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Nosotros, hombres y mujeres, quienes hacemos parte de la CARAVANA INTERNACIONAL POR LA VIDA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS COLOMBIANAS, Habiendo constatado,
PLAN DE ACCION Por las anteriores consideraciones las diferentes delegaciones participantes en la Caravana Internacional por la Vida de los Trabajadores y Trabajadoras Colombianas, después de presentados los informes hemos concretado los siguientes mínimos de un plan de acción que nos permita fortalecer el trabajo que por Colombia existe en nuestros países y continuar contribuyendo a la lucha del pueblo colombiano.
En el campo jurídico, activaremos relaciones con ONG, asociaciones de abogados y juristas en procura de que adelanten las demandas correspondientes contra el Gobierno Colombiano y/o contra quienes se hayan beneficiado del genocidio; haremos cabildeos con gobiernos democráticos y con sus servicios de justicia a fin de que investiguen y sancionen los responsables de estos crímenes; y, respecto a los sistemas de protección de derechos humanos interamericano y de la ONU, buscaremos su pronunciamiento a través de la presentación de casos concretos. Finalmente, elevaremos consultas a expertos a objeto de estudiar la posibilidad de llevar casos específicos o el caso de GENOCIDIO SINDICAL ante la Corte Penal Internacional. En el campo no jurídico, las personas que conformamos la caravana, impulsaremos un mecanismo de exigibilidad de justicia, similar a un Tribunal Internacional de Opinión (TIO), que, sin perjuicio de que se ocupe de casos emblemáticos violatorios de la vida y de la dignidad humana, examine principalmente las políticas públicas de carácter económico y social que han sido rechazadas por los trabajadores y las trabajadoras e igualmente las políticas públicas y la legislación penal que permitió el GENODICIO SINDICAL. Así mismo, el TIO, abrirá un escrutinio a las estructuras legales y paralegales que instrumentalizaron las políticas públicas y no públicas de terror contra el movimiento sindical colombiano.
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Entre los años de 1996-1998, un grupo denominado Destino Colombia, que representa a las élites políticas, económicas y militares, discutieron varios escenarios para la salida de la crisis que vive el país. Previendo la posibilidad del rompimiento de los Diálogos entre la administración Pastrana y la guerrilla de las Farc, optaron por una opción Autoritaria y militarista llamada "Todos a Marchar". Este proyecto busca destruir los avances formales de la Constitución de 1991, que fue producto de un proceso de diálogo entre las guerrillas del M-19, El E.P.L., Quintin Lame y el gobierno Colombiano. En la Constitución del 91 se apela a la noción del Estado Social y Democrático del Derecho. La propuesta del Estado Comunitario de Uribe, intenta desmantelar las pocas garantías sociales plasmadas en la constitución, como las acciones de Tutela. El proyecto "Todos a Marchar" busca la pacificación del país, darle una salida militarista, con apoyo de los Estados Unidos, al conflicto social y armado. La administración Uribe (2002-2006) se basa en dos pilares fundamentales: La seguridad del Capital, y El ajuste fiscal para viabilizar el pago de la deuda interna y externa, y lograr con esto la confianza de los inversionistas extranjeros. Este modelo económico se basa en la supeditación de la economía nacional al capital transnacional. El crecimiento económico de los últimos años ha estado concentrado en el sector financiero, las telecomunicaciones y exportaciones, producto de la extracción de los recursos naturales como el petróleo y carbón. Las utilidades de este modelo económico no se han revertido en beneficio de la sociedad. Según algunas estadísticas, la distribución del ingreso se ha concentrado cada vez más en un pequeño grupo. Mientras que el 66.3% de la población colombiana vive en la línea de la pobreza solo un 10% de la población concentra el 46.5% de la riqueza. Este aparente éxito económico está acompañado por una estrategia de control militar sobre la población. El 10 de Diciembre de 2003- cuando se conmemoraba el día internacional de los de los Derechos Humanos- el Congreso de la República aprobó el estatuto antiterrorista, que va en contravía con la carta fundamental de Derechos Humanos. Con esta medida no solo se busca una reforma constitucional sino, además, eliminar derechos fundamentales como el de la intimidad, la presunción de inocencia, la libre circulación. En el contenido de dicho estatuto se busca someter la sociedad civil al control militar. Esto también se observa en el sometimiento de la rama judicial a la entidad militar, ya que se piensa dotar de instrumentos judiciales a los militares. Estos pueden allanar, interrogar, interceptar comunicaciones, sin ninguna orden judicial previa, destruyendo así los mínimos presupuestos de un Estado de Derecho. Este fenómeno de represión y control social se viene realizando ya en algunas zonas del país donde se han transado gigantescas inversiones del capital transnacional. Arauca es un buen ejemplo de dicha estrategia, en esta zona abundan grandes reservas de petróleo que son extraídas por transnacionales como la O.X.I. o la B.P. que necesitan ejercer un dominio regional para garantizar el flujo de dicho recurso. Para lograr este control poblacional se han combinado varias estrategias: militarización de la zona acompañada de mercenarios norteamericanos, presencia de grupos paramilitares y una persecución judicial permanente contra las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares. Las abominables detenciones masivas sin ninguna investigación y procedimiento judicial previo, ha corroborado este dispositivo de represión y control estatal buscando con ello, destruir cualquier forma de organización que cuestione el modelo económico. Al analizar un mapa de Colombia, se puede observar como en las zonas donde confluyen los grandes mega-proyectos económicos se ha concentrado la guerra, desde la intervención norteamericana hasta el control social por parte del paramilitarismo. En búsqueda de esta pacificación, se ha intentado un acercamiento con los grupos paramilitares, que han estado a la vez encubiertos bajo la manta de la impunidad. Dentro del narcoparamilitarismo se ha visto el afianzamiento de una élite regional terrateniente que está en pugna por el mundo de los negocios de la mafia. Ya se ha visto algo de las guerras entre los carteles, como la que sucede entre el grupo de la Costa Atlántica, la del Valle, y la de Antioquia. El caso de Guaitarilla, así lo corrobora; en éste se vieron involucrados el ejército, la policía y otros organismo se seguridad y de inteligencia del Estado. Según algunas investigaciones, 7 policías fueros masacrados por miembros del ejército, y parece ser que todo esto producto de la pugna entre los carteles que ha filtrado miembros de la fuerza pública. La desaparición del líder paramilitar Carlos Castaño ha vuelto más turbio el panorama, parece ser que la tarea ahora de los paramilitares es ser los guardianes del capital, ejerciendo dicha tarea desde el terror y el control poblacional. Ante el fenómeno del Desplazamiento, que ya suman 3.7 millones de personas afectadas, el Estado se ha planteado un mecanismo para involucrarlos en la guerra. Por medio del programa institucional alrededor del retorno se intenta reubicar a la población desplazada en las zonas de disputa institucional con la insurgencia. La inserción de esta población ha estado concentrada en los batallones de soldados campesinos, en la red de informantes, y en las familias guardabosques. Bajo esta modalidad de represión se han venido asesinando y exiliando a los dirigentes sindicales. En el año de 2003, a 617 sindicalistas se les violaron sus derechos fundamentales. Y lo corrido en el primer semestre de 2004, se han asesinado 27 sindicalistas, muchos de ellos trabajadores de empresas transnacionales. Crímenes y persecuciones que se han ocultado bajo la impunidad. Además el estado de la seguridad democrática, ha utilizado toda una serie de herramientas jurídicas para acabar con el sindicalismo colombiano. El caso de Telecom- la empresa de telecomunicaciones de Colombia- que era patrimonio de la nación, fue liquidada de una manera arbitraria, repoblando su planta de personal sin ninguna garantía laboral. El caso de la U.S.O. y la huelga en la empresa de Petróleos de Colombia -Ecopetrol-, merece una descripción. El Estado declaró ilegal el derecho de los trabajadores a la huelga, despidió a casi todos los que participaron en dicho acto en defensa de los trabajadores y el patrimonio nacional, liquidó además a toda la dirigencia sindical por medio de los planes de pensión anticipada, debilitando, con ello, la capacidad de negociación y de incidencia social y política de la U.S.O. Reformas como la nueva legislación laboral y la destrucción sistemática de los sindicatos va asociada a la nueva dinámica de acumulación de capitales; lo que se busca con todo esto, es hacer atractivo el país para las inversiones de capital. En esta correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, el Estado Comunitario de la administración Uribe lo que busca es defender los intereses del capital, destruyéndose así derechos fundamentales de la población colombiana, que cada vez se ve más asfixiada por la falta de oportunidades para lograr una vida digna. Este proyecto de corte neoliberal y de represión social, conocido como Todos a Marchar, apunta extenderse hasta el 2014. Por ello el afán de pasar otra reforma constitucional, como lo es la Reelección. Procedimiento que se ha visto acorralado por escándalos de corrupción y politiquería. El mismo Congreso de la república puede suspender la democracia en nombre de la democracia y así se ha visto con la aprobación de medidas como el estatuto antiterrorista, la reelección y otra reforma tributaria que irá a menoscabar cada vez más los niveles de vida de la población. Mientras que en el congreso se aprueban cargas tributarias como la del I.V.A. que busca cobrarle impuestos a la canasta familiar, no se ha aprobado un impuesto al patrimonio que compensaría las insoportables condiciones de miseria de la gran mayoría de la población colombiana. La administración Uribe ha recortado el gasto para la inversión social, concentrando la gran mayoría del presupuesto nacional en la maquinaria de la guerra, la cual ha alcanzado la cifra del 5% del producto interno bruto en el 2003. Guerra, que como se sabe, ha beneficiado a las élites económicas, políticas y militares tanto del capitalismo nacional, como transnacional. ¿QUE HACER? Ante el estado actual de cosas, es necesaria e imprescindible la reconstrucción de los Movimientos Sociales. El movimiento obrero debe replantearse su praxis ante el momento político. Ante las expectativas de la alcaldía de lucho Garzón, el sindicalismo debe llevar a cabo un liderazgo ante una alternativa de Ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial debe ser replanteado desde los movimientos cívicos, populares y sindicales. Derechos fundamentales como la educación, la alimentación, la salud, los servicios públicos deben ser los derroteros de las acciones y las movilizaciones de todos los actores sociales. La construcción de propuestas sectoriales y regionales dentro del marco de un nuevo modelo de desarrollo para Colombia es una exigencia para la búsqueda de la paz con justicia social. Hay que seguir acompañando desde los diferentes esfuerzos, la lucha mundial contra la globalización neoliberal. El caso de confrontación contra la transnacional Coca- cola, es un buen ejemplo. Es importante desenmascarar el papel de las transnacionales ante el nuevo orden imperial y su dinámica de guerra. Así mismo, reinvidicar las alternativas del movimiento antiglobalización, que vienen planteando nuevas dinámicas políticas y de desarrollo económico. El tema de la soberanía económica, social, y cultural debe ser un referente fundamental para dinamizar las luchas de la población colombiana. Por ello es importante politizar la reflexión sobre el fenómeno del ALCA o T.L.C. para poder generar conciencia, movilización y confrontación ante el modelo económico totalitario. Un proceso de unidad con los sectores democráticos, debe ser una tarea impostergable en defensa de los derechos fundamentales de la población, replanteando una salida política al conflicto social-armado y una distribución equitativa del ingreso. La industrialización, así como la alternativa de desarrollo incluyente y equitativo debe ser parte de una agenda política e ideológica. Ante la constante militarización de la sociedad es importante la reivindicación de los derechos fundamentales y los derroteros políticos del Estado Social y democrático del derecho, para hacer participe a otros actores que se han visto arrinconados por la represión y la persecución. Es también fundamental la construcción de una nueva estrategia de medios alternativos, para así afrontar el dispositivo de control de los medios masivos, que han demostrado estar al servicio de las elites nacionales y del capital transnacional. Elaboración Cristóbal Silva González.
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El siguiente texto son extractos del informe presentado por el gobierno nacional en la 92° Conferencia Internacional del Trabajo, titulado “Avances del gobierno de Colombia en la garantía de los derechos humanos de los trabajadores”. 1. Reducción de la violencia
2. Programas de protección
3. Lucha contra la impunidad
4. Programa especial de cooperación técnica con Colombia.
5. Disminución del desempleo
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Bogotá D.C., 21 de junio de 2004 Amigos
La existencia de un poder judicial independiente e imparcial y de abogados independientes es condición previa esencial para proteger los derechos humanos y garantizar que no haya discriminación en la administración de justicia, este principio recogido en todos los tratados internacionales de derechos humanos, protege a todas las personas contra los abusos del poder judicial, afianza el principio de separación de poderes y garantiza la incolumidad del Estado Democrático y de Derecho. Es así como a nivel del sistema universal de protección de los derechos humanos, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 10, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, consagran el derecho de toda persona a acceder a un tribunal independiente e imparcial. A nivel internacional, son varios los instrumentos que garantizan la independencia de la función judicial. Los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura, establecen que: “La independencia de la Judicatura será garantizada por el estado y proclamada por la constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acataran la independencia de la judicatura” Igualmente la Constitución Política Colombiana en su artículo 201 inciso primero estipula “Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias,” lo que parece letra muerta ya que la experiencia que existe es contraria a ella. En claro detrimento de la independencia e imparcialidad del poder judicial, de por sí ya bastante lesionado, debido a que la administración de justicia paulatinamente viene constituyéndose en un instrumento de los intereses del poder ejecutivo, y no de la materialización de los ideales del Estado Social y Democrático de Derecho y del bienestar general, basado en el respeto integral de los derechos humanos de toda la sociedad y también de todas las personas individualmente consideradas, el legislador ha proferido el estatuto antiterrorista y el nuevo código procedimental, concediéndole al fiscal el principio de oportunidad, consagrando figuras que claramente van en contravía a los derechos fundamentales dando facultades de judiciales y de policía judicial a las fuerzas militares. Una de las formas lesivas para la independencia y autonomía judicial es la forma abierta y descarada como se viene judicializando a los Jueces y Fiscales que fallen en derecho pero cuyas decisiones no son del agrado de quienes toman definiciones políticas y económicas en el Estado, es por eso que presentamos a ustedes, algunos casos de lo que viene sucediendo, solicitando su divulgación e intervención inmediata.
Como si lo anterior no fuera en detrimento de la administración de justicia también al igual que otros sectores sociales somos víctimas de otro tipo de agresiones provenientes de paramilitares, subversión, narcotráfico, etc., la que se manifiesta de diversas formas teniéndose solamente para el año 2003 y lo corrido del 2004 cifras como las siguientes: ASESINATOS.....................................................18
Agradeceríamos que este sector, que de muchas formas viene siendo amenazado, tenga un espacio en sus diversas actividades.
ASONAL JUDICIAL
LUIS FERNANDO OTALVARO C LUZ
MARINA HACHE CONTRERAS
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De esta manera se impuso una política de explotación petrolera basada en el denominado contrato de concesión, por medio del cual el Estado colombiano le entregaba a las multinacionales el manejo absoluto de tales recursos por un tiempo determinado (entre 30 y 50 años). Las empresas a cambio cedían un 6% de la producción, una especie de tributo que fue llamado “regalía”. Bajo este esquema la Standard Oil y la Gulf Oil se metieron en los yacimientos del Magdalena medio y el Catatumbo, respectivamente. Cerca de medio siglo operó este sistema de enclave petrolero dominado totalmente por las empresas extranjeras, tiempo durante el cual se asentaron las bases económicas y políticas que estructuraron un Estado dependiente de las ambiciones del imperio norte. En tales circunstancias, durante este siglo las principales corporaciones transnacionales de la industria petrolera del mundo se han posicionado en el territorio colombiano: la Chevron-Texas (EU), la Exxon-Mobil (EU), la British Petroleum-Amoco-Arco (RU/EU), la Total-Fina-Elf (Fr), la Oxy (EU), la Shell (RU/Ho), la Repsol-YPF (Es/Ar), la Lukoil (Ru), la Talismán (Ca) y la Nexen (Ca), entre otras . Tal como ocurrió desde los inicios, la intromisión de los capitales petroleros y sus grupos financieros en Colombia siempre se ha producido con base en la trampa y la fuerza. Por esta razón, es innegable señalar que tanto el problema agrario como el de los recursos energéticos se encuentran en la base de la tradicional violencia política y de corrupción sobre las que se erigió el poder de las clases dominantes, en contravía de las aspiraciones de soberanía, desarrollo y democracia del pueblo colombiano. Los trabajadores petroleros, agrupados en la Unión Sindical Obrera - USO, se opusieron desde los comienzos a las humillantes condiciones en las que les tocó laborar, pero también a las políticas entreguistas de los sucesivos gobiernos. El movimiento nacionalista que lograron convocar junto a otros sectores sociales del pueblo colombiano , dio como fruto la reversión del contrato de concesión sobre los yacimientos del Magdalena medio en 1953 y la creación en consecuencia de una institución estatal para el manejo de los hidrocarburos que se llamó Empresa Colombiana de Petróleos- ECOPETROL. Si para los trabajadores petroleros y el pueblo colombiano el nacimiento de ECOPETROL hace 53 años constituyó todo un sacrificio en vidas, mantenerla y desarrollarla ha sido una labor titánica. En realidad la alianza hegemónica de las grandes multinacionales, el imperio de Estados Unidos y sus gobiernos aliados en Colombia, aceptaron a regañadientes el hecho que nuestro país se metiera en la industria del petróleo de manera autónoma, bajo la administración de una empresa propia. Tampoco han admitido que en el desarrollo de ese movimiento nacionalista, se fueran ajustando posteriormente las reglas del juego en la explotación petrolera, haciendo que las concesiones que quedaban vigentes revertieran a la nación. Un cambio sustancial en la política petrolera lo constituyó el establecimiento en 1974 del Contrato de Asociación, por el cual Colombia alcanzó una participación hasta de un 70% de la producción frente a la asociada en determinados pozos , y se aumentó el pago de regalías a un 20% en todos los casos. La presencia de ECOPETROL en casi el 100% de los pozos que se explotaban, el manejo de cinco refinerías y de unos 7.000 kilómetros de oleoductos y poliductos, la creación del Instituto Colombiano del Petróleo como centro de investigaciones, además de la incursión que hizo en la petroquímica y la comercialización, hizo de ella la primera empresa en cuanto al patrimonio y la rentabilidad. De esta manera es que ECOPETROL se constituyó en un factor de desarrollo importante para el país, cuyos trabajadores aportaban hace dos años cerca de la tercera parte de la producción total de los trabajadores colombianos y de las exportaciones. Lo cierto es que a la USO le han sobrado propuestas para fortalecer la empresa y la industria petrolera del país. Desde la resistencia a la venta de sus activos y la defensa de las regalías para las regiones, o la potenciación de la capacidad de refinación, hasta el proyecto de Ley Marco sobre Hidrocarburos, para que la política petrolera no dependiera de las administraciones de turno, han sido los aspectos fundamentales de los conflictos asumidos por la USO. Pero llevar a ECOPETROL a estos niveles de desarrollo ha sido una constante lucha de los trabajadores y el pueblo, enfrentando las intenciones de las multinacionales petroleras y sus aliados de echar para atrás ese proceso. Los sucesivos conflictos que la USO en particular le ha tocado que liderar en todos estos años y los costos en vidas, despidos y destierros aportados a la defensa del patrimonio nacional y la soberanía energética, reflejan las dimensiones de los intereses que están en juego. Desde que se asociaron en el negocio de la industria petrolera, las clases dominantes y las transnacionales se han confabulado también para mantener la desarticulación de los trabajadores del sector, ya sea por medio de reformas laborales y económicas, la penalización de la protesta social, o con la respuesta militar y paramilitar. De hecho, la Unión Sindical Obrera, como organización de los trabajadores petroleros del país, solamente agrupa a los empleados de la estatal ECOPETROL y un mínimo porcentaje de algunas empresas privadas. Esto es así porque las multinacionales recurren al chantaje y las amenazas para no permitir la sindicalización de sus trabajadores. Multinacionales como la British Petroleum han sido denunciadas por ONGs y dirigentes políticos, de Colombia y del Reino Unido, por financiar grupos ilegales de seguridad privada. En las instalaciones de la Oxy en Arauca, donde explota los pozos de Caño Limón, se encuentra una base aérea que apoya las operaciones militares de contrainsurgencia en la región. Y en el marco del Plan Colombia, Estados Unidos aprobó un presupuesto especial para el montaje, entrenamiento y asesoría directa de un Batallón Militar cuyo objetivo es proteger el oleoducto de 700 kilómetros que transporta el petróleo de la Oxy desde Arauca hasta el Puerto de Coveñas, en el Atlántico colombiano. En la última década, cuando se ha impuesto la estrategia de acabar con ECOPETROL, en el marco de la liberalización de la economía inaugurada por Gaviria a comienzos de la década pasada, es cuando ha sido más cruda la represión contra la Unión Sindical Obrera: 90 trabajadores asesinados, 400 desplazados, 35 heridos en atentados, 33 detenidos acusados de rebelión en procesos descaradamente montados (absueltos luego de estar varios años encarcelados), cientos de despedidos y una decena de compañeros refugiados en el extranjero. La persecución oficial y para-oficial durante estos diez años ha ido paralela al desmonte sistemático de la política petrolera soberana que el movimiento nacionalista había alcanzado. La privatización de activos fundamentales de ECOPETROL, la reducción de las actividades directas de exploración y explotación, la transferencia de las rentas a otros sectores (deuda externa y defensa, especialmente), las continuadas reformas al contrato de Asociación (revertiendo la participación a 30/70), el desmonte de subsidios y la liberación de los precios de la gasolina (incrementados ya en un 170%), la reducción del pago de regalías (de un 20% a un 9% promedio), la modificación de los contratos laborales (7.000 trabajadores directos y 20.000 contratistas) y las restricciones al derecho de sindicalización y de huelga, son algunas de las medidas adoptadas en medio del régimen de terror creado. La presión internacional de las multinacionales y de sus instrumentos de presión multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial y el BID, para que se implementen estas medidas es concreta. El inminente agotamiento de las reservas globales y por el contrario, un incremento en la demanda, está profundizando la competencia por el control del crudo y el gas entre los bloques de poder mundiales, a cuyo tenor se producen invasiones como las de Afganistán e Irak. . En tal contexto, Colombia en particular se vuelve indispensable para los Estados Unidos, quien depende en un 63% de las importaciones de petróleo . En esa estrategia del cartel de las trasnacionales, hemos llegado a la situación actual en la que el gobierno de Uribe Vélez, abiertamente alienado con los planes de Estados Unidos , ha definido una política petrolera totalmente a favor del monopolio de las corporaciones transnacionales. Por medio del decreto 1760 de junio del 2003, la participación que tenía el país en la industria petrolera a través de ECOPETROL queda reducida a una oficina en el ministerio de minas: la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuyo papel será entregar el petróleo en concesión a las empresas privadas, - quienes se quedarán ahora con el 100% de la producción - y cobrar unos tributos. Esta oficina funcionará bajo el nuevo esquema de contratación, similar al que existía hace un siglo: las multinacionales intervienen de manera integral en los territorios petroleros - haciendo casi un Estado dentro de otro Estado - y le pasan a la nación una ridícula “contribución” como regalías. Por su parte, el gobierno ha dispuesto cambiarle el carácter a ECOPETROL, de un patrimonio público nacional a otro particular regido por acciones, y con unas condiciones desventajosas que la conducirán al fracaso. De hecho ECOPETROL quedará convertida en una empresa de tercera categoría por las medidas regresivas y antipatrioticas que Uribe ha dispuesto como nueva política petrolera: la pérdida del manejo de las reservas de hidrocarburos, la conversión de los contratos de asociación en concesiones, la convocatoria a la empresa privada para que asuma la operación de los campos en los que ECOPETROL está como asociada, la reducción de la capacidad financiera de ECOPETROL, la venta de las refinerías, el arrendamiento de los oleoductos y poliductos, la entrega del jugoso negocio del gas a las empresas norteamericanas y españolas, o la prórroga de los contratos de concesión y asociación vigentes . La entrega total de un recurso estratégico para el país como el de la energía, sobre el cual se sostiene nuestra soberanía y nuestro desarrollo, está argumentada desde la falsa idea de que es necesario atraer la inversión extranjera para que el desempleo y la pobreza desaparezcan. Pero ya hemos dicho que las diez primeras empresas mundiales del petróleo se encuentran en el país, por lo que no es cierto que las condiciones de explotación petrolera no sean atractivas al capital transnacional. Tampoco es cierto que la apertura a la inversión extranjera mejora la situación social del país; desde hace diez años cuando se impuso el modelo neoliberal de la apertura y la privatización, el nivel de vida de los colombianos ha empeorado: 25 millones de colombianos empobrecidos, 11 millones de ellos en la indigencia, 18% de desempleados y 53% en el rebusque . Por estas razones los trabajadores de la USO se vieron
obligados a desarrollar una Huelga entre abril y mayo del presente año,
luego de 18 meses de infructuosos intentos de negociación que
la intransigencia del gobierno y la burocaracia de ECOPETROL no quisieron
asumir. Esta actitud contrasta con la diligencia y la dadivosidad que
el gobierno ha mostrado con los paramilitares, con quienes desarrolla
unos diálogos de paz. Esto se explica si se toma en cuenta que
tras la liquidación de ECOPETROL y el desmonte de cualquier criterio
nacionalista en la política petrolera del país, está
además la intención de darle un golpe político
a la resistencia del pueblo colombiano al modelo entreguista y autoritario
de BUsh-ribe. La inminente crisis de abastecimiento interno y la extensión de la Huelga en todos los rincones de la conciencia nacional, obligaron al gobierno nacional a aceptar la mediación de la iglesia católica quien propuso una mesa de negociación que acercara a las partes. Los acuerdos obtenidos finalmente en esta instancia fueron aceptados por los trabajadores para levantar la huelga patriótica, lo cual no significa de ninguna manera que el conflicto se haya superado. Se modificaron algunos aspectos de la política
petrolera impuesta en el decreto 1760, a la vez que se abre un debate
nacional concertado para definir otros temas, como el de la Ley de Hidrocarburos,
lo cual permitirá la sobrevivencia de ECOPETROL y por ende, garantizará
condiciones mínimas para el control de los hidrocarburos por
parte de la nación. En relación a los trabajadores despedidos,
se adopta un proceso de negociación en un tribunal que estudiará
cada uno de los casos.
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La magnitud de la violación sistemática, selectiva, extendida en el tiempo e impune de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones en Colombia a través de las prácticas y procesos históricos de exterminio, pone de manifiesto la grave situación humanitaria de los trabajadores colombianos, que han luchado en medio del establecimiento de una práctica de violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia. La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales, aunque ellas ocurran en el contexto del conflicto. La mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales y, en este sentido, ellos no son víctimas casuales o colaterales del conflicto armado. La crisis humanitaria del sindicalismo colombiano evidencia, entre otras cosas, la incapacidad histórica del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos. La historia del sindicalismo colombiano que ha padecido esta política represiva, desde finales del siglo XX el gobierno colombiano mediante varios modelos represivos, que van desde el ejercicio de la represión apoyada predominantemente en el uso de formalidades legales, bajo el amparo de los estados de excepción; hasta el empleo y consecuente institucionalización de civiles a cargo del ejercicio represivo, constituyendo una estrategia paraestatal, que se ha dado a la tarea de cercenar cada expresión social y política, contraria a sus principios de terror. En la primera mitad del siglo XX la mayoría de las acciones criminales son cometidas abiertamente por funcionarios estatales, desde sus inicios el incipiente movimiento sindical ha padecido esta forma de represión, un ejemplo de ello, lo constituye la represión que sufrió a principios del sigo XX, bajo la dictadura de Melo, la incipiente clase obrera que estaba constituida principalmente por obreros de transporte fluvial, de obras públicas, de la naciente industria de manufacturas, además de la base de artesanos, sufrieron persecuciones y destierros, de tal manera que cualquier iniciativa popular, es fuertemente reprimida por la hegemonía conservadora. La concepción dogmática de las diversas expresiones sociales y políticas que representan las guerrillas condujo a aplicar una política contrainsurgente homogénea, este reduccionismo llevó a confundir las diferentes expresiones de lucha social con los proyectos de las guerrillas y por tanto, condujo a extender las políticas contrainsurgentes hacia los movimientos sociales con un elevado numero de violaciones a los derechos humanos y un deterioro a un mayor de la legitimidad de las instituciones de la fuerza pública y del Estado en general. Especialmente por el recurso ininterrumpido de los Estados Excepcionales, en los que la vigencia de los derechos es la excepción y su desconocimiento la norma. Las diferentes expresiones populares fueron reprimidas bajo los parámetros de la DSN, Doctrina de Seguridad Nacional, Con la imposición de la DSN, Doctrina de Seguridad Nacional, por medio de la cual los conflictos internos se han internacionalizado sobre la base de la dicotomía democracia occidental - comunismo internacional, varios de los grandes crímenes de guerra han dejado de exigir una situación previa de conflicto internacional de guerra entre naciones, para trasladarse al equivoco escenario de situaciones de orden público . Cuando inicia la segunda mitad del siglo pasado se evidencia un modelo represivo basado en una dominación centralizada, institucional, apoyado predominantemente en formalidades legales, que intentan hacerle frente al renacer de las luchas populares en el territorio colombiano. Bajo su imperio la mayor parte de acciones represivas estuvieron a cargo de funcionarios estatales, por otra parte, la limitación de las libertades de expresión, reunión y asociación, en cabeza de tribunales militares, que utilizaban predominantemente la detención y enjuiciamiento de los opositores, combinada con la tortura de los capturados, especialmente, a finales de la década de los sesenta, constituye la respuesta que el estado da al auge de las luchas populares en el país, retomadas en esta época. Frente a la respuesta del establecimiento, el movimiento sindical adopto una dinámica que los llevo a la conformación de comités de solidaridad, alrededor de conflictos específicos, e intersindicales en torno a movimientos regionales. Finalizando los 70`s, ante la inminencia de la instauración del modelo neoliberal en el país, y ante la respuesta que se le dio a esta posibilidad por parte del movimiento popular, colombiano , el movimiento sindical reconoció la necesidad de unirse y concretar un lenguaje común, que posibilite su adhesión al movimiento de protesta. Buscando este objetivo, bastos sectores que conformaban las centrales y el Sindicalismo Independiente, asistieron a un encuentro de solidaridad y unidad de acción que tuvo lugar en Zipaquira, en donde se crea la Coordinadota de Protesta y Solidaridad. En la década de los 80`s se configura un modelo de represión donde impera el recurso paraestatal, en este interregno se pueden ubicar dos elementos fundamentales, de un lado el impulso a un proceso de paz con el presidente Betancur y, de otro, el desarrollo de formas extralegales y clandestinas de represión Durante el periodo presidencial de Betancur se “modifica
el marco político y jurídico de la acción represiva
precedente” lo cual implica que el ejercicio represivo no se llevara
a cabo por los acostumbrados -hasta el momento- mecanismos institucionales,
abiertos, y legales, sino que por el contrario, “en tales años
se consolida la represión paraestatal y la guerra sucia”,
este nuevo accionar va evidenciarse en el aumento de las desapariciones
forzadas, amenazas y asesinatos con móvil político y un
paulatino retroceso en la cantidad de detenciones oficiales. Del registro que tiene en su base de datos la Fiscalía General de la Nación, el sector más victimizado, para ese momento es el magisterio, que desde entonces proyectaba la masacre que pesaría sobre las personas que están a cargo de la educación del futuro del país, los maestros y maestras de Colombia, registran seis homicidios del total de quince, esta conducta afecta básicamente al Sindicato de Educadores de Risaralda SER con el 40% de los asesinatos. De esta manera del 100% (15 casos) que están relacionados en el ente Investigador, el 60% se encuentra en practica de pruebas, el restante número correspondiente al 33% de los casos, las diligencias se encuentran suspendidas y el restante 7% recibió una sentencia inhibitoria, de esta manera nos enfrentamos a la decepcionante conclusión que en ninguno de estos casos se presenta una sentencia condenatoria. En cuanto a la identificación de los responsables encontramos, que es una de las falencias más importantes, pues del total de los casos, en ninguno se ha obtenido la individualización de los posibles responsables materiales del homicidio. De la totalidad de la muestra tan solo esta radicado
un caso en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, sometiendo
estos crímenes contra la sociedad en general al conocimiento
de Fiscales Especializados en un 53%, y de Fiscales Seccionales en un
47%. Las cifras de violación a los derechos humanos muestran las tendencias, tan sólo en el periodo de 1981 a 1982 el número de asesinatos se dobla (de 269 pasa a 525), manteniendo desde este año un aumento sostenido, igual comportamiento muestran las cifras de desaparición forzada. Las amenazas que de 32 en 1981 llegan a 122 en el año siguiente, tendrán un comportamiento irregular y su punto más alto se presentará en 1987 cuando se registran 565 casos. El nuevo modelo represivo trocaba el encarcelamiento
arbitrario de los opositores políticos y su sometimiento a todas
las formas de tortura por la desaparición forzada y asesinato
para castigar a las diversa manifestaciones del movimiento popular,
aunque se generaliza el empleo del recurso paramilitar como un mecanismo
muy útil para eludir la deslegitimación jurídica
del Estado, garantizando a su vez la impunidad de los victimarios Los primeros cinco años de la década del noventa, van a establecer una marcada victimización sobre el sector agrario, ya que se van a encaminar esfuerzos para implantar una guerra contra los trabajadores agrícolas agrupados en Sintrainagro en al zona bananera de Urabá. Finalizando este quinquenio se presentará uno de los picos más altos en cuanto a homicidios, el año 1996 es testigo del mayor número de masacres que tienen como objetivo primordialmente la población rural, pero también en este año se presenta el mayor índice de asesinatos de trabajadores en el país, ese año fueron asesinados 284 sindicalistas. Con la entrada y el despliege de la estrategia paramilitar en el año inmediatamente anterior, en el año 1997 seremos testigos de la generalización del fenómeno del desplazamiento forzado de sindicalistas, como instrumento importante de la estrategia de guerra. “En el período que va de 1998 al 2000, la violación de los derechos humanos de los sindicalistas estuvo marcada por el auge de las intimidaciones, amenazas, violaciones a los derechos de asociación sindical y asesinatos de altos dirigentes sindicales. El paro nacional estatal, realizado entre el 7 y 26 de octubre de 1998, presentó como balance final 9 sindicalistas asesinados, permanentes choques con la fuerza pública, intimidación a las marchas de los trabajadores y aumento de la represión.” El banco de datos de la Fiscalía General de la Nación para la década de los noventas reporta un total de 304 agresiones, entre las que se cuentan los primeros reportes de Desplazamiento Forzado, el número creciente de amenazas y homicidios, el aumento en relación a la década anterior es protuberante, encontrándose que en el número de registros sobre agresiones a sindicalistas que reporta la Fiscalía, el 70.5% (214) corresponde a casos de asesinatos, el 18% corresponde a 54 casos de amenazas y 15% correspondiente a las cifras de desapariciones Forzadas. En este periodo la más grave vicitimización afecta a la Unión Sindical Obrera que cuenta con el 16% de la totalidad de agresiones sobre el sector sindical en la década del noventa; por su parte, el magisterio cuenta con el 15% de las agresiones, en este interregno, encontramos que al interior del magisterio, la organización sindical mas victimizada es el Sindicato de Educadores de Risaralda SER, que cuenta con el 6% del total de las agresiones; las constantes acciones criminales en contra de SINTRAINAGRO arrojan como resultado que de 304 agresiones el 11.5% sean cometidas sobre sus miembros. Del total de agresiones el 7% es cometido sobe mujeres, registrándose por parte de la Fiscalía tan solo un caso de violación, ANA LUISA ARCILA OSPINA afiliada al Sindicato de Educadores de Risaralda SER, fue ultrajada, violada y asesinada el 1 de mayo de 1994. De esta manera del 100% (304 casos) que están relacionados en el ente Investigador, el 37% se encuentra en practica de pruebas, el restante número correspondiente al 35.5% de los casos las diligencias se encuentran suspendidas y el restante 13% recibió una sentencia inhibitoria, de esta manera nos enfrentamos a la decepcionante conclusión que tan solo en el 1.4% de los casos se presenta una sentencia condenatoria. De la totalidad de la muestra tan solo esta radicado 5.5% (16 casos) en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, sometiendo estos crímenes contra la sociedad en general al conocimiento de Fiscales Especializados en un 22%, y de Fiscales Seccionales en un 25%. Estas cifras son contrastadas con las aportadas por la Comisión Interinstitucional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores que ha tenido entre sus objetivos unificar la información estadística relacionada con las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas, según estos datos entre 1991 y el 2000 se presentaron 820 víctimas de homicidio. Según la Central Unitaria de Trabajadores -C.U.T., en el 2001 fueron asesinados 192 sindicalistas, y en el 2002, la mencionada organización sindical reporta 148 crímenes contra la vida de los sindicalistas. Si se toma como base la información de la Comisión Interinstitucional citada y se le agregan los datos referidos del 2001, 2002 y de lo que va transcurrido del 2004, el acumulado resulta superior a 1270 muertes violentas de dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados. Situación reconocida por el defensor del pueblo en resolución del 23 de julio de 2002, mediante la resolución defensorial No 23. Por otro lado, en términos relativos, la Escuela Nacional Sindical señala que entre enero de 1.991 y diciembre de 2001 fueron asesinados 1.841 dirigentes y trabajadores sindicalizados, lo que supone un promedio de 184 homicidios por año. Aunque la evolución de los homicidios en el tiempo presenta variaciones intermitentes, según algunos analistas, las tasas de estancamiento y decrecimiento de la población obrera afiliada a los sindicatos, aumenta las dimensiones del fenómeno. De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical, Colombia presenta una de las tasas más bajas de cobertura sindical de América Latina, pues apenas llega al 7% de la población trabajadora y abarca cerca de 900.000 afiliados, mayoritariamente inscritos en la CUT. Si se considera esa base de población sindicalizada, la tasa de homicidios promedio de sindicalistas sería de 183.2 por cada 100.000 de ellos; índice que supera aún las altas tasas de homicidio registradas en Colombia (tasas en promedio de 75.5 por cada 100.000 habitantes). En el siguiente recuadro se aprecia en forma discriminada las violaciones de derechos humanos al sector sindical, durante los últimos años: Total asesinatos año 1999 ..........................83 Total asesinatos año 2000 ........................135 En el contexto general de los cambios y superposiciones
entre conflictos laborales y guerra, el año 2001 presenta un
aumento de la violencia contra dirigentes sindicales, pues en ese año
se reporta el mayor índice de homicidios de dirigentes con 199
casos. Paralelamente, en ese año se aprecia la instrumentalización
de los actores armados por parte de administraciones municipales para
crear contextos de represión favorables a la aplicación
de la Ley 617 -referida al ajuste fiscal de las entidades territoriales-,
y el aumento de la violaciones a los derechos humanos de sindicalistas
ubicados en los grandes centros urbanos del país (Bogotá,
Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga y Medellín), como consecuencia
del proceso de urbanización del conflicto armado. Estadísticas de violación a los Derechos Humanos de los Sindicalistas en el año 2001 Total Amenazas .................................................................352 Información aproximada dada por la base de datos de la Central General de Trabajadores Democráticos CGTD: Total Asesinatos ....................................................................7 Total violaciones a los Derechos Humanos de los Estadísticas de violación a los Derechos Humanos de los Sindicalistas en el año 2002 Total Asesinatos a 31 de diciembre de 2002 ......................148 Total violaciones a los Derechos Humanos de los Estadísticas de violación a los Derechos
Humanos de sindicalistas, durante Estadísticas de violación a los Derechos Humanos de los Sindicalistas en el año 2003 Total Asesinatos ..................................................................94 Total violaciones a los Derechos Humanos de los Información aproximada dada por la base de datos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT: Total Asesinatos: ..................................................................72 La información del banco de datos en derechos
humanos de la ENS muestra que en Colombia, entre el primero de enero
y el 31 de diciembre del 2003, fueron asesinados 90 sindicalistas, 295
fueron víctimas de amenazas de muerte, 20 sufrieron atentados
contra su integridad personal, 6 fueron desaparecidos y 6 más
fueron secuestrados. A este preocupante panorama se suman los 42 sindicalistas
detenidos, los 12 allanamientos a residencias de dirigentes sindicales
y los 55 casos de hostigamientos a dirigentes y a sus familias. En segundo lugar, del total de violaciones a los derechos
humanos de los trabajadores, el 432 por ciento, fueron cometidas contra
dirigentes sindicales, miembros de juntas directivas, comités
ejecutivos y subdirectivas de las centrales sindicales. El sello de las políticas de paz -o de seguridad- nos presenta como constante histórica, un aumento escandaloso de la represión al derecho de asociación sindical, la calificación de cualquier protesta sindical como ilegal, los hostigamientos de la fuerza pública a todo movimiento de protesta y el aumento de las amenazas a trabajadores sindicalizados en momentos clave de resolución de conflictos laborales. El aumento de las detenciones, los allanamientos y hostigamientos por parte de la fuerza pública a las organizaciones sindicales en el contexto de la estrategia de guerra del gobierno de Álvaro Uribe. La actual política gubernamental con los sindicatos de TELECOM, SINTRAEMCALI, ECOPETROL, SINALTRAINAL y el Seguro Social evidencian la existencia, tal como lo recordó el periódico El Tiempo en su edición del 1° de mayo (2003), de “un Estado que dialoga con más facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legítimas del trabajo y que tiende a criminalizar la protesta social”. Se puede afirmar entonces que las detenciones “legales”, las retenciones arbitrarias, los allanamientos y los hostigamientos por parte de organismos estatales, se constituyen en elementos violatorios de la libertad individual y contribuyen a la generalización de una cultura antisindical que continúa señalando a las organizaciones sindicales como organizaciones colaterales a la subversión y como un estorbo para el progreso económico de las empresas. En lo que va corrido del año 2004 se cuentan 28 asesinatos de sindicalistas, según datos de la base de datos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Según la Base de Datos de la Escuela Nacional Sindical, en lo corrido del año se cuentan 2 secuestros, 143 amenazas de muerte, 2 victimas de allanamiento y 2 detenciones. Al mismo tiempo, en el contexto de conflictos laborales, la situación de seguridad personal de los sindicalistas colombianos y de sus familias ha empeorado, los espacios de concertación siguen cerrados, las amenazas contra los directivos de SINALTRAINAL, en el contexto de la huelga de hambre decretada por esta organización el 15 de marzo de 2004, el agravamiento de la situación del magisterio en diversas regiones del país y la declaratoria de ilegalidad de la Huelga de la USO; confirman, que el gobierno de AUV, carece de voluntad política y garantías para proteger el ejercicio de la libertad sindical, en materia de derechos humanos el gobierno aun no asume su función constitucional y legal de investigar seriamente, identificar y sancionar a tiempo con penas proporcionadas a los responsables de la comisión de estos crímenes. El aumento de las detenciones, los allanamientos, y hostigamientos por parte de la Fuerza Pública, evidencia la política antisindical del gobierno Uribe, pese a que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos han insistido en el hecho de que reformas como el estatuto Antiterrorista y el marco normativo de la política de seguridad democrática, es un instrumento útil para limitar el ejercicio pleno de los derechos de libertad sindical. El nivel de impunidad alcanza un 99%, en este periodo los casos de homicidios a sindicalistas se evidencia una constante determinación procesal por parte de la Fiscalía General de la Nación a que las investigaciones queden en Preliminares, sean Suspendidas, Archivadas o resueltas con Preclusión de la Investigación, ello sin contar los casos en que no existe investigación penal, especialmente La continua y progresiva victimización de activistas sumados al deterioro de los derechos laborales y al cierre de los espacios de concertación, hace explícita la postura antisindicalista del gobierno Uribe. A esta impunidad casi absoluta, le ayuda el hecho de que el gobierno colombiano no toma medidas inmediatas para que las investigaciones cubran la totalidad de los hechos violentos, insistiendo en señalar que la violencia sindical es una consecuencia del estado de guerra que vive el país, y no el resultado de una violencia selectiva y discriminada contra los trabajadores y sus organizaciones. De igual manera, se ha establecido que a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos (Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rigth Watch y la OIT) y de los organismos del ministerio publico de la nación de fortalecer la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalia General de la Nación, como entidad idónea para seguir los casos por violación a los Derechos Humanos de los sindicalistas colombianos, solo se presenta que de la totalidad de la muestra están radicados en esta dependencia el 13% de las Investigaciones, agravado por la situación que hoy en día el debilitamiento de la Unidad Nacional de DDHH y DIH, es constante y escalonado, clarificando la intención del Estado colombiano para el presente caso en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez y el Fiscal General Luis Camilo Osorio en trazar la impunidad en los casos de violaciones a los Derechos Humanos de los colombianos como objetivo central de su administración. Se concluye de la misma manera que frente a los asesinatos de sindicalistas en Colombia, existe una clara tendencia a realizarlos de manera selectiva y con la doble acción de eliminar físicamente al líder sindical y debilitar de manera gradual la organización de los trabajadores, entiendo que estos crímenes responden a reprimir el libre ejercicio de la Libertad sindical y no es como se ha tratado de establecer por parte del gobierno nacional y el sector privado, que la muerte de sindicalistas responde a la existencia de un conflicto armado en el país, ya que si sumamos el porcentaje de Dirigentes sindicales asesinados (32%) y de activistas (31,5%)(figura sindical que se enmarca como el afiliado que por su interés y creencia en la defensa de los derechos de lo trabajadores, realiza actividades propias de la dirigencia sindical, y se encuentra atento y con disposición de seguir las directrices del sindicato) encontramos que en un 63.5% se esta atacando la libertad de asociación y la identidad de aquellos sindicatos que tienen poder de presión ante el Estado y algunas empresas privadas, registrándose los asesinatos en los periodos de negociación o cuando existe tensión entre el empleador y el sindicato. Si priman, son y han sido, Se intentará develar las lógicas que mueven las actuaciones estatales y de las autoridades territoriales en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, estableciendo la aplicación del desarrollo político legal frente al conflicto social y político, determinando a su vez, los mecanismos institucionales que impulsan y permiten la impunidad en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. En Colombia resulta alarmante el análisis del Sistema Penal, particularmente por la ausencia de tipificación de los crímenes de mayor repercusión social, Colombia en la actualidad y a lo largo de su historia, registra como uno de los países más golpeados por la guerra sucia, un ejemplo de la crisis humanitaria que han padecido los habitantes del país, lo constituye el imperio del genocidio en áreas por lo general rurales. Se afirma con regularidad que uno de los principales factores de desestabilización en la sociedad colombiana, es el narcotráfico, aun así mucho antes de que los barones de la droga tuvieran el poder que hoy tienen, la violencia predominaba en la cotidianidad de los colombianos, tanto las acciones de la fuerza pública donde se cometen arbitrariedades, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones junto a la “justicia privada”, aplicada por grupos de autodefensa, escuadrones de la muerte, sicarios a sueldo, ha provocado incontables victimas sobre todo en las fuerzas políticas de oposición. Lo que no tiene nada de particular en un país donde existen tantas armas en manos de particulares. No solo la violencia, la impunidad ha debilitado lentamente la confianza en las instituciones públicas y contribuido de modo estimable al escepticismo en lo que se refiere a soluciones pacificas para los conflictos sociales en Colombia. La justicia Penal Militar funciona de un modo desproporcionado conforme a la gravedad de las denuncias formuladas contra algunos oficiales del ejercito, en lo que se refiere a abusos de derechos humanos, son pocos los oficiales que han sido declarados culpables y las penas, con contadas excepciones, han sido leves. Por supuesto delitos como la desaparición forzada no aparecen en el Código Penal Militar, aunque se incluyeran posteriormente el homicidio y la tortura. Una paradoja sacude la vida de los colombianos, se niega tipicidad a los crímenes de Lesa Humanidad, al mismo tiempo que se desconoce la elemental responsabilidad en hechos sucedidos en medio del conflicto, desconociéndose de ante mano la posibilidad entre las acciones militares y los delitos políticos. Qué triste distancia entre la elucubración seudo filosófica de la Corte Constitucional y la realidad de la Situación actual del país, o sea de la polifacética violencia que nos esta destruyendo ¿En que va a quedar todo esto de la tan cacareada política de la paz. En cuanto a la Justicia ordinaria, la inclusión de la desaparición forzada como un delito normal sin que se tenga en cuenta elementos consustánciales a su naturaleza deja mucho que desear frente a una eventual y supuesta política de respeto a los derechos humanos, que se pretende demostrar a través de estos formalismos. Con la imposición de la DSN, Doctrina de Seguridad Nacional, por medio de la cual los conflictos internos se han internacionalizado sobre la base de la dicotomía democracia occidental - comunismo internacional, varios de los grandes crímenes de guerra han dejado de exigir una situación previa de conflicto internacional de guerra entre naciones, para trasladarse al equivoco escenario de situaciones de orden público y, en especial de la confrontación entre las Fuerzas Armadas Regulares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que repiten esquemáticamente continuos ataques contra la población civil, tomando como excusa presuntos costos colaterales o fallas del servicio. La magnitud de la violación sistemática, selectiva, extendida en el tiempo e impune de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones en Colombia a través de las prácticas y procesos históricos de exterminio, pone de manifiesto la grave situación humanitaria de los trabajadores colombianos, que han luchado en medio de el establecimiento de una práctica de violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia. La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales, aunque ellas ocurran en el contexto del conflicto. La mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales y, en este sentido, ellos no son víctimas casuales o colaterales del conflicto armado. La crisis humanitaria del sindicalismo colombiano evidencia, entre otras cosas, la incapacidad histórica del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos. La historia del sindicalismo colombiano que ha padecido esta política represiva, desde finales del siglo XX el gobierno colombiano mediante varios modelos represivos, que van desde el ejercicio de la represión apoyada predominantemente en el uso de formalidades legales, bajo el amparo de los estados de excepción; hasta el empleo y consecuente institucionalización de civiles a cargo del ejercicio represivo, constituyendo una estrategia paraestatal, se ha dado a la tarea de cercenar cada expresión social y política, contraria a sus principios de terror. En este primer momento la mayoría de las acciones criminales son cometidas abiertamente por funcionarios estatales, desde sus inicios el incipiente movimiento sindical ha padecido esta forma de depresión, a principios del sigo XX, bajo la dictadura de Melo, la incipiente clase obrera que estaba constituida principalmente por obreros de transporte fluvial, de obras públicas, de la naciente industria de manufacturas (como la textil en Antioquia, la cervecera y vidriera en la Sabana de Bogotá) y bienes de consumo, además de la base de artesanos, sufrieron persecuciones y destierros. La estructura de propiedad y producción de la tierra para este momento es de un atraso descomunal, de tal manera que cualquier iniciativa popular, es fuertemente reprimida por la hegemonía conservadora, lo que provocó en gran medida que los trabajadores de la época se inclinaran hacia un socialismo, más radical que el expresado por Rafael Uribe Uribe, en su conferencia del año 1904 A comienzos del siglo XX, la naciente clase obrera, realizo importantes y numerosas acciones en pro de sus reivindicaciones particulares, participando junto a otros sectores en manifestaciones contra la secesión de Panamá en 1903. En la primera década del siglo XXI, sus reivindicaciones se vincularon de manera predominante a las consignas enarboladas por bastos sectores campesinos, participando de variadas acciones en el ámbito urbano, tendientes a reclamar alzas de salarios, mejoras en las condiciones de trabajo, vivienda obrera etc. Las huelgas de Enero de 1918 en el Puerto de Barranquilla, luego en Santa Marta y Cartagena, incitan poderosamente a la lucha a otros núcleos de trabajadores, e intelectuales, fruto de estas acciones se expide por parte del gobierno nacional, el decreto 002 de 1918, que despenaliza parcialmente el derecho de huelga. Con la victoria de la revolución de Octubre (1917), irrumpieron con gran fuerza las ideas socialistas, que soportaban la brutal represión conservadora, cualificando rápidamente el contenido de las movilizaciones de los trabajadores colombianos. En los centros urbanos se van reuniendo algunos obreros, artesanos, inmigrantes e intelectuales progresistas y reconocidos dirigentes sindicales, que se consolidan lentamente como núcleos socialitas, dentro de este panorama se realizó el II Congreso Obrero, al interior del cual se dio el primer intento de formar la Confederación Obrera Nacional CON (1924), con la intención de consolidar un centro de coordinación de las acciones reivindicativas y políticas. A mediados de la década del 20 en toda América Latina el movimiento sindical es un hecho y sus fuerzas van radicalizándose progresivamente, en Colombia el tratamiento sanguinario dado en el 24 al movimiento de los trabajadores de la Tropical Oil Company en Barrancabermeja, es un ejemplo de la política represiva que delineará la historia colombiana. Dos años más tarde con la vigorosa huelga ferroviaria del pacifico, que logró la jornada de ocho horas, el descanso dominical remunerado, entusiasmando a bastos sectores de trabajadores, que inician varias acciones reivindicativas, acompañadas de presentación de pliegos. Esta década asiste a un episodio más de violencia sin limites, empleada por el establecimiento, la zona bananera del Magdalena es una región prácticamente autónoma en relación al resto del país, con falencia total de vías de acceso, pero al interior se presencia un desarrollo de infraestructura colosal bajo el dominio de la United Fruit Company, en contraste las condiciones de vida de los trabajadores y habitantes de la región, se les paga en vales solo cambiables en los comisariatos de la compañía, no se respeta el descanso dominical remunerado; en medio de estas infamias, trabajadores y militantes del PSR presentan un pliego de peticiones que recoge las inquietudes de los trabajadores y comerciantes, la respuesta del gobierno conservador frente a las reivindicaciones esbozadas, estribo en aniquilamiento de los trabajadores, para garantizar los fines lucrativos de las inversiones norteamericanas en el país. La década de los treinta inicia con el triunfo de Enrique Olaya Herrera, durante su gobierno es expedida la Ley 83 de 1931, que autoriza el funcionamiento de los sindicatos reconocidos por el Estado, estableciendo por demás, las clases de asociaciones que deberán adoptar los trabajadores, limitando la autorización a sindicatos industriales y de gremio; el gobierno impedía -a través de esta- el desarrollo de las formas organizativas utilizadas con éxito en la década anterior, donde cualquier organización popular servia para aglutinar a trabajadores de una región; es de esta manera como la ley pretendía eliminar la autonomía de las organizaciones sindicales existentes, prohibiendo la participación en política militante. El gobierno no logró con la sola expedición de la ley 83 “feudalizar”, “elitizar” los sindicatos, fue una tarea que abarcó los gobiernos de Olaya, de López y Santos, la ley no fue aceptada por los trabajadores inmediatamente, pero la constante penetración ideológica, logró que los trabajadores, después de varios años, no llegaran a pensar en el derecho de asociación sin su personería jurídica . Un par de años más tarde en agosto de 1935 en el Primer Congreso Nacional del Trabajo, se propuso la creación de la Confederación Sindical Colombiana (CTC), sin embargo la creación de la confederación, solo pudo materializarse un año más tarde. Aunque en gran parte del gobierno de López Pumarejo, se otorgaron más personerías jurídicas a los nuevos sindicatos, esto no obedecía a una política social definida, buscaba por el contrario lograr un control efectivo sobre los sindicatos, intentando ubicarlos al lado del gobierno liberal, ubicándolos como base de la reforma constitucional de 1936, que buscaba la alianza de clases y la convivencia. Desde la fundación de la Confederación de Trabajadores Colombianos CTC, se evidencio el proceso de institucionalización de los sindicatos, debido a la innegable influencia que tenia el gobierno de López, sobre ella. Un evidente ejemplo de lo anterior, estriba en el manejo que le es dado, a tal punto que la confederación, se convierte en el ministerio de trabajo de López, cuando este necesita movilización para la revolución en marcha, la confederación en un entusiasmo desbordado impulsa movilizaciones y huelgas, y cuando el presidente decide hacer un alto en el camino, la confederación no sólo retira su apoyo a las huelgas, sino que las desconoce. Tal ves uno de los avances más grandes del gobierno en contra del movimiento popular en general, consiste en la dependencia de las asociaciones sindicales hacia las ayudas gubernamentales, paralela a la creciente desconfianza en la movilización de sus bases. El estado encabezado por los conservadores y la iglesia católica, conformó la UTC, el 13 de junio de 1946, luego de varios años la Iglesia logra cuajar su lenta acción de constituir un movimiento sindical nacional, que adoptará como bases fundamentales, los principios de la doctrina social católica, orientando su accionar dentro del marco legal. A partir del periodo del presidente Lleras, los sindicatos de la CTC se ven forzados a recurrir cada vez más a las huelgas (recordemos el paro nacional de mayo de 1947), que no serán resueltas rápidamente, debido a la ausente presión ejercida en otrora por el gobierno de López, al mismo tiempo los sindicatos católicos logran exiguos aumentos sin necesidad de acudir a las huelgas para ello. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá el dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien para entonces se había convertido en el jefe único del liberalismo. Este asesinato produjo un inmenso estallido popular, y un concomitante arrasamiento de las libertades políticas que no tiene parangón en nuestra historia. El pueblo, frustrado, quiso echar abajo el gobierno
conservador, pero los dirigentes liberales, encabezados por Lleras Restrepo
y Escandía, lo apoyaron y sostuvieron. Posteriormente la Dictadura del General Rojas retoma
la acción aplastante contra cualquier intento de asociación
autónoma de los trabajadores, a través de la instauración
de una intervención policiva en reuniones y demás actividades
de naturaleza sindical. Después de la caída de Rojas, y el establecimiento del Frente Nacional, nuevos sectores de trabajadores inician procesos significativos de sindicalización, que años atrás se había considerado exclusivo de los trabajadores de industria; maestros, empleados bancarios, burocracia y otros sectores se unen a las filas sindicales, que tratan de reinventar una concepción del sindicalismo de gremio, es el caso de la educación que erige la mayor organización sindical con la Federación Colombiana de Educadores FECODE, en este momento la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios y la Unión Nacional de Empleados Bancarios, pretenden centralizar el movimiento reivindicativo de los trabajadores bancarios. En 1960 por ordenes de las directivas del partido liberal la CTC en un congreso en Cartagena expulsa a todos los dirigentes, que son miembros del partido comunista. Los Sindicatos expulsados se coordinarán en CUASS Comité de Unidad de Acción Sindical y Solidaridad, que provoca desde 1960 un auge del movimiento huelguístico. Para este momento el desprestigio de las centrales
provocó que importantes organizaciones sindicales empezaran a
apartarse y pasaran a constituirse en bloques sindicales independientes,
que surgieron en diversos lugares del país en 1961, entre estas
FECODE, FEDEPETROL, FENASINTRAP, que buscan afiliarse para constituir
una nueva central la CSTC Confederación Sindical de Trabajadores
de Colombia. La concepción dogmática de las diversas
expresiones sociales y políticas que representan las guerrillas
condujo a aplicar una política contrainsurgente homogénea,
este reduccionismo llevó a confundir las diferentes expresiones
de lucha social con los proyectos de las guerrillas y por tanto, condujo
a extender las políticas contrainsurgentes hacia los movimientos
sociales con un elevado numero de violaciones a los derechos humanos
y un deterioro a un mayor de la legitimidad de las instituciones de
la fuerza pública y del Estado en general. Las diferentes expresiones populares fueron reprimidas bajo los parámetros de la Doctrina de Seguridad Nacional, de esta manera el gobierno, bajo la excusa de derrotar al comunismo, realiza ataques desde el congreso de la República por parte de Álvaro Gómez Hurtado, quien reclama soberanía sobre a Marquetalia, El Pato, Riochiquito, entre otras regiones donde los campesinos venían constituyendo Autodefensas, después de esta intervención el gobierno materializa los deseos de Gómez, atacando Marquetalía, luego de este siniestro ataque, los campesinos del lugar tuvieron que desplazarse, formando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, lideradas por Manuel Marulanda, en honor a un dirigente sindical asesinado en el año 1949, después de una detención arbitraria seguida de torturas. De igual manera el movimiento sindical siguió adelante, integrándose al clima reivindicativo los trabajadores de la Empresa de Cementos del Cairo, en Santa Bárbara, Antioquia realizaron una memorable huelga, todos los hombres que participaron en la huelga fueron masacrados, nuevamente con el pretexto de la lucha gubernamental contra el comunismo. En este periodo se evidencia un modelo represivo basado en una dominación centralizada, institucional, apoyado predominantemente en formalidades legales, que intentan hacerle frente al renacer de las luchas populares en el territorio colombiano. Bajo su imperio la mayor parte de acciones represivas estuvieron a cargo de funcionarios estatales, por otra parte, la limitación de las libertades de expresión, reunión y asociación, en cabeza de tribunales militares, que utilizaban predominantemente la detención y enjuiciamiento de los opositores, combinada con la tortura de los capturados, especialmente, a finales de la década de los sesenta, constituye la respuesta que el estado da al auge de las luchas populares en el país, retomadas en esta época. Frente a la respuesta del establecimiento, el movimiento sindical adopto una dinámica que los llevo a la conformación de comités de solidaridad, alrededor de conflictos específicos, e intersindicales en torno a movimientos regionales. En el año 1964 el sindicalismo independiente
adquiere mayor madurez, aparece en escena la declaración de principios
del bloque sindical autónomo del valle, que plantea la importancia
de la educación para los trabajadores y campesinos, a través
de escuelas sindicales clasistas, que buscarán que “las
masas” se conscienticen de la importante coyuntura que atraviesa
el país, y se decidan a transformar el régimen imperante. La lucha huelguística que había descendido en el periodo presidencial de Lleras Restrepo, años atrás en 1965 bajo el amparo del estado de sitio, el gobierno de Guillermo León Valencia expidió el decreto 2351 de 1965, se reconocen varias conquistas laborales, fruto del auge huelguístico en los primeros años del sesenta. El profesor Silva aporta una explicación para entender el descenso en el accionar sindical, en ese momento “importantes e influyentes dirigentes obreros y estudiantiles bajo la visión del foquismo abandonan la dirección de sus organizaciones al considerar inútil la lucha reivindicativa, pues el frente principal -y casi único- está en el campo y no vale la pena exponerse” Mientras varios dirigentes populares se aprestaban a unirse a la lucha revolucionaria, por parte de la Corte Suprema de Justicia se produce una avanzada en contra de los derechos extralegales de los trabajadores, la Corte para este momento argumentaba “... que el mínimo de derechos y prestaciones con carácter irrenunciable es planteado en la ley y lo acordado en convención por ser extralegal si puede desmejorarse.” La decisión de Sala laboral de la CSJ, que le
atribuye a la denuncia por parte del empleador, la facultad de dejar
sin vigencia algunas cláusulas laborales, consigue radicalizar
las acciones, rápidamente los trabajadores sindicalizados se
inclinan por los llamamientos a la huelga para resolver sus conflictos,
frente a este nuevo panorama legal, la CTC y la UTC se mantienen al
margen del accionar, al mismo tiempo que la Central Sindical de Trabajadores
de Colombia y el sindicalismo independiente buscan ligar las luchas
gremiales a las políticas revolucionarias. Iniciando este año, el 29 de enero la UTC y
CST, que convocaron un paro nacional en contra del gobierno de Lleras
Restrepo, vio el desprecio con que la CTC, católica desconocía
y rechazaba su acción, la misma reacción generó
el paro que estas centrales convocaron con motivo de la elección
fraudulenta de Pastrana, dos años más tarde, el 8 de marzo
de 1971. En 1972 la CST decidió acercarse al sindicalismo independiente para formar una nueva central sindical y se crearon los UNIR o comités de unidad intersindical regional que obtuvieron la afiliación de sectores importantes para la central. Se convocó un congreso para la creación de una nueva central donde participarían los sindicatos de organizaciones como el MOIR y la URS y federaciones como FECODE, FEDEPETROL, FENASINTRAP, representativas dentro del movimiento sindical Independiente; consiguiendo por parte de la administración de López el reconocimiento de la personería jurídica y a partir de ese pronunciamiento oficial la dirigencia de la CSTC cambio su denominación, por II Congreso de la CSTC. Este evento provocó que se descubrieran los intereses que cada sector enarbolaba. En este periodo el Sindicalismo Independiente tiene un auge notorio, a la par el II Congreso de la CSTC, avanza mientras sus afiliados se van retirando poco a poco, ante este fracaso de unidad, se convoca a un congreso del sindicalismo independiente y clasista en Medellín, donde los delegados sindicales con orientación de cada grupo u organización pretende llevar la dirección del MOSIC. De allí salen distintas coordinaciones (CLUS Comité de Lucha por la Unidad Sindical, SIC Sindicalismo Independiente y Clasista, CIS Comités de Integración Sindical, entre otros). El paro de 14 de septiembre de 1977, se registra como una de las mas grandes movilizaciones urbanas de la segunda mitad del siglo XX. Pese a que una gran franja del sindicalismo independiente no sólo se abstiene de participar en el paro, sino que se opone abiertamente. Uno de los gobiernos más represivos en cuanto al manejo del orden público, ha sido el de Turbay, que inició en el año de 1982, “ es de sobra conocido cómo el binomio Turbay—Camacho Leyva, General Ministro de Defensa, tenía como única herramienta la violencia y la tortura, armas claves para dominar la situación del país” En este gobierno donde se produce una avanzada colosal
en contra del sindicalismo y del movimiento popular en general, un ejemplo
de ello lo constituye, la prohibición de todo tipo de transmisiones
por radio o televisión, relacionadas con alteración de
orden público, paros o huelgas declaradas ilegales. A finales de los setentas se van a conjugar varios factores que cambiaran el modelo represivo utilizado por el estado colombiano, el empleo del recurso de legalidad de excepción, cómo mecanismo de control político se combina con el otorgamiento de mayor autonomía al estamento militar, estos factores se conjugaran para crear una siniestra estrategia que requiere el empleo de nuevos mecanismos ilegales “ la dominación fundamentada en un régimen de excepción se acompaña de un aumento importante en los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la acción de los denominados grupos paramilitares” . No se puede olvidar que desde el comienzo de la década del setenta, la coca empezó a irrumpir en casi todos los sectores gubernamentales, económicos y políticos, de tal manera que las “estructuras de violencia se volvieron mucho más complicadas porque Colombia entra de lleno por la vía de la droga, en una economía de tipo ilegal y violenta. En torno a esos negocios, justamente por su ilegalidad y altísima rentabilidad se conformaron verdaderas organizaciones del crimen: los llamados carteles de la droga. Sobre el país cayo entonces una verdadera intervención, una verdadera actividad de guerra por parte de los Estados Unidos, en torno a la represión sobre la actividad del narcotráfico. Todo esto en una amalgama de contradicciones y complejidades sociales, culturales, políticas y económicas en las que la sociedad colombiana vio surgir el sicariato en la juventud” “ En verdad, los grupos paramilitares son la expresión de un paraestado…] con raíces políticas en el anticomunismo. Que vincula sectores militares a su actividad y esgrime el militarismo y la doctrina de seguridad nacional como sus ropajes ideológicos” Esta amalgama de elementos encontrara un catalizador
en la figura del Estado de Sitio, que permitió la creación
de nuevos delitos para controlar el orden público, estableciendo
serias restricciones a las libertades sindicales. El aumento de penas
y las prerrogativas a la jurisdicción penal militar consolidaron
la estrategia del gobierno, de ella se desprendía la asimilación
del delito político al delito común, a la vez que limitaba
el derecho defensa facilitando una serie de arbitrariedades procesales.
Esta Coordinadora busca la construcción de un
lenguaje común, que posibilite la unidad del movimiento sindical,
como mecanismo de defensa frente a las políticas represivas y
neoliberales, que están diezmando fuertemente las organizaciones
en ese momento. Nuevamente en el año 1982 se produjo un intento por reagrupar el Sindicalismo Independiente, a través del Comité de Unidad del Sindicalismo Independiente, CUSI, que se comprometió junto con el comité pro- central revolucionaria, en la construcción de la Central Unitaria Clasista, Democrática y Progresista, el CUSI reivindico los principios del sindicalismo independiente pero va dentro de la perspectiva de la construcción de una nueva central obrera. Abriendo grandes expectativas el 15 de noviembre de 1986 se reunieron cerca de 18000 delegados y fundan la Central Unitaria de Trabajadores CUT, como producto entre otros factores de las luchas unitarias dadas desde 1977, la crisis de legitimidad de las otras centrales. La creación de la central es el primer paso para la consecución de un proyecto unitario. En la década de los 80`s se configura un modelo de represión donde impera el recurso paraestatal, en este interregno se pueden ubicar dos elementos fundamentales, de un lado el impulso a un proceso de paz con el presidente Betancur y, de otro, el desarrollo de formas extralegales y clandestinas de represión Según el profesor Uprimny durante el periodo presidencial de Betancur se “modifica el marco político y jurídico de la acción represiva precedente” lo cual implica que el ejercicio represivo no se llevara a cabo por los acostumbrados -hasta el momento- mecanismos institucionales, abiertos, y legales, sino que por el contrario, “en tales años se consolida la represión paraestatal y la guerra sucia”, este nuevo accionar va evidenciarse en el aumento de las desapariciones forzadas, amenazas y asesinatos con móvil político y un paulatino retroceso en la cantidad de detenciones oficiales. La guerra sucia hace su aparición simultánea al desarrollo del proceso de paz, estableciendo como principales objetivos a guerrilleros anmisitiados en un primer momento, y en una segunda etapa se dirigirá a líderes sindicales y magisteriales. La toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, parece establecer una inflexión a partir de la cual se intensifica la represión paraestatal, que se acrecienta aun más con el rompimiento de las negociaciones en 1987, golpeando en esta tercera etapa con más fuerza a los defensores de derechos humanos. Según datos de la Fiscalía General de la Nación en esta década se registran tan sólo 15 homicidios en el sector sindical, cifra que no se compadece de la grave situación humanitaria que afrontan los líderes en ese momento. Del registro que tiene en su base de datos la Fiscalía General de la Nación, el sector más victimizado, para ese momento es el magisterio, que desde entonces proyectaba la masacre que pesaría sobre las personas que están a cargo de la educación del futuro del país, los maestros y maestras de Colombia, registran seis homicidios del total de quince, esta conducta afecta básicamente al Sindicato de Educadores de Risaralda SER con el 40% de los asesinatos. De esta manera del 100% (15 casos) que están relacionados en el ente Investigador, el 60% se encuentra en practica de pruebas, el restante número correspondiente al 33% de los casos, las diligencias se encuentran suspendidas y el restante 7% recibió una sentencia inhibitoria, de esta manera nos enfrentamos a la decepcionante conclusión que en ninguno de estos casos se presenta una sentencia condenatoria. En cuanto a la identificación de los responsables encontramos, que es una de las falencias más importantes a lo largo de la investigación, pues del total de los casos, en ninguno se ha obtenido la individualización de los posibles responsables materiales del homicidio. De la totalidad de la muestra tan solo esta radicado un caso en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, sometiendo estos crímenes contra la sociedad en general al conocimiento de Fiscales Especializados en un 53%, y de Fiscales Seccionales en un 47%. Pese a que en su base de datos la Fiscalía no registre la magnitud de la crisis humanitaria que experimentan los sindicalistas colombianos, y su registro del accionar criminal sea deficiente, no se puede negar que los asesinatos y demás crímenes cometidos en este interregno forjan las formas represivas que sobrevendrán. En este momento el terror paramilitar opera una manera más abierta y descarada, reivindicando con más frecuencia la creciente cifra de asesinatos y desapariciones, de igual manera, generalizan el empleo de “listas negras” Las cifras de violación a los derechos humanos muestran las tendencias, tan sólo en el periodo de 1981 a 1982 el número de asesinatos se dobla (de 269 pasa a 525), manteniendo desde este año un aumento sostenido, igual comportamiento muestran las cifras de desaparición forzada. Las amenazas que de 32 en 1981 llegan a 122 en el año siguiente, tendrán un comportamiento irregular y su punto más alto se presentará en 1987 cuando se registran 565 casos. El nuevo modelo represivo trocaba el encarcelamiento
arbitrario de los opositores políticos y su sometimiento a todas
las formas de tortura por la desaparición forzada y asesinato
para castigar a las diversa manifestaciones del movimiento popular,
aunque se generaliza el empleo del recurso paramilitar como un mecanismo
muy útil para eludir la deslegitimación jurídica
del Estado, garantizando a su vez la impunidad de los victimarios Los primeros cinco años de la década
del noventa, van a establecer una marcada victimización sobre
el sector agrario, ya que se van a encaminar esfuerzos para implantar
una guerra contra los trabajadores agrícolas agrupados en Sintrainagro
en al zona bananera de Urabá. Finalizando este quinquenio se
presentará uno de los picos más altos en cuanto a homicidios,
el año 1996 es testigo del mayor número de masacres que
tienen como objetivo primordialmente la población rural, pero
también en este año se presenta el mayor indice de asesinatos
de trabajadores en el país, ese año fueron asesinados
284 sindicalistas. En este periodo la más grave vicitimización
afecta a la Unión Sindical Obrera que cuenta con el 16% de la
totalidad de agresiones sobre el sector sindical en la década
del noventa; por su parte, el magisterio cuenta con el 15% de las agresiones,
en este interregno, encontramos que al interior del magisterio, la organización
sindical mas victimizada es el Sindicato de Educadores de Risaralda
SER, que cuenta con el 6% del total de las agresiones; las constantes
acciones criminales en contra de SINTRAINAGRO arrojan como resultado
que de 304 agresiones el 11.5% sean cometidas sobre sus miembros. De esta manera del 100% (304 casos) que están relacionados en el ente Investigador, el 37% se encuentra en practica de pruebas, el restante número correspondiente al 35.5% de los casos las diligencias se encuentran suspendidas y el restante 13% recibió una sentencia inhibitoria, de esta manera nos enfrentamos a la decepcionante conclusión que tan solo en el 1.4% de los casos se presenta una sentencia condenatoria. De la totalidad de la muestra tan solo esta radicado 5.5% (16 casos) en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, sometiendo estos crímenes contra la sociedad en general al conocimiento de Fiscales Especializados en un 22%, y de Fiscales Seccionales en un 25%. Estas cifras son contrastadas con las aportadas por la Comisión Interinstitucional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores que ha tenido entre sus objetivos unificar la información estadística relacionada con las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas, según estos datos entre 1991 y el 2000 se presentaron 820 víctimas de homicidio. Según la Central Unitaria de Trabajadores -C.U.T., en el 2001 fueron asesinados 192 sindicalistas, y en el 2002, la mencionada organización sindical reporta 148 crímenes contra la vida de los sindicalistas. Si se toma como base la información de la Comisión Interinstitucional citada y se le agregan los datos referidos del 2001, 2002 y de lo que va transcurrido del 2004, el acumulado resulta superior a 1270 muertes violentas de dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados. Situación reconocida por el defensor del pueblo en resolución del 23 de julio de 2002, mediante la resolución defensorial No 23. Por otro lado, en términos relativos, la Escuela Nacional Sindical señala que entre enero de 1.991 y diciembre de 2001 fueron asesinados 1.841 dirigentes y trabajadores sindicalizados, lo que supone un promedio de 184 homicidios por año. Aunque la evolución de los homicidios en el tiempo presenta variaciones intermitentes, según algunos analistas, las tasas de estancamiento y decrecimiento de la población obrera afiliada a los sindicatos, aumenta las dimensiones del fenómeno. De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical, Colombia presenta una de las tasas más bajas de cobertura sindical de América Latina, pues apenas llega al 7% de la población trabajadora y abarca cerca de 900.000 afiliados, mayoritariamente inscritos en la CUT. Si se considera esa base de población sindicalizada, la tasa de homicidios promedio de sindicalistas sería de 183.2 por cada 100.000 de ellos; índice que supera aún las altas tasas de homicidio registradas en Colombia (tasas en promedio de 75.5 por cada 100.000 habitantes). En el siguiente recuadro se aprecia en forma discriminada las violaciones de derechos humanos al sector sindical, durante los últimos años: Total asesinatos año 1999 ..................................83 Total asesinatos año 2000................................ 135 En el contexto general de los cambios y superposiciones
entre conflictos laborales y guerra, el año 2001 presenta un
aumento de la violencia contra dirigentes sindicales, pues en ese año
se reporta el mayor índice de homicidios de dirigentes con 199
casos. Paralelamente, en ese año se aprecia la instrumentalización
de los actores armados por parte de administraciones municipales para
crear contextos de represión favorables a la aplicación
de la Ley 617 -referida al ajuste fiscal de las entidades territoriales-,
y el aumento de la violaciones a los derechos humanos de sindicalistas
ubicados en los grandes centros urbanos del país (Bogotá,
Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga y Medellín), como consecuencia
del proceso de urbanización del conflicto armado. Total Amenazas ..............................................................352 Información aproximada dada por la base de datos de la Central General de Trabajadores Democráticos CGTD: Total Asesinatos ..................................................................7 Total violaciones a los Derechos Humanos de los
Total Asesinatos a 31 de diciembre de 2002 ....................148
Total Asesinatos ................................................................94 Total violaciones a los Derechos Humanos de los Información aproximada dada por la base de datos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT: Total Asesinatos: .................................................................72 La información del banco de datos en derechos humanos de la ENS muestra que en Colombia, entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2003, fueron asesinados 90 sindicalistas, 295 fueron víctimas de amenazas de muerte, 20 sufrieron atentados contra su integridad personal, 6 fueron desaparecidos y 6 más fueron secuestrados. A este preocupante panorama se suman los 42 sindicalistas detenidos, los 12 allanamientos a residencias de dirigentes sindicales y los 55 casos de hostigamientos a dirigentes y a sus familias. De este ultimo periodo, hay tres asuntos que merecen destacarse: En primer lugar, los aumentos vertiginosos de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres sindicalizadas. En segundo lugar, del total de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, el 432 por ciento, fueron cometidas contra dirigentes sindicales, miembros de juntas directivas, comités ejecutivos y subdirectivas de las centrales sindicales. Los trabajadores afiliados a la CUT siguen siendo las mayores víctimas de las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad. Del total de sindicalistas asesinados, 84 estaban afiliados a esta central y 294 (99%) de los amenazados pertenecen a ella. Es necesario señalar, además, que todos los miembros de las subdirectivas de la CUT en los departamentos de Valle, Arauca, Caldas y Risaralda, recibieron amenazas de muerte y como consecuencia de ellas muchos tuvieron que desplazarse y exiliarse. En el 2003 se presentó una mayor magnitud en las violaciones referidas a las amenazas de muerte, el desplazamiento forzado y las privaciones a la libertad de trabajadores. El sello de las políticas de paz -o de seguridad- nos presenta como constante histórica, un aumento escandaloso de la represión al derecho de asociación sindical, la calificación de cualquier protesta sindical como ilegal, los hostigamientos de la fuerza pública a todo movimiento de protesta y el aumento de las amenazas a trabajadores sindicalizados en momentos clave de resolución de conflictos laborales. El aumento de las detenciones, los allanamientos y hostigamientos por parte de la fuerza pública a las organizaciones sindicales en el contexto de la estrategia de guerra del gobierno de Álvaro Uribe. La actual política gubernamental con los sindicatos de TELECOM, SINTRAEMCALI, ECOPETROL, SINALTRAINAL y el Seguro Social evidencian la existencia, tal como lo recordó el periódico El Tiempo en su edición del 1° de mayo, de “un Estado que dialoga con más facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legítimas del trabajo y que tiende a criminalizar la protesta social”. Se puede afirmar entonces que las detenciones “legales”, las retenciones arbitrarias, los allanamientos y los hostigamientos por parte de organismos estatales, se constituyen en elementos violatorios de la libertad individual y contribuyen a la generalización de una cultura antisindical que continúa señalando a las organizaciones sindicales como organizaciones colaterales a la subversión y como un estorbo para el progreso económico de las empresas. En lo que va corrido del año 2004 se cuentan 20 asesinatos de sindicalistas, según datos de la base de datos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Según la Base de Datos de la Escuela Nacional Sindical, en lo corrido del año se cuentan 2 secuestros, 143 amenazas de muerte, 2 victimas de allanamiento y 2 detenciones. Al mismo tiempo, en el contexto de conflictos laborales, la situación de seguridad personal de los sindicalistas colombianos y de sus familias ha empeorado, los espacios de concertación siguen cerrados, las amenazas contra los directivos de SINALTRAINAL, en el contexto de la huelga de hambre decretada por esta organización el 15 de marzo de 2004, el agravamiento de la situación del magisterio en diversas regiones del país y la declaratoria de ilegalidad de la Huelga de la USO; confirman, que el gobierno de AUV, carece de voluntad política y garantías para proteger el ejercicio de la libertad sindical, en materia de derechos humanos el gobierno aun no asume su función constitucional y legal de investigar seriamente, identificar y sancionar a tiempo con penas proporcionadas a los responsables de la comisión de estos crímenes. El aumento de las detenciones, los allanamientos, y hostigamientos por parte de la Fuerza Pública, evidencia la política antisindical del gobierno Uribe, pese a que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos han insistido en el hecho de que reformas como el estatuto Antiterrorista y el marco normativo de la política de seguridad democrática, es un instrumento útil para limitar el ejercicio pleno de los derechos de libertad sindical. El chantaje económico persiste cuando los trabajadores, mediante diversas acciones intentar defender los derechos de los colombianos, son acusados en la mayoría de los casos de "actuar contra el interés nacional", para implementar políticas lesivas la retórica gubernamental, reseña las luchas de los trabajadores colombianos como prerrogativas sin fundamento que van en contra de la igualdad y el bienestar general pero estas acusaciones no deben tomarse a la ligera en un país con un autoritario y egocéntrico Presidente, armado con un arsenal de leyes represivas de seguridad interna. La continua y progresiva victimización de activistas sumados al deterioro de los derechos laborales y al cierre de los espacios de concertación, hace explícita la postura antisindicalista del gobierno Uribe Los sectores sindicales más afectados son: El magisterio, en especial los profesores de primaria y secundaria del ámbito municipal y agrupados en FECODE, los trabajadores de la salud agrupados en ANTHOC y los miembros de las subdirectivas de la CUT de varias regiones del país. El caso del magisterio colombiano, que sigue siendo el caso más grave en el país, se encuentra relacionado con tres aspectos: En primer lugar, este sector realiza una gran presión política por su capacidad de protesta social y de interlocución política, y, por tanto, es estratégico para las protestas contra las políticas neoliberales y las de reducción del gasto social que se han aplicado en Colombia en la última década. En segundo lugar, este sector tiene la organización más importante y grande del país. Y, en tercer lugar, cuenta con la mayor diversidad en cuanto a ubicación geográfica de los trabajadores y de sedes escolares en zonas disputadas por los actores del conflicto armado. A la recurrencia de los asesinatos y demás actos de violencia contra los sindicalistas colombianos, se le suma la preocupación por la impunidad en que permanecen la mayoría de las violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los trabajadores sindicalizados en Colombia. Muchos de los homicidios no son investigados porque se desconoce el responsable o porque el sindicado es considerado por los investigadores como un miembro de un grupo armado ilegal. A esta impunidad casi absoluta, le ayuda el hecho de que el gobierno colombiano no toma medidas inmediatas para que las investigaciones cubran la totalidad de los hechos violentos, insistiendo en señalar que la violencia sindical es una consecuencia del estado de guerra que vive el país, y no el resultado de una violencia selectiva y discriminada contra los trabajadores y sus organizaciones. El nivel de impunidad alcanza un 99%, en este periodo los casos de homicidios a sindicalistas se evidencia una constante determinación procesal por parte de la Fiscalía General de la Nación a que las investigaciones queden en Preliminares, sean Suspendidas, Archivadas o resueltas con Preclusión de la Investigación, ello sin contar los casos en que no existe investigación penal. De esta manera del 100% de los casos registrados en el muestreo correspondiente a lo corrido del periodo presidencial de AUV, el 3% no tienen reporte de investigación originando que mediante la indagación para el presente trabajo ante la Fiscalía General de la Nación, se obtuviera que se iniciara la Investigación en este porcentaje. De los casos que están relacionados en el ente Investigador, el 82% será condenado a quedar en preliminares, al declarase resolución Inhibitorio y Archivo de la Investigación o es suspendida o simplemente no se hacen las labores para identificar a los responsables. El restante número pasaran a Instrucción o investigación formal y de allí, apenas el 2% serán llevados a juzgamiento, con la triste realidad de solo presentarse en un caso sentencia condenatoria. Entendiendo que este fallo condenatorio se establece para el o los sicarios que efectuaron la conducta, y que frente a las organizaciones criminales Estatales y Paraestatales, la guerra sucia y el terrorismo de Estado que esta detrás de estos crímenes de Lesa Humanidad el manto de la impunidad protegerᬠsus rostros. En cuanto a identificación de los Responsables tan solo en el 0.5%, ("donde se obtiene con fundamento en la verdad procesal y la carga probatoria esgrimida en el proceso penal una sentencia condenatoria) e individualización de los posibles responsables en el 7% de los casos. Siendo imposible determinar los responsables materiales del asesinato como sus determinadores en un 70%" de los casos. De igual manera, se ha establecido que a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos (Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rigth Watch y la OIT) y de los organismos del ministerio publico de la nación de fortalecer la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalia General de la Nación, como entidad idónea para seguir los casos por violación a los Derechos Humanos de los sindicalistas colombianos, solo se presenta que de la totalidad de la muestra están radicados en esta dependencia el 13% de las Investigaciones, sometiendo estos crímenes contra la sociedad en general al conocimiento de Fiscales Especializados en un 34% y de Fiscales Seccionales en un 53%,agravado por la situación que hoy en día el debilitamiento de la Und. Nal. De DDHH y DIH, es constante y escalonado, clarificando la intención del Estado colombiano para el presente caso en cabeza del presidente Alvaro Uribe Velez y el Fiscal General Luis Camilo Osorio en trazar la impunidad en los casos de violaciones a los Derechos Humanos de los colombianos como objetivo central de su administración. Se concluye de la misma manera que frente a los asesinatos de sindicalistas en Colombia, existe una clara tendencia a realizarlos de manera selectiva y con la doble acción de eliminar físicamente al líder sindical y debilitar de manera gradual la organización de los trabajadores, entiendo que estos crímenes responden a reprimir el libre ejercicio de la Libertad sindical y no es como se ha tratado de establecer por parte del gobierno nacional y el sector privado, que la muerte de sindicalistas responde a la existencia de un conflicto armado en el país, ya que si sumamos el porcentaje de Dirigentes sindicales asesinados (32%) y de activistas (31,5%)(figura sindical que se enmarca como el afiliado que por su interés y creencia en la defensa de los derechos de lo trabajadores, realiza actividades propias de la dirigencia sindical, y se encuentra atento y con disposición de seguir las directrices del sindicato) encontramos que en un 63.5% se esta atacando la libertad de asociación y la identidad de aquellos sindicatos que tienen poder de presión ante el Estado y algunas empresas privadas, registrándose los asesinatos en los periodos de negociación o cuando existe tensión entre el empleador y el sindicato. De esta muestra estadística, se determina los sectores laborales o productivos donde mas ha sido golpeado el sindicalismo colombiano. Es alarmante la situación de los maestros (FECODE) en el país, quienes tienen la labor de educar y formar al futuro de nuestro país, esta siendo masacrado sin ninguna contemplación siendo el sector mas afectado en un rango del 36% del total de Homicidios a los cuales se les ha hecho el seguimiento judicial, en su orden encontramos al sector publico en un 20%, a los trabajadores de la salud (en cabeza de ANTHOC) en un 8%, el sector campesino en un 7%, los trabajadores de la administración de la justicia en 5%, como los del ramo industrial (5%), seguido por el particular situación de los trabajadores de la industria alimenticia en cabeza de SINALTRAINAL que registran el 4% de los casos al igual que los trabajadores de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol (sindicato USO), y ¬seguidamente transporte y minería con un 3%, las madres comunitarias y trabajadoras de los hogares infantiles en un 2% del total de los casos, para .' terminar con un 1% en los trabajadores del sector bancario, vigilancia, construcción y otros. Todos y cada uno de los casos con una material importancia, presentándose que en el 82% de la totalidad de los casos donde se registra el homicidio de un sindicalista, quien cumple las funciones como empleador o es determinante en la relación empleador, sindicato trabajador es el Estado Colombiano es su poder ejecutivo y judicial Constante hostilidad por parte de la Fiscalía General de la Nación, al momento de suministrar la información, especialmente en los casos de Cundinamarca, Valle, la Costa Atlántica y la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH. Hostilidad consistente en la demora en su contestación, falta de rigor y precisión al momento de transcribir la información, hasta el punto como ocurre con la Dirección Seccional de Cundinamarca de dar información parcial, desajustada a lo solicitado y tendiente al sarcasmo. El promedio de casos donde no existe investigación por parte de la Fiscalía, ejemplo de ello las Seccionales Medellín y Antioquia, que a partir de la presentación de los Derechos de Petición han iniciado la investigación en cuatro (4) casos donde no existía ningún reporte de investigación a nivel Técnico Judicial o del proceso Penal, situación que no se repite en la mayoría de Seccionales a pesar que no reportan investigación en algunos casos no informan sobre la disposición de medidas tendientes a verificar los hechos, inclusive se ha presentado la singular comunicación de solicitarnos información sobre la autoridad que realizo el levantamiento del cadáver, para comenzar a indagar sobre la ocurrencia del homicidio Ante esta gravísima situación, se plantea
la necesidad de adelantar acciones contundentes para presionar al Estado
colombiano, por parte del movimiento de derechos humanos y el sindicalismo
internacional para proteger la vida y la integridad de los derechos
humanos y laborales de los trabajadores sindicalizados. Entorno a este objetivo se propone una estrategia que posibilite la concatenación de esfuerzos para defender la acción sindical en Colombia.
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Saravena, Caravana Internacional por la Vida de los Trabajadores y Trabajadoras Colombianos, a 24 de junio de 2004. UN POCO DE LO QUE VIVIMOS Y VIMOS: La Caravana Internacional por la Vida de los Trabajadores y Trabajadoras Colombianas ha llegado a un oasis de coraje y humanidad. Ha sido un honor profundo ser parte de un proceso colectivo como el llevado a cabo por impulso de las organizaciones convocantes de este importante evento por la vida. En las localidades de Pueblo Nuevo (con más
de 500 asistentes) y Saravena (con representación de 18 organizaciones
sociales, sindicales, juveniles, campesinas, defensoras de DD.HH., etc.
del municipio), reuniones mantenidas con amplios sectores sociales del
Departamento nos han permitido recopilar múltiples testimonios
que revelan la violación de los Derechos Humanos de la población
araucana. Un ejemplo trágico e ilustrativo de estos hechos es
el acontecido el 20 de mayo en el municipio de Tame, donde fueron asesinados,
a manos de grupos paramilitares, 11 campesinos (miembros de las comunidades
de Flor Amarillo, Cravocharo, La Primavera y Piñarito). Simultáneamente,
en Mate Topocho fueron asesinados 8 campesinos más. Sólo
en Tame, han sido asesinados 108 campesinos en lo que va de año.
Los asesinatos selectivos son una constante en la región y para
la Caravana Internacional por la Vida de los Trabajadores es inconcebible
esta realidad. Los integrantes de la misión de Arauca en la Caravana
nos preguntamos: ¿cómo es posible que se den tales crímenes
en una región con tan alta presencia militar? Denunciamos, por lo tanto, la responsabilidad de las fuerzas de orden público presentes en la zona que permiten que, por acción u omisión y según consta en los informes que obran en nuestro poder, se siga atentando contra la vida y la libertad de los trabajadores y trabajadoras de la región. Comprobamos, durante las largas jornadas de viaje, la militarización del territorio. Entre Arauca y Pueblo Nuevo fueron 14 los retenes militares que encontramos. Ese número se incrementó en el transcurso de las últimas jornadas de viaje. No podemos decir, desde la realidad que durante estos días encontramos, que dichos controles militares velaran por la seguridad de los habitantes de la zona, ya que (a pesar de la presencia en todos los tramos de carretera de las fuerzas militares) es Arauca una de las regiones más azotadas por la violación de los Derechos Humanos desde el inicio de la campaña militar Borrasca I. Denunciamos también el constante control al que se ven sometidos los habitantes de la zona por parte de los efectivos militares que operan en la región. Apenas una decena de kilómetros supone casi una hora de viaje. Durante ese breve trayecto, un ciudadano araucano sufre múltiples identificaciones, registros y anotaciones de cédula que más tarde pueden servir para el ejercicio de la detención selectiva y la represión. Decenas de testimonios recogidos atestiguan la connivencia
de las fuerzas militares y paramilitares en la zona. Valoramos el coraje
de todas aquellas personas que denunciaron estas violaciones de Derechos
Humanos. Del mismo modo valoramos los testimonios de todas aquellas
personas que compartieron con nosotros su sufrimiento lejos de tribunas.
El miedo les impidió hacer público su sufrimiento pero
no les impidió contribuir con el fin último de este evento.
A todos ellos: muchas gracias. PROPUESTAS Y COMPROMISOS: Como comunidad internacional, asumimos el compromiso de contribuir a los esfuerzos por la recuperación del Arauca Majestuosa que antaño se disfrutaba y que los colectivos sociales araucanos están dispuestos a alcanzar gracias a un profundo sentimiento colectivo y organizativo. Para ello asumimos los siguientes objetivos: 1. Fortalecer los procesos organizativos y de denuncia en la
región de Arauca a través de la presencia permanente de
internacionales.
2. Campaña nacional e internacional contra las empresas transnacionales petroleras que operan en la zona.
3. A los compañeros de la Caravana Internacional, con el objeto de considerar un impulso a la Campaña Internacional contra la Coca-Cola, violadora de los Derechos de los Trabajadores, a través de los siguientes eventos:
CONCLUSIÓN: La Caravana denuncia la situación de crisis humanitaria y de Derechos Humanos que sufren los habitantes de la región y por ello se compromete a la búsqueda de soluciones, trabajando contra la impunidad en la zona e implementando éstas y otras acciones. Tales objetivos responden siempre a una estrategia integral para la resolución de un conflicto que nunca puede pasar por más militarización y muerte.
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ELEMENTOS INICIALES
PARA CONSTRUIR UN PROGRAMA Primer Borrador: 5 de noviembre de 2003. La contundente realidad mundial nos muestra una enorme injusticia social donde solo uno pocos privilegiados viven bien, dejando en la miseria y el hambre a millones de habitantes del planeta. Así es, la brecha entre países ricos y pobres todos los días se ensancha, así como las diferencias entre ricos y pobres al interior de todos ellos. Se está globalizando la pobreza y la exclusión social. Según el PNUD el 20 % más rico de la población mundial controla el 86 % del PIB mundial y el 82 % de las exportaciones de bienes y servicios. En la actualidad 500 Corporaciones transnacionales producen aproximadamente el 47% del PIB mundial, ocupando al 1,59% de los trabajadores de todo el mundo y en Colombia entre las 220 ETN y los 5 grandes grupos monopólicos colombianos generan más del 50% del PIB y sus capitales están mucho más allá del equivalente al 70% de este. A pesar que los gobiernos de los diferentes países han acordado compromisos para erradicar la desnutrición, están muy lejos de haberlos cumplido. En efecto, en el mundo de hoy mas de 800 millones de personas sufren hambre, -8 millones en Colombia sufren hambre severa- y más del doble sufren desnutrición -el 65% de la población colombiana, 28 millones de personas, sufren algún grado de desnutrición -. Al menos 1.300 millones de seres luchan por sobrevivir con menos de un dólar por día -en Colombia, al menos 9 millones de personas sobreviven con tal cifra, lo que equivale al 21% de la población- . Cada día unas cien mil personas mueren de hambre en el mundo y si a ello añadimos aquellas que mueren por epidemias y guerras en los países del Tercer Mundo, la cifra de muertos por causas atribuibles al modelo neoliberal ascendió en el año 2000 a mas de 58 millones. Esto es, una cifra superior de muertos a los que ocasionó la II Guerra Mundial durante seis años. Transformar esta realidad es inaplazable. Hay que construir un nuevo tipo de desarrollo y una nueva forma de resolver el problema de la soberanía y la seguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre. ¿Qué es la Soberanía alimentaria? Se entiende por Soberanía Alimentaria el derecho de los pueblos a construir un Sistema Nacional Agroalimentario, autónomo, independiente y sostenible. Para lograrlo este sistema debe estar dirigido por los trabajadores y garantizar la participación decisoria de las amplias mayorías de consumidores. Un Sistema Agroalimentario Soberano debe garantizar la superación de la desnutrición y el hambre, lograr seguridad alimentaria para el pueblo, desarrollar formas adecuadas de explotación de los recursos productivos y eliminar las injustas condiciones de los trabajadores y pequeños productores de alimentos. El ejercicio de la soberanía alimentaria se debe centrar en garantizar el derecho de los pueblos a la alimentación, lo cual implica resolver las necesidades alimentarias humanas -naturales y creadas-; mejorar su calidad de vida y posibilitar la conservación y protección del medio ambiente. Es preciso que sean los propios pueblos quienes soberana y autónomamente definan sus políticas de producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos y de generación, producción y abastecimiento de los insumos y servicios necesarios para operar el Sistema Nacional Agroalimentario. Para que haya soberanía alimentaría es determinante que exista seguridad alimentaria. Ello significa eliminar las causas económicas, sociales y políticas que generan en la población hambre y desnutrición; desarrollar una estructura productiva económica y socialmente justa y funcional a las necesidades del país y de sus habitantes y, que, por su eficiencia, garantice el abastecimiento interno de alimentos. Seguridad alimentaria significa, además, tener capacidad de manejar el abastecimiento alimentario interno sin correr riesgos de depender de las fluctuaciones de la producción nacional, de la producción o comercio de otros países o de los cambios imprevisibles de los factores naturales o del mercado alimentario internacional. Para poder sobreponernos a todos esos factores que nos limitan es preciso lograr mantener una producción regular suficiente para abastecer a toda la población en tiempos normales, acumular suficientes reservas estratégicas alimentarías y excedentes de exportación. Si tenemos soberanía, seguridad y autoabastecimiento alimentario se reducirá enormemente el impacto que tienen en nuestro país las fluctuaciones de los precios y las existencias a nivel internacional, las manipulaciones que sobre nuestras exportaciones hacen las Empresas Transnacionales, las cuales dominan el mercado mundial agroalimentario, así como las presiones, amenazas y bloqueos de los países imperiales. Es bien sabido que si no tenemos soberanía alimentaria seremos sometidos al hambre cuando no cumplamos la voluntad del imperio norteamericano o de las ETNs. Colombia tiene suficientes recursos naturales para auto abastecerse en bienes alimentarios y puede evitar llegar a esos extremos de dependencia y vulnerabilidad alimentaria a los que nos está conduciendo la política neoliberal. Para alcanzar estas metas se hace imprescindible el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la conformación de un fuerte movimiento que luche por alcanzar la soberanía alimentaria y eliminar el hambre. Solamente la organización de trabajadores, consumidores, pequeños y medianos productores de alimentos, mujeres cabeza de familia, indígenas y comunidades negras, entre otros importantes sectores, harán realidad estas propuestas. Para ello proponemos desarrollar un amplio programa educativo que nos permita conocer el problema, cualificar las alternativas y generar un liderazgo social que se convierta en referente social y político frente al problema del hambre. Objetivo General Desarrollar una amplia campaña de formación y difusión alrededor de la problemática agroalimentaria, sentando las bases para la formación de un Movimiento contra el hambre y por la Soberanía alimentaria. Objetivos Específicos 1. Capacitar y formar a 150 personas a nivel nacional
que asuman la tarea de promotores y promotoras del movimiento contra
el hambre. Ordenamiento Temático Dentro de la dinámica de formación de promotores trabajaremos por módulos y bajo la modalidad semipresencial, que implica la realización de jornadas de debate y luego un trabajo con apoyo de guías. Los módulos que proponemos de manera inicial son: Modulo 1. Contextos • Colombia y sus recursos productivos en el contexto
mundial, globalización Módulo 2. El problema mundial agroalimentario • Transnacionales y sectores estratégicos Módulo 3. El Problema Nacional Agroalimentario • Qué es Sistema Nacional Agroalimentario Módulo 4. Propuestas y Proyectos de Solución al Problema Agroalimentario • Propuesta de solución integral al Problema
Agroalimentario Módulo 5. Metodología de Construcción del Movimiento Contra el Hambre • Métodos de organización Hacia la comunidad en general, trabajadores de base, consumidores y demás sectores sociales desarrollaremos una campaña masiva de información y difusión con el apoyo de recursos didácticos escritos y audiovisuales. Se trata de trabajar algunos de los temas anteriores pero de manera más sencilla a partir del siguiente desglose: • Causas del hambre en Colombia y el mundo Para abordar este proceso se elaborarán los siguientes recursos didácticos: 1. Juego de 6 cartillas por cada uno de los temas Organizaciones con las cuales se discute el proyecto Organización Femenina Popular, Sinaltrainal, Coordinador Nacional Agrario, Instituto Nacional Sindical, Sintradin, Coorfincora, Corfuturo, Proceso de Comunidades Negras, Asociación Comunidad y Vida...
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Las personas que conformamos la Caravana Internacional por la Vida, adelantaremos las acciones pertinentes tendientes a obtener justicia en los tantos crímenes cometidos contra trabajadores y trabajadoras en los últimos dieciocho (18) años en Colombia, los cuales podrían configurar un cuadro de GENOCIDIO SINDICAL. La impunidad en Colombia respecto a crímenes de lesa humanidad es ya un lugar común, razón por la cual la caravana dará prioridad al escenario internacional de exigibilidad de justicia. En el campo jurídico, activaremos relaciones con O.N.G. asociaciones de abogados y juristas en procura de que adelanten las demandas correspondientes contra el Gobierno Colombiano y/o contra quienes se hayan beneficiado del genocidio; haremos cabildeos con gobiernos democráticos y con sus servicios de justicia a fin de que investiguen y sancionen los responsables de estos crímenes; y, respecto a los sistemas de protección de derechos humanos interamericano y de la ONU, buscaremos su pronunciamiento a través de la presentación de casos concretos. Finalmente, elevaremos consultas a expertos a objeto de estudiar la posibilidad de llevar casos específicos o el caso de GENOCIDIO SINDICAL ante la Corte Penal Internacional. En el campo no jurídico, las personas que conformamos
la caravana, impulsaremos un mecanismo de exigibilidad de justicia,
similar a un Tribunal Internacional de Opinión, que, sin perjuicio
de que se ocupe de casos emblemáticos violatorios de la vida
y la dignidad human, examine principalmente las políticas públicas
de carácter económico y social que han sido rechazadas
por los y las trabajadoras e igualmente las políticas públicas
y la legislación penal que permitió el GENOCIDIO SINDICAL.
Así mismo, el TIO, abrirá un escrutinio a las estructuras
legales y paralegales que instrumentalizaron las políticas públicas
y no públicas de terror contra el movimiento sindical colombiano.
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Impacto
de la globalización en el trabajo y el sindicalismo en Colombia Introducción en el contexto internacional A partir de la alineación en los 80´s
del eje Reagan-Tatcher, bajo las premisas que se incubaron desde la
Escuela de Chicago, se produjeron cambios fundamentales para el mundo
contemporáneo. Surgió un nuevo modelo económico
que enterraba al estado de bienestar y a muchas de las conquistas laborales
que se habían ganado durante un siglo de luchas. Las nuevas premisas
fundamentaban su idea en la eficiencia y autonomía del mercado
a costa de reducir el estado a su mínima expresión. Dejar
a las fuerzas del mercado el manejo de la economía en todos sus
campos, era la idea fundamental; en los 90´s se dio un giro en
las relaciones internacionales, los temas estrictamente políticos
y militares que otrora ocuparan el primer lugar en las relaciones internacionales,
fueron desplazados por los intereses económicos de las potencias
. La incidencia en Colombia de estos eventos se ha visto de muchas maneras, empezando con la promulgación en el 91 de una constitución que si bien definió unos derechos y libertades políticas importantes; también le abrió las puertas a la importación de bienes con reducidos aranceles, desprotegiendo y quebrando gran parte de la incipiente industria nacional; los sucesivos pactos de endeudamiento con el FMI, que comprometen cada vez mas al estado con una deuda impagable ; son solo algunos de los efectos locales de la “nueva ola” que rige al mundo En este texto nos ocuparemos de la incidencia de la globalización en las nuevas tendencias del trabajo y la organización sindical. La premisa de la que partimos es que la estabilidad para los sindicatos o para cualquier organización depende de su consolidación a partir de una base social con fuertes nexos sociales y políticos que se prolongan en el tiempo y el espacio, logrando una incidencia en la sociedad que la rodea y las acciones del estado; por lo tanto la desarticulación de la resistencia estará basada en acciones, legales o no, que se dirijan a desmembrar sus bases y abatir a sus lideres. Es de aclarar que muchas de las medidas que se mencionan en el escrito son de carácter general para la población, pero actúan de manera funcional dentro del establecimiento en contra de la resistencia, mas aún muchas de estas acciones son las que generan alguna oposición. Existen, a nuestro parecer, en este momento dos estrategias principales de ataque directo al movimiento social, por una lado la económica que proviene de los organismos financieros, las potencias y transnacionales asociadas; esta se ejecuta mediante los acuerdos del gobierno con la banca multilateral bajo presiones de EU y la UE, legislación favorable a la liberalización de los mercados, la concentración del poder en el ejecutivo y el control sobre las decisiones macroeconómicas fundamentales, que se toman desde Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda y la Banca Central. En el otro punto, que se interrelaciona totalmente, se encuentran las maniobras políticas que contienen la promulgación de leyes favorables a la flexibilización y reformas laborales-pensionales o la criminalización de la protesta social, también se incluyen la violencia política, el intento por crear sindicatos controlados, la manipulación de los grandes mass-media como las mas representativas.
Aparecen en esta década y bajo la batuta de los diferentes gobiernos una serie de políticas económicas que han mermado la influencia de las organizaciones de trabajadores; las principales tienen que ver con medidas que buscan acabar con la estabilidad en el empleo, mediante la promulgación de una serie de fórmulas que acompañan la reestructuración empresarial en pos de la eficiencia, se logran reducciones considerables de personal, no solo en el sector privado. Contratación temporal, subcontratación, contratación a destajo, por servicios, el salario integral; son tácticas en las que participan, en mayor medida, los brazos menos visibles de las empresas; maquilas, out sourcing, empresas fachadas, contratistas externos. Estas prácticas se generalizan alrededor del tercer mundo haciendo visible una política planteada a largo plazo por el gran capital. En Colombia es emblemático el caso del sector estatal que ha sido durante mucho tiempo el mas golpeado del movimiento sindical, evidenciando una directa responsabilidad del estado por acción u omisión. Aquí no solamente hablamos de crímenes, amenazas, hostigamientos, persecuciones judiciales y mediáticas; hablamos de la reestructuración del estado que asume niveles preocupantes con el actual gobierno. Mediante reformas a distintos organismos del estado, que abarcan; las reducciones de nómina, las reestructuraciones, fusiones y eliminaciones de puestos; este gobierno ha eliminado mas de 14.000 catorce mil puestos y se estima que la cifra alcance los 40.000 cuarenta mil . Como antecedente para resaltar se encuentra la ley 617 del 2001 donde estima la ENS (Escuela Nacional Sindical) se despidieron mas de 70.000 setenta mil empleados. Según los datos de la ENS en las entidades afectadas sobresalen Telecom que fue liquidada y despedidos sus 5.260 empleados, mas 1651 de sus empresas asociadas; la reestructuración del ISS que cambio de status a 13.399 trabajadores que pasaron a ser empleados públicos, con lo que las garantías laborales se reducen a su mínima expresión; la reestructuración del SENA que aspira a suprimir de su planta laboral a mas de 5000 cinco mil personas. Una mirada especial merece el tratamiento que este gobierno le dio a la huelga de la USO en Mayo de este año donde despidió a mas de 200 trabajadores dentro de las directivas y bases del sindicato . Las anteriores cifras demuestran que en los dos últimos gobiernos la aplicación del modelo se esta agudizando; incluso muchas de las reformas son irreversibles presentándose una contracción de los organismos del estado, por lo tanto de la función pública en general. El paquete de medidas que acompañan a la flexibilización se gestaron en los pactos económico-políticos internacionales arriba mencionados; se aplican mediante los acuerdos financieros con el FMI, BID y otros bancos regionales; la cooperación internacional a través de agencias como USAID esta supeditada a estos convenios; los tratados específicos como el TLC entran a complementar tales acuerdos. Incluso la presión se da sobre el control a las exportaciones, los mayores consumidores condicionan preferencias y cuotas al manejo de la política interna; desde la publicación de los documentos Santa Fe I y II se encontró, que esta era una de las armas utilizadas por EU para generar mayor dependencia del sur.
Hay que tener en cuenta que el proceso globalizador no se da de manera uniforme a nivel mundial, los cambios referidos anteriormente son tendencias que se dan de modo general, sin embargo nos interesa saber específicamente que pasa en el sur. La nueva dinámica del mercado ha profundizado un proceso que viene desde el siglo XIX, la “división internacional del trabajo”. Con la consolidación de economías industrializadas se le asigno el papel de productor de materias primas al tercer mundo, para después ser procesadas y comercializadas en el primer mundo; este situación se mantiene con la variación de que, gran cantidad de estas materias primas, ahora se produce en el primer mundo a menores precios; gracias a la innovación tecnológica y los subsidios. Sin embargo por condiciones geográficas solo en el trópico se pueden dar algunos productos importantes en el mercado mundial como el café y la coca. Durante el s XX nos vendieron la idea, que si seguíamos
los principios del libre mercado y le apostábamos a las premisas
del desarrollo; podíamos crear una base industrial sólida
que lograría acercarnos con los años al primer mundo.
Con esta falacia se mantiene una dependencia cada vez mayor en los procesos
productivos, que ha generado no solo, que estemos amarrados a las políticas
que dictan desde arriba si no que además, esta dependencia sea
cada vez mayor . La eliminación de la industria nacional (si es que alguna vez la hubo) tiene dos grandes causas, la apertura indiscriminada a las importaciones en el 91 y el proceso acelerado de concentración de la riqueza en grandes empresas al tiempo que su número se va reduciendo. Otro factor de carácter estructural se debe a que nunca hubo una verdadera noción empresarial , la economía en Colombia a parte de los grandes industriales ha sido de tipo rentista (ganadería, bienes raíces) y especulativa (sistema financiero). Una mención especial merece la cuestión del agro en Colombia, se observa como a nivel mundial se busca transformar el papel del campesino en el mundo. A partir de la políticas de ayuda y cooperación internacional de todo tipo de organismos (aquí cabe desde la FAO hasta USAID) se busca el control total sobre la producción agrícola mundial; lo que incluye la eliminación del campesino como productor semi independiente, para volverlo un trabajador asalariado . Mediante un contrato las empresas y el estado le prestan a los pequeños cultivadores para que asuman todos los gastos y riesgos de la siembra, luego la producción la compran las empresas al precio que mas les convenga. El método es impulsar mediante recursos y cooperación
técnica, la siembra de monocultivos extensivos de productos rentables
como palma africana, soya, algodón y maíz transgénico.
La idea es que se cultivan los mismos productos en todo el mundo y al
haber abundancia el precio cae (como paso con el café en los
90´s); la rentabilidad es para las empresas que compran y procesan
estos alimentos, al campesino asalariado le quedan deudas de su inversión
y nada de dinero. La acción política del estado como aniquilador de la seguridad laboral y sindical En la medida en que los intereses económicos toman prelación en las decisiones políticas a nivel mundial; la presión de las potencias, para que el sur tome medidas encubiertas o no en contra de los movimientos opositores al modelo, se hace evidente. Se observa que todo tipo de represión viene jugando un papel clave en la nueva agenda de los poderosos; con el resurgimiento de la protesta global en Seatle en el 99 se han generado toda clase de medidas judiciales, legislativas y policivas para su control. Es entonces obvio que este tipo de políticas se generalicen a nivel mundial, mas importante aún la promulgación de “la cruzada contra el terrorismo” a elevado a prioridad número uno las estrategias de seguridad. Cuando en el 2003 se activaron la protestas antiglobalización después del 11 de septiembre, el gobierno de EU emitió un comunicado donde vinculaba de manera directa cualquier protesta de este tipo con los ataques a las torres. Se sustentan estas acciones y muchas otras, en contra del movimiento social, en la nueva doctrina en las relaciones internacionales que borra la política de la disuasión y contención de la guerra fría y la reemplaza por las guerras preventivas. Este panorama ha configurado un nuevo escenario mundial que dio pie a una legitimación en la radicalización de algunos estados frente a sus conflictos internos. Al nacer la famosa coalición antiterrorista, dos países aprovecharon para ponerse a favor, sin condicionamientos, de la maquinaria corporativa-militarista en contra de Irak : España y Colombia aprovecharon el delirio internacional ante el abstracto enemigo del terrorismo, para endurecer sus políticas frente a sus “enemigos internos” La ETA y las organizaciones guerrilleras respectivamente. El asunto es que hay una nueva legislación de mano dura en Colombia, buscando atacar la base social de la subversión; traducción, toda oposición legal, militar, democrática y social será perseguida y reducida. Variadas formas ha tomado el ataque al movimiento sindical y en general a los movimientos sociales. La estrategia mas usual que ha mermado a gran parte del movimiento esta en la violencia física directa por medio de amenazas, masacres, desapariciones, secuestros y torturas . Existen otras estrategias mas silenciosas y muy efectivas en el largo plazo; una que se viene implementando recientemente en Colombia es la judicialización de lideres sociales, con el pretexto de ser colaboradores de la guerrilla. En redadas masivas han caído presos varios lideres de distintos sectores, en especial en las regiones. Esta maniobra ha tenido efectos positivos para el establecimiento en la medida en que se neutraliza y estigmatiza la protesta y se tiene un control sobre los lideres al tenerlos encerrados y vigilados. Es de conocimiento público que las tácticas de “la seguridad democrática” utilizadas frente a las organizaciones, operan de la siguiente manera: con los campesinos, indígenas y pequeños lideres comunales que se encuentran en la primera línea del conflicto, existe una campaña de exterminio físico, debido esto a que son grupos sociales con poca incidencia en el panorama internacional por lo tanto la presión eficaz, para que cese la violencia en su contra, es casi nula con algunas excepciones; entre los sindicalistas y estudiantes disminuyen los homicidios selectivos y aumentan las amenazas y judicializaciones. En contra de las organizaciones mas influyentes como algunas ONG´s se ha optado por utilizar el sistema jurídico en su contra y por las campañas de desprestigio en las que los mass-media juegan un papel decisivo. La importancia de la propaganda de estado a través de los grandes medios es muy importante debido a que la integración tecnológica mundial hace que los medios informativos en cualquier parte del mundo se conviertan en generadores de opinión e influencien las políticas a seguir por parte de los estados débiles. Como lo afirma el profesor Castells en la “era de la información”, en la cual nos encontramos, la concentración de los medios en grandes conglomerados económicos, ha generado que la información sobre lo que sucede en cualquier país sea emitida de acuerdo a unos intereses particulares. La revolución informática y de telecomunicaciones hace que cualquier noticia, en cualquier parte del mundo sea transmitida casi de manera simultanea; creando la sensación de estar presente en el lugar de los acontecimientos. Este proceso le da legitimidad a cualquier información emitida de esta manera, creando lo que algunos llaman la dictadura de los medios, para ir mas allá la dictadura informacional de CNN por ser el mas grande e influyente conglomerado noticioso. Es importante la influencia de los medios a nivel local
para entender el poco apoyo que le presta el país a los sindicatos.
Con la desaparición de la televisión pública los
noticiarios responsables frente a la verdad, han desaparecido. Los grandes
canales, propiedad de fuertes grupos económicos acaparan la atención
de la mayoría, existe un solo diario de circulación nacional,
las revistas de actualidad pertenecen a los mismos grupos; ante tal
panorama estos medios han construido una imagen del movimiento sindical
como una partida de corruptos, con una cantidad de privilegios que tienen
a varias empresas al borde de la quiebra ( sobre todo estatales), vínculos
con el terrorismo, saboteadores. Ante esta visión el pueblo tiene,
en los trabajadores organizados, una percepción alejada de la
realidad. Conclusiones El problema en este trabajo consistió en mostrar,
cómo una serie de decisiones y acciones que se han planteado
a nivel mundial, se relacionan con lo que pasa en Colombia. Cuando se
trata de medidas económicas las asociaciones son mas obvias ya
que las formulas del FMI, por ejemplo, son estándares para todo
el tercer mundo; mas importante aún es ver estas directrices,
emitidas como meros conceptos técnicos, que buscan replantear
a escala global las relaciones en el mundo del trabajo a beneficio de
las mafias corporativas. Los datos que se reseñan arriba dan cuenta de la agudización en la aplicación del modelo, se resalta entonces el papel del actual gobierno en la implementación de políticas antisindicales, Pero además se resalta también como la estrategia empleada por Uribe Vélez, se hace mas integral y sistemática a la vez que recompone sus tácticas; por una lado este gobierno hace alarde ante la OIT que los asesinatos de sindicalistas se redujeron entre el 2003 y 2004 en un 57% lo que no dice en su informe es que las amenazas y hostigamientos aumentaron de manera considerable según lo denuncio la CIOSL ante la misma OIT . Sumado esto a las tácticas judiciales y mediáticas que se aplican con fuerza en estos momentos nos vislumbran un panorama oscuro donde todo el aparato estatal se pone al servicio del proyecto de estigmatización de la lucha sindical.
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IMPACTO
DE LA GLOBALIZACIÓN EN LAS MUJERES. Dichas políticas de ajuste significaron en grandes
líneas la apertura total de los mercados internos a los bienes
de servicio y capitales financieros transnacionales, la reorientación
de la estructura productiva hacia la exportación de materias
primas y productos agrícolas, la eliminación de toda estructura
y responsabilidad social por parte del Estado, la privatización
de los servicios públicos y empresas estatales, el desmonte paulatino
de la legislación laboral y, al mismo tiempo una guerra total
contra los movimientos sindicales, sociales y políticos de carácter
reivindicativo. Con la apertura total de los mercados se dio vía libre a las empresas Transnacionales para invertir en el país y fortalecer a las empresas norteamericanas que con anterioridad tenían asiento en Colombia, principalmente las vinculadas a la explotación petrolera o a megaproyectos hidroeléctricos o turísticos. De la misma manera, ingresaron las del sector minero, muy a pesar de que Colombia no ha sido un país minero por tradición, sin embargo cuenta con grandes riquezas minerales, razón suficiente para convertirse en la reserva de algunas multinacionales que dilapidaron los recursos de Africa y Asia. Igualmente tenemos presencia en el país de multinacionales en el sector de la alimentación, de las flores, del sector Financiero, Alimentación entre otros. En América Latina el impacto del ajuste y la flexibilización ha tenido repercusiones muy severas en las mujeres que viven del trabajo; la política de bajos salarios ha ocasionado que los ingresos monetarios de los hogares se hayan reducido considerablemente. Esta situación ha provocado que los hogares recurran a la mano de obra de mujeres, niños y ancianos para lograr subsistir o mantener su nivel de consumo. Las nuevas condiciones de contratación flexible se muestran como un factor en el proceso de precarización del empleo. La clase trabajadora se ve cada día mas desprotegida debido al adelgazamiento del gasto social (educación, salud, vivienda, servicios públicos) y al persistente deterioro del salario real y el desmonte de la seguridad social. La generación y reproducción de puestos de trabajo baratos y desprotegidos, se utiliza como una estrategia para atraer la inversión extranjera y en ellos contratan fundamentalmente mano de obra femenina. La masiva incorporación de las mujeres en el mercado del trabajo, significó importantes incrementos en la tasa de participación (población económicamente activa) en relación con la población en edad de trabajar. Pero a pesar de la inserción de las mujeres en el mercado laboral, los condicionamientos para este acceso evidencian la marcada discriminación persistente a pesar de los avances legislativos en esta materia. Para el ingreso las prefieren jóvenes, con altos niveles educativos, lo que contrasta con la precarización del trabajo y no se corresponde con el salario; el 80% de la PEA gana menos de dos salarios mínimos. En Colombia la PEA es de veinte millones de los cuales diez millones seiscientas mil son mujeres (52.9%), la población ocupada es de diecisiete millones y el total de la población ocupada en el trabajo informal es de diez millones quinientos mil, de los cuales cinco millones son mujeres trabajadoras entre 12 y 56 años (47.5%) ; el total de la población subempleada en trabajos formales e informales es de seis millones doscientos cincuenta mil (36.4%). La precarización del trabajo afectó principalmente a las mujeres pobres; la tasa de ocupación femenina entre 1990 y 1997 pasó de 37.7% a 41.2% ; en los hogares mas pobres por ingresos esta tasa no creció y se mantuvo en un nivel bastante bajo, cercano a 26%. Este comportamiento tiende a repetirse en todas las zonas urbanas de Latinoamérica, aunque en Colombia el sesgo del mercado contra las mujeres en situación de pobreza es mas dramático. De acuerdo con el estudio de la CEPAL, las mujeres en los estratos de ingresos mas bajos enfrentan mayores limitaciones para incorporarse al mercado de trabajo: mayor actividad en el trabajo doméstico no remunerado, menos beneficios (salarios inferiores) y fuertes restricciones y exigencias por el lado de la demanda, La falta de facilidades (guarderías, jardines infantiles, escuelas etc) para compatibilizar la doble naturaleza del trabajo de las mujeres, esto es, el trabajo doméstico con el trabajo mercantil se refleja en una baja incorporación de las mujeres de estos hogares al mercado de trabajo formal. En el país, el comercio y los servicios son las ramas de actividad que generan mayor empleo para ambos sexos. Las mujeres se concentran allí en mayor proporción que los hombres. En 1992, en las cabeceras, el 41% de las mujeres estaba en la rama de los servicios y el 30% en el comercio. En el 2001, aumenta ligeramente la participación femenina en ambas ramas. En cambio la Industria que ocupaba el 20% de las mujeres en 1992, solamente emplea el 16% en el 2001 y en la actualidad esta participación ha decaído considerablemente. En cambio el sector de los servicios se “feminiza” (pasa del 57% al 70%) y la participación femenina aumenta en el sector financiero. En general, las disparidades de ingreso en el mercado de trabajo aumentaron en América Latina, en particular entre el trabajo calificado y los de menor calificación; entre sector formal e informal, entre hombres y mujeres. A pesar de que las mujeres han ingresado masivamente a la fuerza de trabajo, se registra un proceso de terciarización de la población activa femenina y de precarización de sus empleos, segmentación laboral vertical y horizontal según los sexos, remuneraciones notablemente inferiores al de los hombres y alta participación de las mujeres en el sector informal. En consecuencia, las mujeres afrontan un triple aumento en la disparidad de las remuneraciones al concentrarse en trabajos de menor cualificación, por su mayor inserción al sector informal y por la discriminación de sexos. El sector informal provee hoy en día la mayor proporción de empleos en muchos países en vía de desarrollo; durante los últimos veinte años este sector ha crecido rápidamente en todo el mundo. En Colombia, de la PEA, el 60% se encuentra en la informalidad, el 55% son mujeres y de éste, solo el 1% está organizado. La mayoría de las mujeres que trabajan en el sector informal lo hacen desde sus hogares o como vendedoras ambulantes y están totalmente desprotegidas (Salud y Seguridad Social), además, son víctimas de maltratos, persecución, decomiso de sus mercancías y privación de la libertad. Esta situación es aún mas conflictiva, si tenemos en cuenta que muchas de ellas realizan su trabajo en las calles, acompañadas de sus hijas e hijos. Los estudios sobre las relaciones de Género en los sectores populares urbanos en América Latina, han destacado en los últimos años el aumento de la “Jefatura Femenina”.En Colombia, el desplazamiento masivo como consecuencia del conflicto armado y la violencia en general, han incidido para que este fenómeno se dispare. Durante el último período, el porcentaje de jefes de hogar pobres pasan del 44% al 5l% para hogares cuya cabeza es una mujer y del 52% al 54% para los hombres, observándose un proceso mas agudo de empobrecimiento de las mujeres. Varios estudios documentan el papel de las mujeres populares en el sostenimiento de sus hogares, su rol como proveedoras principales de hecho o como co-proveedoras cuyo aporte económico es decisivo para asegurar la supervivencia de la familia. Los datos analizados permiten asociar el aumento de la jefatura femenina con un aumento en la informalidad, la pobreza y la indigencia. Las empleadas domésticas constituyen una categoría de trabajadoras especialmente vulnerables, por las condiciones de bajos salarios, escasa regulación y mínimo reconocimiento social de su trabajo. En las estadísticas oficiales, ha sido incluido dentro de la categoría del sector informal por la precaria regulación legal del mismo, a pesar de la existencia de una legislación laboral que ha ido superando algunas discriminaciones formales entre las trabajadora domésticas y el conjunto de los trabajadores asalariados. En los últimos años el deterioro general del mercado de trabajo colombiano, la crisis humanitaria y el fenómeno del desplazamiento masivo de poblaciones rurales, ha aumentado nuevamente el papel de esta alternativa como forma de supervivencia para las mujeres emigrantes. Las desigualdades estructurales del país que han significado un atraso educativo muy grande del campo con respecto a la ciudad, inciden en la presencia de nuevos contingentes de trabajadoras vulnerables, que desconocen sus derechos y las posibilidades de defenderlos. Otro contingente importante es el de Madres Comunitarias, que surge como consecuencia de la falta de responsabilidad social del Estado Colombiano, con una población bastante vulnerable, que es la población infantil. En el país, hasta el 2001 habían 83.000 madres comunitarias y en la actualidad son 78.000; al inicio de este programa (1987) recibían $2.000.oo mensuales, no eran consideradas trabajadoras y su labor, como en la actualidad, deben realizarla en sus viviendas de habitación, donde por lo general, atienden entre 12 y 15 menores por hogar. La seguridad social en Salud, debe ser cotizada por la madre comunitaria, sin que su grupo familiar pueda beneficiarse, porque éste es atendido en el régimen subsidiado (Sisbén) y sobre la base de medio salario mínimo, que es lo que actualmente perciben por su trabajo. Por otra parte, la Floricultura es una de las principales actividades económicas generadoras de divisas y empleo para el país. Colombia, es el segundo exportador mundial de flores después de Holanda. Según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores Asocolflores 75.000 personas son empleadas directamente en la floricultura y 50.000 más de manera indirecta en trabajos relacionados con esta agroindustria. El 70% de la mano de obra vinculada a este sector es femenina, en su mayoría, mujeres cabeza de familia y su nivel educativo es muy bajo. La contratación se realiza a través de empresas de servicios temporales, con personal exclusivamente entre 18 y 25 años de edad, utilizando un sistema de subcontratación, vinculadas por tiempos cortos, con contratos entre 3 y 6 meses. Algunas empresas buscan personas sin experiencia en el cultivo de flores, con el fin de reconocer una remuneración por debajo del salario mínimo ( $140.000.oo). Otras, informan que contratan personal y como prueba, las tienen laborando durante 3 o 5 horas diarias, sin remuneración alguna, supuestamente para comprobar si tienen experiencia en el cultivo. Con este trabajo no remunerado, las empresas obtienen utilidades sin inversión alguna, sobrexplotando a las personas que acuden a su llamado, con la esperanza de obtener el empleo. Aunado a esto, a las mujeres se les exige la prueba de gravindéx como requisito para acceder al empleo; el embarazo en la floricultura constituye una circunstancia nefasta para las empresas, lo que motiva a la no renovación de contratos. En algunos casos de contratos a término indefinido, que son muy pocos, se les presiona a las trabajadoras para que renuncien. Pero además de lo anterior, este trabajo genera riesgos importantes para la salud de las trabajadoras y trabajadores; entre otros factores, las altas temperaturas, el uso intensivo de plaguicidas bajo invernadero, las posturas incómodas y los movimientos repetitivos que requiere este trabajo, el clima de tensión por la exigencia de rendimientos altos, traen como consecuencia, enfermedades profesionales que no son asumidas por las empresas contratantes. Estos factores de riesgo se hacen más graves cuando las trabajadoras se encuentra en período de gestación, puesto que no solo afectan a la madre sino al ser en gestación; es preocupante, que aún no existen en las empresas políticas claras que protejan a las trabajadoras (es) y mucho menos a las gestantes, a pesar de que la normatividad sobre salud ocupacional, así lo exige. Según afirmó el economista Marcel Claude en el lanzamiento en Chile del informe de Oxfam Más por Menos, “El trabajo indecente es la característica de la Globalización. Se refiere entre otros, al trabajo de Maquilas. En los últimos 20 años, la liberación del comercio ha creado empleos para millones de mujeres, que hoy representan entre el 60 y 90 por ciento de la mano de obra, pero el problema, como lo señala Claude, es que estos empleos “están lejos de ser decentes y de calidad”. Además, afirma, que la “Globalización ha incrementado los derechos de las transnacionales y ha disminuido los de las trabajadoras y trabajadores”. El informe presentado por Oxfam, establece que las
mujeres forman parte de los últimos eslabones de las cadenas
de producción y que en estas labores, las mujeres potencian en
gran medida el mercado exportador de sus países, sin recibir
los ingresos, las prestaciones en salud Pero qué es el trabajo de las maquilas y cómo se realiza?; Las maquilas son una forma de explotación practicada en Centroamérica en los decenios de l940 y 1950, como fuerza de trabajo nueva, sobre todo de mujeres, con problemas y necesidades específicas. La mayor parte de las maquiladoras de América Central, se dedican a la industria del vestido, pero también las hay de montajes electrónicos. Las mauiladoras mas grandes son de propiedad coreana, taiwanesa y estadounidense. Producen para las mayores tiendas y marcas de EE.UU., que venden sus productos en Estados Unidos y Canadá. El trabajo en la maquila es intensivo, repetitivo y peligroso para la salud de los trabajadores, y en particular para las trabajadoras. Con el fin de sobrevivir con los bajos salarios que reciben, mujeres y hombres trabajan mas de doce horas por día, sin recibir pago adicional por horas extras. Muchas mujeres eligen trabajar en los turnos de la noche para estar con sus hijos en el día; como resultado, son comunes las enfermedades y problemas relacionados con el Strés. El uso inadecuado de químicos tóxicos, es una de las causas principales de los problemas de salud en general. En muchos casos, las mujeres son obligadas a trabajar más de 12 horas diarias, con el agravante de recibir bajos salarios, malos tratos, despidos injustificados sobre todo a mujeres embarazadas, acoso y violencia sexual, sitios inadecuados y talleres de baja tecnología. En Colombia a pesar de que esta política no es novedosa, se observan en algunos sitios del país, sobre todo en la zonas francas, e inclusive, se habla de maquilas en la ciudad de Bogotá; sus condiciones de trabajo son similares a las señaladas; la mano de obra fundamentalmente es femenina y mayoritariamente se encuentran en el sector de la confección. Como lo expresa Libardo Botero Campuzano, economista y profesor universitario, “No hay duda que uno de los propósitos relevantes del proceso de Apertura Económica adelantado por el gobierno, es el de fomentar en nuestro medio las maquilas. Es un intento por adoptar nuestro engranaje económico a las necesidades cambiantes de las grandes potencias industrializadas, lo mismo que a sus políticas. Se trata de conectar y moldear nuestro sistema productivo según las exigencias de las transformaciones que sufre la división internacional del trabajo. Mas concretamente a lo que algunos han llamado la Redistribución Industrial en el mundo y que otros califican como desindustrialización de la industria de las metrópolis desarrolladas”. En conclusión, la Globalización tiene distintas manifestaciones, que han sido expresadas de manera general; los procesos y estructuras de la globalización no pueden de ningún modo promover los derechos humanos y mucho menos garantizar un desarrollo humano sostenible. Como lo hemos señalado, la Globalización afecta a hombres y mujeres, pero significativamente a las mujeres, quienes son las mas pobres entre los pobres. Esto es lo que las mujeres hemos denominado “Feminización de la Pobreza”. ESTRATEGIAS ANTE LA GLOBALIZACIÓN: La implementación de las políticas económicas, seguidas al pie de la letra por el gobierno colombiano y, de acuerdo a los dictámenes de las organizaciones monetarias mundiales, al igual que la mal llamada “Política Antiterrorista” ha traído como consecuencia la disminución de los pocos derechos que aún conservamos los trabajadores y trabajadoras colombianas. Que más del 60% de la población Colombiana se encuentre bajo niveles de pobreza y que de los cuarenta y dos millones de ciudadanos y ciudadanas, once millones se encuentren en la indigencia, ponen en evidencia la cruda realidad de nuestro país. Las cifras que hoy registramos de violación a los derechos civiles y políticos, nos deben llamar la atención: En el 2003 fueron asesinados 90 trabajadores (as) sindicalizados 295 recibieron amenazas de muerte, 20 fueron víctimas de atentados contra su vida, 6 fueron secuestrados y 6 desaparecidos. A esto le sumamos la cifra aproximada de un centenar de detenciones, los allanamientos a sus viviendas, a las sedes sindicales y los hostigamientos y persecuciones. De estas cifras, 104 mujeres fueron amenazadas de muerte, 27 asesinadas, 8 fueron detenidas, 42 desplazadas, 2 secuestradas, 2 viviendas allanadas, varias mujeres exiliadas y 2 fueron víctimas de atentados. Es decir, en el 2003 con respecto al año anterior, hubo un aumento de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en un 600%. Ante este panorama creemos que es necesario: Retomar la Bandera de los Derechos Humanos Integrales, como estrategia ante la Globalización. Eso debe permitirnos, hacer exigible lo contemplado en la Convención contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer y el cumplimiento del Estado de los Convenios Internacionales suscritos. Esto posibilitaría, que las Madres Comunitarias, sean consideradas Trabajadoras, con la debida protección del Estado y beneficiarias de plenos Derechos; de la misma manera, las trabajadoras de la Floricultura, del trabajo doméstico, y poder superar la brecha salarial entre hombre y mujeres, que en Colombia aún es del 25%. Fomentar una cultura de Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres, e impulsar amplios programas de concientización en todos los niveles de la enseñanza; de la misma manera, incorporar la educación en derechos humanos con perspectiva de género, raza y etnia, en todos los niveles de la enseñanza. Organización de las trabajadoras y los trabajadores, solo el 4% de la población trabajadoras se encuentra sindicalizada. Es necesario fortalecer los Sindicatos de Industria con la participación de las mujeres, pero además con los hombres que no se encuentran sindicalizados y trabajar por la construcción de una Central Única en el país, que permita confrontar de mejor manera los efectos de la Globalización. Asegurar la plena inclusión de la perspectiva
de Género, tomando en cuenta la diversidad étnico-cultural
y generacional, en el diseño y ejecución de los planes
nacionales de Desarrollo y de las políticas y programas públicos
en todos los ámbitos de la acción del Estado, así
como en los presupuestos para financiarlos. BIBLIOGRAFÍA:
Yuli González Villadiego
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LA FLORICULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS En la reunión de intercambio con organizaciones sociales y miembros de las comunidades, fue presentada una breve reseña sobre la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la agroindustria de las flores en Colombia. Para una mayor comprensión del tema les entregamos tres materiales aportados por la Corporación Cactus.
Estos materiales los puede ver en formato PDF aquí
Harmhel Antonio Dalla Torre Salguera El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que se espera que en el año 2025, la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana será un 56% superior que el suministro... y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado. Se calcula que para los 6.250 millones de habitantes a los que hemos llegado se necesitaría ya un 20% más de agua. La pugna es entre quienes creen que el agua debe ser considerado un commodity o bien comerciable (como el trigo y el café) y quienes expresan que es un bien social relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la soberanía nacional y las herramientas legales son también parte de este combate. Para comprender el problema, hay que considerar un rosario de datos basados en la extracción, distribución y consumo del agua -lo muestran la Biblia o el Corán- que poseen la edad del mundo; que han dado lugar a conflictos de gran magnitud. Lo nuevo del caso es que, desde hace una década, se acumulan las cifras que presagian que el planeta se encamina a una escasez cada vez más marcada. El problema es que el agua es un recurso que se da sentado en muchos lugares, es muy escaso para los 1.100 millones de personas que carecen de acceso Aragua potable, a las que habría que sumar otros 2.400 millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento adecuado. Más de 2.200 millones de habitantes de los países subdesarrollados, la mayoría niños, mueren todos los años de enfermedades asociadas con la falta de agua potable, saneamiento adecuado e higiene. Además, casi la mitad de los habitantes de los países en desarrollo sufren enfermedades provocadas,directa o indirectamente, por el consumo de agua o alimentos contaminados, o por los organismos causantes de enfermedades que se desarrollan en el agua. Con suministros suficientes de agua potable y saneamiento adecuado, la incidencia de algunas enfermedades y la muerte podrían reducirse hasta un 75 por ciento. La mayoría de las regiones, el problema no es la falta de agua dulce potable sino, más bien, la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y sus métodos. La mayor parte del agua dulce se utiliza para la agricultura, mientras que una cantidad sustancial se pierde en el proceso de riego. La mayoría de los sistemas de riego funcionan de manera ineficiente, por lo que se pierde aproximadamente el 60 por ciento del agua que se extrae, que se evapora o vuelve al cauce de los ríos o a los acuíferos subterráneos. Los métodos de riego ineficiente entraña sus propios riesgos para la salud: el anegamiento de algunas zonas de Asia Meriodinal es el determinante fundamental de la transmisión de la malaria, situación que se reitera en muchas otras partes del mundo. Casi la mitad del agua de los sistemas de suministro de agua potable de los países en desarrollo se pierden por filtraciones, conexiones ilícitas y vandalismo. A medida que la población crece y aumentan los ingresos se necesita más agua, que se transforma en un elemento esencial para el desarrollo. En algunas zonas, la extracción del agua ha tenido consecuencias devastadoras en el ambiente. La capa freática de muchas regiones del mundo se reducen constantemente y algunos ríos, como el Colorado en los Estados Unidos y el Amarillo en China, se secan con frecuencia antes de llegar al mar. En China, las capas freáticas acuíferas del norte han descendido treinta y siete metros en treinta años y, desde 1990 desciende un metro y medio cada año. El mar interior de Aral, en Asia Central, ya ha perdido la mitad de su extensión. El lago Chad era hace tiempo el sexto lago más grande del mundo, en la actualidad ha perdido casi el 90% de su superficie y esta agonizando. Este recurso es un bien tan necesario que podría pasar a ser objeto de peleas políticas, si se lo observa sólo como un negocio: represas, canales de irrigación, tecnologías de purificación y de desalinización, sistemas de alcantarillado y tratamientos de aguas residuales. No debe olvidarse el embotellamiento del agua, puesto que es un negocio que supera en ganancias a la industria farmacéutica. El origen de esta comercialización del agua habría que buscarla en noviembre de 2001, cuando los recursos naturales al igual que la salud y la educación, empezaron a ser objeto de negociaciones en la OMC (Organización Mundial de Comercio). La meta final es la liberalización de los servicios públicos para el 2005. Esto que suena árido y aburrido, puede simplificarse: lo que hasta ahora era regulado por los estados, pasará a ser mercado de libre comercio. Dentro de este contexto, existen dos escenarios probables: La apropiación territorial: Esto podría realizarse mediante la compra de tierras con recursos naturales (agua, biodiversidad), tampoco se descarta un conflicto militar. Esta última hipótesis, nos transporta a la última guerra en Irak (Marzo 2003) y la apropiación de las grandes petroleras estadounidenses de los recursos iraquíes. No se descarta que con esa guerra hayan querido controlar los recursos hídricos de los ríos Eufrates y Tigris... ríos caudalosos en una de las zonas más áridas del planeta. La privatización del agua En los últimos tiempos, las grandes corporaciones han pasado a controlar el agua en gran parte del planeta y se especula que en los próximos años, unas pocas empresas privadas poseerán el control monopólico de casi el 75% de este recurso vital para la vida en el planeta. Los gobiernos de todo el mundo -incluidos de países desarrollados- están abdicando de su responsabilidad de tutela de los recursos naturales a favor de las empresas, según ellos, para mejorar la provisión del servicio. Las grandes corporaciones no son muchas. Las francesas Vivendi y Suez (clasificadas en los puestos 51 y 99 respectivamente en el Global Fortune (500 de 2001). La Alemana RWE (en el puesto53), que adquirió dos importantes empresas de agua, Thames Water en el Reino Unido y American Water Works, en Estados Unidos de Norteamérica. La intervención privada dio pie, en algunos lugares a un aumento exagerado del costo del agua. En la Provincia de Tucumán-Argentina-, la empresa Vivendi enfrentó la furia popular y en Sudáfrica la empresa concesionada con el suministro no tuvo problemas en cerrar la canilla de un 80% de los pobladores de Alexandra Township por falta de pago. El Banco Mundial juega un papel clave, fomentando las privatizaciones prestando dinero para las reformas en el sistema de agua-, invirtiendo y finalmente como juez en caso de conflicto entre los inversionistas y los Estados. Mientras poblaciones no tienen acceso a la salubridad, grandes corporaciones venden agua pura embotellada para subsanar el mal. Entre 1970 y 2000, la venta del agua creció más de 80 veces. En 1970, se vendieron en el mundo mil millones de litros. En 2000, 84 mil millones. Las ganancias fueron de 2.2 mil millones de dólares. Los acuíferos más grandes que se conocen son:
El Acuífero Guaraní. El acuífero posee 132 millones de años. Sus orígenes se remontan a cuando Africa y América aún se encontraban unidas. Su extensión tiene las conocidas dimensiones del continente americano: 1.190.000 kilómetros cuadrados, una superficie más grande que la de España, Francia y Portugal juntas. Es conocido como el Gigante del MERCOSUR porque este inmenso reservorio de agua pura se extiende desde el pantanal en el norte de Brasil, ocupa parte de Paraguay y Uruguay y finaliza en la pampa Argentina. Incluso se sospecha que, a enormes profundidades, el acuífero se encuentra conectado con los lagos de la patagonia. El volumen total del agua almacenada es inmenso. El volumen explotable en la actualidad es de 40 a 80 kilómetros cúbicos, una cifra equivalente a cuatro veces la demanda total anual de la Argentina. La investigación sobre el Sistema Acuífero Guaraní (SAG) estuvo, hasta 1997, a cargo de la Universidad de Santa Fe y Buenos Aires, de la Universidad de Uruguay y de varias Universidades Públicas Brasileras. Pero a partir de esa fecha paso a ser parte de un proyecto financiado por el Banco Mundial y todo se tiñó de sospechas. En la Argentina, a través de un estudio realizado por Elsa Bruzzone se llegó a una preocupante conclusión: La cíclica presencia del Comandante del Ejército Sur de EEUU, en la Triple Frontera -Brasil, Paraguay, Argentina-, la declaración del Departamento de Estado y los rumores de que allí habría terroristas tiene un objetivo el control del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), un verdadero océano de agua potable subterráneo que tiene allí su principal punto de recarga. Brasil, también puso el grito en el cielo, al declarar a través de Aurelio Garcia que: EEUU puso al Banco Mundial y a la Organización de Estados Americanos al frente de un proyecto que busca detectar la magnitud del recurso, asegurarse su uso de manera sustentable, evitar la contaminación y mantener un control permanente hasta cuando lo considere conveniente. Quienes defienden la iniciativa de la Organización de Estados Americanos aseguran que por falta de dinero en las Universidades, se busco el apoyo de aportes provenientes del GEF, un fondo donde todos los países del mundo ponen dinero para desarrollar estudios y proyectos ambientales. Se presentó un buen proyecto y este fue aprobado, lo que significa que de alguna manera se están recuperando el dinero invertido en aquel fondo. El Banco Mundial maneja el aporte. Es como el operador de cuenta de un banco. El alcance del problema del agua no sólo apunta al bolsillo de cualquier consumidor, sino que es una estocada al estómago del fundamentalismo de mercado imperante en la aldea global, por lo cual todo tiene precio y con mayor razón lo que es escaso. La revista Fortune expresó: El agua promete ser en el siglo XXI lo que fue el petróleo para el siglo XX, el bien precioso que determina la riqueza de las naciones. Sin embargo, 160 gobiernos reunidos en la Haya -Holanda- en el 2000, acordaron definir el agua como una necesidad humana y no como un derecho del hombre. No es pura semántica... Un derecho no se compra.
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CENTRALES
OBRERAS PIDEN INVESTIGADOR CUT y CGTD denuncian violación de derechos y asesinato de trabajadores. El Gobierno dice que ha invertido 50 millones de dólares en protección de sindicalistas. La 92 Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra (Suiza), es la sede de un nuevo pulso entre el gobierno colombiano y los sindicatos. Ayer, cuando los ministros tuvieron la palabra, el titular de la protección Social, Diego Palacio, planteó la necesidad de que continúe el Programa Especial de Cooperación Técnica con la OIT, cuyo propósito es fortalecer la libertad sindical y donde esa organización invierte un millón de dólares. Además, respondió a los cuestionamientos que han formulado desde la semana pasada los dirigentes sindicales. Uno de los más directos ha sido el secretario general de la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), Julio Roberto Gómez, quien declaró en la asamblea que en Colombia no hay respeto por la vida ni garantías para el libre ejercicio sindical. Esta actividad, agregó, se ha convertido en la profesión más peligrosa, pues cada día son más los despidos y asesinatos de trabajadores y menos las respuestas por parte del Gobierno. Por eso, le solicitó a la OIT una investigación. A su turno, el presidente de la CUT, Carlos Rodríguez, denunció irregularidades cometidas por el Gobierno al declarar ilegal la huelga de la USO y el despido de más de 200 trabajadores, y pidió respeto para los derechos de los trabajadores. En Bogotá, el fiscal de la misma central obrera, Tarcisio Mora, informó que los trabajadores llevaron a Ginebra un estudio que demuestra la violación de sus derechos, como en la conformación de sindicatos y los abusos del Ministerio de la Protección Social para reconocer a las nuevas organizaciones sindicales. Mora, Rodríguez y Gómez coinciden en que este año el movimiento sindical no le pedirá a la OIT el envío de la Comisión de Encuesta, que traería sanciones económicas para el país, sino que se reclamará la designación de un investigador que venga al país a confirmar las denuncias, como sucedió hace unos años (ver recuadro). 'Hay más seguridad' El Gobierno, por su parte, distribuyó ayer el documento en el cual señala que "tiene un firme e irrenunciable compromiso con la libertad sindical y con los derechos de asociación y de negociación colectiva". 'Hay más seguridad' Sobre la seguridad de los sindicalistas, el Gobierno señala
que los asesinatos se han reducido en los últimos tres años,
al pasar de 184 en el 2001 a 120 en el 2002, 54 el año pasado
y 17 en lo corrido de 2004. El secuestro de sindicalistas, añade
el estudio, disminuyó en un 85 por ciento durante los últimos
dos años, al pasar de 40 casos en 2001 a cuatro en el 2003.
LOS TRABAJADORES
BANCARIOS Y
“En Colombia, antes de 1990, por cada $1 que una persona depositaba en un banco, obtenía un porcentaje de interés. Hoy, después 10 años de la “apertura económica” debe pagar por depositar sus recursos en una entidad del sector financiero”. Esta realidad sintetiza de manera clara, que los dueños del capital financiero en Colombia han sido los únicos beneficiarios de la política económica orientada desde el Estado, a través de los distintos gobiernos. Digamos que cuando hablamos del sector financiero Colombiano, no sólo nos referimos a los Bancos. También hacen parte de él, las corporaciones financieras, las compañías de financiamientos comercial, las compañías de leasing, las compañías de seguros, los almacenes generales de depósito, las compañías de seguros, entre otras. Se Concentró La Propiedad En El Sector La tendencia durante este mismo periodo ha sido a la concentración. Así, los más audaces del negocio de la especulación financiera se han venido apoderando de la mayor parte del patrimonio acumulado. El Grupo Sarmiento Angulo participa con el 23% del sector bancario. El Grupo Empresarial Antioqueño por su parte es dueño del 18% y su perspectiva es mayor hoy a propósito del Gobierno de Álvaro Uribe. Por su parte la los Inversionistas extranjeros agrupan el 19% del sector. Son ellos el Grupo Bilbao Vizcaya Argentaria de España, El Grupo Santander de España, El Grupo Loysd TSB Bank de Inglaterra, El Citi Group de Estados Unidos; El Grupo Gilinsky; entre los principales. El Gobierno Legisló A Su Favor En beneficio de los dueños de todo este gremio se han dictado las principales medidas económicas desde 1990, especialmente. Entre ellas tenemos las siguientes:
De esta manera se puede resumir lo ocurrido con la economía colombiana después de 1990. La nueva arquitectura jurídica y política, le permitió además crear nuevos instrumentos de mercado. Se crearon así cuentas de ahorro para el fomento de la construcción; seguro a los créditos de vivienda; se redujeron los encajes (menos seguridad para los cuenta-habientes); y algo que es fundamental se perfeccionaron los beneficios tributarios para los dueños del negocio de la especulación financiera, confirmándose como el sector más privilegiado en materia tributaria. A COLOMBIA LE VA MAL, PERO AL SECTOR FINANCIERO LE VA BIEN ALGUNAS CIFRAS Al cierre de 2002, el sector alcanzó 89,7 billones de activos, después de un incremento del 6,1%. En el mismo periodo la cartera de créditos bruta creció en 2,6 billones alcanzando un nivel de 50,5 billones, lo que significó un incremento del 5,4%, inferior al crecimiento de los activos pero en correspondencia con la decisión política de no desembolsar créditos ni asumir nuevos riesgos. El indicador de calidad de la cartera se redujo durante el 2002 de 9,7% a 8,7 continuando con una tendencia decreciente del año anterior. Es de destacar que a pesar de este índice que en términos absolutos nos muestra apenas 4,4 billones de cartera vencida; si la desagregamos por rublos observamos que en el caso de la cartera hipotecaria el índice de vencimiento aumenta, y pasa del 8,7% aquí mencionado al 24%, lo que explica las grandes movilizaciones alrededor de las organizaciones viviendistas en representación de más de 800.000 deudores de vivienda en calidad de morosos. Suspendieron el Crédito a los Usuarios y Endeudaron al Estado Ante la quiebra del sector agrícola y del sector industrial renunciaron a prestar dinero a los usuarios de crédito, sus inversiones de portafolio crecieron el 29% en el 2001 y el 13% en el 2002. Esto se explica desde la decisión que tomaron de invertir en papeles de la nación con alta rentabilidad y cero riesgo. Es decir, mientras a la banca central se le prohibió la emisión de dinero, se le autorizó a los particulares, quedando así privatizada esta función que antes era de la Banca Central. Sus inversiones de portafolio pasaron del 21% al 28% de los activos durante el 2002. Entre tanto los pasivos apenas crecieron el 6% durante el mismo periodo. Por otro lado el sistema financiero colombiano, o mejor, que opera en Colombia, mantiene una de las tasas de intermediación mas altas del mundo. Mientras paga en promedio 6% de interés por la plata que recibe del público; cobra en promedio el 28%, lo que da margen bruto del 22%, por prestar esos mismos dineros. Entre tanto en el plano internacional esta misma tasa es apenas del 5%. Juzguen ustedes. Adicionalmente no podemos olvidar que después de haber estrangulado el aparato productivo con altas tasas de interés que alcanzaron niveles hasta del 80% durante los años noventas, en 1997 la crisis producida por ellos mismos produjo sus efectos sobre el negocio financiero. La cuestión es simple si los deudores no pagan el negocio de prestar dinero se quiebra. Esto llevo al sistema financiero a arrojar pérdidas en ese año por primera ves durante la década. Esta situación al mismo tiempo generó crisis en la economía colombiana lo que corrobora que los índices económicos vistos durante esos mismos años anteriores, con los que alardearon los gobiernos de turno; y como lo anunciaron importantes analistas económicos con oportunidad, no eran más que una ficción y no representaban para nada desarrollo del país y bienestar de sus habitantes, por el contrario estaban inflados con los resultados de la especulación financiera. A esta crisis presentada en sus utilidades el gobierno respondió como corresponde a los representantes del capital. Se creó el impuesto del, 2 después del 3 y ahora del 4 por mil a las operaciones bancarias. Es decir todos a subsidiar las pérdidas del sector financiero. De esta forma y de manera aberrante se le cobra a los usuarios del sistema financiero colombiano su irresponsabilidad social., que a propósito, ¿alguna ves la habrán tenido?. Con este mecanismo se la le han entregado al sistema financiero cerca de 13 billones de pesos para sacarlo de la crisis; dinero arrancado del bolsillo de los contribuyentes, y ya sabemos quien paga los impuestos en Colombia. Lo que nadie ha explicado es: qué se hizo con las millonarias utilidades acumuladas hasta 1997?, a que sector productivo se han dirigido?. Lo que si sabemos hoy es que han vuelto a acumular ganancias en cantidades como ya se dijo billonarias. Durante el año 2001 acumularon 112 mil millones de utilidades, mientras tanto en el 2002 las mismas fueron de 1,1 billones de pesos. En el 2002 de las 69 entidades existentes solo 5 arrojaron pérdidas (Multifinanciera, Santander, Loyds, Sudameris, y BBVA).
Al empezar la década de los noventa, en el sector financiero había cerca de 120 mil trabajadores en su mayoría con contrato directo. Pasados estos años y ocurrido el panorama descrito anteriormente, quedan algo menos de 70 mil trabajadores, de los cuales un muy alto porcentaje es contratado a través de empresas temporales. Según las cifras entregadas por el ministro del trabajo, en el sentido de que el 60 por ciento de los trabajadores en Colombia estaban bajo esta modalidad, podemos decir que en el sector financiero esa es la realidad. Al mismo, ajustes administrativos, llevaron a la reducción de las plantas de personal en todas las entidades.
Al mismo tiempo en el terreno de las reivindicaciones laborales se ha perdido un importante terreno. Hemos asistido al desmonte de derechos de la manera más descarada y con el favor de los sucesivos gobiernos. Ejemplo importante de ello en el sector son los casos de la Caja Agraria y del Banco Central Hipotecario, burlando los derechos de los trabajadores establecidos en la legislación colombiana, como lo conoció el país entero para acabar la banca pública. La reducción del número de trabajadores ha traído consigo un aumento en la jornada laboral y en consecuencia un aumento en la explotación. Son comunes las jornadas de 12 y 14 horas entre los trabajadores bancarios sin el reconocimiento en el pago de ese trabajo extra. La presión sicológica y el acoso moral contra los trabajadores, obligándolos al cumplimiento de metas imposibles so pena de despido del puesto de trabajo. Las continuas amenazas por parte del terrorismo de Estado han generado el desplazamiento de dirigentes sindicales bancarios dentro y fuera de Colombia. El caso más aberrante y reciente los constituye el asesinato de nuestro compañero RAFAEL PINEDA, dirigente sindical de la Uneb, en el Departamento de Santander
Por otro lado el desconocimiento de los derechos de asociación, contratación y huelga son el pan de cada día en el sector financiero. Se ha despedido masivamente a trabajadores que intentaron en diversos casos crear sindicatos, como ocurrió en pensiones porvenir de Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde 140 trabajadores fueron expulsados al día siguiente de haberse asociado para defender sus intereses. La situación no ha sido distinta en otros casos, el Fondo de Pensiones y Cesantías Santander, por su parte obligó a los trabajadores a firmar un pacto Colectivo luego de que los trabajadores masivamente se habían afiliado a la UNEB y presentado un pliego de peticiones. De los 70 mil trabajadores que ya dije existen en el sector financiero, unos 48 mil son del sector bancario de los cuales están afiliados a sindicatos 13.082 a diciembre de 2002. Estos son algunos planteamientos que desde el sector financiero los trabajadores aportamos para contribuir al conocimiento de nuestra problemática, en el marco de la CARAVANA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD POR LA VIDA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS COLOMBIANAS Fraternalmente, EMIGDIO TRIANA L
Human Rights
denuncia que Coca Cola, junto con otras empresas, Fuente: Rebelión Las empresas que compran azúcar de El Salvador, entre ellas The Coca-Cola Company, están usando el producto de un trabajo infantil que es tanto peligroso como generalizado, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La zafra requiere que los niños usen machetes y otros cuchillos afilados para cortar la caña de azúcar y arrancar las hojas de los tallos, un trabajo que realizan hasta nueve horas al día bajo un sol abrasador. Casi todos los niños entrevistados por Human Rights Watch para su informe de 139 páginas, "Oídos sordos: Trabajo infantil peligroso en el cultivo de caña de azúcar en El Salvador", dijeron que habían sufrido tajos en las manos o las piernas cortando caña. Estos riesgos hicieron que un ex inspector de trabajo calificara la caña de azúcar como una de las formas más peligrosas de trabajo agrícola. "El trabajo infantil es rampante en las plantaciones de caña de azúcar de El Salvador", dijo Michael Bochenek, consejero de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. "Las empresas que compran o usan azúcar salvadoreño deben darse cuenta de esta situación y asumir la responsabilidad de hacer algo para corregirla". Hasta un tercio de los trabajadores de las plantaciones de azúcar de El Salvador son menores de 18 años, muchos de los cuales empezaron a trabajar en los campos cuando tenían entre 8 y 13 años. La Organización Internacional del Trabajo estima que al menos 5.000 y hasta 30.000 menores de 18 años trabajan en las plantaciones de azúcar salvadoreñas. El Salvador establece una edad mínima de 18 años para el empleo en tareas peligrosas y de 14 años para la mayoría de las demás formas de trabajo. Con frecuencia, no se dispone de atención médica en las plantaciones, y los niños tienen que pagar frecuentemente el costo de su tratamiento médico. Sus empleadores no se lo reembolsan, a pesar de una disposición del Código de Trabajo de El Salvador que los hace responsables de los gastos médicos derivados de riesgos laborales. Los ingenios azucareros de El Salvador y las empresas que compran o usan azúcar salvadoreño saben o deberían saber que este azúcar es en parte producto del trabajo infantil. Por ejemplo, Coca-Cola Co. usa azúcar salvadoreño en sus bebidas embotelladas para el consumo doméstico en El Salvador. El embotellador local de la compañía compra azúcar refinado al ingenio más grande de El Salvador, Central Izalco. Al menos cuatro de las plantaciones que suministran caña de azúcar a Central Izalco utilizan regularmente mano de obra infantil, como descubrió Human Rights Watch en las entrevistas con trabajadores. Cuando Human Rights Watch planteó esta información a Coca-Cola Co., el fabricante de sodas no contradijo estas conclusiones. Coca-Cola Co. tiene un código de conducta para sus proveedores, conocido como "Principios Rectores para Proveedores de The Coca-Cola Company", pero ésto se limita a cubrir a los proveedores directos, lo que incluye a los ingenios azucareros pero excluye a las plantaciones. Los principios rectores disponen, por ejemplo, que los proveedores directos de Coca-Cola Co. "no utilizarán trabajo de menores de acuerdo a la definición del mismo por las leyes locales", pero no se ocupan de la responsabilidad de sus proveedores directos de garantizar que sus propios proveedores no utilizan trabajo infantil peligroso. "Si Coca-Cola se toma en serio evitar la complicidad en el uso de trabajo infantil peligroso, la compañía debe reconocer que su responsabilidad de asegurar el respeto por los derechos humanos se extiende más allá de sus proveedores directos", dijo Bochenek. Además, los niños que trabajan en plantaciones de caña de azúcar suelen perder varias semanas o meses de escuela. Por ejemplo, una maestra de una comunidad rural al norte de San Salvador, la capital del país, estimaba que alrededor del 20 por ciento de su clase no asistía a la escuela durante la zafra. Otros niños abandonaban totalmente los estudios. Algunos niños que asisten a la escuela se ven abocados al trabajo peligroso porque es la única manera de que sus familias puedan costearse su educación. El Salvador es uno de los cinco países de América Latina que participan en un Programa de Duración Determinada de la Organización Internacional del Trabajo, una iniciativa para erradicar las peores formas de trabajo infantil. Pero los funcionarios del Ministerio de Trabajo de El Salvador dijeron a Human Rights Watch que la mayoría de los niños que cortan caña son simplemente "ayudantes" de sus padres. Human Rights Watch pidió a la nueva Unidad para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo que colabore con otros organismos gubernamentales, especialmente el Ministerio de Educación y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, para desarrollar programas de formación profesional y otras iniciativas para ofrecer a los niños y a sus familias alternativas al trabajo infantil. Human Rights Watch también instó al Ministerio de Educación a que prosiga con sus iniciativas para eliminar las tasas escolares ilegales y reducir los costos indirectos de recibir una educación básica. Además, Human Rights Watch instó a los ingenios azucareros salvadoreños, Coca-Cola Co. y otras empresas que compran azúcar salvadoreño a que incorporen normas internacionales en sus relaciones contractuales con proveedores y les exijan que hagan lo mismo en toda su cadena de suministro. También deben adoptar sistemas efectivos de control para verificar que las condiciones laborales en las plantaciones de caña de sus proveedores son compatibles con las normas internacionales. Lea el informe http://hrw.org/spanish/informes/2004/elsalvador0604/
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