de Símbula. Penamos mucho pasando esos fríos y esas cuchillas a pesar de conocer el camino. Caímos a Rionegro y por ahí llegamos a Riochiquito, comando que era de Ciro Trujillo. Pasaba de 50 guerrilleros, muchos indígenas. Con los nuestros, juntamos 145 unidades. Sabíamos que tarde o temprano el Ejército iba a entrar. Hubo un respiro entre octubre o noviembre del 64 y marzo del 65, tiempo en que se reunió la Primera Conferencia del Bloque Sur, a la que llegaron mandos del Sumapaz, del 26 de septiembre, de El Pato. Ya había muerto Ríchard, el hombre que condujo a la gente desde El Davis hasta Villarrica y de Villarrica hasta El Pato. Haciendo cuentas, no fueron muchos los días de diferencia con la muerte de otro comandante muy querido, Isaías Duarte, al que mucho quería el camarada Marulanda. Mientras se reunía la conferencia, él había sido encargado de distraer a la tropa, y en esas cayó.

A.M.B.: ¿Cómo fue la toma de Inzá?

M.P.: El Gobierno hizo una campaña por la prensa y la radio diciendo que Marulanda estaba muerto, que habían encontrado su cadáver, que nos habían acabado. Entonces se dio la orden de prepararnos para un operativo. Duramos ocho días haciendo ejercicios, acumulando fuerzas, alistándonos sin saber qué era lo que los mandos tenían en sus cabezas. Por fin, una tarde nos pusimos en marcha. Y dos días después estábamos en la carretera que comunica Inzá con Belalcázar. Montamos la emboscada, nos tomamos el pueblo y volvimos a las montañas.

A.M.B.: ¿Y de las monjitas qué?

M.P.: No sabíamos que en el bus iba un piquete de Policía y cuando lo detuvimos comenzó a dispararnos. Respondimos y matamos a las monjitas en la balacera. También perdimos en una emboscada a Hernando González. Así es la guerra.

A.M.B.: ¿Qué pasó después de la toma de Riochiquito?

M.P.: Después de los bombardeos, el Ejército ocupó Riochiquito mientras nosotros nos dividíamos. A Jacobo y a Joselo los destinaron para la zona de Aipe; a Ciro y a Arrañanales al Quindío, para abrir frente sobre el Valle. Con Marulanda teníamos que hacer una travesía por Bilbao, La Herrera, Planadas, Chaparral. Casi no llegamos. Al camarada Manuel lo hirieron en un brazo. El Ejército sabía que iba herido y mandó toda su tropa a perseguirnos, apoyada por 500 pájaros de civil. Por Marulanda pagaban 25.000 pesos, cuando la plata valía, y 15.000 por cada guerrillero. El Ejército dijo: “Los sacamos de Marquetalia, los sacamos de Riochiquito, ahora también los sacamos de esas montañas”. Y salimos, pero a combatir. Salimos a combatir a lo limpio y cambiamos de táctica: eramos más móviles de noche que de día y golpeábamos pocos y duro. Las peleas eran diarias. Así, hasta cuando llegamos a Natagaima y los compañeros del partido nos ayudaron a pasar el río Grande de la Magdalena. Lo pasamos cerca de Aipe y de ahí nos trepamos hacia Dolores y la Alpujarra para llegar a Galilea, donde nos remolcaron para, por fin, estar a tiempo en la Hoya de Palacio, donde se reunía la Segunda Conferencia del Bloque Sur, fundadora de las Farc.

Tomado de El Espectador.