El hecho no tiene precedentes en la industria del espectáculo en Colombia — Principales figuras de la TV firmaron el acta de constitución sindical.

Lo que menos uno se imagina cuando ve una telenovela o algún dramatizado de televisión, es que los artistas que representan esos personajes que en la pantalla nos divierten o nos conmueven, tengan alguna queja de tipo laboral. Estamos acostumbrados a verlos como profesionales ricos y famosos que están más allá de los problemas que cualquier trabajador del común pueda tener en Colombia.

Y no es así. Existe hoy un profundo malestar por las condiciones contractuales y laborales que, tras bambalinas, les toca padecer a estos artistas. No de otra manera se explica lo ocurrido el lunes en la noche en el teatro Fanny Mickey, al norte de Bogotá, donde, en un hecho sin precedentes en la industria del espectáculo, 690 actores y actrices de la televisión, el cine y el teatro, entre quienes se encuentran algunas de las figuras más reconocidas del medio, se reunieron para conformar un sindicato y por esa vía tratar de mejorar sus condiciones laborales.

Se llama ACA: Asociación Colombiana de Actores, sindicato de carácter gremial, que en sus estatutos tiene como requisito de ingreso haber cursado estudios profesionales de actuación, o acreditar más de dos años de experiencia como actor o actriz, en Colombia o en el extranjero, y tener más de 14 años, que es la edad mínima de ley para pertenecer a una organización sindical.

La junta directiva de ACA está integrada, entre otros, por su presidente Santiago Alarcón, conocido por su papel protagónico en la serie El man es Germán; el vicepresidente es Ernesto Benjumea (telenovela Hasta que la plata nos separe); la secretaria es Majida Issa (actuó como Helenita Vargas en una reciente telenovela), la tesorera es Diana Ángel, quien se dio a conocer por su papel en Francisco el matemático; el secretario de comunicaciones es el veterano actor Víctor Mallarino, y el fiscal es Rafael Cardoso.

Entre los firmantes del acta de constitución también están Manolo Cardona, Carlos “El gordo” Benjumea, Robinson Díaz, Paola Turbay, Andrés Parra (protagonista de Pablo Escobar), Cristina Umaña, Consuelo Luzardo, Fausto Cabrera, entre muchos más.

“Con algunas pocas excepciones, prácticamente estamos todos los que trabajamos en la televisión, y también hay actores de cine y teatro”, dijo a esta agencia de información el vicepresidente de ACA, Ernesto Benjumea, quien resaltó el hecho de que la convocatoria haya superado las expectativas. Se esperaban 300 personas, máximo 350, pero llegaron casi 700. Tanto así que sólo la mitad cupo en el teatro y para el resto hubo que instalar pantallas en la parte externa. Además el evento fue transmitido en directo por Internet y Sky a otras ciudades de Colombia y el extranjero.

“La creación de este sindicato es una necesidad sentida por los actores desde hace mucho tiempo, hasta que finalmente alguien dio el primer paso y aquí estamos, arrancando”, agregó el vicepresidente de ACA, quien lleva 20 años en el oficio de actor y es hijo del popular “Gordo” Benjumea. Expresó su agradecimiento a la CUT y al área jurídica de la Escuela Nacional Sindical, por la capacitación y el apoyo que brindaron para la conformación legal de ACA.

Recordó que la última vez que los actores actuaron como gremio fue cuando lograron sacar la Ley 1403 de 2010, conocida como "Ley Fanny Mickey” sobre derechos de autor. También cuenta la experiencia del Círculo Colombiano de Artistas (CICA), asociación de corta duración. De ahí que esta vez descartaran la opción de una asociación y decidieron agremiarse en sindicato, que es la herramienta que les permite mayor poder en la defensa de sus intereses laborales.

“Había que quitarle el miedo al fucú que representa el sindicalismo, que es la vía que nos permitirá obtener los resultados que queremos. Ya hemos perdido tanto, que lo único que nos queda por perder es el miedo”, señaló el dirigente de ACA. Agregó que la televisión es una industria muy lucrativa para los canales y las productoras, incluso para los mismos actores, pese a las desventajosas condiciones que tienen para negociar sus contratos de trabajo.

“Ahora lo que queremos es que la industria del espectáculo sea rentable para todos, porque sin actores no hay televisión. Queremos unas condiciones dignas, acordes con nuestra posición de personajes públicos que agregamos valor a las producciones”, agregó.

Razones para conformar ACA

Son muchos los aspectos que los actores y actrices del país quieren mejorar, los mismos que motivaron la creación del sindicato. El primero es el alto desempleo en el sector, que ronda el 80%, dado que son profesionales que laboran por obra realizada, con contratos de 4 o 5 meses promedio, y entre una obra y otra pasan mucho tiempo cesantes.

Un factor que incrementa el desempleo es la llegada al país de artistas extranjeros, alentados por la crisis económica de sus respectivos países. Como trabajan por menor remuneración los canales y las productoras los prefieren, así no tengan la misma formación, experiencia y talento de los actores y actrices nacionales. Además los canales están pasando producciones extranjeras en horario triple AAA, como ocurrió recientemente con una telenovela brasilera, lo que afecta directamente la posibilidad de empleo de los artistas nacionales.

“La falta de regulación laboral del oficio del actor, hace que Colombia sea atractivo para los productores, que imponen contratos que implican renunciar a derechos que son inalienables. Cada vez llegan más actores extranjeros y les dan un tratamiento muy distinto al que nos dan a los colombianos cuando vamos a otros países”, anotó Benjumea.

Otro punto que deberá afrontar la nueva organización sindical, es el tema de los contratos. En la generalidad de los casos éstos no son por vinculación directa sino por prestación de servicios (honorarios), o mediante Sociedades Anónimas Simplificadas, SAS, que hacen las veces de bolsas de empleo. Según Benjumea, los actores deberían tener contratos laborales normales, toda vez que cumplen las condiciones para ello, como son: prestación personal del servicio, subordinación a jefes y horarios, y recibir contraprestación económica. Recordó que en épocas pasadas los actores se vinculaban bajo contrato laboral directo.

Y a eso se agrega la queja por la figura del manager, que es el empresario que representa a los actores ante las productoras, consigue las pruebas de casting y fija las condiciones de los contratos, y por eso se lleva una tajada de entre el 10% y 20% del valor del contrato.

En el tema de la seguridad social, ésta la deben pagar de su propio bolsillo como trabajadores independientes, toda vez que sus contratos son por honorarios; lo cual les resulta costoso porque deben cotizar sobre el valor total del contrato. O buscar la forma de cotizar por menos de su salario real, lo que afecta el monto de sus prestaciones sociales y su mesada pensional.

Otro punto a revisar es el de las jornadas de trabajo, que regularmente son largas y extenuantes, hasta de 12 o más horas continuas, y a veces días o fines de semana completos; jornadas que los actores aceptan, incluso con gusto, dado la alta tasa de desempleo en el sector.

Y finalmente está el tema de las regalías por concepto de imagen, que no se les paga. “El desempleo de los artistas en todo el mundo es alto porque no es un trabajo continuo, pero en otros países los actores reciben regalías por el rendimiento de las producciones en las que participan, y esas regalías son las que les permiten solventarse cuando no están trabajando. Pero en Colombia no. Las producciones las retransmiten o las venden al exterior y por eso los actores no reciben un peso. Que recuerde, la última producción que pagó regalías por la venta al exterior fue “La otra mitad del sol”, y eso fue en 1995. Desde entonces no pagan regalías”, puntualizó Ernesto Benjumea.

Cómo nació ACA

Inicialmente fueron 8 los actores que, desde marzo de este año, buscaron a la CUT para que les asesorara en la idea de conformar el sindicato. Luego se sumaron más, hasta conformar un grupo de 30, todos novatos en el tema sindical, actuando más con las ganas y la necesidad que con el conocimiento.

“Tocó empezar desde cero, explicarles bien los conceptos de derechos laborales y sindicales, la naturaleza y objetivos de una organización sindical, pues no tenían idea de eso. Después ellos mismos hicieron la convocatoria y el resultado está a la vista”, explicó la abogada Mery Laura Perdomo, del departamento jurídico de la CUT, quien ha acompañado el proceso desde el principio.

Según esta abogada, ahora hay que estudiar bien las posibilidades de negociación de las condiciones de trabajo, que podría ser presentando pliego de peticiones a los canales de televisión y a las programadoras, que consideren formas de contratación, horarios de trabajo, alimentación, trasporte, etc. También mover el tema en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales Laborales, y empezar un proceso de cabildeo para que el Congreso legisle en materia de regalías y otras materias que interesan a los actores y actrices del país.

Asimismo, usar las redes sociales como herramienta para buscar alianzas y adeptos a su causa, dado que son personajes que gozan de aprecio y reconocimiento público, tienen una visibilidad ante el país.

Publicado 28 de mayo 2014.

Fuente. Escuela Nacional Sindical.

En el hecho que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles 21 de mayo, resultó incinerado el vehículo de José Reyes, Vice presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali -Sintraemcali-.

Esta nueva acción se relaciona con el atentado a la sede de este mismo sindicato hace un mes, en el cual, un grupo de 3 personas arrojaron bombas incendiarias sobre la fachada de la sede sindical. Esta vez, las bombas incendiarias se arrojaron contra el vehículo de Reyes, que se encontraba estacionado afuera de su casa.

Al percatarse de lo ocurrido, el directivo sindical intentó apagar las llamas de su vehículo, acción en la que sufrió quemaduras de segundo grado en varias de sus extremidades.

El presidente de Sintraemcali, Jorge Iván Vélez manifestó que: “este es un hecho que se presenta a propósito, no es un hecho aislado, ha habido una serie de llamadas, amenazas y panfletos, que obedecen a la Operación Dragón contra la que hemos venido adelantando en el juzgado cuarto penal especializado de Cali, contra ex militares del ejército cuando ellos hicieron parte de una firma contratada por la superintendencia, para hacer el seguimiento y persecución a dirigentes de Sintraemcali. Y por supuesto, tiene que ver con toda la serie de denuncias que hemos realizando contra la politiquería y corrupción en las Empresas Publicas de Cali y en municipio de Cali”.

Cabe mencionar también, que solo una semana atrás, este sindicato había hecho pública la intensión de conformar un Frente Amplio contra el Plan de Ordenamiento Territorial e iniciado la dinamización de escenarios de debate frente a iniciativas del gobierno local, como el llamado G11.

Tomado de Rebanadas de Realidad

El conflicto colombiano, en el que convergen la insurgencia armada, los paramilitares, los agentes del Estado, los narcotraficantes y otros actores violentos, ya dejó al menos 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 4.744.046 desplazados entre 1958 y 2012, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Por Luckas Armero y Shamir Alí Hassan para UtopíaLaPalabra

En Colombia solo el 4% de los trabajadores está sindicalizado; elemento atribuible a diversas causas como la estigmatización, la guerra sucia, el alto índice de desempleo, la flexibilización laboral cuyo principal elemento es la tercerización laboral. Puntos que se combinan dentro del contexto de la aplicación del actual modelo de desarrollo económico capitalista. A pesar de ello, entre 1984 y el 2011, más de 2,800 sindicalistas han sido asesinados y más de 220 han sido víctimas de desapariciones forzosas, cifra sustentada de manera dramática porque cada año ha venido siendo menor la cantidad de trabajadores sindicalizados en el país durante este mismo período de tiempo. En total, se han denunciado que en este período se han producido más de 11.000 ataques, violaciones y secuestros contra sindicalistas, una cifra que representa un genocidio. Colombia ha sido señalada por ser un país donde le es difícil vivir al sindicalismo. Los hechos que hoy denunciamos y para los que reclamamos solidaridad, confirman que es merecido tal calificativo.

Según los datos divulgados en un comunicado de la Unidad de Víctimas, los años más críticos para el movimiento sindical fueron 1992, 1998 y 2004. El estado burgués colombiano por medio de su régimen de turno, no ha garantizado eficazmente los derechos laborales ni frenado la violencia contra sindicalistas, los gobiernos se han empecinado en criminalizar el movimiento obrero, las huelgas y las protestas sociales llevándolas al nivel de terrorismo, situación que difiere del discurso gubernamental y que fue el argumento que puso a temblar la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU.

Han sido una farsa las medidas tomadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, para asegurar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin poner en riesgo sus vidas. Santos ante la exigencia de los norteamericanos, de mejorar la mala presentación que tenía en esta área social, el sátrapa de Alvaro Uribe Vélez, con 693 sindicalistas muertos del 2002 al 2010, estaba obligado a mejorar la situación de los líderes sindicales y su actividad en general en el país por medio de un plan de acción. No obstante que abundan declaraciones sobre este compromiso del Gobierno Nacional con la libertad sindical y se realizan pomposos eventos que se anuncian como preparatorios de actividades de reparación al sindicalismo, el movimiento de los trabajadores en Colombia enfrenta las amenazas de las fuerzas oscuras que atentan contra nuestras vidas y las nuevas que provienen de las autoridades que debieran protegerlo, sobre todo de la Fiscalía General de la Nación.

Desde que fue aprobado el plan de acción en abril de 2011, por el que el Gobierno colombiano se comprometió a mejorar las condiciones laborales, a tomar medidas para reducir la violencia contra los sindicalistas y a combatir la impunidad, a cambio de que la Administración de Barack Obama enviase el tratado al Congreso para su ratificación, 34 sindicalistas han sido asesinados, 20 más de ellos en el 2012, para un total de 791 sindicalistas muertos desde el 2002 hasta el 2013 año en que se denunciaron más de 63 sindicalistas asesinados, siendo la cifra más crítica, tampoco se ha disminuido la informalidad en el empleo que afecta al 60% de los trabajadores colombianos, según lo denunciaron líderes sindicales colombianos y organizaciones no gubernamentales. De manera desafortunadamente el gobierno de Barack Obama ha avalado los “avances” de Colombia en la implementación del plan, al tiempo que le pidió "redoblar sus esfuerzos para promover los derechos laborales y proteger a los defensores de estos derechos" en el país.

Un informe reciente de Amnistía destaca que seis de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. Hasta junio de 2011, la subunidad de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, dedicada exclusivamente a delitos contra sindicalistas ha iniciado investigaciones en 787 casos de homicidios de sindicalistas y había obtenido condenas en más de 185 de esos asesinatos.

Esa violencia se concentra especialmente en Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cesar, en ciudades como, Medellín, Cali, Barranquilla y Montería. Los más afectados han sido la Federación Colombiana de Educadores FECODE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SINTRAINAGRO, de Sinaltrainal (Nestlé y Coca-Cola), el Sindicato de Trabajadores Bananero, sindicatos de corteros, trabajadores de la salud, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO y de las Empresas Públicas a nivel naciónal. El 4 de enero de 2014 ya fue asesinado Ever Luis Marín Rolong, trabajador de la cervecería Águila en Barranquilla, la persecución y heridas en contra de Óscar Arturo Orozco, presidente de la CUT y Sintraelecol en el Departamento de Caldas y en Sintracarbón el atentado al compañero fiscal Helí Arregocés.

Desgraciadamente la dominación política y social han condicionado una cultura en Colombia que por años ha tolerado la represión en contra de los trabajadores y esta situación es difícil de cambiar sólo con las buenas intenciones. Los sindicalistas están atrapados en medio del conflicto armado interno de Colombia, donde el ser tachado de simpatizante de la guerrilla o colaborador puede poner en riesgo a los civiles. Con frecuencia son asociados con parte de la oposición política o de la insurgencia; en otras palabras, contra el Estado, lo cual los convierte en blancos de los paramilitares. Un maestro que trabaje en una comunidad rural y que hable de democracia y derechos humanos suele resultar sospechoso de ser un simpatizante de la izquierda, lo cual lo convierte en blanco de grupos paramilitares.

La mayoría de los asesinatos de sindicalistas en Colombia han sido realizados por paramilitares de derecha, que se sabe operan con listas negras suministradas por agentes de la seguridad estatal. Además, muchos sindicatos de Colombia han acusado a varias multinacionales de EEUU de financiar grupos paramilitares. Chiquita fue multada con US$25 millones después de admitir que le pagó a las AUC para proteger a sus trabajadores. Hasta hoy la Drummond es investigada también por los mismos hechos. Las empresas petroleras han usado este mismo método y han mejorado en su lucha contra la USO, argumentando trampas judiciales en contra de los dirigentes sindicales, como en el caso de los Llanos Orientales con Darío Cárdenas, Héctor Sánchez, Campo Elías Ortíz y Jose Dilio Naranjo, encarcelados.

Desde el año 2012 y ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Ccajar, radicó una petición para que se tomen acciones con respecto a la violencia en contra de los sindicalistas en Colombia. Para los accionantes, la impunidad y sistematicidad de los casos los hacen crímenes de lesa humanidad. La petición que fue apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el European Center for Constitutional and Human Rights (Ecchr), solicita que se profundice en las investigaciones que ya están abiertas de forma preliminar en la Fiscalía de la CPI, argumentando que se trata de un “caso emblemático de violencia utilizada estratégicamente por el Estado y los grupos paramilitares como parte de las estrategias de contrainsurgencia”. Y es que el reporte del Ccajar habla de 13 sindicalistas asesinados solo en lo que iba del 2012. La cifras que son de la Escuela Nacional Sindical señalan que 2.927 sindicalistas habían sido asesinados en las últimas tres décadas; 775 desde el 2002, fecha de la creación de la CPI. Por eso, a pesar que la Fiscalía de la CPI empezó los exámenes preliminares en el caso de Colombia en el 2003, para los accionantes “estos procesos se encuentran en un punto muerto” y consideran que se los casos deben ser calificados o crímenes contra la humanidad.

Debemos plantear nuevamente la necesidad de la autoprotección de los sindicalistas. Que maten un solo sindicalista es grave, y aún más si lo hacen para debilitar la organización sindical. Como medida de seguridad, hay docenas de líderes que desde hace tiempo viajan en un vehículo blindado con cuatro guardaespaldas. Las armas están solo en manos de los bandidos y asesinos y los sindicalistas no tenemos oportunidad ante tremenda desventaja, cuando nos encontramos desarmados. Es un derecho por el que debemos luchar, junto a la máxima expresión de nuestra actividad que es la movilización y la protesta, con la toma de las calles y las fábricas en señal de protesta cada vez que caiga uno de nuestros compañeros. Pero esto debe cambiar nuestra reacción inmediata es la defensa en contra de cualquier ataque que atente contra nuestra vida. La consigna es confiar únicamente en nuestro puño. Para ello debemos planear, organizar y ejecutar con decisión nuestra protección con los métodos que hallemos necesarios para salir bien parados de las distintas situaciones que se nos presenten. El paso posterior será transformar la protección de defensa en ofensiva obrera y popular no solo por nuestras reivindicaciones, sino pensando más allá, en nuestra utopía.

Démosle una mirada a las cifras que presentamos a continuación:

- 29 de diciembre de 2013: asesinado el concejal del Polo Gilberto Daza.

- 4 de Enero 2014: Asesinado Ever Luis Marín, dirigente sindical de cervecería Águila

- 4 de Enero 2014: detenido el dirigente de Marcha Patriótica, Francisco Tolosa.

- 5 de Enero 2014: asesinado el líder campesino, Giovany Leiton.

- Según informe del Centro de Investigación y Educación Popular y su Programa por la Paz, las violaciones a los derechos humanos en el movimiento sindical fueron 4.785 y los muertos 3.000 en el 2012, es decir, 125 atropellos, uno cada tercer día, y 115 asesinatos por año: un muerto cada 72 horas.

- 26 sindicalistas de la CUT fueron asesinados en 2013.

- El año 2013 fueron 25 los miembros de Marcha Patriótica asesinados.

- A noviembre 20 de 2013 según Fecode, se llevaban 12 maestros asesinados y muchos amenazados en territorio colombiano.

- Alrededor de 5 millones de desplazados internos, 70 mil exiliados políticos, 9500 prisioneros políticos, etc.

—Van 26 homicidios, 4 más que el año pasado— —Últimos 2 homicidios la semana pasada en N. de Santander—.

Ayer, 10 de diciembre, se cumplieron 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En una fecha tan significativa, la Escuela Nacional Sindical lamenta informar que los homicidios y los atentados contra trabajadores sindicalizados en Colombia aumentaron en este año que está terminando.

En efecto, desde el 1º de enero de 2013 al día de hoy, el Sistema de Información en Derechos Humanos de Sindicalistas de la ENS (SINDERH) ha registrado, preliminarmente porque son datos aún no consolidados, al menos 26 homicidios de trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, 149 amenazas, 28 casos de hostigamientos y 13 detenciones arbitrarias.

O sea que en lo que va corrido de este año se han registrado 4 casos más de homicidios y 6 casos más de atentados contra la vida de sindicalistas que en 2012.

Los dos últimos homicidios tuvieron lugar la semana pasada en el departamento de Norte de Santander, en Cúcuta y el municipio de Sardinata. Las víctimas, Carlos Garciaherreros, y Pedro Camperos, eran dirigentes de la Subdirectiva de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Fenaser, filial de la CTC.

Son cifras que resultan preocupantes y demuestran que, pese a que el Gobierno ha anunciado esfuerzos en la implementación de medidas encaminadas a garantizar los derechos laborales y las libertades sindicales, la violencia antisindical y la impunidad de ésta no son un asunto del pasado en Colombia.

Lo más grave es que más del 90% de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad y la libertad de trabajadores sindicalizados entre enero y noviembre de este 2013, se cometieron contra líderes sindicales. De 229 casos registrados, 208 fueron contra dirigentes. De esos casos 9 fueron homicidios y 12 atentados.

Además 18 casos de amenazas fueron colectivas, dirigidas contra organizaciones filiales de la CUT y la CGT, centrales sindicales que en el transcurso del año 2013 agrupan, respectivamente, el 89,2% y el 5,4% del total de la violencia, lo que ratifica la dimensión colectiva de la violencia antisindical y las afectaciones que genera.

Los departamentos con más casos de violencia antisindical en este 2013 fueron: Valle con 49 casos, Antioquia con 30 casos, Cesar con 30, Santander con 27 y Atlántico con 20 casos.

Al analizar los sectores económicos más afectados por esta la violencia antisindical este año, encontramos que el más impactado es el de minas y canteras con el 25,4%, seguido de la industria manufacturera con 19.3%, el sector educativo con 18,2%, y agricultura, caza y pesca con el 12,7%. Como se ve, la violencia antisindical se da hoy en sectores claves en las políticas económicas que orienta el gobierno nacional.

Frente a la presunta autoría de esta violencia, tenemos que en un 53,7% de los casos no se conoce información al respecto. Y del total de los casos en los que se conoce o se presume su autor, el 71,6% se atribuye a grupos paramilitares, el 19,1% a organismos estatales, y el 5,8% a la guerrilla. Con un menor procentaje están los casos presuntamente atribuidos a la delincuencia común y el empleador.

Los dos últimos casos de N. de Santander

El primer caso ocurrió el 4 de diciembre en Cúcuta, donde fue ultimado de un balazo en el pecho Carlos Edmundo Garcíaherreros, recién nombrado directivo de Fenaser en este departamento, y docente de las universidades Libre y Simón Bolívar de Cúcuta.

Las autoridades dijeron en una primera versión de los hechos que el móvil fue el robo de un reloj, versión que puso en duda Raúl Gómez, presidente de Fenaser Seccional N. de Santander, sobre todo teniendo en cuenta que hay un runrún rodando en la zona en el sentido de que hay un listado de sindicalistas que van a ser asesinados por los paramilitares.

El segundo caso ocurrió dos días después del anterior, el de diciembre, en el municipio de Sardinata. La víctima fue identificada como Pedro Alejandrino Camperos, presidente de la subdirectiva del sindicato Sindenorte en Sardinata, filial de Fenaser.

Según Raúl Gómez, Camperos era una persona muy conocida en esta municipalidad, donde, aparte de ser funcionario de la Alcaldía, integraba un grupo mariachi. Precisamente ese fue el señuelo que utilizaron para asesinarlo: lo convocaron a prestar un servicio musical en las afueras de la ciudad, donde fue atacado el vehículo en el que se movilizaba su grupo. En el abaleo también resultó muerto otro compañero mariachi y herido el conductor del vehículo.

Otros casos graves

Algunos casos que consideramos graves, y que muestran la dificultad para ejercer la actividad sindical, son:

Entre julio de 2012 y enero de 2013, el presidente y el tesorero de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbon), recibieron amenazas extendidas contra sus familias. Ocurrió mientras los dirigentes integraban la comisión que representó al sindicato en la negociación colectiva con la empresa Carbones del Cerrejón Limited. Según lo denunció pubolicamente el sindicato, estas amenazas tenían como objetivo limitar las acciones de Sintracarbón frente a sus reivindicaciones por la defensa de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de la región. Solicitaron medidas de protección, pero nunca obtuvieron una respuesta oportuna, coherente y eficaz frente a sus necesidades particulares.

Otro escenario hostil contra el sindicalismo es la industria azucarera, en particular el Ingenio La Cabaña, que se opone a la formalización de sus relaciones laborales y contunúa vinculando trabajadores mediante contratistas. Además se negó a reconocer la seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y a discutir el pliego de peticiones presentado por éste en diciembre de 2012. El 3 de enero de 2013 este ingenio despidió a 86 trabajadores, incluida la junta directiva del sindicato, y varios trabajadores sindicalizados recibieron, extensivas a su familia. Y el 28 del mismo mes Juan Carlos Pérez Muñoz, activista sindical, fue asesinado en el municipio de Corinto, Cauca (1).

Otra dimensión de la violencia antisindical que reviste particular gravedad, son las agresiones contra mujeres sindicalistas. Trabajadoras y dirigentes son víctimas de amenazas y desplazamientos forzados que buscan atacar sus liderazgos, sus condiciones propias de mujeres, entre ellas el rol de protección a la familia. Así lo ilustra la experiencia sufrida por la presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos (Astdemp), quien desde el 2004 ha sido agredida en forma permanente. En abril de 2013 fue dejado en la sede del sindicato un sobre con un mensaje en la que la declararon objetivo militar y enemiga pública. Además le enviaron dos muñecas, cada una con el nombre de sus hijas, una de ellas sin un brazo y la otra sin una pierna, salpicadas de esmalte rojo en el rostro y el cuerpo. La amenaza estaba firmada por el Comando Urbano de los Rastrojos (2).

Las vidas perdidas, libertades y derechos restringidos a los sindicatos en este 2023, muestran que la violencia sigue siendo una práctica antisindical que impide la concreción efectiva del derecho de asociación sindical, la dignificación del trabajo, y priva a la sociedad de tener al sindicalismo como un actor fundamental que construye democracia.

Notas:

(1) Comunicado de Sinaltrainal, 29/01/2013; www.moir.org.co; www.periodicovirtual.com; Denuncia CUT Subdirectiva Valle; Denuncia Pública Sintrainagro.

(2) Comunicado Público Astdemp.

Escrito por Escuela Nacional Sindical -ENS-

La Central Unitaria de Trabajadores "CUT", denuncia el asesinato del compañero TOMAS RODRIGUEZ CANTILLO, sindicalista, negociador en la finca palmera Candelaria del municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena, el día 9 de mayo del presente año.

Otro golpe más al sector organizado de los trabajadores del banano, otro golpe más a la CUT.

Lo anterior demuestra que se mantiene la violencia contra el sindicalismo en Colombia.

Que el Gobierno y los empresarios de esta finca bananera le respondan a los trabajadores por este asesinato

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA FABIO ARIAS GIRALDO

Presidente Secretario General

DOMINGO TOVAR ARRIETA

Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT denuncia la Declaración de la Violencia contra el movimiento sindical en el caso específico de Sintracarbón (trabajadores de la multinacional Drumond) en el departamento de la Guajira, departamento que pasa por una crisis gravísima y cuyo gobernador está detenido.

Con fecha 30 de abril, por internet Los Rastrojos y Águilas negras amenazan y declaran objetivo militar a los “sindicatos, la CUT y partidos de izquierda” y específicamente a HELI ALFONSO ARREGOCES IBARRA, Fiscal Nacional de Sintracarbón, EDILBERTO CONTRERAS HERNANDEZ, Fiscal CUT-Guajira, a JAIME DIAZ VEGA, Secretario de Derechos Humanos CUT-Guajira y a ALGEMIRO AVILA SALINAS docente y activista político.

En la tarde el 9 de mayo, fuerzas oscuras atentaron contra la vivienda de LIBARDO VIDAL, obrero sindicalizado afiliado a Sintracarbón. Su esposa embarazada resulto herida en los hechos que ocurrieron en la ciudad de Riohacha, los cuales agravan las inquietantes amenazas ya denunciadas.

El día jueves 8 de mayo, también se conocieron amenazas contra una joven de 15 años de edad, hija de la líder wayuu JACKELINE ROMERO, líder defensora de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por la operación minera en la región.

La CUT exige a las autoridades competentes realizar las investigaciones pertinentes sobre los responsables de estos hechos.

Llamamos a respaldar a los trabajadores y trabajadoras agrupados en la subdirectiva CUT-Guajira y Sintracarbón.

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA FABIO ARIAS GIRALDO

Presidente Secretario General

DOMINGO TOVAR ARRIETA

Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia con dolor el asesinato de los cuatro jóvenes; el indígena Brayan Yatacue Secue, el afro descendiente José Yiner Esterilla, y los campesinos José Antonio Acanamejoy y Deivi López Ortega, este último menor de edad. Todos son miembros de Fundaprogreso, filial de Fensuagro-CUT (Federación Nacional Sindical Agropecuaria), organización integrante del Movice.

Los cuatro se hallaron muertos, heridos por arma de fuego, después de una serie de acciones militares irregulares contra la población civil en el corregimiento Cofaina Jardines de Sucumbíos por efectivos del Ejército Nacional.

Reiteramos nuestro clamor social por un cese bilateral al fuego para frenar más muertes de jóvenes colombianos. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los jóvenes asesinados cruelmente por miembros del Ejército Nacional.

Hechos

El día 16 de mayo, los cuatro jóvenes Deivi López Ortega, José Antonio Acanamejoy, Brayan Yatacue Secue y José Yiner Esterilla, se reunieron en la casa del señor Leonardo Obando, en el corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, para planear su participación el día sábado 17 de mayo, en una actividad para celebrar el día de las madres, en la escuela de la vereda Alto Amarradero. Dado la hora tarde cuando terminan la reunión, los amigos se quedan en la casa del señor Obando.

El 17 de mayo 2014, cerca de la 1:30 A.M., en la vereda Alto Amarradero, corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, pobladores del lugar escucharon el sonido de helicópteros que realizaban sobre vuelos en la zona, y luego desembarcó un grupo de militares pertenecientes a la Brigada Móvil No. 13 y al Batallón Energético y Vial No 9 “General José María Gaitán” adscritos a la VI división del Ejército Nacional.

El grupo de militares, en desarrollo de la "Operación Militar Némesis Mariscal Tres" realizó hostigamientos contra la población civil, entre ellos ataques indiscriminados por aire y tierra, allanamientos irregulares de hogares, expulsión de sus hogares a civiles, agresiones físicas y verbales, retenciones arbitrarias, amenazas y señalamientos.

A aproximadamente las 4:00 A.M., en inmediaciones del hogar del señor Leonardo Obando, se escuchó una explosión muy fuerte y unos disparos. Luego se escucharon voces y disparos de personas que llegaban al lugar y minutos más tarde un grupo de militares ingresaron a la fuerza a la casa del señor Obando, en donde lo amenazaron al interior de su hogar con llevárselo preso si no les permitía requisar el lugar.

Cuando el señor Obando salió de su casa vio los cuerpos sin vida de los cuatro jóvenes Deivi López Ortega, José Antonio Acanamejoy, Brayan Yatacue Secue y José Yiner Esterilla, vestidos con la misma ropa con las que llegaron a la casa.

Las Fuerzas Militares, han presentado estos muertos como guerrilleros de las FARC dados de baja en combate, alegación que los testimonios de la comunidad y las organizaciones sociales desmienten.

Contexto

Entre los otros hostigamientos contra la población civil que se dieron el 17 de mayo se encuentran los siguientes:

Los militares ingresan al hogar de la señora María Dolores Acanamejoy donde la encontraban junto con la señora Rosa Elvira Acanamejoy, los señores Florentino Navia y Eduardo de Jesus y los niños Erika Marcela Navia (de 10 años de edad) y Johan Yancarlos Navia (de un año de edad). Los militares además de intimidar y agredir verbalmente a los niños, mujeres y ancianos les exigieron a varios entregar sus teléfonos celulares.

Simultáneamente, otro grupo de militares ingresó a la fuerza a otros hogares campesinos y de afrodescendientes y procedieron a maltratarlos física y verbalmente, luego de amenazarlos les exigieron entregar sus teléfonos celulares y los obligaron a salir de sus viviendas.

El grupo de militares en ningún momento indican a los civiles agredidos una orden judicial para las requisas y allanamientos.

Exigimos

-Que el gobierno nacional declare un cese al fuego bilateral, para poner fin a las atrocidades causadas por la continuación del conflicto armado y la violencia socio política.

-Que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva y seria para establecer los hechos, e identificar y sancionar a los responsables.

-Que la comunidad nacional e internacional se pronuncie a favor del Derecho Internacional Humanitario, por la protección de los civiles en medio del conflicto armado, y para asegurar que se realice una investigación seria y real de los hechos.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)

19 de mayo de 2014

www.movimientodevictimas.org

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia un nuevo atentado contra Alexander Castro Peñaloza, dirigente de la subdirectiva de la USO, sindicato de trabajadores petroleros, en el distrito de producción El Centro, Barrancabermeja.

La USO, organización integrante del Movice, ha informado sobre la reactivación del fenómeno paramilitar en esta zona y la falta de protección adecuada por el Estado. Además han afirmado que los “delincuentes transitan por el campo petrolero y ninguna cámara o dispositivo de seguridad de las empresas detecta nada anormal”.

Hechos

El 15 de mayo, a las 7:00 P.M. en el corregimiento El Centro, Barrancabermeja, Santander, en la vereda Campo 45, al terminar su jornada sindical diaria en las instalaciones del equipo de Work Cover, operado por la empresa Estrella, contratista de OXI, el compañero Alexander Castro Peñaloza, se movilizaba en una moto de su propiedad con el escolta Oscar Niño de Parrillero, asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). A 700 metros de distancia del área del equipo, fueron sorprendidos por disparos que provenían de un lado de la vía al cruzar una curva, lo cual hizo que cayeran al piso, el escolta respondió con su arma de dotación y el dirigente corrió hasta las instalaciones del equipo.

Se llamó de manera inmediata a Ecopetrol y a la Policía Nacional para reportar los hechos, y esta última dio respuesta después de 35 minutos.

Contexto

Ya en el año 2012 el señor Castro Peñaloza había sido víctima de amenazas junto a sus compañeros sindicales Ignacio Hernández, Rafael Rodríguez, Martin Ravelo y Ariel Corzo, hecho que obligó a algunos de ellos a salir de la región durante tres meses.

El 7 de mayo de 2013, Rafael Rodríguez, también líder de la USO en el distrito de producción El Centro de Barrancabermeja, fue atacado por hombres que se movilizaban en una moto de alto cilindraje, que le hicieron cuatro disparos, que por fortuna impactaron en el vehículo en que se movilizaban él y su escolta.

El 22 de febrero 2014, un panfleto firmado por Vladimir Rojas y Rogelio Ayala autodenominados comandantes de las Autodefensas de Medellín, fue lanzado con un objeto contundente a la casa del compañero Castro Peñaloza. El panfleto amenazaba de muerte a él y a toda la subdirectiva de la USO - El Centro y se le daban 24 horas para salir de la ciudad, de lo contrario atentarían contra él y su familia.

La USO cuenta con medidas cautelares de la CIDH, sin embargo el señor Castro Peñalosa se vio obligado a presentar una tutela ante la Unidad Nacional de Protección, para exigir la aplicación de estas medidas en su caso. En diciembre de 2013 fue notificado que le asignarían medidas de protección, sin embargo estas medidas fueron reducidas en marzo 2014, y en abril de este año no se cumplieron.

Los hechos anteriormente narrados no han sido investigados y ningún responsable ha sido identificado por las autoridades o llevado a juicio por estos delitos.

Exigimos

Que la empresa Ecopetrol cumpla con los derechos pactados y que asegure garantías reales y materiales no solo al señor Alexander Castro, sino al conjunto de los dirigentes sindicales del sector petrolero en el país, y particularmente en el Magdalena Medio.

Que el gobierno nacional tome acciones urgentes para proteger la vida y trabajo de los líderes de la subdirectiva de la USO – El Centro, incluyendo la implementación de medidas de protección adecuadas, y la investigación urgente de los hechos.

Que la comunidad nacional e internacional exige al gobierno colombiano el cumplimiento de los compromisos que ha hecho en materia de derechos sindicales, incluyendo por la protección de los sindicalistas y la investigación de los delitos en su contra.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)

19 de mayo de 2014

www.movimientodevictimas.org

La Junta Directiva Nacional de SINTRAEMSDES, denuncia ante la opinión pública, el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y demás órganos de la justicia, que el día de ayer 16 de mayo de 2014, a las 9:30 p.m., en la ciudad de Cartago – Valle, sicarios ingresaron a la casa del compañero PABLO EMILIO APONTE BEDOYA, Afiliado y ex directivo de SINTRAEMSDES Subdirectiva Cartago y trabajador de las Empresas Municipales de Cartago, en la acción criminal falleció, quedando gravemente herida su esposa Teresa Gallo y su hijo Juan Pablo Aponte, de aproximadamente 14 años.

SINTRAEMSDES rechaza este hecho, que se suma a la larga lista de compañeros que han sido asesinados, víctimas de los enemigos de la democracia, del movimiento obrero, sindical y popular colombiano, cuyo único delito ha sido la defensa indeclinable de los intereses de la clase obrera, cívico y popular. La defensa de las empresas de servicios públicos del Estado, como lo es la defensa de las Empresas Municipales de Cartago, hoy intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que debido a las múltiples tareas realizadas por los directivos de SINTRAEMSDES Subdirectiva Cartago, en contra de su privatización, han recibido varias amenazas contra su vida.

EXIGIMOS:

Del Gobierno Nacional, Departamental y municipal en Cartago – Valle, adelantar las investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer quiénes son los directos responsables, tanto intelectuales como materiales de tan execrable crimen cometido en la persona de nuestro compañero y ex dirigente, de tal manera que sean penalizados ejemplarmente a quienes bajo estas acciones impunemente muestran su catadura de intolerancia y simpatía reaccionaria con la diferencia social.

LLAMAMOS:

A todo el movimiento sindical nacional e internacional y al pueblo colombiano, a pronunciarse enérgicamente, condenando y rechazando esta política de exterminio que atenta contra la vida de los dirigentes sindicales y la democracia en nuestro país.

Deseosos de que su alma descanse en paz, que sus familiares, compañeros de trabajo y amigos más cercanos, encuentren pronto consuelo a tan irreparable pérdida.

¡PAZ EN SU TUMBA!

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

SINTRAEMSDES

Bogotá D.C., mayo 17 de 2014

La Central Unitaria de Trabajadores denuncia ante la opinión pública y el gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación y demás órganos de la justicia, que en el día de hoy 16 de mayo de 2014, a las 2:30 p.m., en la ciudad de Cartagena, Avenida Pedro de Heredia, sector La Castellana, en donde está instalada la carpa de la huelga del magisterio colombiano y a poca distancia de ésta, dos sicarios atentaron contra la vida del compañero LUIS ALBERTO PLAZAS VELEZ, Secretario General de la CUT Subdirectiva Bolívar y sindicalista del magisterio, en ese Departamento, en la acción criminal falleció uno de los sicarios, por reacción de la escolta del compañero Plazas, quien salió ileso del atentado.

Se repite un caso más, en los tantos que hemos denunciado en las últimas semanas, incluida la muerte sicarial del compañero Tomas Rodríguez Cantillo, sindicalista bananero afiliado a Sintrainagro, en Ciénaga, Magdalena, que ocurrió el 9 de mayo del presente año.

La respuesta que el gobierno ha dado a las exigencias de la CUT, para proteger a sus sindicalistas, ha sido la cancelación de esquemas de protección, incluido recientemente el del compañero Gilberto Martínez, Director del Dpto de Organización de la Central.

Por lo expuesto, reclamamos de la comunidad nacional e internacional, de los organismos de derechos humanos, exigir al gobierno colombiano y a las autoridades judiciales, medidas eficaces para que cese el genocidio a que está sometida la CUT, cuya impunidad se encuentra en 99%.

Bogotá, 16 de mayo de 2014

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA BECERRA FABIO ARIAS GIRALDO

Presidente Secretario General