NOV 28 Y 29 2003 PARIS
Presidentes:
Vicepresidentes:
Fiscal: Carlos Alberto Slepoy
Secretariado: Miguel Puerto
Este Tribunal se constituye por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo:
Y decide adoptar las normas fundamentales de anteriores Tribunales Internacionales de Opinión, dándose su propio reglamento de funcionamiento que se presenta como Anexo. 1
...para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de Enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en la jurisdicción de los municipios de Bolívar denominados: Cimiti, Morales, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur, Río Viejo, Achi, San Jacinto del Cauca, Pinillos, San Pablo, Cantagallo, Arenal, Tiquisio, Regidor, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Montecristo y otros cuando se compruebe que desde allí se planearon y/o ejecutaron las acciones criminales.
El Tribunal funda su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos:
El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa.Al no recibir respuesta, designó un defensor de oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, la cual recayó en madame Denise Méndez.
El Tribunal tuvo conocimiento sobre los siguientes hechos:
Las acciones criminales ocurridas en la jurisdicción de los municipios
del Sur de Bolívar, tienen un origen de carácter económico
expresado, por un lado, en los intereses de las multinacionales por apoderarse
de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también
de desarrollar un proyecto económico en el marco de la imposición
de modelos de desarrollo que sólo consideran los intereses y las necesidades
de países desarrollados que expenden sus actividades a través
de corporaciones multinacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa,
y las cuales explotan los recursos del Colombia: gas, carbón, oro, esmeraldas,
ferroníquel, agua, madera, tierras cultivables y, en general, toda la
biodiversidad de la región.
Ultimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia,
diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola
de Colombia y facilitar la entrada del capital extranjero.
Por eso el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.
Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía y fuerzas paramilitares, auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.
El Tribunal ha estudiado los siguientes casos:
CASO No: 1 Asesinato de un líder de Asoagromisbol y tortura a pobladores
de Río Viejo.
CASO No. 2 Asesinato del presidente de Asoagroisbol en Aguachica.
CASO No. 3 Asesinato de un líder local, miembro activo del< éxodo
campesino y de dos pobladores de Cerro Burgos.
CASO No. 4 Asesinato de participantes en el éxodo campesino.
CASO No. 5 Masacre en uno de los municipios en donde se lleva a cabo el éxodo
campesino.
CASO N. 6 Desaparición del vocero de la Mesa Regional, Edgar Quiroga
y persecución y exterminio de la familia de Gildardo Fuentes.
Se han escuchado los informes de:
· Los Amici Curiae.
· Loingsigh Gearoid
· Francisco Ramirez
· Padre Javier Giraldo
· Testimonios de cuatro testigos directos e indirectos, cuyos nombres
por razones de seguridad no se transcriben.
El Tribunal aprovecha para expresar su reconocimiento al valor civil de las personas que, arriesgando su vida y las de sus familias, vinieron a declarar.
· Testimonio audiovisual de un ex militar, que fue asesinado, pero cuyo nombre no transcribimos por la seguridad de su familia.
El Tribunal tuvo también la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este periodo de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsión, lesiones, allanamientos sin orden judicial, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de una plan generalizado y sistemático contra la población civil.
A través de tales testimonios, peritajes, evidencias documentales, el
Tribunal considera debidamente acreditadas las denuncias presentadas y califica
los hechos como constitutivos de:
Genocidio
de crímenes de lesa humanidad
y de terrorismo de Estado.
El Tribunal considera acreditada plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las autoridades civiles y militares.
El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar también la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos de América: Agencia Central de Inteligencia, entidades civiles y militares estado unidenses, así como varios gobiernos europeos.
El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso Sur de Bolívar en Colombia, alienta llevar los hechos denunciados, ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.
El Tribunal considera que los crímenes denunciados ofenden a la conciencia general de la humanidad y deben ser perseguidos por todas las instancias jurídicas dentro de un proceso de construcción de una justicia universal.
El Tribunal asume que es un Tribunal de Opinión y que su fuerza es moral y por ello hace un llamado a la opinión pública internacional para que colabore a poner un alto a la violación de los derechos fundamentales en la región del Sur de Bolívar en Colombia y contribuya de esta manera a terminar con la impunidad que prevalece en Colombia y en América Latina.