Nuevas agresiones de Coca Cola contra sus Trabajadores

El 13 y 14 de Marzo de 2014, trabajadores al servicio de las embotelladoras de Coca Cola en Colombia afiliados a Sinaltrainal, realizamos una jornada de protesta, la que fue atacada por la administración de la multinacional, quien utilizando la fuerza pública quiso intimidar y diluir la actividad sindical en Barranquilla.

En Barranquilla y Bucaramanga buscaron funcionarios del Ministerio del Trabajo para que constataran un supuesto cese de actividades.

En Medellín, días antes de realizada la protesta, fueron encontradas en una fotocopiadora de la embotelladora, las fotografías de los dirigentes de Sinaltrainal, lo cual nos tiene muy preocupados, ya que desconocemos el destino de las mismas y tememos por nuestras vidas e integridad.

Otras acciones indebidas de la multinacional

En Medellín, la administración de Coca Cola uso la policía con tanques blindados para reprimir a trabajadores tercerizados que se habían afiliado a Sinaltrainal y protestaban contra el despido de uno de los trabajadores; la policía llegó e intimidó a los trabajadores al interior de la embotelladora y permaneció varios días y los trabajadores fueron presionados en sus casas y fueron despedidos.

Más de 100 trabajadores tercerizados por Coca Cola por medio de la fachada Eficacia, fueron despedidos luego de afiliarse a Sinaltrainal en Medellín, otros fueron presionados a renunciar a sus contratos y despedidos para ser subcontratados por medio de la fachada Atencom, creada por Coca Cola.

Coca Cola tiene demandado penalmente a dirigentes de Sinaltrainal y presento querella ante el Ministerio del Trabajo acusándonos de ejecutar violencia, por haber realizado un mitin el día 21 de agosto de 2013 y se apropia de las cuotas sindicales.

Funcionarios de las embotelladoras de Coca Cola han calificado a dirigentes de Sinaltrainal de guerrilleros como sucedió en Cali, por reclamar que permitieran a un trabajador tercerizado participar con su familia en una actividad recreacional.

Los trabajadores al servicio de Coca Cola afiliados a Sinaltrainal hemos sido víctimas de encarcelamientos injustos, ordenes de captura por sucios montajes, paramilitares que han obligado a afiliados de Sinaltrainal a renunciar al sindicato, una de nuestras sedes sindicales fue incinerada, 11 trabajadores asesinados, otros exiliados y actualmente seguimos amenazados de muerte, judicializados, desplazados, despidos, entre otros.

Hacemos responsable a la administración de Coca Cola si llega a ocurrir una tragedia entre los trabajadores en las embotelladoras, por estar incitando a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados para que enfrenten a los afiliados de Sinaltrainal que se encuentran en las protestas, como ocurrió el día 14 de Marzo de 2014, con el señor Cesar Julian Jaimes, jefe de mantenimiento de Coca Cola en la ciudad de Bucaramanga.

Nuestras exigencias.

Sinaltrainal exige a Coca Cola que solucione el pliego de peticiones presentado el 3 de enero de 2014 y rechazamos las pretensiones de la multinacional de querer imponerle a los trabajadores sindicalizados el pacto colectivo.

Exigimos a Coca Cola proteger la vida e integridad de los trabajadores amenazados de muerte y garantías para los trabajadores que con sus familias han tenido que huir de las ciudades de Santa Marta, Cartagena, Barrancabermeja, entre otras.

Exigimos a Coca Cola que retorne a los puestos de trabajo a los dirigentes de Sinaltrainal que saco a la fuerza y cumpla la orden de los jueces de la república que la obliga a reinstalarlos.

Exigimos a Coca Cola desistir del proceso presentado ante un juez laboral, pretendiendo que se declaren supuestas ilegalidades de la Seccional de Sinaltrainal en Villavicencio.

Que Coca Cola cumpla lo acordado con Sinaltrainal en la Convención Colectiva de Trabajo y las sentencias de la Corte Constitucional, que ha ordenado a las empresas facilitar los permisos remunerados para las actividades sindicales.

Que Coca Cola respete el derecho de los trabajadores enfermos, garantizando su atención médica y respetando las restricciones.

Que Coca Cola pague correctamente los salarios y no siga apropiándose indebidamente del ingreso de los trabajadores.

Que cese la política de persecución contra los trabajadores al servicio de Coca Cola afiliados a Sinaltrainal

Por nuestro futuro y nuestras familias, invitamos a todos los trabajadores a respaldar el justo pliego de peticiones y organizarse sindicalmente para luchar y defender nuestros derechos.

La indiferencia es el combustible que alimenta todas las injusticias que se comenten contra los trabajadores

Sinaltrainal

Las protestas en España y América manchan la marca Coca-Cola

Uno de los lemas publicitarios de Coca-Cola reza: “Destapa la felicidad”. La multinacional que fabrica el refresco más famoso del mundo incluso ha creado el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, que celebró su segundo congreso anual en Madrid hace dos años. Sin embargo, para los empleados de las embotelladoras de Fuenlabrada, Palma de Mallorca, Asturias y Alicante, la chispa de la vida se convertía en un petardo amargo el pasado 22 de enero cuando Coca-Cola Iberian Partners (la embotelladora única para toda la Península Ibérica, de capital español pero estrechamente controlada por la multinacional) anunció, contra toda previsión, el cierre de cuatro plantas y un Expediente de Regulación de Empleo que iba a afectar a 1.253 trabajadores –750 despidos y el resto recolocaciones–, sin contar todos los puestos indirectos de empresas auxiliares.

“El mismo día que firmamos el convenio, nos enteramos de que iban a cerrar la empresa”, afirma Francisco Bermejo, miembro del Comité de Empresa de Casbega (la embotelladora de Fuenlabrada) y de CCOO, que llevaba 41 años en la fábrica. “No hemos entendido el cierre de la planta de Fuenlabrada; se había invertido bastante últimamente con la ampliación de una nave, reparaciones costosas de líneas de embotellamiento…”, dice Alejandro Heras, electromecánico en Casbega desde hace más de 11 años. “Nos hemos sentido traicionados y maltratados”, se lamenta Ángel Robustillo, también miembro del Comité de Empresa de Casbega y del sindicato USO.

La falta de transparencia ha fomentado un clima de inseguridad y de tensión entre los trabajadores y de especulación sobre las razones verdaderas del cierre de las embotelladoras. Se habla de reorganización estructural de la distribución, de racionalización de costes, de capitalización en bolsa de cara a un hipotético plan de expansión internacional. La propia empresa achaca el cierre de las plantas en parte a un problema de sobrecapacidad derivado de la fusión de ocho empresas para crear Iberian Partners el año pasado: “Entre todas, [las embotelladoras] están en una media de producción del 50%, lo cual es insostenible para cualquier empresa”, explica a La Marea una fuente de Coca-Cola Iberian Partners. La empresa también sostiene que, de todas las opciones que se contemplaron, se quedó con la que menor coste social tenía, según su valoración. Un argumento que no ha convencido a los trabajadores de las cuatro plantas amenazadas de cierre: el plazo de las negociaciones se agotó el pasado 21 de febrero sin que las dos partes llegaran a un acuerdo. La situación seguía igual al cierre de esta edición.

Los trabajadores de la embotelladora reconocen que en el pasado gozaban de unas condiciones laborales muy buenas en el seno de la empresa: “Hemos estado orgullosos de trabajar en Casbega; hemos tenido buenos salarios, buenas condiciones laborales, la empresa siempre se ha portado bien en líneas generales”, afirma Robustillo. Para los trabajadores de la embotelladora, el “cambio de estilo” empresarial llegó con la fusión de las ocho empresas que controlan las fábricas. “Al final, Coca-Cola [la casa matriz] es responsable de todo esto, a través del contrato de los franquiciados. ¡Y si no es así, que sean transparentes y que presenten este contrato a los medios de comunicación!”, reta Bermejo.

La decisión de una empresa con beneficios de recurrir a un despido colectivo ha provocado una importante reacción ciudadana y mediática, incluyendo llamadas al boicot de productos de la marca Coca-Cola. Y esto es lo que el gigante estadounidense con sede en Atlanta teme más. La multinacional gasta enormes cantidades de dinero en cultivar la imagen de una empresa dedicada a campañas benéficas en las comunidades donde vende sus bebidas. En muchos casos, es para tapar escándalos que le implican en acusaciones de actuar en contra de los derechos sociales y laborales, o el medio ambiente.

Entre las muestras de solidaridad para los trabajadores de las embotelladoras en España destaca la del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrail) en Colombia. Está central obrera lleva años luchando para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de Coca-Cola en el país andino, aunque obviamente hay un mundo entre la realidad colombiana y el empeño de los sindicatos españoles por evitar despidos y conseguir indemnizaciones para los casos que se producirían en las embotelladoras.

La pesadilla del gigante de Atlanta

Hace unos años, la situación era mucho peor, como recuerda Ray Rogers, un conocido activista social y sindical en EEUU. Desde 2003, Rogers es la pesadilla de Coca-Cola. Este activista de 47 años ha hecho de su vida una lucha encarnizada y valiente en defensa de causas medioambientales y sociales, y contra los abusos de las grandes corporaciones. Su campaña KillerCoke denuncia, entre muchas otras cosas en un sinfin de países, “el espantoso ciclo de violencia y de colaboración [de la multinacional] con grupos paramilitares, particularmente en Colombia para intimidar, secuestrar, torturar y asesinar a líderes sindicales y a sus familias con el objetivo de acallar sus reivindicaciones”, según relata www.killercoke.org. Esta página web facilita una cantidad ingente de datos, artículos de prensa, referencias de libros, vídeos e informes de grandes ONG sobre las acusaciones de abusos que la multinacional ha cometido, sobre todo en países donde la legislación en materia de protección laboral y medioambiental es prácticamente inexistente. Es una larga lista de agravios: saqueo de recursos hídricos en la India y en México, explotación infantil en América Latina, discriminación racial en Estados Unidos, contaminación y accidentes laborales en Kenia, Tanzania y China, explotación laboral en Pakistán…

Entre estos casos destacan las acusaciones de colaboración de Coca-Cola con grupos paramilitares en la década 1990-2000 para deshacerse de líderes sindicales molestos en Colombia y Guatemala. Este fenómeno ha sido plasmado en el libro Soft Drink, Hard Labour (Bebida ligera, trabajo duro), escrito por Mike Gatehouse y Miguel Angel Reyes, y publicado en 1987 por la ONG Latin America Bureau de Londres, y en el documental The Coca-Cola Case [El caso Coca-Cola], realizado por el director canadiense Germán Gutiérrez y la productora Carmen García, en 2009. En el documental se sigue la pista a dos abogados laboristas estadounidenses, Dan Kovalik y Terry Collinsworth, en su empeño de probar la responsabilidad de la multinacional en los asesinatos consecutivos de ocho militantes de Sinaltrainal en Colombia a finales del siglo pasado. La demanda fue finalmente desestimada por la Justicia del país suramericano. Estos dos abogados, que fueron contratados por familiares de las víctimas, decidieron involucrar a Rogers en su lucha. Desde entonces, el activista incansable no vacila en presentarse en las asambleas de accionistas de Coca-Cola o donde haga falta para tener la oportunidad de encararse con Muhtar Kent, el presidente de la multinacional de Atlanta. A sus preguntas incómodas, el ejecutivo responde invariablemente con peroratas demagógicas, como se puede comprobar en numerosos videos en YouTube.

En otras ocasiones se ha criticado a la empresa por tolerar abusos. La organización Human Rights Watch, publicó en 2004 un amplio informe sobre el trabajo infantil en plantaciones de azúcar en El Salvador. Coca-Cola miraba para otro lado respecto a estas prácticas de sus proveedores.

Ante la gran cantidad de escándalos que implican sus operaciones en varios países, la multinacional dedica desde hace unos años grandes esfuerzos para cuidar su reputación, que se plasma a través de su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). “¡Esta empresa gasta anualmente 3.300 millones de dólares en comprarse una respetabilidad y una imagen que no tienen nada que ver con la realidad!”, denuncia el activista Rogers, refiriéndose a la maraña de intereses ocultos, artimañas deshonestas y relaciones corruptas (puertas giratorias) que, según el promotor de KillerCoke, la empresa usa para lograr certificaciones de RSC y ganarse así la aprobación de sus accionistas más preocupados por la responsabilidad social.

En un informe reciente de 28 páginas, Rogers cuestiona la credibilidad de estas certificaciones. Han sido reconocidas por organismos de RSC supuestamente imparciales, como el fondo Calvert, al que acusa de recibir dinero de grandes corporaciones, el Global Reporting Initiative –Rogers afirma que Coca-Cola ha pagado 40 millones de dólares anualmente a la consultora Ernst&Young para hacer una auditoría independiente con vistas a cumplir con los criterios– o el UN Global Compact, que ya ha sido criticado por varias ONG como Amnistía Internacional por ser demasiado blando a la hora de vigilar el impacto de las grandes corporaciones en los derechos humanos.

Pero el barniz de responsabilidad social y de intenciones saludables y filantrópicas para el que Coca-Cola no escatima gastos –financia campañas contra la obesidad infantil, patrocina eventos deportivos y un sinfín de iniciativas solidarias para el bienestar de niños y mujeres en comunidades desfavorecidas que se pueden ver en su página web cuyo lema es “Destapa una Coca Cola, destapa la felicidad”– se agrieta. En las asambleas anuales, algunos accionistas reclaman aclaraciones al presidente Kent sobre los abusos de las empresas en materia de medioambiente y bienestar de trabajadores que han salido en la prensa o que ha destapado la campaña de KillerCoke.

Impacto medioambiental sobre el agua

La periodista francesa Olivia Mokiejewski realizó en 2013 un documental demoledor sobre la multinacional, Coca-Cola, une enquête affligeante! (Coca Cola, una investigación dolorosa), en el que demuestra que la famosa bebida color ámbar contiene dosis de azúcar que crean adicción, además de moléculas cancerígenas y restos de coca. Mokiejewski también pone el dedo en la llaga al destapar algunas de las peores prácticas medioambientales de la empresa, como el saqueo de recursos hídricos (para producir un litro de Coca-Cola, hacen falta tres litros de agua, recuerda la periodista).

Mokiejewski visitó el pueblo de San Cristóbal (Chiapas, México), donde la instalación de una embotelladora de Coca-Cola está dejando a los habitantes sin agua, según Antonino García, un hidrólogo local: “La fábrica extrae a diario unos 750.000 litros de agua, una cantidad que permitiría alimentar a 10.000 habitantes de San Cristobal cada día”. Y aunque desconozca las cifras de hoy, la documentalista afirma que, en 2003, Coca-Cola pagó tan sólo 25.000 euros de consumo de agua por todo un año. Un regalo que quizás se explica por el currículum de Vicente Fox, que había sido presidente director general de Coca-Cola antes de convertirse en presidente de México. Irónicamente, Chiapas ostenta un récord de consumo de Coca-Cola.

La India muestra también un historial de batallas legales contra la multinacional desde la década de 1970. El estado de Kerala estableció un tribunal especial para atender las demandas contra la empresa, acusada de haber contaminado y sobreexplotado las capas freáticas de la región causando daños (pérdidas agrícolas, contaminación y enfermedades). La embotelladora de Coca-Cola en Kerala, una de las más grandes de la India, fue cerrada. El asunto está pendiente de los tribunales.

Artículo publicado en el número de marzo de La Marea

Nota de prensa: De Comisiones Obreras Casbega Coca Cola a las declaraciones del Sr. Rufart a la prensa

En la entrevista concedida por el Sr. Rufart el pasado 8 de Marzo de 2014, la afirmación de “haber ganado mucho dinero” es cierta, al igual que la sentencia de “ahora no tanto”, esta última afirmación tiene una directa relación con la descapitalización que se está haciendo en las Begas (embotelladores de Coca Cola en la Península) con el proceso de integración, prueba de ello, ha sido el reparto de dividendos del que se han beneficiado los accionistas.

Sobre el coste social de las medidas planteadas por la patronal, donde Víctor Rufart afirma que “se ha elegido la menos dolorosa”, habría que resaltar que esta manifestación es rotundamente falsa, en primer lugar, porque la edad media de la planta de Fuenlabrada es de 43 años y, debido al número de trabajadores de esta planta (mucho mayor que en las otras embotelladoras) el impacto social no se puede declarar como mínimo; en segundo lugar, porque para los trabajadores de Fuenlabrada, con el criterio impuesto de cercanía para las recolocaciones, la única salida es el despido, al ser la planta más distante para el filtro de las recolocaciones.

Las declaraciones del Sr. Rufart son igualmente inciertas, puesto que tanto Coca Cola España como CCIP han trasladado a la prensa y a la ciudadanía despidos cero (0) como consecuencia del ERE, cuando la realidad es que los despidos forzosos están registrados, a día de hoy, en la autoridad laboral correspondiente.

La planta industrial de Fuenlabrada consta, actualmente, de 11 líneas de envasado con una ocupación productiva del 78%, solo un 1% por debajo de Cobega, la mayor de ellas, estos datos de ocupación son falsos, puesto que se viene produciendo un vaciado productivo o derivación productiva del centro de Fuenlabrada y, en particular, en los formatos de vidrio. Esta segunda posición de Casbega también se da en el volumen de facturación del embotellador único.

Coca Cola con el proyecto 2020 (3 plantas para la Península) apuesta por la destrucción del empleo y la precariedad laboral, como lo demuestra dejar como embotellador la planta de Portugal con salarios entre 400 y 500€.

Es falsa la enunciación del Sr. Rufart cuando afirma que no ha habido propuestas específicas, por la parte social, para no cerrar las plantas productivas, todo ello queda demostrado en actas y escritos adjuntos a actas de la mesa de negociación, donde CC.OO. planteaba, entre otras cuestiones, un proyecto industrial sin el cierre de las fábricas, ampliando las prejubilaciones hasta los 55 años y con carácter voluntario.

“El cierre de Fuenlabrada no se puede mirar fuera del plan global. Al final, cierra por sus características técnicas” esta declaración no se corresponde a la realidad, Fuenlabrada y sus trabajadores, técnica y profesionalmente, son de los mejores formados y, además, se han hecho importantes inversiones en I+D+I para que exista un futuro industrial, por lo tanto, la realidad que el Sr. Rufart no quiere exponer son los derechos y los costes de los trabajadores de Madrid.

Comisiones Obreras siempre apuesta por el dialogo y las soluciones para todas las partes, muestra de ello es que, desde el inicio del período de consultas, se ha estado proponiendo una mesa alternativa sin plazos ni presión de la reforma laboral para alcanzar un acuerdo positivo para todos, siempre y cuando conllevase el futuro industrial de los centros de trabajo.

Comisiones Obreras CC.OO.

Coca-Cola ofrece bajas incentivadas pese a que los sindicatos rechazaron el plan

Los trabajadores de la embotelladora tendrán 15 días para acogerse a las condiciones del ERE. Ofrece las indemnizaciones que rechazaron los sindicatos: 45 días por año y 42 meses de tope. Iberian Partners mantiene sus planes para cerrar cuatro de sus 11 fábricas.

La embotelladora de Coca-Cola, Iberian Partners, ha decidido seguir adelante con su plan de reestructuración pese a que los sindicatos rechazaron un acuerdo porque incluye el cierre de plantas y la desaparición de puestos de trabajo. La compañía, que decidió mejorar la oferta para el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a cerca de 1.200 trabajadores entre despidos y traslados, ha anunciado que mantendrá las condiciones que puso sobre la mesa a última hora sobre bajas voluntarias y traslados incentivados. Renuncia así a volver a empeorar las condiciones de los despidos, pese a que tras terminar si acuerdo el plazo de negociación recordó que tenía derecho a endurecer su oferta.

Coca-Cola Iberian Partners cerrará cuatro de sus 11 plantas, situadas en Fuenlabrada, Palma de Mallorca, Asturias y Alicante. Pero no realizará despidos forzosos, sino que ofrece 15 días a los trabajadores de los centros afectados para ofrecerse voluntarios a dejar la compañía. La oferta que les hace es la misma con la que pretendía lograr un ERE pactado: un plan de unas 700 salidas incentivadas con una indemnización de 45 días por año trabajado, con 42 meses de tope y una entrega lineal de 10.000 euros. Además, y hasta completar el objetivo de 1.190 trabajadores, quienes decidieran aceptar un traslado de fábrica, serán compensados con un pago de 15.000 euros y una ayuda al alquiler de dos años de 500 euros mensuales.

Cuando los sindicatos se negaron a aceptar el acuerdo de ERE, porque señalaron que no negociarían mientras hubiera la compañía no se replanteara el cierre de las cuatro plantas, la compañía avisó de que podría rechazar su oferta de bajas incentivadas y volver a imponer despidos forzosos. Sin embargo, no ha llevado a cabo la amenaza. "Todos los trabajadores pertenecientes a cualquiera de los centros de trabajo y áreas afectados por la reorganización de la empresa tendrán la oportunidad de acogerse libremente a una prejubilación a partir de 56 años, optar a una recolocación con una ayuda por traslado de 15.000 euros más 500 euros al mes para vivienda durante dos años, o solicitar una baja voluntaria incentivada con 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades más 10.000 euros adicionales", señala hoy la empresa en un comunicado.

La compañía, dice en su nota, ha informado de que ya ha puesto a disposición de los trabajadores "el listado de los 481 nuevos puestos que son susceptibles de ser ocupados mediante recolocación, lo que permitiría conseguir el objetivo de garantizar un empleo a todo aquel que quiera seguir trabajando. Coca-Cola Iberian Partners ha solicitado a los representantes sindicales su colaboración y el apoyo necesario para llevar a cabo con éxito este proceso", añade.

Tomado del País

Coca Cola Intransigente

Cuando, en junio de 2012, Coca Cola Company adquirió Embotelladora del Pacífico SA (DINPA), modificando su razón social por la de Comercializadora y Productora de Bebidas. Los Volcanes SA, los trabajadores consideraron el cambio de propiedad como una oportunidad real para la implementación y salvaguarda de sus derechos laborales y sindicales. Lamentablemente, los problemas continúan.Después del cambio de razón social, el Sindicato se registró nuevamente ante las autoridades laborales como Sindicato de Trabajadores de Comercializadora y Productora de Bebidas Los Volcanes SA (SITRACOPROVOL), que en pocos meses logró afiliar a 380 de los 550 trabajadores.En noviembre del mismo año, la organización sindical presentó su Pliego de Peticiones y denunció el Convenio Colectivo por la vía directa, ya el anterior había vencido unos meses antes y estaba siendo prorrogado hasta la firma de uno nuevo.Las negociaciones se iniciaron en enero de 2013. Sin embargo, la empresa nunca mostró una verdadera disposición a llegar a un acuerdo.La patronal comenzó a dilatar el proceso y a adoptar medidas para empantanar la negociación. Ante esta actitud, la asamblea general del SITRACOPROVOL autorizó a la junta directiva a plantear ante los tribunales un conflicto colectivo de carácter económico y social, cuyo procedimiento se agotó en noviembre pasado, dijo a La Rel Byron Letona, secretario general del SITRACOPROVOL.Pese a las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, COPROVOL (Coca Cola) mantuvo una actitud totalmente cerrada, y al Sindicato no le quedó otra opción que iniciar el procedimiento de huelga.Huelga inminenteTodavía hay 42 cláusulas pendientes de firmar, entre otras aquellas que se refieren a la estabilidad laboral, sistema de pago y salario, reestructuración de rutas, ámbito de aplicación del convenio colectivo y tercerización.La empresa ha pretendido presionar a los trabajadores, imponiendo un sistema de pago injusto, que abre el camino a una reestructuración de rutas unilateral.Además, no quiere negociar el tema de los agenciarios y de las minibodegas, dos ejemplos muy peligrosos de tercerización, donde queda indefinido el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo, dijo. David Morales, secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala (FESTRAS).Según él, la inminente huelga en la empresa propiedad de Coca Cola Company no es más que el resultado de la terquedad de la patronal, queen lugar de buscar el diálogo y una solución de consenso ha privilegiado la solución judicial.Morales aseguró que tanto FESTRAS como las organizaciones afiliadas del sector de la bebida, entre ellas el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central SA (STECSA), el Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Bebidas Atlántida SA (SITRABASA) y elSindicato de Trabajadores de la Empresa Industria del Café SA (SITINCA),están apoyando incondicionalmente al SITRACOPROVOL.Además, explicó que ya se están coordinando acciones con la UITA y la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Coca Cola (Felatrac).Esperamos que la empresa recapacite y que demuestre su voluntad de resolver las diferencias y los problemas a través del diálogo.A nadie conviene el desgaste recíproco que supondría convocar a una huelga, y es por eso que hacemos un llamado a la empresa a buscarle una salida rápida al conflicto, concluyó el secretario general de la FESTRAS.UITA