Sinaltrainal

El sindicalismo: tarea de alto riesgo en Colombia.

El conflicto colombiano, en el que convergen la insurgencia armada, los paramilitares, los agentes del Estado, los narcotraficantes y otros actores violentos, ya dejó al menos 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 4.744.046 desplazados entre 1958 y 2012, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Por Luckas Armero y Shamir Alí Hassan para UtopíaLaPalabra

En Colombia solo el 4% de los trabajadores está sindicalizado; elemento atribuible a diversas causas como la estigmatización, la guerra sucia, el alto índice de desempleo, la flexibilización laboral cuyo principal elemento es la tercerización laboral. Puntos que se combinan dentro del contexto de la aplicación del actual modelo de desarrollo económico capitalista. A pesar de ello, entre 1984 y el 2011, más de 2,800 sindicalistas han sido asesinados y más de 220 han sido víctimas de desapariciones forzosas, cifra sustentada de manera dramática porque cada año ha venido siendo menor la cantidad de trabajadores sindicalizados en el país durante este mismo período de tiempo. En total, se han denunciado que en este período se han producido más de 11.000 ataques, violaciones y secuestros contra sindicalistas, una cifra que representa un genocidio. Colombia ha sido señalada por ser un país donde le es difícil vivir al sindicalismo. Los hechos que hoy denunciamos y para los que reclamamos solidaridad, confirman que es merecido tal calificativo.

Según los datos divulgados en un comunicado de la Unidad de Víctimas, los años más críticos para el movimiento sindical fueron 1992, 1998 y 2004. El estado burgués colombiano por medio de su régimen de turno, no ha garantizado eficazmente los derechos laborales ni frenado la violencia contra sindicalistas, los gobiernos se han empecinado en criminalizar el movimiento obrero, las huelgas y las protestas sociales llevándolas al nivel de terrorismo, situación que difiere del discurso gubernamental y que fue el argumento que puso a temblar la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU.

Han sido una farsa las medidas tomadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, para asegurar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin poner en riesgo sus vidas. Santos ante la exigencia de los norteamericanos, de mejorar la mala presentación que tenía en esta área social, el sátrapa de Alvaro Uribe Vélez, con 693 sindicalistas muertos del 2002 al 2010, estaba obligado a mejorar la situación de los líderes sindicales y su actividad en general en el país por medio de un plan de acción. No obstante que abundan declaraciones sobre este compromiso del Gobierno Nacional con la libertad sindical y se realizan pomposos eventos que se anuncian como preparatorios de actividades de reparación al sindicalismo, el movimiento de los trabajadores en Colombia enfrenta las amenazas de las fuerzas oscuras que atentan contra nuestras vidas y las nuevas que provienen de las autoridades que debieran protegerlo, sobre todo de la Fiscalía General de la Nación.

Desde que fue aprobado el plan de acción en abril de 2011, por el que el Gobierno colombiano se comprometió a mejorar las condiciones laborales, a tomar medidas para reducir la violencia contra los sindicalistas y a combatir la impunidad, a cambio de que la Administración de Barack Obama enviase el tratado al Congreso para su ratificación, 34 sindicalistas han sido asesinados, 20 más de ellos en el 2012, para un total de 791 sindicalistas muertos desde el 2002 hasta el 2013 año en que se denunciaron más de 63 sindicalistas asesinados, siendo la cifra más crítica, tampoco se ha disminuido la informalidad en el empleo que afecta al 60% de los trabajadores colombianos, según lo denunciaron líderes sindicales colombianos y organizaciones no gubernamentales. De manera desafortunadamente el gobierno de Barack Obama ha avalado los “avances” de Colombia en la implementación del plan, al tiempo que le pidió "redoblar sus esfuerzos para promover los derechos laborales y proteger a los defensores de estos derechos" en el país.

Un informe reciente de Amnistía destaca que seis de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. Hasta junio de 2011, la subunidad de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, dedicada exclusivamente a delitos contra sindicalistas ha iniciado investigaciones en 787 casos de homicidios de sindicalistas y había obtenido condenas en más de 185 de esos asesinatos.

Esa violencia se concentra especialmente en Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cesar, en ciudades como, Medellín, Cali, Barranquilla y Montería. Los más afectados han sido la Federación Colombiana de Educadores FECODE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SINTRAINAGRO, de Sinaltrainal (Nestlé y Coca-Cola), el Sindicato de Trabajadores Bananero, sindicatos de corteros, trabajadores de la salud, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO y de las Empresas Públicas a nivel naciónal. El 4 de enero de 2014 ya fue asesinado Ever Luis Marín Rolong, trabajador de la cervecería Águila en Barranquilla, la persecución y heridas en contra de Óscar Arturo Orozco, presidente de la CUT y Sintraelecol en el Departamento de Caldas y en Sintracarbón el atentado al compañero fiscal Helí Arregocés.

Desgraciadamente la dominación política y social han condicionado una cultura en Colombia que por años ha tolerado la represión en contra de los trabajadores y esta situación es difícil de cambiar sólo con las buenas intenciones. Los sindicalistas están atrapados en medio del conflicto armado interno de Colombia, donde el ser tachado de simpatizante de la guerrilla o colaborador puede poner en riesgo a los civiles. Con frecuencia son asociados con parte de la oposición política o de la insurgencia; en otras palabras, contra el Estado, lo cual los convierte en blancos de los paramilitares. Un maestro que trabaje en una comunidad rural y que hable de democracia y derechos humanos suele resultar sospechoso de ser un simpatizante de la izquierda, lo cual lo convierte en blanco de grupos paramilitares.

La mayoría de los asesinatos de sindicalistas en Colombia han sido realizados por paramilitares de derecha, que se sabe operan con listas negras suministradas por agentes de la seguridad estatal. Además, muchos sindicatos de Colombia han acusado a varias multinacionales de EEUU de financiar grupos paramilitares. Chiquita fue multada con US$25 millones después de admitir que le pagó a las AUC para proteger a sus trabajadores. Hasta hoy la Drummond es investigada también por los mismos hechos. Las empresas petroleras han usado este mismo método y han mejorado en su lucha contra la USO, argumentando trampas judiciales en contra de los dirigentes sindicales, como en el caso de los Llanos Orientales con Darío Cárdenas, Héctor Sánchez, Campo Elías Ortíz y Jose Dilio Naranjo, encarcelados.

Desde el año 2012 y ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Ccajar, radicó una petición para que se tomen acciones con respecto a la violencia en contra de los sindicalistas en Colombia. Para los accionantes, la impunidad y sistematicidad de los casos los hacen crímenes de lesa humanidad. La petición que fue apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el European Center for Constitutional and Human Rights (Ecchr), solicita que se profundice en las investigaciones que ya están abiertas de forma preliminar en la Fiscalía de la CPI, argumentando que se trata de un “caso emblemático de violencia utilizada estratégicamente por el Estado y los grupos paramilitares como parte de las estrategias de contrainsurgencia”. Y es que el reporte del Ccajar habla de 13 sindicalistas asesinados solo en lo que iba del 2012. La cifras que son de la Escuela Nacional Sindical señalan que 2.927 sindicalistas habían sido asesinados en las últimas tres décadas; 775 desde el 2002, fecha de la creación de la CPI. Por eso, a pesar que la Fiscalía de la CPI empezó los exámenes preliminares en el caso de Colombia en el 2003, para los accionantes “estos procesos se encuentran en un punto muerto” y consideran que se los casos deben ser calificados o crímenes contra la humanidad.

Debemos plantear nuevamente la necesidad de la autoprotección de los sindicalistas. Que maten un solo sindicalista es grave, y aún más si lo hacen para debilitar la organización sindical. Como medida de seguridad, hay docenas de líderes que desde hace tiempo viajan en un vehículo blindado con cuatro guardaespaldas. Las armas están solo en manos de los bandidos y asesinos y los sindicalistas no tenemos oportunidad ante tremenda desventaja, cuando nos encontramos desarmados. Es un derecho por el que debemos luchar, junto a la máxima expresión de nuestra actividad que es la movilización y la protesta, con la toma de las calles y las fábricas en señal de protesta cada vez que caiga uno de nuestros compañeros. Pero esto debe cambiar nuestra reacción inmediata es la defensa en contra de cualquier ataque que atente contra nuestra vida. La consigna es confiar únicamente en nuestro puño. Para ello debemos planear, organizar y ejecutar con decisión nuestra protección con los métodos que hallemos necesarios para salir bien parados de las distintas situaciones que se nos presenten. El paso posterior será transformar la protección de defensa en ofensiva obrera y popular no solo por nuestras reivindicaciones, sino pensando más allá, en nuestra utopía.

Démosle una mirada a las cifras que presentamos a continuación:

- 29 de diciembre de 2013: asesinado el concejal del Polo Gilberto Daza.

- 4 de Enero 2014: Asesinado Ever Luis Marín, dirigente sindical de cervecería Águila

- 4 de Enero 2014: detenido el dirigente de Marcha Patriótica, Francisco Tolosa.

- 5 de Enero 2014: asesinado el líder campesino, Giovany Leiton.

- Según informe del Centro de Investigación y Educación Popular y su Programa por la Paz, las violaciones a los derechos humanos en el movimiento sindical fueron 4.785 y los muertos 3.000 en el 2012, es decir, 125 atropellos, uno cada tercer día, y 115 asesinatos por año: un muerto cada 72 horas.

- 26 sindicalistas de la CUT fueron asesinados en 2013.

- El año 2013 fueron 25 los miembros de Marcha Patriótica asesinados.

- A noviembre 20 de 2013 según Fecode, se llevaban 12 maestros asesinados y muchos amenazados en territorio colombiano.

- Alrededor de 5 millones de desplazados internos, 70 mil exiliados políticos, 9500 prisioneros políticos, etc.